La detención por motivos políticos en Venezuela no termina en el arresto de una persona; es un fenómeno expansivo que utiliza los roles de género para trasladar el peso del castigo al hogar. En este escenario, las mujeres —madres, esposas, hijas y hermanas— emergen como víctimas secundarias. Aunque no están tras las rejas, cargan en sus cuerpos y vidas con la sobrevivencia de sus familias y la búsqueda de una justicia que el Estado les niega sistemáticamente.
La falta de información oficial sobre el paradero o estado de salud de las personas detenidas no es un vacío administrativo, es uno de los mecanismos más crueles de la represión política que va dirigido hacia las familias.
Esta opacidad obliga a las mujeres a peregrinar por instituciones sin obtener respuestas, enfrentándose a la estigmatización y, en muchos casos, a extorsiones para garantizar derechos mínimos de sus familiares.
En este contexto, se produce una feminización de la carga represiva. El Estado vulnera derechos económicos y sociales por la pérdida de ingresos y la precarización forzada; y el derecho a la igualdad y no discriminación, ya que el Estado se apoya en roles de género preexistentes para externalizar el costo del castigo. A ello se suma la violación sistemática del derecho a la defensa privada y, en general, de todas las garantías que integran el debido proceso.
La lucha por la libertad de los presos políticos debe ir acompañada de una protección efectiva para las mujeres que, desde afuera, mantienen viva la esperanza y la exigencia de justicia. El Estado es responsable no solo de quienes están adentro, sino de las vidas que se apagan afuera esperando un reencuentro.
Han sido días de profundo dolor tras los sismos del 24J. Gracias a quienes apoyaron nuestro trabajo desde el primer momento. Su ayuda ha sido vital para seguir acompañando a las mujeres y familias más vulnerables, cuya situación se ha agravado tras la tragedia. Nuestra labor no se detiene.
🫶 ¿Quieres colaborar?
Puedes hacer tu aporte en este enlace https://t.co/WsGBazNVu2
#ATENCION Ante las graves denuncias de familiares de presos políticos sobre una situación irregular, posibles heridos y falta de información en el Internado Judicial El Rodeo I, exigimos a las autoridades penitenciarias publicar de inmediato un reporte oficial que brinde fe de vida y esclarezca el estado de salud de los reclusos.
Asimismo, solicitamos con urgencia que se permita el ingreso del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) para verificar de forma independiente la integridad de la población penal.
Recordamos que el Estado es responsable de garantizar la vida y los derechos humanos de quienes están bajo su custodia.
#JusticiaYLibertad
Las mujeres enfrentan, al mismo tiempo, la crisis general producto de los terremotos ocurridos en #Venezuela y una crisis particular de larga data que la emergencia no creó, pero sí profundizó.
Para que la #respuestahumanitaria incorpore realmente una #perspectivadegénero, proponemos prestar atención a diversos indicadores y temas, como:
🟣 Acceso a salud sexual y reproductiva.
🟣 Acceso a salud mental.
🟣 Riesgos de violencia basada en género.
🟣 Estrategias de sobrevivencia extremas como respuesta a la pérdida de ingresos.
🟣 Carga de cuidados que limita el acceso a ayuda, empleo o descanso.
🟣 Pérdida de ingresos y activos.
🟣 Datos desagregados por sexo y edad en los registros de daños, censos de afectados y padrones de ayuda.
Tras los terremotos del 24 de junio miles de venezolanos necesitan asistencia humanitaria y son muchas las violaciones de derechos humanos que se verifican. Al imponer tantas trabas a las organizaciones sin fines de lucro, la #LeyAntisociedad atenta contra las víctimas de la tragedia #JusticiaVe https://t.co/CxI0sYREDP
Las emergencias no impactan a todas las personas por igual, y quienes ya cargaban con desventajas estructurales —económicas, de acceso a salud, de protección frente a la violencia— suelen ser quienes menos capacidad tienen de resistir un nuevo choque.
