Diez mil dólares
El país acaba de recibir una lección de aritmética constitucional. La Corte Constitucional ha decidido que la desaparición y muerte de niños merece una reparación económica de diez mil dólares por cada uno y cinco mil para sus familias. Así, no más. Diez mil dólares. Ni once mil, ni cincuenta mil, ni cien mil. Diez mil. Una cifra tan redonda que uno sospecha que nació menos en la reflexión jurídica que en la comodidad administrativa. Porque la sentencia no explica cómo llegó allí. No hay cálculo del daño, no hay metodología indemnizatoria, no hay parámetro comparado. Hay, como suele ocurrir cuando el derecho se queda sin números, una palabra salvadora que lo resuelve todo con un gesto elegante y vacío. Equidad.
Equidad. Esa palabra noble que, usada con rigor, puede corregir injusticias; usada con ligereza, puede convertirse en una calculadora de bolsillo. Y así aparece la cifra en el texto judicial, como si alguien hubiera abierto la gaveta institucional de las tragedias nacionales, hubiera contado lo que había disponible y hubiera dicho con un suspiro administrativo que aquello bastaba para cerrar el expediente moral de una desaparición forzada.
El contraste con el derecho internacional es casi cómico. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos suele fijar reparaciones superiores a cien mil dólares por víctima en casos de desaparición o muerte causada por agentes del Estado. No porque alguien crea que la vida humana tenga precio, sino porque el Estado debe reconocer, sin mezquindad aritmética, la magnitud del daño que ha producido o permitido. Pero aquí parece haberse inaugurado otra escuela económica del constitucionalismo: la escuela del vuelto exacto. Diez mil dólares por niño. Una suma que en el mercado inmobiliario ecuatoriano alcanza, con suerte, para pintar la fachada.
Y todavía queda el toque final de esta pequeña pieza de humor institucional. La Corte ordena que el dinero se pague en seis meses. Seis meses. El plazo tiene algo de literatura fantástica si se recuerda cómo funcionan las obligaciones económicas del Estado ecuatoriano. Primero llega el plazo judicial, luego llega el memorando administrativo, después aparece la frase que en el país funciona como un conjuro burocrático capaz de detener cualquier obligación financiera: no hay presupuesto. Y entonces los meses se estiran, los expedientes empiezan su peregrinación por oficinas, certificaciones y observaciones contables, hasta que el tiempo termina haciendo lo que mejor sabe hacer la administración pública cuando se trata de pagar reparaciones incómodas: diluirlas.
El problema, por supuesto, no es el dinero en sí. Nadie sensato cree que una suma de dinero pueda compensar la pérdida de un hijo. Pero la reparación económica tiene otra función, una función política y moral. Es la forma en que el Estado reconoce que el daño causado es enorme y que su responsabilidad no puede resolverse con monedas. Cuando el reconocimiento de un crimen de Estado termina acompañado de una cifra modesta y un plazo que probablemente sobrevivirá a varios ejercicios fiscales, la reparación deja de parecer justicia y empieza a parecer una escena de contabilidad pública.
Así ocurre que la sentencia habla con palabras enormes —vida, dignidad, reparación integral— y luego, casi con timidez presupuestaria, deposita sobre la mesa la cifra final. Diez mil dólares. Una cantidad tan pequeña frente al tamaño del horror que el país termina preguntándose si lo que acaba de presenciar es justicia constitucional o una forma particularmente sofisticada de sarcasmo institucional.
Diez mil dólares
El país acaba de recibir una lección de aritmética constitucional. La Corte Constitucional ha decidido que la desaparición y muerte de niños merece una reparación económica de diez mil dólares por cada uno y cinco mil para sus familias. Así, no más. Diez mil dólares. Ni once mil, ni cincuenta mil, ni cien mil. Diez mil. Una cifra tan redonda que uno sospecha que nació menos en la reflexión jurídica que en la comodidad administrativa. Porque la sentencia no explica cómo llegó allí. No hay cálculo del daño, no hay metodología indemnizatoria, no hay parámetro comparado. Hay, como suele ocurrir cuando el derecho se queda sin números, una palabra salvadora que lo resuelve todo con un gesto elegante y vacío. Equidad.
Equidad. Esa palabra noble que, usada con rigor, puede corregir injusticias; usada con ligereza, puede convertirse en una calculadora de bolsillo. Y así aparece la cifra en el texto judicial, como si alguien hubiera abierto la gaveta institucional de las tragedias nacionales, hubiera contado lo que había disponible y hubiera dicho con un suspiro administrativo que aquello bastaba para cerrar el expediente moral de una desaparición forzada.
