@totetolima@Sebastianconde7 Yo quiero que me digan donde encuentro ese trabajo ideal que describen los que critican sin conocimiento de causa para irrr porque según lo pintan esos que critican y que estoy segura que en un 90% no declaran eso es el paraíso 😂😂😂😂😂
📢📢⚖️ EN LA RADICACIÓN ELECTRÓNICA IMPORTA LA HORA DE RECEPCIÓN EN EL DESPACHO, NO LA HORA DE ENVÍO
A través de auto notificado el 15 de octubre de 2026, la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito, con apoyo en la Corte Suprema de Justicia, recordó que el inciso final del artículo 109 del CGP establece que los memoriales y mensajes de datos se entienden presentados oportunamente cuando son recibidos antes del cierre del despacho en el día de vencimiento.
📌 Aspectos relevantes
1️⃣ Enviar no equivale necesariamente a radicar La oportunidad procesal se determina por el momento de recepción del mensaje en el destinatario judicial.
2️⃣ El cierre del despacho constituye el límite El artículo 109 del CGP fija como referencia el horario de cierre de la oficina judicial.
3️⃣ La hora registrada es determinante En el caso, el recurso ingresó a las 4:20 p. m., cuando el despacho cerraba a las 4:00 p. m.
4️⃣ La firmeza de la providencia tiene consecuencias El Tribunal consideró que el recurso fue presentado cuando la decisión ya había adquirido firmeza.
5️⃣ El correo electrónico no elimina los términos La utilización de herramientas digitales no modifica por sí sola las reglas sobre oportunidad procesal.
💡 Conclusión
En la radicación electrónica importa la hora de recepción en el despacho, no la hora de envío. El litigante debe asegurar que el memorial ingrese efectivamente al correo judicial antes del cierre establecido para el día en que vence el término.
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📢📢⚖️ LA EXCEPCIÓN AL ENVÍO PREVIO DE LA DEMANDA DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 2213 PRESUPONE QUE LAS CAUTELAS SOLICITADAS SEAN PROCEDENTES
A través de auto notificado el 15 de octubre de 2026, la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito interpretó el artículo 6.º de la Ley 2213 de 2022 y precisó que la excepción al deber de enviar simultáneamente la demanda y sus anexos al demandado no se activa por cualquier solicitud cautelar.
Para el Tribunal, es necesario que las medidas cautelares previas solicitadas resulten procedentes.
📌 Aspectos relevantes
1️⃣ La regla general es enviar la demanda Al presentar el libelo, deben remitirse simultáneamente al demandado la demanda y sus anexos, salvo las excepciones legales.
No basta solicitar cualquier cautela La sola formulación de una petición cautelar no permite prescindir automáticamente de ese deber.
3️⃣ La procedencia de la medida es determinante Si las cautelas resultan improcedentes, el demandante debe acreditar el envío previo correspondiente.
4️⃣ La omisión puede generar inadmisión El artículo 90 del CGP permite requerir la subsanación de los defectos formales de la demanda.
5️⃣ El incumplimiento de la subsanación puede causar rechazo Si el auto inadmisorio identifica expresamente la carga y esta no se satisface dentro del término, procede la consecuencia prevista en la ley.
💡 Conclusión
La excepción al envío previo de la demanda del artículo 6 de la Ley 2213 presupone que las cautelas solicitadas sean procedentes. Pedir una medida improcedente no libera al demandante de remitir el libelo y sus anexos a la contraparte.
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Reducción de medidas cautelares excesivas en proceso ejecutivo
El ordenamiento jurídico colombiano, a través de los artículos 599 y 600 del Código General del Proceso (C.G.P.), establece mecanismos para evitar o reducir el alcance de medidas cautelares cuando resultan desproporcionadas frente al crédito perseguido. La normativa contempla tres sistemas para lograr esta reducción: el primero permite al juez limitar de oficio las cautelas cuando estas excedan el doble del valor del crédito y las costas; el segundo otorga al ejecutado la facultad de elegir qué bienes deben ser afectados, siempre que se mantenga la garantía del acreedor; y el tercero faculta al juzgado para requerir al ejecutante a fin de que explique las razones para mantener embargos fuera de los límites legales o prescinda de ellos. El punto jurídico central que la providencia desarrolla radica en la necesidad de garantizar que el valor de los bienes afectados guarde una relación razonable y proporcional con los montos cobrados en el juicio, evitando perjuicios innecesarios al patrimonio del deudor.