En estos días, desde Cepaz hemos podido documentar cómo mujeres que ya eran víctimas de violencia de género en #Venezuela han visto agravada su situación de múltiples formas: interrupciones en tratamientos médicos y de salud mental que venían sosteniendo, mayor precariedad económica que las hace más dependientes de sus agresores, y un acceso aún más limitado a la justicia y a mecanismos de protección en un momento en que las instituciones están desbordadas atendiendo la emergencia. Son mujeres que enfrentan, al mismo tiempo, la crisis general y una crisis particular que la emergencia no crea, pero sí profundiza y hace más difícil de resolver.
Identificar estas necesidades específicas —de salud, económicas, de protección y acceso a justicia— no es un añadido opcional a la #respuestahumanitaria: es una condición para que esa respuesta sea efectiva y no deje a nadie atrás. Nombrar estas realidades, documentarlas y exigir que sean atendidas es, también, una forma de justicia.
El desmantelamiento del Estado de derecho, la violación sistemática de derechos humanos, el desconocimiento de la voluntad popular expresada en las elecciones de 2024, forma parte de la misma cadena que hoy tiene a #Venezuela sin capacidad de respuesta.
https://t.co/vitmwNdEeS
Frente a una emergencia la atención se concentra en infraestructura, personas desplazadas, agua, alimento. Todo legítimo y necesario. Pero si la respuesta se diseña sin mirar quién estaba ya en mayor vulnerabilidad, se pueden profundizar las brechas.
https://t.co/fQ2qaQLDdX
Las organizaciones comunitarias y las redes de voluntariado pueden desempeñar un papel decisivo en las labores de rescate, la distribución de ayuda y la atención inmediata de la población afectada, como ha sucedido en #Venezuela en los últimos días. Sin embargo, la reconstrucción de infraestructura estratégica, el restablecimiento de los sistemas eléctricos, la recuperación de aeropuertos, puertos y hospitales, así como la coordinación de la ayuda internacional, requieren capacidades financieras, técnicas y administrativas que corresponden únicamente al Estado.
Lee el artículo completo de Mariana Vahlis en este enlace https://t.co/1dRbrKTe9b
Antes de los terremotos la población venezolana, y en particular las mujeres, niñas y adolescentes, ya enfrentaba una crisis humanitaria compleja, sostenida y profundamente desigual, tal como lo reflejan las cifras de los reportes de @HumVenezuela. Entender esa línea de base es fundamental para que la respuesta a la emergencia actual no repita los mismos vacíos, sino que incorpore, desde el inicio, una perspectiva de género.
En estos días, desde Cepaz hemos podido documentar cómo mujeres que ya eran víctimas de violencia de género han visto agravada su situación de múltiples formas: interrupciones en tratamientos médicos y de salud mental, mayor precariedad económica que las hace más dependientes de sus agresores, y un acceso aún más limitado a la justicia y a mecanismos de protección en un momento en que las instituciones están desbordadas atendiendo la emergencia.
Son mujeres que enfrentan, al mismo tiempo, la crisis general y una crisis particular que la emergencia no crea, pero sí profundiza y hace más difícil de resolver.
Identificar estas necesidades específicas —de salud, económicas, de protección y acceso a justicia es una condición indispensable para que esa respuesta sea efectiva y no deje a nadie atrás. Nombrar estas realidades, documentarlas y exigir que sean atendidas es, también, una forma de justicia.
Lee el artículo completo en este enlace
https://t.co/wkI9eCxjVG
El doble terremoto en #Venezuela: cuando la sociedad civil ocupó el rol del Estado / Artículo de Mariana Vahlis
El caso venezolano pone de relieve la paradoja característica de los contextos de fragilidad estatal: a medida que las capacidades institucionales se debilitan, la sociedad desarrolla mecanismos de cooperación que le permiten responder con rapidez frente a situaciones de emergencia. Sin embargo, esa capacidad de autogestión no elimina la necesidad de instituciones públicas sólidas.
