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El millonario control de los surtidores que Sturzenegger le quitó al INTI para dárselo a un empresario muy cercano a Toto Caputo Voceros de la oposición legislativa y expertos en el sector coincidían en señalar que el millonario traspaso del control de los surtidores de combustible a manos privadas constituye un caso testigo de privatización exprés y "capitalismo de amigos". Desde el oficialismo, voceros del ministro Federico Sturzenegger defienden la medida argumentando que la eliminación de la gerencia de Metrología Legal del INTI erradica un monopolio burocrático y abre el juego a la libre competencia del mercado. Sin embargo, auditores del sector energético advierten que, lejos de un escenario competitivo, las resoluciones técnicas terminaron habilitando un mercado cautivo de más de 5.300 estaciones de servicio en favor del Grupo Lenor, propiedad del ingeniero industrial Julio Made. Analistas económicos destacan que la velocidad del decreto firmado por Luis "Toto" Caputo en el Ministerio de Economía respondería al vínculo estrecho e históricamente cercano que une a Made con el entorno del propio ministro, permitiéndole a su firma acceder a una facturación anual proyectada de doce mil millones de pesos sin pasar por un proceso tradicional de licitación pública. Técnicos del sector denuncian un "desmantelamiento predatorio" del organismo de ciencia, explicando que la histórica tarifa estatal de veinticinco mil pesos por pico surtidor fue forzada al alza y luego eliminada para que el laboratorio privado pudiera fijar un arancel base de cien mil pesos por unidad verificada. Frente a las quejas por este incremento del cuatrocientos por ciento, representantes del Grupo Lenor afirman que la adaptación del sector viene siendo gradual y positiva, justificando sus costos en la logística de despliegue de sus inspectores en las provincias. No obstante, asesores legales de las federaciones de estacioneros alertan que los comercios minoristas no tienen alternativa real y se ven forzados a pactar convenios corporativos con la firma de Made para evitar la clausura de sus mangueras, mientras los expertos advierten sobre el retiro definitivo del control soberano del Estado en la medición diaria de los combustibles.