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Mi artículo en Revista FORO #43 de la @uasbecuador: https://t.co/hwehH65eLg
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Dos ciudadanos solicitaron información sobre un proyecto vial, pero ninguna autoridad respondió a sus requerimientos.
Se prioriza el capital comercial internacional sobre la persona.
Contrario Art. 283: "buen vivir" y prioriza al ser humano en un marco de equilibrio social, estatal y de mercado, en consonancia con el medio ambiente.
Esta medida beneficia a los hogares, al transporte y a los sectores productivos que mueven el Ecuador todos los días.
📄 Artículo de opinión
"Ni soy de aquí, ni soy de allá: Los olvidados de las nóminas"
✍️ Autora: Sylvie Didou Aupetit
🔗 Lee el artículo completo:
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#EducaciónSuperior #Investigación #Posdoctorado #Cinvestav #Opinión
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Revista ESTUDIOS de la GESTIÓN
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La revista Estudios de la Gestión, es una publicación académica de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador y de su Área Académica de Gestión,
Cody Barbo 
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#24Horas | Desde prófugos en Miami y Misisipi hasta cabecillas tras las rejas en el país, este es el mapa de reclusión de los 7 señalados por el asesinato de Fernando Villavicencio. Fiscalía develó el rol exacto de cada uno.
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Parece una tarde cualquiera en la sección de arribos del aeropuerto de Guayaquil. El reloj marca las 18h00 del 17 de junio de 2026. Varios pasajeros son recibidos por sus familiares. No se ven más que sonrisas y felicidad. En una esquina, dos adolescentes parecen estar atentos a la llegada de alguien. Han traído un ramo de rosas y un peluche.
Nadie sospecha lo que está por pasar. No buscan a un familiar, buscan a un objetivo. Detrás de esos inofensivos regalos se esconden dos armas listas para disparar...
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En @IESSec Sangolqui las enfermeras prefieren reunirse casi a escondidas para hablar de webadas que ate der a los usuarios casi muriero del dolor.
Yo sí pude cumplir. La vendedora de espumilla Karina Velásquez regaló todo su producto en Cuenca porque prometió eso si Ecuador le ganaba a Alemania. En los días posteriores, ella aumentó sus ventas porque la gente le ha reconocido el valor de su palabra. Video de Cúpula Digital
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¡Ganó Ecuador! Locales que ofrecieron comida gratis tendrán que cumplir su promesa, según Ley de Defensa del Consumidor https://t.co/DdOaJYbiJr
ME LLEVO UN GRAN RECUERDO
de haber participado en la Feira da Livro da Rocha, en el barrio de Bixiga, en Sao Paulo, Brasil, en foros con Kaká Werá, Juliana Gonçalves, Jerá Guarani, Marcella Arruda.
Fue una gran oportunidad para seguir intercambiando ideas y propuestas con el fin de imaginar y construir otros mundos posibles. Todo en un ambiente de mucho entusiasmo a pesar de la gravedad del momento.
Corporaciones mineras destrozan LAS NAVES
OTRO TERRITORIO DE SACRIFICIO
Por Alberto Acosta, Pocho Álvarez
Los casos de violencia minera en contra de las comunidades que defienden sus territorios y de la Naturaleza se expanden en Ecuador. Uno de ellos, brutal como tantos otros, es el del proyecto minero Curipamba Sur – El Domo que ha empezado a arrasar con Las Naves, un cantón, en el subtrópico, en una de las provincias pobres y olvidadas de los Andes, la provincia de Bolívar.
Con el cuento de una “minería responsable” se despliegan varias cifras y mensajes que forman parte de un libreto por lo demás conocido. Pongamos en contexto estos argumentos de las mineras en el caso del yacimiento en cuestión. Y planteemos algunas conclusiones.
La realidad detrás de la propaganda
Allí se encuentra un yacimiento de oro, cobre y zinc. Se trata de un proyecto operado por la minera canadiense Curimining S.A, que espera iniciar la fase de explotación en el año 2027. La vida útil de la mina a cielo abierto se estima en 10 años.
Sus niveles de gigantismo son inocultables. Para obtener apenas 2,5 gramos de oro se requiere mover una tonelada de material del subsuelo; la relación para los otros minerales es similar 46 g/t de plata, 1,9 % de cobre, 0,2 % de plomo y 2,5% de zinc; Minerales que vienen acompañados de muchos otros metales no ferrosos, altamente contaminantes.
En resumen, la extracción de los minerales demanda un procesamiento de 1.850 toneladas por día. Al final de la vida útil quedará en las escombreras o depósitos de rocas más de 6 millones de toneladas de materiales y millones de metros cúbicos de desechos altamente contaminantes en las relaveras o dique de cola. Tomando como referencia unos datos de otras minas similares, se sabe que para obtener 30 kg de cobre se requiere extraer unas 150 toneladas de roca, se generan 100 toneladas de desecho de roca y se generan alrededor de 115 toneladas de relaves. Hay que considerar que el tajo abierto de la mina, la relavera, las escombreras y el depósito de saprolitos se superponen al cauce de cursos de agua superficiales y existe un gran riesgo de generación de drenaje ácido.
