Sobre la vía El Delirio - Varsovia, lo contextualizo, respetado expresidente. @PetroGustavo.
Son $10.200 millones de las regalías del departamento. Un proyecto formulado y estructurado por Sucre para el cual usamos nuestras regalías del 60%.
Creo que la está confundiendo con la vía del Aguacate (Toluviejo - El Chicho), que la tiene a cargo INVIAS, y que quedamos esperando a que en su gobierno, se destinaran los recursos para ella.
Lo más importante es dejar claro que estas obras no son ni de usted, ni de ningún otro político. Son de nuestras comunidades y todo nuestro trabajo es por ellas.
Agradecemos la compañía del presidente @ABDELAESPRIELLA para darle apertura, y esperamos que en su gobierno hayan muchas vías milagros para Sucre.
Que la cima del Nevado Santa Isabel haya perdido su hielo nos duele y nos advierte. Los ecosistemas de alta montaña no conocen fronteras entre departamentos; protegerlos exige trabajo conjunto, conocimiento científico y recursos permanentes.
Cuidar las cuencas y prepararnos para la escasez de agua es defender la vida y el futuro de nuestras regiones.
La decisión de revisar el aumento de la gasolina y mantener estable el ACPM da un respiro a hogares, transportadores y productores. Ahora necesitamos una solución duradera y transparente: explicar cuánto cuestan los combustibles, quién asume la diferencia y cómo se protegen las finanzas públicas.
En las regiones, cada peso que sube el transporte llega al precio de los alimentos.
La protesta pacífica es un derecho que el Estado debe proteger. También debe garantizar la movilidad, la seguridad y el trabajo de quienes no participan en ella.
El proyecto del Gobierno merece un debate sereno: reglas claras para la actuación de las autoridades, diálogo oportuno y ninguna arbitrariedad. Así se fortalece la democracia en cada territorio.
Hoy, más del 60% de los jóvenes colombianos manifiestan en las encuestas su intención de irse del país por falta de oportunidades, mientras que entre el 70% y 80% de los delitos involucran a un joven como víctima o victimario. Para garantizar un desarrollo integral debemos concentrar los esfuerzos de Estado en tres pilares fundamentales: participación democrática, salud mental y productividad, entendiendo que la conquista de la autonomía económica es la verdadera libertad.
Nos sumamos a la radicación del proyecto Curul Joven liderada por la representante @CathyJuvinao , una iniciativa de la mayor importancia para garantizar una voz legítima a la juventud en el Congreso de la República. Mi trayectoria en el servicio público inició en el movimiento juvenil; esa experiencia me demostró que cuando se abren espacios reales de participación, se transforman vidas y se forman los liderazgos que necesita el país.
#Curuljuvenil
En reunión de la bancada del @PartidoLiberal con el @Minvivienda , @soyjaimeandres , insistimos en una solución pragmática para acabar con la tramitología del centralismo que ahoga a los municipios. En vez de mantener cientos de proyectos represados en ventanillas únicas en Bogotá, debemos crear fábricas de proyectos regionales que descentralicen la viabilización técnica y aprovechen el capital humano de nuestros territorios.
En esa misma línea, respaldamos con firmeza los dos grandes proyectos de infraestructura hídrica para el departamento de Sucre: el Acueducto Regional del Golfo —vital para el desarrollo turístico del Golfo de Morrosquillo— y el Acueducto Regional de las Sabanas. Llevar agua potable desde los ríos Sinú y Magdalena a más de 600.000 personas que hoy no cuentan con un servicio permanente es una prioridad social e industrial inaplazable.
Acelerar la ejecución de estas obras mediante una articulación real entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales es una exigencia de justicia territorial. El desarrollo del Caribe y de Colombia no se logra pretendiendo resolverlo todo desde la capital, sino fortaleciendo las capacidades locales y resolviendo las necesidades básicas directamente en las regiones.
Ningún niño nació para la guerra. El reclutamiento en el Catatumbo nos exige perseguir a quienes se llevan a los menores y, sobre todo, llegar primero que ellos. Escuelas protegidas, familias acompañadas y alertas atendidas a tiempo: esa debe ser una prioridad compartida del Estado.
