Más allá de las miserables declaraciones de Milagros Jáuregui, el @MimpPeru debe explicar bajo qué criterios deriva a niñas embarazadas por abuso sexual a un albergue donde se las obliga a maternar y se niega su condición de víctimas, en lugar de cumplir con su labor de garantizarles información completa y acceso pleno a sus derechos. El sector, se supone, destina presupuesto para hogares de refugio y centros de acogida, pero nos enteramos ahora, que no se hace cargo y deja a las niñas que llegan en esta situación en manos de quienes son capaces de priorizar el dogma sobre el interés superior del niño. Es bastante grave y debería de fiscalizarse