Luchador social. profesor, escritor, economista , PHD en Gerencia. Mgs. En Gerencia Púb, Espec en Política y Comercio Petrolero Internacc, exdiputado Parlatino.
Denuncia contra el Banco Central de Venezuela: La liquidez Monetaria que ejecutan es un fraude económico que mantiene seca la economía de bolívares suficiente como oara pagar sueldos y salarios, pensiones y jubilaciones más dignos. ¡Alerta fiscal y Asamblea Nacional!
La solidaridad necesita organización.
Un pueblo dispuesto a ayudar es una fuerza inmensa, pero esa fuerza solo alcanza su máximo potencial cuando está organizada.
Hoy miles de venezolanos desean colaborar. Unos pueden donar alimentos; otros, medicinas, ropa, herramientas, materiales de construcción o simplemente su tiempo como voluntarios. Todos quieren aportar, pero necesitan saber cómo, dónde y de qué manera hacerlo.
Por eso es indispensable crear mecanismos claros de participación: centros de acopio identificados, registros de voluntarios, canales de comunicación confiables y sistemas transparentes para recibir y distribuir cada ayuda.
La tragedia exige mucho más que buenas intenciones; exige coordinación, planificación y compromiso colectivo.
Cada aporte cuenta. Cada mano suma. Cada ciudadano puede convertirse en parte de la reconstrucción nacional.
No dejemos que la solidaridad se pierda por falta de organización. Transformemos la voluntad de ayudar en una red capaz de llevar esperanza a quienes hoy más lo necesitan.
Bloque Histórico Popular
#VenezuelaSomosTodos
¡Toca Luchar Y Vencer!!
@Jav1030272@MariaesPueblo Sería bueno que profundizaras qué es el Haarp. No existe tecnología que genere terremotos, si huracanes y lluvias. Venezueia es un territorio con esa capacidad de inestabilidad telúrica.
5 DE JULIO: ENTRE LA CONSTITUCIÓN Y EL PODER DE FACTO
La historia juzga con severidad a las generaciones que, teniendo la obligación de defender el orden constitucional, guardaron silencio mientras éste era sustituido por la voluntad de quienes ejercían el poder.
Venezuela se aproxima a una fecha de enorme trascendencia histórica y política. No se trata únicamente de la conmemoración de la Independencia Nacional. Nos encontramos ante un momento en el que se pone a prueba la vigencia misma del principio fundamental sobre el cual descansa toda República: que nadie está por encima de la Constitución.
La Carta Magna no fue concebida para aplicarse cuando resulte conveniente ni para ser interpretada según las necesidades coyunturales de quiénes detentan el poder. Fue creada precisamente para establecer límites.
Límites al Ejecutivo.
Límites al Legislativo.
Límites al Judicial.
Límites a todos los factores políticos y de poder.
Cuando esos límites desaparecen o dejan de ser exigibles, deja de existir un Estado Constitucional y comienza a imponerse una lógica de facto.
Lo que hoy está en discusión no es únicamente una controversia jurídica sobre procedimientos o plazos constitucionales. Lo que está en discusión es algo mucho más profundo: si la Constitución sigue siendo la fuente de legitimidad del poder o si ha sido reemplazada por acuerdos políticos, reconocimientos internacionales, intereses geopolíticos o decisiones administrativas que terminan colocándose por encima de la voluntad soberana del pueblo venezolano.
La gravedad del momento radica precisamente en eso.
Si los mecanismos previstos para resolver situaciones excepcionales dejan de aplicarse; si los órganos llamados a hacer cumplir la Carta Magna omiten actuar; si las disposiciones constitucionales se convierten en simples referencias simbólicas sin consecuencias prácticas; entonces no estaríamos frente a una crisis política ordinaria.
Estaríamos frente a una ruptura del principio de supremacía constitucional.
Y una República que renuncia a la supremacía constitucional comienza inevitablemente a deslizarse hacia el terreno del gobierno de facto.
La CRBV es categórica al establecer que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. No en gobiernos extranjeros. No en organismos internacionales. No en grupos económicos. No en cúpulas partidistas. No en acuerdos celebrados al margen de la participación ciudadana. En el pueblo.
Por ello resulta alarmante que sectores políticos pretendan normalizar la permanencia de situaciones institucionales extraordinarias sin que medie la restitución plena del mandato constitucional y del principio democrático.
Por eso nuestra lucha no es una lucha por cargos.
No es una lucha por cuotas de poder.
No es una lucha por una parcialidad política contra otra.
Porque la CRBV representa el único terreno común que aún puede permitir la reconstrucción nacional, porque sin ella ningún derecho ciudadano tiene garantía efectiva. La defendemos porque sin límites al poder desaparece la República y porque ningún proyecto político, por noble que se proclame, tiene derecho a colocarse por encima de ella.
Hacemos un llamado a todos los venezolanos, independientemente de sus diferencias ideológicas, a organizarse alrededor de una causa superior: la defensa de la soberanía popular y de la vigencia efectiva de la Constitución.
La historia de Venezuela demuestra que los grandes momentos de transformación nacional han surgido cuando el pueblo comprendió que existían principios más importantes que las diferencias partidistas.
Ese momento ha llegado nuevamente.