En el caso analizado, se decretó inicialmente el embargo de siete bienes inmuebles cuyo valor comercial total, según avalúo judicial, ascendía a $1.910.436.000, frente a un crédito liquidado en aproximadamente $197.186.063. Ante esta evidente desproporción, el juzgado de primera instancia aceptó la propuesta de la parte demandante de mantener únicamente el embargo sobre un apartamento valorado en más de $1.200 millones, levantando las medidas sobre los seis bienes restantes. Los ejecutados se opusieron a esta elección y propusieron, en su lugar, que se mantuvieran cautelados todos los demás bienes —cuyo valor mínimo de remate también cubría con creces la deuda— para liberar exclusivamente el apartamento que servía de vivienda; no obstante, el juzgado rechazó esta opción sin una motivación suficiente y tras advertir que los deudores no probaron las condiciones especiales de vulnerabilidad alegadas bajo la carga probatoria del artículo 167 del C.G.P.
Finalmente, el Tribunal Superior resolvió revocar el auto apelado al considerar que la excesiva demora del juzgado en tramitar los recursos —dieciocho meses— generó una falta de certeza sobre el valor actual del crédito y de los inmuebles. La providencia aclara que, debido a los vaivenes de la economía y el mercado inmobiliario, no es posible refrendar una decisión basada en cálculos que pueden haber perdido vigencia. Por tal motivo, se ordenó al juez de origen actualizar de manera paralela la liquidación de la deuda y el avalúo de los bienes, para que, con datos actuales, determine si es más ajustado aceptar la opción de prescindir de varios bienes propuesta por el acreedor o la de ofrecer bienes alternativos presentada por los deudores.
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PRUEBA SOBREVINIENTE Y PRECLUSIÓN PROBATORIA EN EL PROCESO CIVIL. TSB: La decisión recuerda una regla básica del proceso civil y es que las partes no pueden aportar pruebas en cualquier momento del proceso.
La oportunidad probatoria tiene límites. Permitir que una parte incorpore documentos cuando ya precluyó la etapa correspondiente afectaría el derecho de contradicción y defensa de la contraparte, además rompería la celeridad y la economía procesal.
El Tribunal también precisa que la valoración de pruebas adicionales está prevista, de manera excepcional, para la apelación de sentencias y en los eventos concretos del artículo 327 del CGP. Esa posibilidad no puede extenderse libremente a cualquier solicitud probatoria en primera instancia.
Sobre la llamada prueba sobreviniente, la decisión advierte que en materia civil su admisión es excepcional y limitada. No basta decir que el documento apareció después o que resulta importante. Debe existir una verdadera razón legal que justifique su incorporación tardía.
Finalmente, el Tribunal rechaza la idea de que el juez deba decretar esas pruebas de oficio. El decreto oficioso no está diseñado para suplir la negligencia o la falta de actividad probatoria de las partes.
Estoy de acuerdo con la decisión. La búsqueda de la verdad no puede convertirse en una excusa para desconocer la preclusión. En el proceso civil, probar también es una carga, y quien deja pasar sus oportunidades no puede pretender reabrir el debate probatorio bajo el rótulo de prueba sobreviniente.
Ahora bien, la regla debe aplicarse con cuidado. Si realmente aparece una prueba nueva, relevante, no conocida ni disponible antes, y su exclusión compromete seriamente la justicia de la decisión, el juez debe examinarla con rigor. Pero lo excepcional no puede volverse una puerta abierta para corregir tardíamente lo que la parte no hizo a tiempo.
En los accidentes de tránsito donde solo hay daños materiales, ya no es regla general que la autoridad de tránsito llegue al lugar para levantar el informe policial o croquis. La Corte avaló que sean los conductores, aseguradoras e interesados quienes recojan las pruebas mediante herramientas técnicas o tecnológicas. En palabras simples: si no hay lesionados, el Estado puede decirle al ciudadano: “tome fotos, grabe videos, conserve pruebas y mueva el vehículo”.
La justificación de la Corte parece razonable en teoría: evitar trancones, mejorar la movilidad y permitir que los accidentes de “solo latas” no paralicen la ciudad. El problema es que la vida real no siempre cabe en la teoría constitucional. Después de un choque, las personas están nerviosas, molestas, confundidas o incluso intimidadas por el otro conductor. En ese contexto, pedirles que documenten correctamente la escena del accidente puede sonar moderno, pero también puede ser profundamente injusto.
Aquí nace la gran pregunta: ¿tener licencia de conducción significa saber probar jurídicamente un accidente? Para mí, no. Una cosa es manejar un vehículo y otra muy distinta es saber registrar la posición final de los carros, los daños, las señales de tránsito, las huellas de frenado, la visibilidad, los testigos, la nomenclatura, los ángulos de impacto y la posible infracción cometida. La Corte dice que las pruebas tomadas por los interesados pueden reemplazar el informe de tránsito, pero en la práctica una mala foto, un video incompleto o la ausencia de datos pueden terminar afectando una reclamación ante una aseguradora o una futura demanda.
