![outsidersesp's tweet photo. La ley de punto final en España.
Tras el famoso “atado y bien atado” de Franco se ocultaba algo más que una simple declaración de intenciones de ese príncipe de las tinieblas que murió en la cama dejando en el poder al que era su sucesor a título de rey desde el año 1969. El dictador que tenía a gala responder sólo ante Dios y ante la historia, no sólo consiguió categorizar su objetivo sino que logró que la transición que dio lugar a la Monarquía del 18 de Julio se construyera garantizando la impunidad total para juzgar los crímenes del régimen.
Así lo estableció el Tribunal Supremo, máximo órgano judicial, en la causa abierta para investigar las desapariciones forzadas del franquismo. Incluso el Tribunal Supremo reconoce que hay abundante arsenal jurídico para catalogar como delitos contra la humanidad los hechos denunciados, en la medida en que las personas fallecidas y desaparecidas lo fueron a consecuencia de una acción sistemática dirigida a su eliminación como enemigo político.
También admite que “la búsqueda de la verdad es una pretensión tan legitima como necesaria”. Pero el problema, dice también el Tribunal Supremo, es político y se produjo en la transición: “En España la doctrina que ha estudiado nuestra transición [...] la ha calificado como un proceso de impunidad absoluta con indemnización a las víctimas”.
Los magistrados argumentan la improcedencia de la investigación porque los hechos abarcan desde 1936 a 1952, por lo que se ha superado con creces el máximo de vigencia de 20 años que establece la ley para la prescripción.
Además, la impunidad está amparada por la ley de amnistía de octubre de 1977, aunque dicha disposición legal, dice el Tribunal Supremo, en ningún caso debe entenderse como una ley de punto final.
Primero argumenta a contracorriente que “una ley de amnistía que excluya la responsabilidad penal puede ser considerada como una actuación que restringe e impide a la víctima el recurso efectiva para reaccionar frente a la vulneración de un derecho”.
Luego, tras recordar que la facultad de derogar leyes compete en exclusiva al poder legislativo y no a “los jueces sujetos al principios de legalidad”, enumera los múltiples casos en que desde distintos ámbitos internacionales se hicieron llegar “recomendaciones al Estado español para derogar la Ley de Amnistía” o recordatorios sobre la imprescriptibilidad de los delitos y violaciones de derechos humanos.
En realidad, lo que caracteriza a la reciente historia de España no son los crímenes fascistas sino su impunidad. Tampoco es la tortura sino la impunidad de los torturadores. De ahí que no sea algo característico solamente de la posguerra, sino la seña de identidad de este Estado. Desde 1996 los diferentes gobiernos han indultado a 42 policías condenados por torturas. De esa manera será imposible acabar con ella.
El Tribunal Supremo proclama que “la ley de amnistía fue promulgada con el consenso total de las fuerzas políticas en un periodo constituyente surgido de las elecciones democráticas de 1977”, cuando la realidad es bien distinta porque jamás hubo periodo constituyente. La ley de amnistía, “que amparaba los delitos y falta de intencionalidad política y de opinión”, era pre-constitucional y las elecciones de 15 de junio de 1977 carecieron del mínimo democrático al perpetrarse habiendo aún presos en las cárceles y excluyendo fácticamente a aquellos partidos que no comulgaban con el “atado y bien atado”.
La transición empezó la casa por el tejado. Las elecciones de 15 de junio de 1977 se celebraron antes de que hubiera ninguna Constitución. Si la Constitución actual hubiera estado vigente en 1977, las elecciones hubieran sido declaradas nulas porque vulneran la mayor parte de sus principios.
Como tribunal político, el Tribunal Supremo afirma la equivalencia entre víctimas y verdugos. Sus magistrados sostienen que en la guerra “hubo episodios de gran violencia, motivados, en ocasiones, por una revancha fratricida” y concluyen con cinismo que “en los dos bandos se cometieron atrocidades que en la cultura actual, informada sobre la vigencia y expresión de los derechos humanos, serían propios de delitos contra la humanidad”.](https://pbs.twimg.com/media/HK6geJ0XgAAoWKc.jpg)
Olivia
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La ley de punto final en España.
Tras el famoso “atado y bien atado” de Franco se ocultaba algo más que una simple declaración de intenciones de ese príncipe de las tinieblas que murió en la cama dejando en el poder al que era su sucesor a título de rey desde el año 1969. El dictador que tenía a gala responder sólo ante Dios y ante la historia, no sólo consiguió categorizar su objetivo sino que logró que la transición que dio lugar a la Monarquía del 18 de Julio se construyera garantizando la impunidad total para juzgar los crímenes del régimen.
Así lo estableció el Tribunal Supremo, máximo órgano judicial, en la causa abierta para investigar las desapariciones forzadas del franquismo. Incluso el Tribunal Supremo reconoce que hay abundante arsenal jurídico para catalogar como delitos contra la humanidad los hechos denunciados, en la medida en que las personas fallecidas y desaparecidas lo fueron a consecuencia de una acción sistemática dirigida a su eliminación como enemigo político.