No se trata de defender un gobierno o una oposición.
Se trata de defender la República.
No se trata de respaldar una candidatura o una organización.
Se trata de defender la Constitución.
La Constitución tiene límites y límite para decretar una ausemcia absoluta se acerca.
La defensa de la Constitución es hoy la defensa de la República.
Bloque Histórico Popular
#TocaLucharYVencer
A continuación la *PROPUESTA DEL DR. ANDRÉS GIUSSEPE* para el debate sobre la *Reestructuración del Estado venezolano* que ha decidido emprender el *Gobierno temporal de Delcy Rodríguez*:
https://t.co/fJj2rlfZpY
@MariaesPueblo Hay que exigir "Justicia Reparativa" en Venezuela. Exigir que se reconozca la deuda laboral desde el año 2015 cuando Maduro comenzó a decretar salarios por debajo de la Canasta Básica Familiar (Art. 91). Son aproximadamente $34.000 que el gobierno dejó de pagarles a trabajadores
La Lucha por el Salario y la Prestaciones Sociales
Eduardo Sánchez, Presidente de SINATRAUCV señala que existe una campaña orquestada por sectores del "gran capital" y cámaras industriales contra el movimiento sindical.
El propósito de esta campaña, es debilitar la capacidad de resistencia sindical para implementar medidas económicas perjudiciales.
Coincidimos con Sanchez en la defensa del patrimonio de los trabajadores y enfatizamos sobre la necesidad de parar el desmantelamiento de los derechos laborales conquistados históricamente.
El salario y las prestaciones sociales son "patrimonio nacional de los trabajadores".
No se trata de permitir que se eliminen, sino de defender y "entregar" estos derechos como una condición para mejorar la economía nacional. Esto no es más que una falacia.
Todo el peso de la crisis recae sobre los trabajadores ahora vienen por las prestaciones sociales y yo me pregunto:
¿Qué sacrifican los otros?
MADM
(...) cuando el presidente Nicolás Maduro comenzó a decretar salarios mínimos por debajo de lo que establece el Artículo 91 de la Constitución (Referencia Canasta Básica Familiar).
📢 ¿SABES CUÁNTO TE DEBE EL ESTADO POR TUS AÑOS DE SERVICIO?
No es un "bono de guerra", es TU PATRIMONIO confiscado. El Dr. Andrés Giussepe ha calculado que a cada trabajador y jubilado se le adeuda un promedio de $34.000 por el Default Social desde 2015,(...)
¿RENEGOCIAR LA DEUDA EXTERNA O UN NUEVO FRAUDE?
La deuda externa de Venezuela ronda los 170 mil millones de dólares, habiendo crecido más del 600% entre 2004 y 2014 durante el mayor auge petrolero del país. A pesar de que Nicolás Maduro pagó más de 113 mil millones en una primera etapa a costa del hambre del pueblo, el país dejó de pagar parcialmente hace casi nueve años, enfrentando demandas opacas y una carga financiera agravada por expropiaciones improductivas.
El debate central es la legitimidad de esta deuda. Al no existir transparencia ni auditorías, se vincula con el concepto de **deuda odiosa** (Alexander Sack, 1927), la cual no es exigible si la población no la consintió, no se benefició de ella y los acreedores sabían que financiaría la corrupción o represión.
Expertos sugieren realizar una auditoría forense antes de renegociar para no hipotecar activos estratégicos. Existen precedentes de condonación (Irak, Somalia, Bolivia) y riesgos de privatizaciones perjudiciales (como en la caída de la URSS). Tampoco se debe olvidar la tesis de que la deuda históricamente ha financiado la fuga de capitales privados, socializando las pérdidas. Venezuela necesita transparencia, legitimidad y capacidad técnica antes de comprometer el futuro de sus próximas generaciones.
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!La patria se defiende, no se negocia para mantenerse en el poder¡
Pronunciamiento en rechazo a los ejércitos militares autorizados ilegalmente por el gobierno de Delcy Rodríguez.
Histórico!!!!
La Corte Internacional de Justicia .@CIJ_ICJ en una votación 10-04, reconoce el derecho a huelga y la protesta como parte del convenio 87 .@OITAmericas.
Así se cae la pretensión del sector empresarial privado nacional e internacional y los patronos en general, de utilizar esas acciones en contra de los intereses organizacionales de l@s trabajador@s.
Es importante además para todos los gobiernos, especialmente como el gobierno de Venezuela que ha tratado las huelgas y la protesta como acciones subversivas, terroristas o conspirativas!!!
Gran logro para los trabajador@s del mundo!!
El 14 de mayo de 2026, acompañé a un grupo de académicos, activistas sindicales y dirigentes políticos a consignar ante el TSJ el Recurso de Nulidad de la Ley de Reforma de la Ley de Hidrocarburos del 29 de enero de 2026. Son 15 vicios de nulidad absoluta que contempla esa Ley.
El 14 de mayo de 2026, acompañé a un grupo de académicos, activistas sindicales y dirigentes políticos a consignar ante el TSJ el Recurso de Nulidad de la Ley de Reforma de la Ley de Hidrocarburos del 29 de enero de 2026. Son 15 vicios de nulidad absoluta que contempla esa Ley.