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TRAGEDIA EN POCITOS: UNA POLICÍA SE ARROJÓ AL VACÍO CON SU BEBÉ EN BRAZOS MIENTRAS SUS OTRAS HIJAS PEDÍAN AUXILIO La noche del viernes quedó marcada por una escena desgarradora en el corazón de Pocitos. Una funcionaria policial de apenas 28 años, que llevaba tres años certificada por problemas de salud, tomó la decisión más extrema: saltar desde el balcón de su apartamento con su hija de apenas dos meses en brazos. El horror se desató en las inmediaciones de Bartolito Mitre y Baltasar Vargas, cuando la mujer, que se encontraba junto a sus otras dos hijas de 12 y 3 años, perdió por completo el control. Según relataron los vecinos, la mayor, en un acto de valentía desesperada, logró rescatar a su hermana pequeña y corrió por ayuda, mientras su madre ya se disponía a lanzarse con la recién nacida. Cuando la Policía y una emergencia médica llegaron al lugar, ya nada podía hacerse: la madre y la bebé yacían en el pavimento, con heridas fatales. Sobre las 22:45 se confirmó lo inevitable: ambas estaban muertas. Las dos niñas sobrevivientes quedaron bajo la tutela provisoria de un familiar, siguiendo la orden del juez de Familia de turno. Fueron trasladadas al Hospital Policial, donde ahora reciben atención psicológica en coordinación con INAU. Pero más allá de la tragedia personal, este caso expone una herida abierta que Crónicas del Este viene denunciando desde hace tiempo: el calvario silencioso que se vive en el Centro de Comando Unificado (CCU) del Ministerio del Interior. Allí, donde se vigilan las 8.600 cámaras de seguridad, se atienden más de 100 alertas diarias y miles de llamadas al 911, los funcionarios —en su mayoría mujeres y muchas de ellas jefas de hogar— sufren niveles de presión que rozan lo inhumano. En abril de 2024 publicamos un extenso informe titulado “El infierno de trabajar en el CCU del Ministerio del Interior: entre la depresión, suicidios y el acoso laboral”. Lamentablemente, lo que ayer fue advertencia hoy es una nueva tragedia: otra vida joven y la de una bebé que apenas empezaba a respirar, se perdieron por un sistema que aprieta hasta quebrar. Funcionarias han relatado que en el CCU el ritmo de trabajo es asfixiante. Cinco visualizadores para miles de cámaras, 15 telefonistas para todo el país, horarios que no respetan necesidades personales y una presión constante: “si no atendés a tiempo una rapiña, la culpa de una muerte puede recaer en vos”. El margen de error no existe. La salud mental de estas mujeres, que deberían ser cuidadas por el Estado, termina siendo devorada por un monstruo burocrático que les exige más de lo que cualquier ser humano puede soportar. No es un caso aislado. Antes fueron Lucía, de 25 años, y Daiana, de 29, que también se quitaron la vida después de clamar por ayuda en vano. Testimonios recogidos por este medio describen escenas dantescas: compañeras que atienden llamadas de personas a punto de suicidarse, otras que ven por las cámaras accidentes, asesinatos o violencia extrema, y todo ello sin una red de contención real. El Ministerio del Interior insiste en mostrar al CCU como el “orgullo tecnológico” del país, un escudo contra la delincuencia. Pero detrás de esa fachada se esconde un campo de sufrimiento, acoso laboral y abandono psicológico. Las funcionarias que se atreven a hablar denuncian que, incluso en los casos de abuso sexual, las denuncias son ocultadas o minimizadas, y que los traslados a otras dependencias solo son posibles “si tenés cuña”. El resultado es este: madres solteras, jefas de hogar, mujeres valientes que, atrapadas en un trabajo que las consume, terminan optando por el silencio eterno. Mientras la opinión pública se distrae con el fútbol o la campaña electoral, las muertes de estas mujeres quedan invisibilizadas. Y sin embargo, ellas son las que sostienen el sistema cuando la sociedad entera marca el 911 en su peor momento de angustia. El Estado no puede seguir mirando para otro lado. Cada día que pasa, más vidas se ponen en riesgo. La funcionaria que el viernes se lanzó al vacío no es una excepción: es un grito desesperado de un colectivo entero que viene suplicando apoyo y humanidad. Pero la historia parece repetirse siempre igual: los discursos oficiales prometen, la prensa tradicional calla, y en silencio siguen cayendo jóvenes mujeres al abismo. La pregunta que nos queda es brutal: ¿cuántas muertes más serán necesarias para que las autoridades comprendan que no se trata de números, sino de personas? Porque mientras el gobierno repite que “el show debe continuar”, la vida de estas trabajadoras se apaga en la oscuridad más cruel.