Mientras el país celebra, una noticia pasó prácticamente inadvertida.
El 30 de junio fueron cesadas las 43 personas trabajadoras sociales del Instituto Federal de Defensoría Pública.
No eran personal administrativo. Eran profesionales que realizaban investigaciones socioeconómicas, elaboraban dictámenes en trabajo social e identificaban las condiciones de vulnerabilidad de quienes acuden al Estado porque no pueden pagar una defensa o una asesoría jurídica.
Su trabajo permitía que mujeres víctimas de violencia, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, indígenas, migrantes, personas con discapacidad y víctimas de violaciones a derechos humanos recibieran una atención integral y una defensa acorde con su realidad.
Cuando desaparece este personal especializado, no sólo se pierden empleos; también se debilita la posibilidad de impartir una justicia profesional, independiente y de calidad para quienes más la necesitan.
Resulta especialmente preocupante que, después de que la reforma judicial prometió reiteradamente respetar los derechos laborales, continúen presentándose ceses que dejan a personas servidoras públicas sin empleo y, en algunos casos, incluso sin seguridad social para continuar tratamientos médicos indispensables.
Defender los derechos laborales también es defender el Estado de derecho. Y proteger a quienes hacen posible el acceso a la justicia es proteger, sobre todo, a quienes menos tienen.
La justicia también se debilita cuando se despide a quienes la hacen posible.
🛜 RASTREAN SU IPHONE HASTA LA CASA DE LA PRESUNTA RESPONSABLE Y LES EXIGEN "RECOMPENSA" PARA DEVOLVÉRSELOS
Un par de hermanas decidieron seguir la señal satelital tras sufrir el robo de su teléfono celular, desatando una persecución tecnológica mediante la aplicación Find My que las llevó directo hasta un domicilio particular. Sin medir el riesgo de encarar la situación por cuenta propia, las jóvenes acudieron a la ubicación exacta marcada por el mapa. 📱
La confirmación de que se encontraban en el lugar correcto ocurrió de forma imprevista: al aproximarse a la vivienda, el iPhone robado se enlazó automáticamente vía Bluetooth al sistema de audio del automóvil de las afectadas, demostrando que el dispositivo estaba encendido a unos metros de distancia. Tras tocar la puerta, la habitante negó rotundamente tener el aparato en su poder, lo que obligó a las víctimas a solicitar el apoyo inmediato de elementos de la policía local. 🚗
La situación escaló con la llegada del esposo de la mujer, quien argumentó conocer sus derechos constitucionales para impedir el ingreso de los oficiales al inmueble sin una orden de cateo. Ante el candado legal para recuperar el teléfono por la vía oficial, los ocupantes del domicilio terminaron exigiendo un pago económico a cambio de entregar el dispositivo. Para recuperar su pertenencia y evitar un altercado mayor, las hermanas accedieron a entregar el dinero al hombre en presencia de los agentes. 💸
https://t.co/2h3f2euVig