Lo más polémico de esta sentencia es que el ciudadano queda cargando con el riesgo de probar mal. Y ese riesgo no es menor. Las aseguradoras, los centros de conciliación y los jueces no van a decidir con base en la rabia del accidentado, sino con base en pruebas. Si esas pruebas fueron tomadas de forma deficiente, el daño pudo existir, la culpa pudo ser clara, pero la reclamación puede debilitarse. En el papel se habla de libertad probatoria; en la calle, muchas veces, eso se traduce en desigualdad probatoria.
Esta sentencia no debe leerse como una simple norma de movilidad. Debe leerse como una advertencia para todos los conductores: hoy, después de un choque sin lesionados, el celular puede valer tanto como antes valía el croquis. Por eso, el verdadero debate no es si la ciudad necesita moverse más rápido. Claro que sí. El debate es si, para descongestionar las vías, estamos dejando al ciudadano común solo frente a una carga técnica que antes asumía la autoridad. La movilidad importa, pero la justicia probatoria también.
Lo más explosivo de la sentencia STC1332-2024 no está en el accidente, sino en la pregunta jurídica que deja temblando al mercado asegurador: ¿una cobertura de 120 SMLMV por “muerte o lesiones a dos o más personas” debe entenderse como un límite global del siniestro o como una suma repetible por cada víctima? El Tribunal Superior de Cali había adoptado una lectura expansiva: si hubo 41 afectados, la póliza debía responder con una lógica mucho más amplia. Pero la Corte Suprema frenó esa interpretación y dijo, en esencia, que el contrato no podía ser reescrito por vía judicial.
Desde una lectura académica, el fallo reivindica un principio duro del derecho de seguros: la aseguradora responde hasta la suma asegurada, no hasta donde alcance la tragedia. La Corte consideró que el amparo de 120 SMLMV para “dos o más personas” era el límite máximo del evento, no una bolsa individual para cada lesionado. Ahí está el punto incómodo: en accidentes masivos, el daño humano puede multiplicarse, pero la cobertura contractual no necesariamente lo hace.
La decisión también deja una advertencia poderosa para jueces, víctimas, transportadores y aseguradoras: interpretar una póliza no es hacer justicia emocional, sino reconstruir el alcance jurídico del riesgo asegurado. La Corte señaló que el Tribunal alteró el sentido de las coberturas y límites pactados, especialmente porque el contrato decía que constituía un solo siniestro el accidente, con independencia del número de reclamantes. En redes esto puede decirse sin anestesia: una póliza no se convierte en infinita porque el accidente sea devastador.
Ahora bien, el fallo no es una carta blanca para negar indemnizaciones. La Corte también recordó que las prestaciones del SOAT, seguridad social y seguro de responsabilidad civil pueden coexistir porque tienen fuentes y funciones distintas. Ese matiz es clave: una cosa es impedir que la póliza se multiplique artificialmente; otra, muy distinta, es negar que la víctima pueda acudir a varios sistemas de reparación cuando la ley lo permite.
Mi opinión: esta sentencia es incómoda, técnica y profundamente mediática, porque muestra el choque entre dos verdades. La víctima ve un daño real y exige reparación plena; la aseguradora ve un contrato con límites definidos y exige que se respete. La gran lección para Colombia es brutal: en transporte público, una mala lectura de la cobertura puede cambiarlo todo. Y para las víctimas, el mensaje es aún más fuerte: antes de demandar, hay que saber exactamente cuánto cubre la póliza, qué límites tiene y si la cobertura ya fue agotada.
Notificación electrónica - Acuse de recibo: formas de demostrar la recepción del correo electrónico y la validez de los mensajes de datos, screenshots capturas de pantalla, pantallazos, fotografías y audios
Ahora, sobre la forma de acreditar el acuse de recibo –que no es otra cosa que la constatación de que la misiva llegó a su destino- amerita reiterar que el legislador no impuso tarifa demostrativa alguna, de suerte que, como se dijo, existe libertad probatoria, bien sea en el trámite de nulidad o por fuera de él. En ese sentido, tal circunstancia puede verificarse -entre otros medios de prueba- a través i). del acuse de recibo voluntario y expreso del demandado, ii). del acuse de recibo que puede generar automáticamente el canal digital escogido mediante sus «sistemas de confirmación del recibo», como puede ocurrir con las herramientas de configuración ofrecidas por algunos correos electrónicos, o con la opción de «exportar chat» que ofrece WhatsApp, o inclusive, con la respectiva captura de pantalla que reproduzca los dos «tik» relativos al envío y recepción del mensaje, iii). de la certificación emitida por empresas de servicio postal autorizadas y, iv). de los documentos aportados por el demandante con el fin de acreditar el cumplimiento de las exigencias relativas a la idoneidad del canal digital elegido.
