🚨 Noticia de enorme calado institucional a solo 11 días del 29-N.
Esto es lo que revela la información de El Mundo junto con el expediente de la Junta Electoral Central (JEC):
⚖️ 1. Qué acaba de ordenar el Tribunal Supremo (17-nov-2026)
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dado un plazo perentorio de 2 días (48 horas) al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, a través de la Dirección General de Política Interior, para que certifique si los 61.603 dispositivos móviles con los que pretende identificar a los votantes mediante la app MiDNI (código QR) el 29-N han pasado los controles obligatorios del Esquema Nacional de Seguridad (ENS, RD 311/2022).
El Supremo no se conforma con la palabra del Gobierno: exige que, si dicen que sí, entreguen en 48 horas "la documentación técnica justificativa de la verificación y control de seguridad", antes de decidir si suspende cautelarmente todo el sistema a raíz del recurso presentado por Iustitia Europa.
🔎 2. Las cuatro claves que hacen chirriar toda la operación
💸 Solución de 7 millones a un problema que no existía
Todo elector español ya tiene por ley DNI físico, pasaporte o carné de conducir (art. 85.4 LOREG), documentos que cuestan 0 € adicionales en las mesas, no dependen de cobertura móvil ni de baterías, no se caen y no dejan rastro digital centralizado.
📱 Contrato "de emergencia" a dedo (7.000.455 €) para alquilar móviles un solo día
Interior adjudicó sin concurso ordinario, por vía de emergencia, más de 7 millones de euros a Telefónica Defensa y Seguridad (con reparto vía Correos) para alquilar 61.603 terminales durante unas horas el 29-N.
Sale a 113,64 € de alquiler por móvil para una sola jornada, casi lo que cuesta comprar un teléfono básico en propiedad.
📋 La JEC ya lo había vetado antes por falta de garantías
La Junta Electoral Central tenía suspendido el uso de MiDNI para votar precisamente por dudas de autenticidad y seguridad, y solo levantó la prohibición el 5 de noviembre bajo la condición de que existieran lectores homologados y verificados.
Que a 17 de noviembre el Supremo tenga que reclamar en 48 horas los papeles del ENS demuestra que iban a implantarlo sin haber acreditado previamente esa auditoría en el expediente.
🔐 Riesgo de trazabilidad en tiempo real e incidencias en mesa
Meter 61.603 terminales conectados verificando códigos QR contra servidores de Interior abre dos preguntas críticas que cualquier democracia seria blinda antes, no diez días antes de votar:
• ¿Qué ocurre en miles de mesas si falla la red o el servidor?
• ¿Qué garantías técnicas impiden cruzar en tiempo real qué ciudadano concreto ya ha acudido a votar y a qué hora (información de oro para la movilización electoral en vivo)?
🔎 Pero vayamos más lejos.
Cuando haces la cuenta logística e industrial, es materialmente imposible que alguna empresa de alquiler en España o en Europa tenga 61.603 smartphones parados en una estantería por si un ministerio llama pidiéndolos para un domingo.
Para dimensionar el volumen: en unas elecciones generales hay unas 60.000 mesas repartidas en aproximadamente 23.000 colegios, e históricamente Indra desplegaba unas 23.000 tabletas (una por colegio para transmitir actas, preparadas con meses de antelación).
Reunir, configurar con gestión remota (MDM), cargar y repartir vía Correos 61.603 móviles entre el 5 de noviembre (cuando la JEC levantó el veto) y el 29-N solo deja tres explicaciones posibles, y las tres son demoledoras:
1. Se los estamos comprando enteros al contratista, pero disfrazado de "alquiler de un día"
Haz la división exacta del contrato adjudicado a dedo por emergencia a Telefónica Defensa y Seguridad:
7.000.455 € ÷ 61.603 terminales = 113,64 € por teléfono para una sola jornada.
Para una operadora como Telefónica, comprando 61.603 unidades de golpe a fábrica (gama básica empresarial Android con cámara), comprar el móvil nuevo en propiedad cuesta entre 65 y 90 € por unidad.
Es decir: el contribuyente paga más por alquilarlos 11 horas (113,64 €) de lo que valen nuevos de fábrica.
Y el lunes 30 de noviembre el Estado se queda con 0 teléfonos, mientras la adjudicataria se queda con los 7 millones más los 61.603 móviles ya amortizados al 100 % para revenderlos o volver a alquilárselos al Gobierno en las autonómicas y municipales de 2027.
2. O ya estaban encargados antes incluso del permiso de la JEC
Aprovisionar 61.603 terminales idénticos, instalarles el software verificador bloqueado, probarlos y etiquetarlos mesa por mesa para los 8.131 municipios lleva semanas de cadena logística.
Si el stock nuevo ya estaba pedido antes del 5 de noviembre, significa que Interior tenía la operación en marcha antes de que la Junta Electoral levantara la suspensión, usando luego el procedimiento de emergencia (sin concurso público, sin pliegos previos abiertos y sin competencia) para adjudicarlo a dedo.
3. O han barrido almacenes de móviles reacondicionados y saldos de distintos modelos
La única otra vía para juntar más de 61.000 móviles en días sin pedirlos a fábrica es tirar de stocks sobrantes de operadora, devoluciones de renting y reacondicionados mezclados.
Y eso explicaría por qué el Tribunal Supremo acaba de exigir en 48 horas los certificados técnicos del Esquema Nacional de Seguridad (ENS): porque garantizar que 61.603 terminales juntados a contrarreloj tienen el firmware limpio, bastionado e idéntico conforme al RD 311/2022 no se improvisa en dos semanas.
Negocio redondo sin concurso para un problema que ni existía, teniendo todos DNI físico. 🎯
🗳️ Con las urnas no se improvisa, ni se contrata a dedo de emergencia, ni se conectan 61.603 terminales a los servidores de Interior sin auditoría pública previa.
DNI físico en mano y garantías al 100 %.
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