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Julio Cueva
@CuevaJulio
Emelec lo mejor de mi vida.
Guayaquil, Ecuador
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HOY a las 08:30 comienza el Juzgamiento del caso “grillete”. La Jueza de la causa ya ratificado que la audiencia es pública!!
https://t.co/ls0073M6EI
Todos invitados a ver cómo se lleva a cabo este juzgamiento….
No. No es casualidad.
Cuando, en pleno desarrollo de un juicio de altísimo impacto, se suspenden y sancionan a los jueces que revocaron una prisión preventiva vinculada a las mismas personas, el mensaje que recibe cualquier otro juez es imposible de ignorar.
El timing habla por sí solo. La presión ya no parece dirigirse a convencer con prueba y argumentos, sino a influir mediante factores externos a la independencia judicial.
Y eso revela una preocupación evidente: si el caso fuera realmente sólido desde el punto de vista jurídico, ¿por qué tanta necesidad de sostenerlo fuera de la sala de audiencias?
Las preguntas siguen sin respuesta:
¿Por qué la Fiscalía no logró probar su teoría del caso durante el juicio?
¿Por qué no llamó a declarar a quien debió ser su principal y mejor testigo?
¿Por qué terminó desmarcándose e impugnando el trabajo de sus propios peritos y pericias?
Cuando la prueba no alcanza, las presiones jamás pueden convertirse en un sustituto del debido proceso ni de la independencia judicial. Esa es una línea que un Estado de Derecho no debería cruzar.
CASO TRIPLE A: LOS “PRIMERA VEZ” DE LA FISCALÍA
Hay hechos que hablan por sí solos:
• Primera vez que la Fiscalía no llama a declarar a su propia denunciante: Nicole Bermúdez.
• Primera vez que la Fiscalía termina impugnando a sus propios peritos.
• Primera vez que la Fiscalía objeta el testimonio de un perito designado por ella misma, únicamente porque sus conclusiones no respaldaron la acusación.
• Primera vez que, teniendo al procesado frente a sí y con la posibilidad de formularle todas las preguntas que quisiera, la Fiscalía decide guardar silencio.
Cada uno saque sus conclusiones.
Y, aun así, parece que necesitan que alguien salga a intentar sostener mediáticamente una acusación que, en el juicio, se ha ido desmoronando prueba tras prueba.
Porque cuando la prueba no alcanza, la narrativa ya no basta.
LES DIERON CÁTEDRA….
Más allá del agotamiento propio de una audiencia de tres días consecutivos (40-50 horas), hay algo profundamente satisfactorio: haber visto a Aquiles Álvarez convertir su testimonio en una verdadera cátedra.
No solo explicó con solvencia lo que sabe. Dio lecciones de su materia, respondió sin evasivas y, con la fuerza de los argumentos y de la prueba, desmontó la teoría de la Fiscalía y los acusadores hasta el punto de que prefirieron guardar silencio y renunciar al contrainterrogatorio.
No hay mejor evidencia de la solidez de una defensa propia que cuando la contraparte teme preguntar porque sabe que cada respuesta fortalecerá aún más la verdad expuesta.
Así también se gana un juicio: con conocimiento, preparación y prueba; no con relatos.
QUIEN NADA DEBE, NADA TEME Y SIEMPRE ESTA DISPUESTO A DAR LA CARA….
En el caso #TripleA, la Fiscalía y los demás acusadores tuvieron una oportunidad de oro, de esas que casi nunca se presentan en un juicio: que el principal procesado estuviera dispuesto a responder, sin límites, todas las preguntas que quisieran formularle.
Pudieron preguntar todo. Aclarar todo. Contrastar todo.
No lo aprovecharon.
Las conclusiones se las dejamos a la opinión pública.
Todo el Estado entra en pánico.
Basta con anunciar que se solicita la comparecencia del exfiscal del caso, hoy Fiscal General, para que se les “baje la presión”.
La Corte, equivocamante sostiene que el Dr. Carlos Leonardo Alarcón no puede declarar porque “no es testigo directo”, pero ocurre exactamente lo contrario: es testigo directo de la versión rendida por la señora Nicole Bermúdez, cuya “desaparición” hoy resulta, por decir lo menos, inexplicable.
Ni siquiera pueden dar la cara para explicar lo que ocurrió en la investigación.
A este paso, habrá que empezar a preguntar dónde está la testigo y por qué no comparece.