Esta no es una anomalía, las incertidumbres sobre los impactos ambientales son otra de aquellas repetidas características de la minería en Ecuador. Así el impacto sobre las fuentes de agua superficiales y subterráneas carecen de análisis cuantitativos en distintos escenarios temporales. El análisis hidrogeológico, de vulnerabilidad y de riesgos de contaminación del agua subterránea y del drenaje ácido es deficiente, tanto como el análisis de otros impactos ambientales y por supuesto de los sociales.
El monto de inversión del proyecto estimado es de 497 millones de dólares durante el tiempo de vida útil de la mina. Se ofrecen ingresos al Estado por 376 millones de dólares. Un monto anual minúsculo, de menos de 40 millones, que no llegan ni al 1% del Presupuesto General del Estado del año 2026. No hay duda alguna que, en este proyecto, como en todos los otros en marcha, no se cumplirá con una disposición constitucional (art. 408),que dispone textualmente que el Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota.
El empleo llegaría a 800 personas, dicen en la propaganda oficial; los datos que se establecen para el funcionamiento de la planta hablan de 54 personas. Estos ofrecimientos, como se constata de forma permanente, se desvanecen muy pronto. Es más, al no tener los pobladores de la zona conocimientos sobre la minería y sobre las tecnologías utilizadas, la mayoría de la fuerza laboral calificada vendrá de otras ciudades e, incluso, de otros países. La presencia de personal de otras partes y sus necesidades culturales suele generar más conflictos, delincuencia, y otros problemas sociales, como la prostitución, aumento del alcoholismo, drogadicción y violencia intrafamiliar. Por estas y otras razones, las mujeres son las más afectadas por la minería. Adicionalmente, una cuestión que se soslaya siempre: entre el 80 y 90 porciento de los empleos benefician a los varones, pues se trata de actividades dominadas por la impronta patriarcal.
En este caso, las comunidades de la zona, en su mayoría campesinas, se dedican a actividades agrícolas, a la ganadería y al comercio. Se identifican como mestizos y montubios. Se trata de grupos humanos desechables desde la lógica de acumulación justificada por el desarrollo… de otros, lo que transforma sus territorios, su cultura y modo de existencia en sacrificables.
Y como es ya una costumbre generalizada, a este proyecto de “minería responsable” se le presenta como una oportunidad para el desarrollo de la provincia y de su gente.
Lo realmente responsable es conocer cómo funcionan estos proyectos, así como el cumplimiento de las disposiciones legales existentes, teniendo en consideración siempre sus impactos socioambientales locales y nacionales.
Como complemento indispensable, hay que tener siempre presente que es práctica común que las mineras incrementen sus costos para ocultar sus ganancias, provocando la reducción aparente de sus beneficios. Adicionalmente, cuando se explota cobre u otro mineral como el oro, por ejemplo, no se conocen cuáles otros minerales se extraen y exportan, como pueden ser las tan cotizadas tierras raras. También es frecuente que, las empresas se declaren “en quiebra” antes de cumplir con sus obligaciones cuando las minas están a punto de cerrar. Punto básico, estas empresas recurren a subsidiaras afincadas en paraísos fiscales, por lo que, terminadas las operaciones, no hay manera de conseguir que asuman su responsabilidad de reparar los destrozos provocados, pues, como se ha demostrado en el mundo, estas compañías son expertas en fraudes de todo tipo, no solo tributarios, más aún cuando no hay los mínimos controles estales o peor aún si el gobierno es “cómplice” de las mineras.
La violencia como condición necesaria de la minería
Es evidente que no hay que esperar que la fase de explotación empiece para constatar los impactos de este proyecto. Desde hace muchos años, Las Naves enfrenta profundos conflictos socioambientales provocados por el Proyecto de Minería Curipamba Sur. Esta empresa posee siete concesiones, que se encuentran en varios cantones, tanto de la provincia de Bolívar como la de Los Ríos. Pero el punto donde está la mira minera es especialmente en Las Naves.
Como ha sucedido en todos los proyectos mineros, sin una real consulta a las comunidades de la zona, se concesionó su territorio para dedicarlo a la actividad minera. Dicha concesión fue autorizada en enero de 2024 para continuar hacia la fase de explotación a cielo abierto y beneficio. En enero de 2025, se inició la fase de construcción: se autorizó la construcción del tajo de la mina y de la piscina de relaves.