También admite que “la búsqueda de la verdad es una pretensión tan legitima como necesaria”. Pero el problema, dice también el Tribunal Supremo, es político y se produjo en la transición: “En España la doctrina que ha estudiado nuestra transición [...] la ha calificado como un proceso de impunidad absoluta con indemnización a las víctimas”.
Los magistrados argumentan la improcedencia de la investigación porque los hechos abarcan desde 1936 a 1952, por lo que se ha superado con creces el máximo de vigencia de 20 años que establece la ley para la prescripción.
Además, la impunidad está amparada por la ley de amnistía de octubre de 1977, aunque dicha disposición legal, dice el Tribunal Supremo, en ningún caso debe entenderse como una ley de punto final.
Primero argumenta a contracorriente que “una ley de amnistía que excluya la responsabilidad penal puede ser considerada como una actuación que restringe e impide a la víctima el recurso efectiva para reaccionar frente a la vulneración de un derecho”.
Luego, tras recordar que la facultad de derogar leyes compete en exclusiva al poder legislativo y no a “los jueces sujetos al principios de legalidad”, enumera los múltiples casos en que desde distintos ámbitos internacionales se hicieron llegar “recomendaciones al Estado español para derogar la Ley de Amnistía” o recordatorios sobre la imprescriptibilidad de los delitos y violaciones de derechos humanos.
En realidad, lo que caracteriza a la reciente historia de España no son los crímenes fascistas sino su impunidad. Tampoco es la tortura sino la impunidad de los torturadores. De ahí que no sea algo característico solamente de la posguerra, sino la seña de identidad de este Estado. Desde 1996 los diferentes gobiernos han indultado a 42 policías condenados por torturas. De esa manera será imposible acabar con ella.
El Tribunal Supremo proclama que “la ley de amnistía fue promulgada con el consenso total de las fuerzas políticas en un periodo constituyente surgido de las elecciones democráticas de 1977”, cuando la realidad es bien distinta porque jamás hubo periodo constituyente. La ley de amnistía, “que amparaba los delitos y falta de intencionalidad política y de opinión”, era pre-constitucional y las elecciones de 15 de junio de 1977 carecieron del mínimo democrático al perpetrarse habiendo aún presos en las cárceles y excluyendo fácticamente a aquellos partidos que no comulgaban con el “atado y bien atado”.
La transición empezó la casa por el tejado. Las elecciones de 15 de junio de 1977 se celebraron antes de que hubiera ninguna Constitución. Si la Constitución actual hubiera estado vigente en 1977, las elecciones hubieran sido declaradas nulas porque vulneran la mayor parte de sus principios.
Como tribunal político, el Tribunal Supremo afirma la equivalencia entre víctimas y verdugos. Sus magistrados sostienen que en la guerra “hubo episodios de gran violencia, motivados, en ocasiones, por una revancha fratricida” y concluyen con cinismo que “en los dos bandos se cometieron atrocidades que en la cultura actual, informada sobre la vigencia y expresión de los derechos humanos, serían propios de delitos contra la humanidad”.
![outsidersesp's tweet photo. La ley de punto final en España.
Tras el famoso “atado y bien atado” de Franco se ocultaba algo más que una simple declaración de intenciones de ese príncipe de las tinieblas que murió en la cama dejando en el poder al que era su sucesor a título de rey desde el año 1969. El dictador que tenía a gala responder sólo ante Dios y ante la historia, no sólo consiguió categorizar su objetivo sino que logró que la transición que dio lugar a la Monarquía del 18 de Julio se construyera garantizando la impunidad total para juzgar los crímenes del régimen.
Así lo estableció el Tribunal Supremo, máximo órgano judicial, en la causa abierta para investigar las desapariciones forzadas del franquismo. Incluso el Tribunal Supremo reconoce que hay abundante arsenal jurídico para catalogar como delitos contra la humanidad los hechos denunciados, en la medida en que las personas fallecidas y desaparecidas lo fueron a consecuencia de una acción sistemática dirigida a su eliminación como enemigo político.
También admite que “la búsqueda de la verdad es una pretensión tan legitima como necesaria”. Pero el problema, dice también el Tribunal Supremo, es político y se produjo en la transición: “En España la doctrina que ha estudiado nuestra transición [...] la ha calificado como un proceso de impunidad absoluta con indemnización a las víctimas”.
Los magistrados argumentan la improcedencia de la investigación porque los hechos abarcan desde 1936 a 1952, por lo que se ha superado con creces el máximo de vigencia de 20 años que establece la ley para la prescripción.
Además, la impunidad está amparada por la ley de amnistía de octubre de 1977, aunque dicha disposición legal, dice el Tribunal Supremo, en ningún caso debe entenderse como una ley de punto final.
Primero argumenta a contracorriente que “una ley de amnistía que excluya la responsabilidad penal puede ser considerada como una actuación que restringe e impide a la víctima el recurso efectiva para reaccionar frente a la vulneración de un derecho”.
Luego, tras recordar que la facultad de derogar leyes compete en exclusiva al poder legislativo y no a “los jueces sujetos al principios de legalidad”, enumera los múltiples casos en que desde distintos ámbitos internacionales se hicieron llegar “recomendaciones al Estado español para derogar la Ley de Amnistía” o recordatorios sobre la imprescriptibilidad de los delitos y violaciones de derechos humanos.