QUIEN NADA DEBE, NADA TEME…
Resultó importante dejar constancia que, durante la audiencia del caso Triple A, el alcalde Aquiles Álvarez solicitara al Juez Ponente que se permitiera el ingreso de los medios de comunicación al Complejo Judicial, luego de que, según se indicó en audiencia, se les impidiera el acceso por una supuesta “orden del coordinador” del edificio.
Más llamativo aún fue que la Fiscalía se opusiera a ese pedido.
Si un proceso penal debe desarrollarse bajo los principios de publicidad y transparencia, ¿qué razón habría para impedir el acceso de la prensa o para oponerse a que la ciudadanía conozca de primera mano lo que ocurre en una audiencia pública?
Quien nada debe, nada teme. La transparencia fortalece la confianza en la administración de justicia; las restricciones injustificadas, por el contrario, solo alimentan dudas.
Cuál Democracia? Cuál País?
Yo estoy conectado a la audiencia y escuché todo el testimonio y NUNCA mostró chats, tampoco fotos de tanqueros, ni nada que esté debidamente respaldado…además su testimonio es, según la ley, solo prueba a su favor, JAMÁS de cargo contra terceros…
Lo que sí pasó es que se puso a llorar al final….eso sí pasó, ese sí es un hecho cierto y corroborable…
Aquí es cuando más cabe decir: EL CHISTE SE CUENTA SOLO….
¿Y si primero probamos que existió el perjuicio?
Tiene poco sentido hacer un “análisis” de todo lo que se pudo haber hecho con USD 61,5 millones si, antes, la Fiscalía no logró probar en juicio la existencia real, y no imaginativa, de ese supuesto perjuicio económico.
Mientras tanto, el Estado sí sufrió un perjuicio de alrededor de USD 200 millones en el caso PROGEN/ATM, y da la impresión de que a la Fiscalía ese asunto le ha importado poco o, al menos, no con la misma celeridad, intensidad y despliegue institucional que hemos visto aquí.
Quizás valdría la pena hacer el mismo ejercicio: ¿cuántas obras, hospitales, escuelas o programas públicos pudieron financiarse con ese dinero? Ahí sí habría un debate que partiría de un perjuicio efectivamente producido y no de uno que nunca logró acreditarse en juicio.
“CURIOSIDADES” DE LA JUSTICIA ECUATORIANA…
Resulta, cuando menos, curioso, que en el Ecuador de los últimos años pareciera que, para la Fiscalía General, los únicos que “delinquen” son los opositores.
Mientras tanto, quienes ejercen el poder de turno parecen haber sido traídos directamente del reino de las santidades y las purezas: inmunes a toda sospecha, ajenos a toda investigación y blindados frente a cualquier escrutinio.
Una Fiscalía verdaderamente independiente no selecciona a sus investigados por afinidades o conveniencias políticas. Investiga donde estén los indicios, sin importar el cargo, el gobierno o el color político.
Porque cuando la persecución penal empieza a coincidir sistemáticamente con la oposición y la indulgencia con el poder, la ciudadanía tiene todo el derecho a preguntarse si la balanza de la justicia sigue pesando pruebas… o preferencias.
OTRO TRASPIÉ DE LA FISCALÍA EN EL CASO TRIPLE A
La reinstalación de la audiencia de juzgamiento dejó un nuevo elemento que merece atención.
Hoy comparecieron tres peritos/testigos expertos anunciados por la defensa y sus conclusiones fueron consistentes con lo que, en su momento, ya habían sostenido los propios peritos de la Fiscalía: no identificaron un ilícito penal.
Además, ratificaron un aspecto central del caso: que determinadas actividades de control fueron trasladadas contractualmente a particulares, pese a que se trata de competencias de control que, por su naturaleza, corresponden al Estado y no pueden servir para desplazar sus propias responsabilidades.
Cada jornada de esta audiencia confirma la importancia de que los procesos penales se decidan sobre prueba técnica, objetiva y producida en juicio, y no sobre relatos o percepciones ajenas a la evidencia.
EL PAÍS DE LOS ABSURDOS…
Mientras en el mundo moderno se fortalecen las cadenas de custodia, los archivos públicos y la preservación de la evidencia para combatir la corrupción, en Ecuador hacemos exactamente lo contrario.
Ahora resulta que aprobamos una ley que permite destruir información confidencial o clasificada.
Es decir, podríamos convertirnos en el primer país que, por mandato legal, habilita la destrucción de evidencia documental que podría ser determinante para reconstruir posibles atracos a los fondos públicos, establecer responsabilidades o esclarecer hechos de enorme interés nacional.
En cualquier investigación seria, preservar la evidencia es un principio elemental. Aquí, en cambio, pareciera que la solución es hacerla desaparecer.