En reunión de la bancada del @PartidoLiberal con el ministro del @MinInterior, planteé una prioridad: darles a las regiones más autonomía y capacidad para resolver sus problemas.
Escuchamos las preocupaciones que cada parlamentario trae de su territorio, especialmente frente a El Niño. Prepararnos exige decisiones y recursos cerca de la gente.
Cada peso público debe tener un destino que la ciudadanía pueda conocer y vigilar. En la Semana de la Transparencia, renovemos un compromiso sencillo: mostrar qué se aprobó, dónde se invertirá y qué resultados produjo. Las regiones merecen información para exigir que las promesas se cumplan.
Para una víctima, la justicia distante puede sentirse como una justicia ausente. Colombia necesita más fiscales, jueces e investigadores donde la violencia golpea con mayor fuerza, y procesos que avancen a tiempo. Fortalecer la justicia territorial es devolverles confianza y tranquilidad a las familias.
El Presupuesto 2027 debe poder leerse desde cada municipio: ¿qué obra avanzará, qué hospital mejorará, qué comunidad tendrá agua? El Congreso y el Gobierno tenemos la oportunidad de convertir los $634,9 billones en resultados verificables para las regiones. Allí concentraré mi trabajo en las plenarias.
Colombia necesita ordenar sus finanzas con seriedad y con una visión compartida. En las conversaciones sobre la situación fiscal, defendamos la inversión que transforma la vida en las regiones. El ajuste será más sólido si Gobierno y Congreso conocen las cifras, acuerdan prioridades y cuidan cada peso.
El gas es indispensable para los hogares, la industria y la seguridad eléctrica del país. Recuperar reservas exige explorar con responsabilidad ambiental y escuchar a las comunidades. Las regiones productoras deben participar en las decisiones y ver en su territorio los frutos del desarrollo.
En el Caribe, prender un ventilador es una necesidad, no un lujo. Por eso defendemos una tarifa de energía que reconozca nuestro clima y proteja el bolsillo de las familias. Construyamos con el Gobierno una fórmula responsable: beneficio claro, financiación definida y mejores redes para prestar el servicio.
La energía que necesita una familia del Caribe depende de decisiones que debemos tomar hoy. Con El Niño y una mayor demanda, es fundamental asegurar la generación térmica y contar con un plan de respaldo. Acompañemos al Gobierno en esa tarea, con información clara y atención especial a las regiones.
En el Caribe conocemos el costo de una energía cara y un servicio que falla: lo pagan las familias y lo sufren los negocios. Ante El Niño, debemos asegurar el respaldo de la generación térmica, el suministro de gas y la inversión en redes.
Trabajemos con el Gobierno por un plan de abastecimiento confiable y una tarifa que reconozca las condiciones de nuestra región. La seguridad energética debe sentirse en cada hogar.
Colombia necesita explorar para recuperar reservas de gas y asegurar el abastecimiento de hogares e industrias. Respaldo la apertura a nuevos contratos, con reglas ambientales claras, participación de las comunidades y beneficios verificables para las regiones productoras.
La seguridad energética exige decisiones de largo plazo.
Una comunidad no debería esperar a quedarse sin agua para aparecer en el mapa de prioridades del Gobierno. Ante El Niño, cada región necesita conocer sus riesgos y contar con recursos para proteger cuencas, asegurar el suministro y preparar sus acueductos.
Propongo que Nación y territorios acuerden inversiones y responsables con plazos públicos.
Para una víctima, la justicia que nunca llega también es impunidad. Si queremos recuperar la seguridad, necesitamos más fiscales, jueces e investigadores, mejores herramientas para investigar y respuestas rápidas en los territorios.
La fuerza pública puede capturar a un delincuente; un sistema judicial capaz debe impedir que el delito quede sin respuesta. Esa es la reforma de fondo que Colombia necesita.
Colombia necesita recuperar sus reservas de gas y darles certidumbre a los hogares y a la industria. La apertura a nuevos contratos de exploración es una decisión que merece respaldo.
Sobre el fracking, el Gobierno debe presentar evidencia técnica, reglas ambientales exigentes y garantías de participación para las comunidades antes de avanzar. Seguridad energética también significa que las regiones tengan voz en las decisiones que afectan su agua, su economía y su territorio.