En realidad, lo que caracteriza a la reciente historia de España no son los crímenes fascistas sino su impunidad. Tampoco es la tortura sino la impunidad de los torturadores. De ahí que no sea algo característico solamente de la posguerra, sino la seña de identidad de este Estado. Desde 1996 los diferentes gobiernos han indultado a 42 policías condenados por torturas. De esa manera será imposible acabar con ella.
El Tribunal Supremo proclama que “la ley de amnistía fue promulgada con el consenso total de las fuerzas políticas en un periodo constituyente surgido de las elecciones democráticas de 1977”, cuando la realidad es bien distinta porque jamás hubo periodo constituyente. La ley de amnistía, “que amparaba los delitos y falta de intencionalidad política y de opinión”, era pre-constitucional y las elecciones de 15 de junio de 1977 carecieron del mínimo democrático al perpetrarse habiendo aún presos en las cárceles y excluyendo fácticamente a aquellos partidos que no comulgaban con el “atado y bien atado”.
La transición empezó la casa por el tejado. Las elecciones de 15 de junio de 1977 se celebraron antes de que hubiera ninguna Constitución. Si la Constitución actual hubiera estado vigente en 1977, las elecciones hubieran sido declaradas nulas porque vulneran la mayor parte de sus principios.
Como tribunal político, el Tribunal Supremo afirma la equivalencia entre víctimas y verdugos. Sus magistrados sostienen que en la guerra “hubo episodios de gran violencia, motivados, en ocasiones, por una revancha fratricida” y concluyen con cinismo que “en los dos bandos se cometieron atrocidades que en la cultura actual, informada sobre la vigencia y expresión de los derechos humanos, serían propios de delitos contra la humanidad”.](https://pbs.twimg.com/media/HK6geJ9WkAA9Z2V.jpg)
Que si la selección española necesita un empujoncito llamamos al poli de Valencia.
El 16 de juny de 1802 Anglaterra abandonà Menorca. L'illa va ser ocupada per la monarquia borbònica. Immediatament quedaren abolides les seves institucions, es suprimí la llibertat de comerç i fou prohibida la llengua catalana que era l'oficial durant la dominació anglesa.
Yo les recordaría a los españoles que en los últimos doscientos años, el único ejército que ha atacado a España ha sido el Ejército español.
Por que sepan de quién deberían desconfiar y en su caso, defenderse.
Ya lo que faltaba… turismo de calidad mis cojones
Tenim una pel·lícula d’un conductor d’autobusos, però no la tenim d’Antoni Gaudí. Això sí que és provincianisme.
Las frases que prepararon el genocidio fascista de la Guerra Civil española.
Los generales Queipo de Llano, Emilio Mola, Millán Astray y Juan Yagüe marcaron con sus órdenes cual debería ser el sesgo de la Guerra de 1936.
Las cinco frases de antología, cuya fatal aplicación terminaron convirtiendo la Guerra española en la contienda civil más brutal que conociera la historia europea.
Estas frases no necesitan ningún tipo de comentarios. Se explican por sí mismas. Fueron pronunciadas, antes o durante la Guerra Civil española, por los hombres, militares de alta graduación, todos ellos, que se sublevaron en 1936 en contra de la II República.
- General Queipo de Llano:
“Transformaremos Madrid en un vergel, Bilbao en una gran fábrica y Cataluña en un inmenso solar”
- Instrucción reservada nº1. 25 de mayo de 1936, del general Emilio Mola Vidal a los conspiradores:
“Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas, sembrar el terror (…), hay que dejar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros”.
- José Millán Astray y Terreros:
«El país Vasco y Cataluña, son dos cánceres en el cuerpo de la nación. El Fascismo, remedio de España, viene a exterminarlos, cortando en la carne viva y sana como un frío bisturí”
“Cuando oigo hablar de cultura echo mano a mi pistola”.
- El general Juan Yagüe Blanco, conocido popularmente como el carnicero de Badajoz, al corresponsal de guerra, John T. Whitaker, del New York Herald Tribune, cuando éste le interrog�� sobre lo sucedido:
“Claro que los fusilamos. ¿Qué esperaban? ¿Suponían que iba a llevar 4.000 rojos conmigo mientras mi columna avanzaba contrarreloj? ¿Suponían que iba a dejarles sueltos a mi espalda y dejar que volvieran a edificar una Badajoz roja?”.
Com es deia "Puta Espanya" al País Basc, el 1907...
¿Navarrra fue un Estado?
Responde Mikel Lizarraga, profesor de Historia del derecho de la Universidad pública de Navarra.
Un 10 de junio de 1944, la División de las SS "Das Reich" de Hitler, perpetraba una de las masacres mas salvajes de la Segunda Guerra Mundial, en el municipio francés de Oradour-sur-Glane, asesinando a 642 personas, 207 niños (55 menores de 5 años).