Tal como acontece en otras regiones, Las Naves es una zona de alta importancia hídrica. Origen de fuentes de agua que nacen en sus montañas y que alimentan a muchos ríos de la zona y de la costa. Se conoce, también, que existen varias especies amenazadas.
Como ya se anotó al inició, es muy importante en esa región la agricultura familiar campesina de pequeña escala, de producción diversificada, con ganadería y cultivos perennes, caracterizadas por prácticas sostenibles, que ocupa el 86% del territorio cantonal. Su producción asegura el autoconsumo y la autosuficiencia, con excedentes que se comercializan especialmente en mercados locales. Estas comunidades se han organizado y constituido asociaciones de productores. Incluso se han conformado instituciones que ofrecen el acceso a servicios financieros, créditos, préstamos agrícolas.
Pero desde la llegada de minería estas comunidades se ven permanentemente confrontadas con problemas graves. Sufren la afectación de su ecosistema: en especial, por los destrozos en la cobertura vegetal, que se ampliará en las zonas de remanentes de bosque que garantizan la presencia de lluvias como parte esencial del ciclo hidrológico.
La situación se agudiza a pasos agigantados. Ya han aparecido problemas el el sistema de agua potable. Avanza el proceso de proceso de deforestación de árboles nativos y retiro de material vegetal de la montaña. El agua baja contaminada con lodos. Las explosiones propias de estos proyectos anuncían nuevas dificultades. Todas estas son demostraciones fehacientes de la violencia que se ejerce en contra de la Madre Tierra, que en nuestro país tiene derechos constitucionales.
Como un paso más en este largo trajinar de atropellos, la empresa Curimining, empezó a utilizar una de las vías comunitarias, que fue construida por las familias campesinas que habitan la zona. Ahora grandes volquetas y otros vehículos de la compañía circulan por esa vía de segundo orden, afectando el tráfico de los usuarios que la construyeron. En este atropello está involucrado el Estado, que ha desplegado a policías y militares en el territorio para proteger los intereses mineros en lugar de precautelar a la población campesina. Por cierto, Curimining no cuenta con el consentimiento para usar la vía. Todo esto provocaría el desplazamiento forzado de la población campesina que actualmente ocupa el territorio.
La comunidad se mantiene en permanente tensión. La intimidación y las amenazas para defensores y defensoras de Derechos Humanos y de la Naturaleza se multiplican. En paralelo, con acciones de libreto practicadas en otros lados, la compañía abusa del derecho penal para acusar a personas campesinas de diferentes delitos. Con este tipo demandas, que cuentan con la asesoría jurídica de los abogados de la empresa, se acosa de forma sistemática a los comuneros. Y durante las audiencias judiciales se intenta posicionar la idea de que los acusados son violentos y peligrosos, todo por expresar públicamente su oposición a la explotación minera en su territorio, por ser parte de las protestas pacíficas en contra de las decisiones estatales impuestas de manera arbitraria que acarrearán su desplazamiento forzado y la destrucción de sus formas de vida campesina. Para cerrar este listado, en un sostenido esfuerzo de acoso y hostigamiento, se pretende inclusive sancionar a personas y organizaciones de la sociedad civil que osan apoyar a estas comunidades frente al vandalismo minero.
La criminalización ampliada de quienes defienden los territorios y la vida misma se expresa de múltiples maneras. Lo perverso, como lo hemos visto en otros lugares, es que los intereses minero-estatales no dudan un minuto en acusar a quienes defienden la vida como personas opuestas al desarrollo.
La defensa de la vida continúa
Ante esta imposición arbitraria e inconsulta de actividades extractivas y ante los daños evidentes que ha causado y causará la actividad minera en estos territorios que traerá la destrucción de sus formas de vida campesina, la única opción que les ha quedado es la protesta y resistencia pacífica, garantizada en el artículo 98 de la Constitución. Sin embargo, expresar abiertamente su oposición y, peor aún, liderar el proceso de resistencia de las comunidades afectadas ha derivado en varios momentos de criminalización, en violación de su derecho a defender derechos.
La lista de casos iniciados en la justicia crece. Se acusa a los comuneros, que defienden sus territorios y sus modos de vida, de una multiplicidad de delitos. Las acusaciones van desde violación y daño a la propiedad privada, asociación ilícita, robo, resistencia, intimidación y contravenciones diversas. Con esta política de criminalización, practicada en otros lugares atacados por la minería, se mantiene atemorizada a la comunidad.
Por ese motivo, más 300 campesinas y campesinos de Las Naves, a quienes se han sumado cerca de 180 personas provenientes de San Luis de Pambil y de Zapotal, han presentado una demanda de acción de protección en contra del Estado y de Curimining S.A., contando con la asesoría de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos - CEDHU.