La transparencia no se fortalece destruyendo documentos. La memoria institucional tampoco. Y la lucha contra la corrupción mucho menos.
Porque cuando la evidencia desaparece, lo que también desaparece es la posibilidad de conocer toda la verdad.
CELERIDAD A LA CARTA…
La Justicia ecuatoriana puede tardar años en resolver miles de causas de ciudadanos comunes. Pero cuando ciertos procesos parecen tener prioridad politica absoluta, la velocidad resulta, por decir lo menos, sorprendente.
El 14 de julio de 2026, a las 15:31, una jueza de Samborondón dicta el auto de llamamiento a juicio y ordena remitir el expediente al Tribunal de Durán.
Menos de 24 horas después, el 15 de julio de 2026, a las 15:06, el Tribunal de Durán ya avoca conocimiento, ratifica y convoca la audiencia de juzgamiento, fijándola para una fecha inmediatamente posterior a los tres días consecutivos de audiencia en que Aquiles Álvarez enfrentará el caso Triple A.
La pregunta es inevitable: ¿esa es la celeridad que recibe cualquier ciudadano o solo la que se activa para determinados casos?
Cuando la rapidez procesal es tan excepcional y coincide con casos de enorme relevancia política, resulta legítimo que la ciudadanía formule preguntas sobre la autonomía con la que actúa el sistema de justicia frente a otros poderes del Estado.
Curioso porque la Fiscalía por escrito dice que el expediente fiscal tiene 1606 cuerpos y está completo, pero HOY ya habían 1609….
Parece que ni las matemáticas ni la verdad no son el fuerte de la Fiscalía….
A LA CIUDADANÍA…
Hago pública la carta de protesta respecto de los hechos suscitados el día de ayer sobre un video compartido desde la cuenta institucional de la Fiscalía.
La comparto también por respeto a las miles de personas que, sin ser parte del proceso, manifestaron su indignación al ver cómo una cuenta oficial del órgano encargado de investigar y acusar utilizó su investidura institucional para amplificar contenido de ridiculización, estigmatización y escarnio público contra una persona procesada por esa misma institución.
Las redes sociales oficiales de un órgano del Estado no existen para la burla, la propaganda, el activismo ni la descalificación de ciudadanos. Existen para informar con seriedad, objetividad y respeto.
Cuando una institución cruza esa línea, el silencio deja de ser una opción.
Por ello exigimos disculpas públicas, rectificación, una investigación seria, sanciones a los responsables y garantías efectivas de no repetición.
@FiscaliaEcuador
Mmmm porque ustedes SÍ pusieron a una persona a tomar fotos en la audiencia del caso Triple A y esa foto terminó en manos de unas cuentas X del Gobierno…está en el audio de la audiencia y en una providencia judicial…quieren que se las suba por aquí?
Ustedes SÍ subieron fotos de una audiencia del caso GRILLETE y por orden judicial las tuvieron que bajar… está en audio también….
Ustedes SI estuvieron conectados en la última audiencia del caso GOLEADA y subieron fotos también….quieren verlas?
Quieren que les cite otros casos más donde los jueces les han mandado a bajar publicaciones contrarias a la ley?
De qué manejo serio y responsable estamos hablando????
El post SÍ existió y NO es la primera vez que suben fotos de audiencia cuando eso está prohibido por ley, ha pasado en Triple X y en Goleada Y en Grillete y hay constancia en los audios de las audiencias de la protesta de la defensa.
Además, están queriendo insinuar que los han hackeado…son impresentables….
Si esto llegó a ocurrir, la Fiscalía General del Estado debería ofrecer disculpas públicas al país.
Una institución que ejerce la acción penal pública no puede permitirse el lujo de burlarse, ni directa ni indirectamente, de una persona sometida a un proceso penal en el que ella misma actúa como parte.
Las redes sociales institucionales existen para informar con objetividad, transparencia y responsabilidad, no para amplificar contenidos satíricos o parodias sobre un procesado. Hacerlo no solo es impropio de una institución de justicia, sino que proyecta una imagen de parcialidad incompatible con el deber de objetividad que debe regir la actuación del Ministerio Público.
La justicia no puede confundirse con el activismo digital ni con la ridiculización pública de quienes, constitucionalmente, siguen amparados por la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia ejecutoriada.
Si el repost efectivamente ocurrió, no es una anécdota: es una vergüenza institucional. Y, sobre todo, una señal preocupante de sesgo que erosiona la confianza ciudadana en la imparcialidad de quien tiene el deber de investigar con objetividad, no de participar en el linchamiento mediático de los procesados.
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