Los nazis de las SS Das Reich comandadas por el oficial Adolf Dickman, entraron en el pueblo de Oradour con la falsa premisa de que allí había un almacen de armas de la resistencia antifascista francesa.
Al mediodía, los nazis sacaron a todos los vecinos de Oradour de sus casas, agrupando a los hombres en la plaza y encerrando a las mujeres y los niños en la iglesia, donde macabramente los nazis idearon el detonar una carga explosiva en el altar para matarlos a todos, algo que además les serviría como señal para comenzar el fusilamiento de hombres en la plaza.
Cuando la mecha de la bomba en la iglesia llegó a su final, la carga explosiva no explotó totalmente, aunque el ruido sí sirvió para fusilar a los hombres en la plaza... el humo negro de la carga mal detonada, empezó a asfixiar a las mujeres y los niños dentro la iglesia, por lo que algunos intentaron escapar y cuando salieron de la iglesia, los nazis empezaron a acribillarlos a tiros.
A los niños y mujeres que se quedaron aterrorizados dentro sin poder huir, los nazis les cerraron las puertas y los quemaron vivos prendiendo fuego a la iglesia, muchos de los niños eran incluso bebés que estaban en brazos de sus madres.
Tras asesinar a todos los civiles, los nazis pusieron explosivos por todo el pueblo (igual que los sionistas hacen hoy en Gaza y en Líbano) y lo arrasaron por completo, no dejando piedra sobre piedra.
Los nazis asesinaron a sangre fría aquel día a 642 civiles inocentes, entre ellos, 207 niños que fueron brutalmente ametrallados y quemados vivos... es increíble que hoy sabiendo de estos crímenes, muchos sigan profesando la ideología genocida nazi.
Vaya por Dios, resulta que la aconfesionalidad del Estado que nos dio la modélica transición era esto.
De quemar brujas a torturar en Intxaurrondo: la Guardia Civil es heredera de la Inquisición.
Creada en dos decretos de marzo y mayo de 1844 como una fuerza reaccionaria contra los progresistas: así nace la Guardia Civil. Tan sólo 9 años después de la disolución de la Santa Hermandad de los Reyes Católicos.
«En la creación de la Guardia Civil se propuso S.M la Reina… la formación de un Cuerpo respetable, y esencialmente conservador, en el cual hallase la sociedad la protección que le es debida. Para llenar este objeto es indispensable que este Cuerpo sea un modelo de todas las virtudes políticas y militares.»1
La Guardia Civil nace con el firme propósito de ser un cuerpo militar que controle todo el territorio del país. Su creación, en teoría, se debe a los problemas de orden público que atraviesa el país.2 Desde la guerra de Independencia, la paz social está en grave peligro para las élites dinásticas que se mantienen en el poder. La guerra carlista acentúa la miseria y el putrefacción de la monarquía española.
El instituto armado es una apuesta personal de la monarquía con los sectores más reaccionarios de las élites por mantener el orden y el status quo. “El gozar de una protección eficaz tanto personal como pública, el que la propiedad fuese respetada es un ideal siempre buscado por los “vecinos honrados y pacíficos”, de cuyo logro no pueden irrogarse perjuicios “para las clases acomodadas y laboriosas””3.
¿Su instructor? El duque de Ahumada, un todopoderoso de las familias nobiliarias españolas que habían ligado su futuro al de la corona4. El hombre fuerte de la monarquía, Narváez, había combatido a los carlistas junto al duque de Ahumada en Andalucía y Castilla5. Ahumada tenía el apoyo de los sectores más reaccionarios “y moderados” de la élite española para la creación de este cuerpo.
Con cierta influencia afrancesada, se había creado anteriormente la Milicia Nacional bajo el auge de las ideas liberales. Pero ello fue objetivo del ala “moderada6” de la monarquía que desmanteló el cuerpo.
Pero, ¿de dónde sale la Guardia Civil?
“[…] el exceso de militares, consecuencia lógica del incremento militar que supone la Primera Guerra Carlista, incremento que se mantiene después de terminada esta y que se agudiza aún más con la inclusión en los escalafones de los carlistas acogidos por el Convenio de Vergara.”7
Es decir, había una superpoblación de mandos y soldados en el Ejército y, por otro lado; hay un problema social de miseria y pobreza que genera inseguridad a las élites.
Además de existir unas élites temerosas, éstas no ceden un palmo de terreno a las clases populares8. ¿Solución? Crear un cuerpo militar represivo con la jurisdicción que habían tenido, tradicionalmente, las Santas Hermandades. Así nace la Guardia Civil.
«Tenían jurisdicción en todo el territorio salvo en el interior de las ciudades, que tenían su fuero propio y estuvo en funcionamiento, con diferentes cambios, hasta que fue disuelta por decreto de 7 de mayo de 1835. Unos diez años más tarde, en 1844; se crearía la Guardia Civil como sustituto.»9
«[…] como son la creación de una y otra como una de las primeras medidas tomadas por dos reinas del mismo nombre y, sobre todo, el realizar una eficaz, pronta y victoriosa lucha contra la anarquía y el desorden público, el poseer ambas una doble condición policial y militar, o al contrario, etc.»10
Nueve años antes, el 7 de mayo de 1835 se promueve la disolución de la S. Hermandad después de casi cuatro siglos de funcionamiento. Iniciada como una milicia rural con cometidos policiales, sirvió como fuerza auxiliar a la Inquisición y en su reglamento también incluía la persecución de la herejía y el paganismo.
