Mientras el país celebra, una noticia pasó prácticamente inadvertida.
El 30 de junio fueron cesadas las 43 personas trabajadoras sociales del Instituto Federal de Defensoría Pública.
No eran personal administrativo. Eran profesionales que realizaban investigaciones socioeconómicas, elaboraban dictámenes en trabajo social e identificaban las condiciones de vulnerabilidad de quienes acuden al Estado porque no pueden pagar una defensa o una asesoría jurídica.
Su trabajo permitía que mujeres víctimas de violencia, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, indígenas, migrantes, personas con discapacidad y víctimas de violaciones a derechos humanos recibieran una atención integral y una defensa acorde con su realidad.
Cuando desaparece este personal especializado, no sólo se pierden empleos; también se debilita la posibilidad de impartir una justicia profesional, independiente y de calidad para quienes más la necesitan.
Resulta especialmente preocupante que, después de que la reforma judicial prometió reiteradamente respetar los derechos laborales, continúen presentándose ceses que dejan a personas servidoras públicas sin empleo y, en algunos casos, incluso sin seguridad social para continuar tratamientos médicos indispensables.
Defender los derechos laborales también es defender el Estado de derecho. Y proteger a quienes hacen posible el acceso a la justicia es proteger, sobre todo, a quienes menos tienen.
La justicia también se debilita cuando se despide a quienes la hacen posible.
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Debemos resistir a la mercantilización de las necesidades humanas esenciales. El agua, los alimentos y la asistencia sanitaria no pueden estar subordinados a consideraciones de mercado o a intereses geopolíticos. El acceso a una alimentación adecuada es un derecho humano fundamental arraigado en la dignidad de cada persona. Responder a esta necesidad no solo sirve para aliviar el sufrimiento, sino también para afrontar las causas que subyacen a la inestabilidad geopolítica. De hecho, la seguridad alimentaria es un componente esencial de la seguridad global e integral. https://t.co/xj8YIAaaKi
@KfW is financing $860M USD for an ammonia plant in Yoreme Nation territory, Mexico. Indigenous consultation was a simulation - ILO Convention 169 violation. Documented conflicts of interest at contract origin (2013-2016). Consistent with your ESG commitments?
En abstracto, la tecnología no es en sí misma una solución a los problemas de la humanidad, como tampoco es un mal en sí; pero, concretamente, no es neutral, porque toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula, la utiliza.
@ElBadiablo Yo veo muchos contras con tecnologías como estas y poco beneficios. No creo que el poder hacer tus "propios" videos sin esforzarse sea más importante que todo el mal uso que se le puede dar está herramienta que no está regularizada.