La CUT rechaza la política de cobro del CAE impulsada por el Gobierno, que hoy está permitiendo que se retiren recursos desde las cuentas bancarias de trabajadores y trabajadoras para saldar deudas asociadas a su educación. Estas medidas afectan directamente el sustento de miles de familias y golpean a quienes viven de su trabajo.
Detrás de estas deudas no hay especuladores ni grandes empresarios. Son trabajadoras y trabajadores de clase media, muchos de ellos la primera generación de sus familias en acceder a estudios superiores, que creyeron en la educación como herramienta de movilidad social y progreso.
Resulta contradictorio que quienes hablan de mérito y esfuerzo hoy castiguen a quienes siguieron precisamente ese camino. Cuando se persigue económicamente a quienes estudiaron para mejorar sus condiciones de vida, se debilita a la clase media, se profundiza la desigualdad y se aleja la posibilidad de construir una sociedad más justa.
La educación no puede ser la causa de la ruina económica de miles de familias trabajadoras ni del debilitamiento de la clase media. Cuando se embargan recursos esenciales para vivir, cuando se castiga a quienes buscaron progresar mediante el estudio, se profundiza la desigualdad y se destruyen las posibilidades de desarrollo de amplios sectores de la sociedad.
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El reajuste propuesto al salario mínimo desde los actuales $539.000 no representa un aumento real para las y los trabajadores. Se trata, en los hechos, de una corrección que apenas compensa parcialmente el alza del costo de la vida acumulada por la inflación, sin mejorar el poder adquisitivo de quienes viven de su trabajo. $14.553 de reajuste es una vergüenza.
Cuando suben el transporte, los alimentos, las cuentas básicas y los servicios esenciales, un incremento limitado solo al IPC no alcanza para enfrentar la realidad cotidiana de miles de hogares. Desde junio en adelante, si la inflación continúa presionando los precios, ese nuevo monto volverá a perder valor rápidamente, transformándose en una rebaja salarial encubierta.
No basta con ajustar cifras en el papel. Chile necesita una política salarial responsable, que avance hacia un salario mínimo con criterios de suficiencia y dignidad, capaz de cubrir las necesidades reales de una familia trabajadora. Insistir en reajustes mínimos es seguir administrando la pobreza y profundizando la precariedad laboral.
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El reajuste al salario mínimo propuesto propuesto por el Gobierno de $7.546 brutos, que en términos reales significa apenas $6.120, representa menos de $240 diarios adicionales para las y los trabajadores. Es una señal insuficiente frente al alto costo de la vida que golpea a las familias populares. Mientras la línea de la pobreza en marzo de 2026 para un hogar de 4 personas alcanza los $656.419 en hogares no arrendatarios y $973.890 en hogares arrendatarios, queda claro que con estos montos no se responde a la urgencia social del país.
Desde la CUT sostenemos que Chile necesita una nueva política salarial, con un salario mínimo robusto y en crecimiento, que no se limite a cubrir necesidades básicas de mera suficiencia. Las y los trabajadores merecen un salario vital, que permita vivir con dignidad, sostener a sus familias y abrir camino a una sociedad más justa, donde el fruto del trabajo se distribuya con equidad.
En una jornada histórica marcada por la unidad y la movilización, más de 60 mil personas participaron en la marcha por la conmemoración del día internacional del trabajador y la trabajadora.
"Es terraplanismo económico" si miramos bien la efectividad de reforma tributaria para la creación de empleo.
Roberto Grandón Encargado Ramal Bancaria CUT, sobre el plan de reconstrucción del Gobierno.
“Un crédito tributario no garantiza la contratación de nuevos trabajadores si no existen incentivos reales a la producción y la innovación. El alza en los combustibles neutraliza los posibles beneficios para las pequeñas y medianas empresas”.
#Nacional | La CUT solicita a Contraloría radiografía urgente sobre el estado del empleo en el sector público
✔️ La CUT “exige transparencia sobre la realidad contractual en las Municipalidades y sus corporaciones, los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y las universidades que integran el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH)”.
@Cutchile
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