Pero hay varias similitudes entre las Santas Hermandades de los Reyes Católicos y la Guardia Civil. Se trata de los primeros cuerpos militares con competencias policiales en todo el territorio nacional, de manera organizada y con un escalafón. Ambos contaban con su propio presupuesto. Ambos cuerpos son una iniciativa personal del monarca reinante.
Se sabe que la Santa Hermandad tenía su propia jurisdicción para la represión de la herejía y otros crímenes. Es decir, tenían su propio aparato que juzgaba y emitía veredictos. Ellos mismos detenían, juzgaban y mataban si así era la condena. Se convirtió en un aparato estatal represivo de primer orden.
En el caso de la Guardia Civil es diferente11. La Guardia Civil contó con otras herramientas (más «técnicas», si se puede llamar así) como por ejemplo: la Ley de Fugas. Bajo este paragüas, el instituto armado tuvo vía libre para liquidar toda crítica social al sistema imperante desde su creación hasta bien entrado el franquismo. La Guardia Civil, además de nacer de un cuerpo medieval represor de la herejía, colaboró en el asesinato y la desaparición de personas hasta la década de los años 50 del siglo XX.
Y es que se parecían hasta en lo formal. ¿Adivinan cuál era el color de las camisas que vestía la Santa Hermandad de los Reyes Católicos? Efectivamente, el “verde Guardia Civil”.
Ambos cuerpos salvaron las instituciones de la corona. La Santa Hermandad en un momento de guerras civiles intestinas dentro del reino de Castilla, y la Guardia Civil a una monarquía podrida y tambaleante ante los vaivenes del liberalismo y el progresismo. Más tarde, se sabe que reprimieron salvajemente en favor del fascismo, que combatieron con la División Azul en el frente soviético o que protagonizaron las peores salvajadas en los sótanos del cuartel de Intxaurrondo.
No hay tanta diferencia entre los que rapaban la cabeza a las brujas en el siglo XVI y los que rapaban la cabeza a las republicanas después de la Guerra. La única diferencia es el contexto pero los actores siguen siendo los mismos.
En resumen, tenemos un instituto armado con atribuciones policiales y represivas que nacen como iniciativa de una monarquía casi feudal. Un cuerpo que se mantiene en la actualidad, anacrónico y que nace de la tradición de cuatro siglos de represión a herejes y no tan herejes. Un instituto armado heredero de la llamada Santa Hermandad que colaboró, durante toda su existencia, con la Santa Inquisición en la persecución de herejes, brujas y cualquier conato de pensamiento libre.
1 Recopilación de las Reales Órdenes y circulares de interés general para la Guardia Civil (1846), págs. 44-45. Extraído de Creación de la Guardia Civil, de Martínez Ruiz, Enrique. Pag. 33.
2 Ya en su artículo 2 del primer decreto de fundación emitido el 28 de marzo indica que, también, es un cuerpo dedicado a la “protección de las personas y las propiedades”.
3 Creación de la Guardia Civil, de Martínez Ruiz, Enrique. Pag. 33.
4 Su familia estuvo apegada durante siglos a la monarquía, desde la época de los Austrias (donde participan de la conquista y colonización de América, él mismo es descendiente de Moctezuma); hasta siglos después, donde él mismo participa junto a los Cien Mil Hijos de San Luís en el aplastamiento del gobierno liberal de Rafael De Riego.
5 Es conveniente recordar que Narváez, 20 años antes, había sido defensor del gobierno de Rafael De Riego e incluso fue prisionero de los Cien Mil Hijos de San Luís. El Narváez de 20 años después lo habría metido preso.
6 No hace falta decir que el nombre de “moderado” es un paragüas donde caben los absolutistas, los reaccionarios proclives a Isabel II, la nobleza chupóptera, etc.
7 Creación de la Guardia Civil, de Martínez Ruiz, Enrique. Pag. 34.
8 No olvidar que en España ya se empezaba a introducir el modelo fabril, las primeras asociaciones obreras, las cajas de resistencia, etc.
9 https://t.co/Zbrp4WdnD9…
10 https://t.co/jf04pK97er
11 En principio, existían jueces y juzgados en las capitales de provincia. La figura del Estado estaba más desarrollada que en el siglo XVI, pero éso no era obstáculo para la represión de manera rápida y eficaz.
12 Bajo esta ley, se asesinaron a campesinos, bandoleros, líderes sindicales, maestros, etc. Todo aquel que no se adaptaba o luchaba contra la miseria del sistema, al ser detenido y trasladado, podía recibir una bala por detrás.
(Texto original de Alan Herchhoren para mpr21)
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Creada en dos decretos de marzo y mayo de 1844 como una fuerza reaccionaria contra los progresistas: así nace la Guardia Civil. Tan sólo 9 años después de la disolución de la Santa Hermandad de los Reyes Católicos.