Sobre este último aspecto vale la pena precisar que, del cumplimiento de esas cargas, también es posible presumir la recepción de la misiva. Tales exigencias se pueden demostrar, como se dijo, mediante cualquier medio de prueba, entre ellos, y a modo de ejemplo, mediante «la simple impresión en papel de un mensaje de datos [el cual] será valorado de conformidad con las reglas generales de los documentos» 1 , elementos conocidos en la actualidad bajo el rótulo de screenshots capturas de pantalla - pantallazos – fotografías captadas mediante dispositivos electrónicos, o incluso, mediante audios o grabaciones que puedan resultar lícitos, conducentes y pertinentes en relación con las circunstancias que se pretenden acreditar, esto es, la idoneidad, pertinencia y eficacia del canal digital elegido.
No se trata pues de una admisión acrítica de esos elementos, pero tampoco se puede dejar de lado que ese tipo de medios son percibidos por la legislación procesal como documentos por tener «carácter representativo o declarativo» y, en ese sentido, sin duda, están sujetos a las reglas generales de aportación, contradicción y valoración propias de ese medio de prueba.
Es que, a decir verdad, una captura de pantalla aportada en formato digital o físico -impresión en papel- al proceso judicial, no es otra cosa que una fotografía tomada a un mensaje de datos, generalmente, por quien la anexa al expediente con la finalidad de que sea valorada como medio de convicción. En tal sentido, debe ser apreciada como cualquier otro documento conforme a los artículos 243 y 244 del Código General del Proceso (…).
En síntesis (…) como el legislador no estableció prueba solemne para demostrar las circunstancias relativas al envío y recepción de la providencia objeto de notificación, es dable acreditar lo respectivo mediante cualquier medio de prueba lícito, conducente y pertinente, dentro de los cuales pueden encontrarse capturas de pantalla, audios, videograbaciones, entre otros medios de naturaleza documental que deberán ser analizados en cada caso particular por los jueces naturales de la disputa.
En el caso en concreto, Al analizar la tutela, la Corte Suprema de Justicia encontró mérito en las alegaciones de la UTEN. En su estudio, la Sala destacó que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias y el Tribunal Superior de Cali no realizaron una verificación adecuada sobre la existencia del mensaje de correo electrónico enviado el 20 de junio de 2022. La Corte subrayó que las autoridades judiciales tenían el deber de acudir a la oficina de apoyo o al área de sistemas de la Rama Judicial para constatar si el mensaje había sido recibido efectivamente en la bandeja de entrada del juzgado. Al no haber desplegado esta diligencia mínima, se configuró una vulneración al derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la UTEN.
Asimismo, la Corte Suprema reafirmó su precedente sobre la validez de los documentos electrónicos en los procesos judiciales. En múltiples decisiones previas, la Corte ha señalado que no es un requisito obligatorio que las partes aporten una constancia de confirmación de entrega para que un mensaje de datos sea considerado como prueba. De acuerdo con la jurisprudencia, la recepción de documentos digitales puede acreditarse por diversos medios, como capturas de pantalla, registros electrónicos o cualquier otra evidencia digital que permita constatar el envío y recepción del mensaje. En este caso, la UTEN presentó una captura de pantalla que respaldaba su afirmación sobre el envío del mensaje, la cual no fue valorada de manera adecuada por las instancias judiciales.
En consecuencia, la Corte Suprema decidió conceder la tutela a favor de la UTEN y dejar sin efecto la providencia del 22 de marzo de 2024 proferida por el Tribunal Superior de Cali. En su lugar, ordenó a la Sala Civil del Tribunal resolver nuevamente la apelación interpuesta contra el auto del 2 de septiembre de 2022, tomando en cuenta los argumentos expuestos en la presente decisión. La Corte instruyó al Tribunal para que, en el término de cinco días, emitiera un nuevo pronunciamiento en el que garantizara los derechos fundamentales de la UTEN y considerara adecuadamente la prueba del mensaje de correo electrónico enviado en junio de 2022.
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@Gcelis77 @judicaturacsj@Deaj_judicial@DesajTunja@DesajCauca@ConsejoChoco@ConsejoCesar@CSJQuindio Uds como usuarios también lo pueden exigir, que le hace pensar que a nosotros no nos persiguen los disciplinarios? Sumado a las vigilancias, tutelas, y hasta denuncias penales porque a ese punto llegan algunos usuarios cuando no se les resuelve inmediatamente
Nuestra lucha, también es la lucha de las mujeres en el poder judicial, por más y mejores salas de lactancia; sitios adecuados de trabajo: Sillas ergonómicas, escritorios en buen estado, luces adecuadas y correcta climatización.
¡Sin violencia de género, ni acoso de ningún tipo!
#InfoHistorieta ¿En qué se basan los jueces para calcular las penas? ¿Cómo determinan la sanción de quien comete varios delitos? ¿Cómo se establece cuál fue el delito más grave para hacer las cuentas? Ver sentencia➡️: https://t.co/pBytgibSWJ