En sesión del Pleno de la @SCJN la mayoría de los ministros y ministras votamos a favor de que se revise una sentencia fraudulenta que perjudica a una mujer a la que su exesposo pretende retirarle la casa que se le asignó, derivado del juicio de divorcio. El deudor alimentario argumentó que tiene una deuda con una empresa, a quien pagó con la casa en cuestión.
Señalé que la ausencia de una norma procesal no impide que se puedan revisar juicios fraudulentos. El artículo 8 del Código Civil Federal permite la nulidad de actos ejecutados contra lo establecido en las leyes de interés público.
Con esta votación se anticipa el reconocimiento de la cosa juzgada fraudulenta, figura que ya ha sido aceptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
#MinistraDelPueblo #NuevaSCJN #JuicioConcluido
🔴💥BOOOOOM💥🔴
En los últimos días se ha tratado de instalar la narrativa de que la #MinistraDelPueblo@LeniaBatres propuso revisar o incluso nulificar sentencias firmes, como si estuviera impulsando un riesgo sistémico contra la justicia al poner en entredicho el principio constitucional de la (cosa juzgada) establecido en el artículo 17.
Esta afirmación amplificada por sectores que históricamente han utilizado al Poder Judicial como muro de contención contra cualquier intento de transformación es profundamente falsa y busca sembrar miedo para evitar que se hable del verdadero problema, las prácticas indebidas dentro del propio sistema judicial.
La ministra nunca planteó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisara sentencias firmes como regla general ni que se violentara el principio de seguridad jurídica. Lo que señaló y que cualquiera que observe con honestidad intelectual tendría que reconocer es un fenómeno mucho más grave, la existencia de sentencias fraudulentas, resoluciones que no deberían haberse emitido porque están plagadas de irregularidades, intereses particulares o incluso corrupción.
Como ella misma expresó:
“Su servidora lo ha visto en el último año en la Segunda Sala de manera muy recurrente, desafortunadamente, que pasaban sentencias fraudulentas por nuestras narices y esta Suprema Corte no podía o no quería hacer absolutamente nada.”
Este señalamiento no niega la cosa juzgada; por el contrario, evidencia que dicho principio se está usando como escudo para proteger decisiones viciadas que jamás debieron alcanzar firmeza. La *cosa juzgada* es un pilar del Estado de derecho, sí, pero no puede ser un refugio de impunidad. Un sistema judicial sano no teme revisar sus propios errores cuando está en juego la legalidad. Pretender que denunciar fraudes judiciales equivale a dinamitar la justicia es una distorsión interesada que protege privilegios, no la Constitución.
El verdadero debate debería ser otro: ¿cómo es posible que existan sentencias “fraudulentas” dentro del máximo tribunal del país? ¿Qué mecanismos fallaron? ¿Quiénes se beneficiaron? Pero en lugar de enfrentar esas preguntas incómodas, algunos optan por atacar a quien se atreve a señalar prácticas indebidas.
Denunciar la corrupción judicial no es una amenaza al Estado de derecho. La verdadera amenaza es permanecer callados ante la evidencia de que, durante años, el Poder Judicial permitió que intereses privados y grupos de poder manipularan decisiones que afectan a todo el país. Hablar de ello no vulnera la justicia; es el primer paso para recuperarla.
@kenialopezr@fernandeznorona Háblale porque la pinchurrienta "oposición" esta por los suelos, pídale consejo y llévelos a cabo para que se tenga algo de credibilidad.
En nuestra gestión destinamos cada recurso para defender y proteger tus #DerechosHumanos.
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