«En la creación de la Guardia Civil se propuso S.M la Reina… la formación de un Cuerpo respetable, y esencialmente conservador, en el cual hallase la sociedad la protección que le es debida. Para llenar este objeto es indispensable que este Cuerpo sea un modelo de todas las virtudes políticas y militares.»1
La Guardia Civil nace con el firme propósito de ser un cuerpo militar que controle todo el territorio del país. Su creación, en teoría, se debe a los problemas de orden público que atraviesa el país.2 Desde la guerra de Independencia, la paz social está en grave peligro para las élites dinásticas que se mantienen en el poder. La guerra carlista acentúa la miseria y el putrefacción de la monarquía española.
El instituto armado es una apuesta personal de la monarquía con los sectores más reaccionarios de las élites por mantener el orden y el status quo. “El gozar de una protección eficaz tanto personal como pública, el que la propiedad fuese respetada es un ideal siempre buscado por los “vecinos honrados y pacíficos”, de cuyo logro no pueden irrogarse perjuicios “para las clases acomodadas y laboriosas””3.
¿Su instructor? El duque de Ahumada, un todopoderoso de las familias nobiliarias españolas que habían ligado su futuro al de la corona4. El hombre fuerte de la monarquía, Narváez, había combatido a los carlistas junto al duque de Ahumada en Andalucía y Castilla5. Ahumada tenía el apoyo de los sectores más reaccionarios “y moderados” de la élite española para la creación de este cuerpo.
Con cierta influencia afrancesada, se había creado anteriormente la Milicia Nacional bajo el auge de las ideas liberales. Pero ello fue objetivo del ala “moderada6” de la monarquía que desmanteló el cuerpo.
Pero, ¿de dónde sale la Guardia Civil?
“[…] el exceso de militares, consecuencia lógica del incremento militar que supone la Primera Guerra Carlista, incremento que se mantiene después de terminada esta y que se agudiza aún más con la inclusión en los escalafones de los carlistas acogidos por el Convenio de Vergara.”7
Es decir, había una superpoblación de mandos y soldados en el Ejército y, por otro lado; hay un problema social de miseria y pobreza que genera inseguridad a las élites.
Además de existir unas élites temerosas, éstas no ceden un palmo de terreno a las clases populares8. ¿Solución? Crear un cuerpo militar represivo con la jurisdicción que habían tenido, tradicionalmente, las Santas Hermandades. Así nace la Guardia Civil.
«Tenían jurisdicción en todo el territorio salvo en el interior de las ciudades, que tenían su fuero propio y estuvo en funcionamiento, con diferentes cambios, hasta que fue disuelta por decreto de 7 de mayo de 1835. Unos diez años más tarde, en 1844; se crearía la Guardia Civil como sustituto.»9
«[…] como son la creación de una y otra como una de las primeras medidas tomadas por dos reinas del mismo nombre y, sobre todo, el realizar una eficaz, pronta y victoriosa lucha contra la anarquía y el desorden público, el poseer ambas una doble condición policial y militar, o al contrario, etc.»10
Nueve años antes, el 7 de mayo de 1835 se promueve la disolución de la S. Hermandad después de casi cuatro siglos de funcionamiento. Iniciada como una milicia rural con cometidos policiales, sirvió como fuerza auxiliar a la Inquisición y en su reglamento también incluía la persecución de la herejía y el paganismo.
Pero hay varias similitudes entre las Santas Hermandades de los Reyes Católicos y la Guardia Civil. Se trata de los primeros cuerpos militares con competencias policiales en todo el territorio nacional, de manera organizada y con un escalafón. Ambos contaban con su propio presupuesto. Ambos cuerpos son una iniciativa personal del monarca reinante.
Se sabe que la Santa Hermandad tenía su propia jurisdicción para la represión de la herejía y otros crímenes. Es decir, tenían su propio aparato que juzgaba y emitía veredictos. Ellos mismos detenían, juzgaban y mataban si así era la condena. Se convirtió en un aparato estatal represivo de primer orden.
En el caso de la Guardia Civil es diferente11. La Guardia Civil contó con otras herramientas (más «técnicas», si se puede llamar así) como por ejemplo: la Ley de Fugas. Bajo este paragüas, el instituto armado tuvo vía libre para liquidar toda crítica social al sistema imperante desde su creación hasta bien entrado el franquismo. La Guardia Civil, además de nacer de un cuerpo medieval represor de la herejía, colaboró en el asesinato y la desaparición de personas hasta la década de los años 50 del siglo XX.
Y es que se parecían hasta en lo formal. ¿Adivinan cuál era el color de las camisas que vestía la Santa Hermandad de los Reyes Católicos? Efectivamente, el “verde Guardia Civil”.
Ambos cuerpos salvaron las instituciones de la corona. La Santa Hermandad en un momento de guerras civiles intestinas dentro del reino de Castilla, y la Guardia Civil a una monarquía podrida y tambaleante ante los vaivenes del liberalismo y el progresismo. Más tarde, se sabe que reprimieron salvajemente en favor del fascismo, que combatieron con la División Azul en el frente soviético o que protagonizaron las peores salvajadas en los sótanos del cuartel de Intxaurrondo.