La lista de violación de derechos es larga. Se han irrespetado, en términos globales los Derechos Humanos y los de la Naturaleza. Entre ellos se destaca la no realización de la consulta ambiental previa, la destrucción de la Naturaleza, que incluyen los impactos a los ciclos hidrológicos del agua. A los que se suma una serie de acciones de cooptación y de represión que afectan por igual y gravemente la cohesión de las comunidades.
Las Naves, como tantos otros rincones del Ecuador, es un punto más de conflicto generado por la codicia y la voracidad del capital, que actúa en contubernio con el gobierno. Son territorios de campesinos y campesinas destinados al sacrificio para seguir en la inútil carrera en pos del desarrollo: un verdadero espejismo. Y por eso mismo, Las Naves, su resistencia, es una eslabón más de la red de lucha para preservar los territorios y defender opciones de vida digna.-
23.6.2026
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Tras un receso por vacaciones, regresamos con nuestras cápsulas procesales.
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En Ecuador, las entidades públicas ya no podrán limitarse a responder que un dato no existe 🖥️. Un fallo de la Corte Constitucional exige conservar, rastrear y garantizar el acceso a la información personal. 👉 https://t.co/u2XKCLiI1B
María Cristina trabajaba en BanEcuador como cajera.
Ella fue diagnosticada con cáncer y, una vez que dio a conocer la enfermedad a su empleador, este impuso reiteradas trabas.
•El tema llegó al extremo del acoso laboral, la discriminación y la prohibición de tomar agua y medicamentos en las horas que su tratamiento requería.
•Ella presentó una acción de protección que ganó y la Corte Constitucional seleccionó el caso para su revisión.
•Estos fueron los estándares establecidos en el fallo y que deben ser cumplidos en casos similares:
1️⃣Las personas con enfermedades catastróficas gozan de una protección reforzada en el ámbito laboral.
•Esta protección impone a los empleadores públicos deberes positivos de adaptación razonable del entorno de trabajo y de la gestión administrativa.
•Las decisiones institucionales que incidan en la jornada, en el acceso a tratamientos, en la permanencia o en las condiciones de trabajo deben adoptarse con un enfoque diferenciado: no basta invocar reglas generales o rutinas administrativas si estas, en la práctica, erigen barreras desproporcionadas para quien requiere atención médica continua y cuidados asociados a su condición.
2️⃣Las entidades empleadoras tienen el deber de implementar ajustes razonables que permitan al trabajador cumplir su jornada sin sacrificar necesidades médicas indispensables.
•Estos ajustes comprenden, según el caso y previa verificación administrativa razonable, conforme la normativa aplicable, mediante documentación idónea y sin imponer cargas desproporcionadas a la persona trabajadora, medidas como permitir hidratación y toma de medicación en los tiempos prescritos, habilitar pautas necesarias y adaptar protocolos internos para compatibilizar restricciones del puesto con necesidades de salud que no admiten diferimiento.
3️⃣Cuando el trabajo se realiza en áreas de acceso restringido o “zonas de seguridad”, la obligación constitucional no se satisface con una negativa automática: la entidad debe diseñar mecanismos compatibles entre la seguridad y la salud.
4️⃣Respecto de permisos, licencias médicas y validación de certificados, la Corte estableció que la gestión institucional debe ser razonable y funcional al acceso real a servicios de salud de acuerdo con las necesidades de cada persona, lo cual no excluye los controles administrativos que correspondan, sino que exige que se ejerzan de manera compatible con el acceso real y oportuno a la atención médica.
•Cuando los tratamientos o citas se realizan en una ciudad distinta o requieren tiempos de traslados significativos, el análisis no puede limitarse al tiempo estrictamente clínico de la consulta.
•La entidad debe contemplar el tiempo razonable de desplazamiento y los márgenes propios de la atención médica, sin trasladar a la persona trabajadora la carga de “resolver” el problema a costa de sus vacaciones, su descanso o su integridad.
•Prácticas como descontar sistemáticamente horas de atención médica de las vacaciones, exigir reprogramaciones en días no laborables como regla general, exigir el cambio de lugar de atención sin considerar las necesidades particulares de atención o desconocer certificados o soportes médicos mediante exigencias formales aplicadas de manera rígida o desproporcionada, sin motivación suficiente y sin otorgar una oportunidad razonable de subsanación cuando la información clínica necesaria se encuentre acreditada por medios idóneos, sin perjuicio de los controles que corresponden conforme a la normativa aplicable.
5️⃣Cuando una entidad adopta decisiones desfavorables para la persona trabajadora después de que se hace conocida su condición de enfermedad catastrófica, dichas decisiones deben estar respaldadas por una justificación reforzada.
6️⃣Finalmente, frente a denuncias de acoso laboral vinculados a la condición de salud, las entidades públicas están obligadas a actuar con la debida diligencia: prevenir, proteger, investigar y sancionar.
Sentencia No. 1918-23-JP/26
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