El contraste con el derecho internacional es casi cómico. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos suele fijar reparaciones superiores a cien mil dólares por víctima en casos de desaparición o muerte causada por agentes del Estado. No porque alguien crea que la vida humana tenga precio, sino porque el Estado debe reconocer, sin mezquindad aritmética, la magnitud del daño que ha producido o permitido. Pero aquí parece haberse inaugurado otra escuela económica del constitucionalismo: la escuela del vuelto exacto. Diez mil dólares por niño. Una suma que en el mercado inmobiliario ecuatoriano alcanza, con suerte, para pintar la fachada.
Y todavía queda el toque final de esta pequeña pieza de humor institucional. La Corte ordena que el dinero se pague en seis meses. Seis meses. El plazo tiene algo de literatura fantástica si se recuerda cómo funcionan las obligaciones económicas del Estado ecuatoriano. Primero llega el plazo judicial, luego llega el memorando administrativo, después aparece la frase que en el país funciona como un conjuro burocrático capaz de detener cualquier obligación financiera: no hay presupuesto. Y entonces los meses se estiran, los expedientes empiezan su peregrinación por oficinas, certificaciones y observaciones contables, hasta que el tiempo termina haciendo lo que mejor sabe hacer la administración pública cuando se trata de pagar reparaciones incómodas: diluirlas.
El problema, por supuesto, no es el dinero en sí. Nadie sensato cree que una suma de dinero pueda compensar la pérdida de un hijo. Pero la reparación económica tiene otra función, una función política y moral. Es la forma en que el Estado reconoce que el daño causado es enorme y que su responsabilidad no puede resolverse con monedas. Cuando el reconocimiento de un crimen de Estado termina acompañado de una cifra modesta y un plazo que probablemente sobrevivirá a varios ejercicios fiscales, la reparación deja de parecer justicia y empieza a parecer una escena de contabilidad pública.
Así ocurre que la sentencia habla con palabras enormes —vida, dignidad, reparación integral— y luego, casi con timidez presupuestaria, deposita sobre la mesa la cifra final. Diez mil dólares. Una cantidad tan pequeña frente al tamaño del horror que el país termina preguntándose si lo que acaba de presenciar es justicia constitucional o una forma particularmente sofisticada de sarcasmo institucional.
@JorgeWated@urvaseo@alcaldiagye Hay que ver cuál es el horario de recolección dado el caso que muchos ciudadanos, hacen caso omiso del horario de recolección y botan la basura a cualquier hora..
Si un poste caído, un accidente de tránsito, una rata o una zarigüeya pueden dejar barrios enteros sin luz, entonces el problema no son los animales ni los accidentes, sino la fragilidad del sistema eléctrico.
En otros países también hay rayos, accidentes y zarigüeyas. ¿De verdad Daniel Noboa pretende que los ecuatorianos crean que los apagones son simplemente hechos inevitables?
Lo peor es que seguramente habrá quien le crea.
¿Cuándo fue la última vez que oímos que Guayas debería copiar "a Holanda" y esconderse del agua detrás de diques?
La estrategia de los Países Bajos ya no se centra (solo) en muros. Tras las crecidas de 1993 y 1995, el enfoque cambió y lo veremos enseguida.
📹 Parte 1 de 2
Para Jacobo Bucaram no existe una notificación de Alerta Roja en la Interpol.
Hay 9 personas en la Interpol con A. Roja de Ecuador.
¿Cuál sería el propósito del gobierno de mentir?
¿Un intento más de propaganda?
Para Jacobo B. está vigente una sentencia en el Ecuador.
@fernavillarroel Me cuesta creer que hay personas que quieran votar por este ciudadano, el cual con sus acciones "humorística" refleja lo penoso que es como persona y más aun la ignorancia en el que vive.. Será que la gente recapacita...
La parte final de la entrevista de Neira en CNN es de antología. Están tan acostumbrados a que solo los entrevisten sus mascotas con micrófono, que cuando se encuentran con periodismo que si les cuestionen sus narrativas, terminan pasando estas cosas. Cine absoluto 🚬
Soy guayaco y le digo a mi gente, si alguien tiene la culpa de las inundaciones en GYE son Noboa y Neira, ambos BLOQUEARON todas las compras públicas para que el GAD de GYE pueda prepararse del niño, por odio Aquiles, jodieron toda una ciudad.
@DrJulioCueva También lo quise creer pero el escenario es caótico y de eso se alimenta esta gente. Así que cero pruebas y ni una duda... Lo hizo de mala fe, y lo sabes leyendo las focas qué todo le aplauden a ese infeliz.
@gallardogerman Pero para entender tus palabras explica el contexto, donde un gobierno inepto ahoga los GAD no dándoles los recursos que por ley les pertenece, donde un gobierno indolente prefiere sus cálculos donde al final de día va a responsabilizar a todos pero el se cree el salvo.
@ecuainm_oficial No guardan las formas, se creen intocables, embriagados del poder.. Más lamentable las focas de ese medio, una pena, el país no merece esta manada de infelices