No hay tanta diferencia entre los que rapaban la cabeza a las brujas en el siglo XVI y los que rapaban la cabeza a las republicanas después de la Guerra. La única diferencia es el contexto pero los actores siguen siendo los mismos.
En resumen, tenemos un instituto armado con atribuciones policiales y represivas que nacen como iniciativa de una monarquía casi feudal. Un cuerpo que se mantiene en la actualidad, anacrónico y que nace de la tradición de cuatro siglos de represión a herejes y no tan herejes. Un instituto armado heredero de la llamada Santa Hermandad que colaboró, durante toda su existencia, con la Santa Inquisición en la persecución de herejes, brujas y cualquier conato de pensamiento libre.
1 Recopilación de las Reales Órdenes y circulares de interés general para la Guardia Civil (1846), págs. 44-45. Extraído de Creación de la Guardia Civil, de Martínez Ruiz, Enrique. Pag. 33.
2 Ya en su artículo 2 del primer decreto de fundación emitido el 28 de marzo indica que, también, es un cuerpo dedicado a la “protección de las personas y las propiedades”.
3 Creación de la Guardia Civil, de Martínez Ruiz, Enrique. Pag. 33.
4 Su familia estuvo apegada durante siglos a la monarquía, desde la época de los Austrias (donde participan de la conquista y colonización de América, él mismo es descendiente de Moctezuma); hasta siglos después, donde él mismo participa junto a los Cien Mil Hijos de San Luís en el aplastamiento del gobierno liberal de Rafael De Riego.
5 Es conveniente recordar que Narváez, 20 años antes, había sido defensor del gobierno de Rafael De Riego e incluso fue prisionero de los Cien Mil Hijos de San Luís. El Narváez de 20 años después lo habría metido preso.
6 No hace falta decir que el nombre de “moderado” es un paragüas donde caben los absolutistas, los reaccionarios proclives a Isabel II, la nobleza chupóptera, etc.
7 Creación de la Guardia Civil, de Martínez Ruiz, Enrique. Pag. 34.
8 No olvidar que en España ya se empezaba a introducir el modelo fabril, las primeras asociaciones obreras, las cajas de resistencia, etc.
9 https://t.co/Zbrp4WdnD9…
10 https://t.co/jf04pK97er
11 En principio, existían jueces y juzgados en las capitales de provincia. La figura del Estado estaba más desarrollada que en el siglo XVI, pero éso no era obstáculo para la represión de manera rápida y eficaz.
12 Bajo esta ley, se asesinaron a campesinos, bandoleros, líderes sindicales, maestros, etc. Todo aquel que no se adaptaba o luchaba contra la miseria del sistema, al ser detenido y trasladado, podía recibir una bala por detrás.
(Texto original de Alan Herchhoren para mpr21)](https://pbs.twimg.com/media/HKNVsocXEAAdcO7.jpg)
Que esta viñeta lleve 49 años vigente es una tragedia.
Unai Sordo y Pepe Álvarez jamás soñaron que llegarían a lamer un culo de tan alto rango.
Es lo máximo a lo que se puede llegar dentro de la profesión de lameculos.
Mi enhorabuena.
Durante los Juicios de Núremberg, Hermann Göring concedió una entrevista al psicólogo Gustave Gilbert y dijo:
«Por supuesto que la gente no quiere la guerra. ¿Por qué querría un pobre agricultor arriesgar su vida en una guerra cuando lo mejor que puede esperar es volver a su granja de una pieza?
Naturalmente, la gente no quiere la guerra. Nadie quiere la guerra en Rusia, Inglaterra, Estados Unidos, ni siquiera en Alemania. Eso es evidente.
Pero, al final, son los líderes de un país quienes determinan la política. Y siempre es sencillo arrastrar al pueblo, ya sea en una democracia, un Estado comunista, un parlamento o una dictadura fascista.»
Gilbert objetó:
«Pero hay una diferencia en una democracia: el pueblo tiene voz a través de sus representantes elegidos.»
A lo que Göring respondió:
«Eso está muy bien, pero, tenga o no tenga voz el pueblo, siempre puede ser llevado a obedecer a los líderes. Eso es fácil. Todo lo que hay que hacer es decirles que están siendo atacados y denunciar a los pacifistas por falta de patriotismo y por exponer al país al peligro. Funciona igual en cualquier país.»
— Diario de Núremberg, 18 de abril de 1946
¿No les resulta familiar?
Atresmedia y Mediaset son los principales promotores de los grupos neonazis en España.
El sesgo editorial de los grandes grupos de comunicación españoles hacia posiciones reaccionarias y su influencia en la legitimación de ciertos discursos es una cuestión que hunde sus raíces en la estructura misma de la propiedad mediática. No es ninguna conspiración, sino una convergencia de intereses económicos e ideológicos que no son casuales y que encierra tras ello su propio descrédito.