Lee el artículo completo en este enlace https://t.co/uVqPrLC7iZ
#Venezuela Hay una paradoja que los terremotos han vuelto imposible de ignorar: quienes gobiernan no solo carecen de legitimidad constitucional, sino que han demostrado carecer de la capacidad operativa para responder a la emergencia. La destrucción revelada por los sismos no es solo material. Es el resultado acumulado del desmantelamiento institucional: la pérdida de autonomía de los poderes públicos, el vaciamiento de las entidades subnacionales, la ausencia de sistemas de respuesta funcionales.
Esta doble carencia —de legitimidad y de capacidad— refuerza, antes que debilita, el argumento constitucional. La reconstrucción de Venezuela no puede avanzar sobre una base de ilegitimidad. Va a requerir autoridades con respaldo ciudadano real, capaces de convocar al país y consensuar las medidas extraordinarias que la situación demanda. Esa autoridad solo puede surgir de un proceso electoral legítimo.
Lee el artículo completo aquí https://t.co/5MjSHpCVK6
El artículo 234 de la Constitución venezolana es claro: transcurridos 180 días continuos de ausencia del presidente del territorio nacional, la Asamblea Nacional tiene el deber de declarar su falta absoluta. Ese plazo vence hoy.
El Bloque Constitucional @cbloquec advierte que no declarar esa falta implicaría un abandono de funciones por parte de la Asamblea Nacional, abriendo la puerta a un vacío de poder del que puede derivar una usurpación de autoridad si el interinato continúa ejerciendo la presidencia más allá de esta fecha.
Lee el artículo completo aquí https://t.co/7Ywizlmhxk
Los refugios habilitados después de una catástrofe están diseñados para ser estrictamente temporales. Su único propósito es ofrecer protección inmediata, techo y estabilización en los días o semanas posteriores al desastre, mientras se supera la fase inicial.
La permanencia de las personas vulnerables en refugio prolongado se convierte en una crisis secundaria. Extender el funcionamiento de estos espacios masivos incrementa los riesgos sanitarios, de seguridad y el desgaste emocional. Por ello, exigimos que se planifique una transición rápida hacia soluciones de vivienda definitivas y seguras en #Venezuela, evitando que la provisionalidad se vuelva indefinida.
🇻🇪 Artículo | Sin Constitución no hay reconstrucción: Emergencia, vacío de poder e ilegitimidad en #Venezuela
Desde el 3 de enero de 2026, Nicolás Maduro se encuentra fuera del territorio nacional, incapaz de ejercer las funciones presidenciales. La Constitución previó exactamente este escenario: 180 días continuos para que la Asamblea Nacional declare la falta absoluta. Ese plazo vence hoy, 2 de julio de 2026.
Lee el artículo completo en este enlace
https://t.co/7YwizlmPmS
El terremoto ha profundizado situaciones de vulnerabilidad preexistentes y ha incrementado los riesgos de protección para muchas mujeres.
Por ello, además de atender necesidades urgentes, estamos identificando a aquellas que enfrentan mayores riesgos y movilizando recursos para brindarles apoyo oportuno.
¿Quieres ayudar?
🫶 ¡Dona aquí!
https://t.co/WsGBazNVu2
Urge derogar la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro. Esta normativa hace casi imposible que las organizaciones humanitarias se constituyan y operen en el país.
En este momento crítico, las barreras legales que impiden la formalización de organizaciones humanitarias cuestan vidas.
A una semana de la tragedia del 24 de junio, publicamos el informe «El Estado abdicó su deber de proteger».
No nos quedamos en el recuento de los daños físicos. Analizamos con lupa la respuesta institucional y el abandono real a los ciudadanos.
Salvar vidas y atender la emergencia no es una opción del gobierno, es un mandato legal que no se puede evadir.
Descarga el informe completo: https://t.co/zzMbRsUf5G
#JusticiaYLibertad
El sistema de salud en #Venezuela se encuentra en un estado de colapso estructural sumamente grave, una vulnerabilidad acumulada por años de falta de inversión, que se ha tornado crítica tras los terremotos ocurridos en el país.
Una situación que fue advertida por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que recomendó al Estado venezolano en varios de sus informes garantizar y ampliar el acceso de la población a atención médica y a establecimientos de salud funcionales.
Foto: cortesía BBC