La piedra angular de este sistema es una concentración empresarial en forma de duopolio. Atresmedia (propietaria de Antena 3 y La Sexta) y Mediaset España (propietaria de Telecinco y Cuatro) controlan cuatro de las cinco cadenas principales, configurando un entorno informativo homogéneo donde priman sus intereses económicos y políticos por encima del derecho a la información veraz. Según un informe del Centro de Investigaciones Sociológicas publicado en junio de 2025, los televidentes sitúan a Antena 3 en una media de 6,37 sobre 10 (donde 10 es la extrema derecha), y a Telecinco en 5,73.
Detrás de este pluralismo aparente, donde el espectro televisivo se reparte en los dos grandes grupos, se esconde una red de propiedades e intereses financieros que explican en gran medida estas líneas editoriales.
Atresmedia es controlada en más de un 40% por el Grupo Planeta de Agostini, una alianza con capital italiano. A su vez, más del 80% de Mediaset es propiedad de la familia Berlusconi. Esto significa que los principales grupos mediáticos españoles tienen a sus dueños en el extranjero, respondiendo a los intereses de una burguesía internacional para la cual la información es, ante todo, un negocio más en su cartera. Esta lógica se repite con los vínculos entre estos conglomerados y la banca española, donde flujos constantes de información e intereses comunes entre consejos de administración de medios e instituciones financieras hacen casi impensable una crítica profunda al sistema económico.
Este entramado estructural conlleva a que la criminalización de la protesta social o la pobreza a menudo se enmarca en narrativas que priorizan el orden público sobre las causas estructurales. Un ejemplo claro es cómo las movilizaciones laborales más combativas suelen presentarse como un problema de alteración del orden o de seguridad, antes que como un conflicto social legítimo.
Un caso evidente es cómo en el año 2023, Mediaset implementó un supuesto código ético que prohibía el comentario político en programas de entretenimiento como Sálvame (presentado por el Jorge Javier Vázquez), mientras eximía de esta «ética» a programas explícitamente políticos como el de Ana Rosa Quintana, una de las vedettes mediáticas de la derecha española.
Esta estrategia responde a incentivos comerciales concretos: los datos demuestran que el 44,3% de los votantes de derechas obtiene su información política de Antena 3, frente a solo el 24,1% de los votantes de izquierdas, creando un poderoso incentivo económico para cultivar y mantener esa audiencia mediante una línea editorial afín.
Paralelamente, desaparece la crítica a las grandes empresas españolas. Dada la red de intereses compartidos, es poco probable que estos medios alberguen investigaciones profundas que cuestionen el modelo de negocio o la responsabilidad social de las grandes corporaciones, las cuales, por otra parte, son presentadas habitualmente como un orgullo nacional y un ejemplo de éxito.
El tratamiento de temas como los abusos policiales es particularmente revelador. Mientras organizaciones como Amnistía Internacional han documentado en España numerosos casos muy concretos de abusos policiales, la narrativa dominante en estos medios suele alinearse con la versión institucional, minimizando los excesos y enmarcándolos como incidentes aislados en un trabajo por lo demás intachable.
Este mismo sesgo se proyecta en los casos ocupación de viviendas, un asunto elevado a la categoría de problema social prioritario y presentado de manera sensacionalista, asociándolo de forma genérica a inseguridad ciudadana y desvinculándolo de la crisis de vivienda y los desahucios.
Esta narrativa encaja perfectamente en el discurso de odio que el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) monitoriza: el que asocia inmigración con inseguridad, que fue el episodio prototípico más frecuente en 2024, presente en un 34% de los casos de discurso de odio.
La paradoja es que la aparente fortaleza de este relato reaccionario es, dialécticamente, un síntoma de debilidad. El sistema necesita recurrir a estos fantasmas y a estos miedos porque ya no puede ofrecer soluciones materiales reales a la mayoría. La «victoria» de la derecha en los medios no es más que el reconocimiento tácito de que el capitalismo ha agotado su capacidad de generar consenso a base de bienestar, y debe ahora administrar el malestar mediante la guerra entre pobres.
A la par que un tertuliano se queja de lo «blanda» que es la policía con huelguistas, manifestantes, okupas o inmigrantes, es habitual ver en estos canales entrevistas a sindicatos policiales, empresas de matones dedicadas a la coacción de inquilinos y, de manera más sibilina, entrevistando a supuestos héroes anónimos de los cuáles luego se descubre su filiación nazi.
Así como dijimos que la agitación fascista es el síntoma más claro de debilidad del sistema capitalista, no es menos cierto que esa agitación tiene en estos dos grupos mediáticos sus principales aliados.
(Texto original de Diego Herchhoren para mpr21)
En 1994 aterrizó en el Aeropuerto de Málaga el jefe de la seguridad personal de Hitler Otto Ernst Remer de 80 años, contra el que hab��a una orden de búsqueda y captura internacional emitida por Alemania.
El entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón (quien se reivindica defensor y baluarte de la Memoria Histórica) negó la extradición a Alemania y dictó una orden de "arresto domiciliario atenuado" contra el criminal nazi.
Remer murió en 1997 en su casa del Paseo de Guatemala, en la urbanización Elviria de Marbella: una zona donde las casas rondan desde los 300.000 a los 6 millones de euros.
(Publicado originalmente por "España en guerra")
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