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En entrevista para el programa #HechosAM de @AztecaGuate, la licenciada Lilian Karina Xinico Xiquitá, secretaria de Pueblos Indígenas, habló sobre el fortalecimiento del acceso a la justicia mediante la promoción y difusión en idiomas indígenas que impulsa el Ministerio Público.
La funcionaria destacó que, como parte del compromiso con la justicia con pertinencia cultural y lingüística, el Ministerio Público, a través de la Secretaría de Pueblos Indígenas, promueve la difusión de sus servicios en idiomas indígenas, con el objetivo de garantizar que toda la población guatemalteca conozca y pueda acceder a los mecanismos de atención y denuncia disponibles.
Subrayó la importancia de acercar los servicios institucionales a la población en sus propios idiomas, considerando que Guatemala es un país multicultural y multilingüe, con una significativa presencia de pueblos indígenas.
“Como instituciones públicas debemos prestar servicios con pertinencia cultural y lingüística, garantizando que la información llegue a toda la población, sin distinción”, resaltó.
La secretaría ha desarrollado herramientas dirigidas al personal fiscal para fortalecer la promoción de servicios institucionales en los territorios. Estas incluyen información clave sobre recursos como la línea de atención 1572, la #AlertaIsabelClaudina, orientación sobre cómo actuar ante casos de abuso sexual, entre otros mecanismos de atención disponibles para la ciudadanía.
Este material ha sido diseñado como una herramienta práctica para el personal fiscal a nivel nacional, permitiendo identificar los idiomas predominantes en cada departamento y municipio, con el propósito de brindar una atención más cercana, inclusiva y efectiva en las comunidades.
Actualmente, el Ministerio Público es la única institución del sector justicia que ofrece atención con pertinencia lingüística en 19 idiomas: 18 mayas y el garífuna. Para ello, cuenta con 103 intérpretes a nivel nacional, quienes garantizan que las personas puedan presentar sus denuncias y recibir atención en su propio idioma, fortaleciendo así el acceso equitativo a la justicia.
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En entrevista en el programa #HechosAM de @AztecaGuate, el secretario contra la Corrupción, Miguel Estuardo Ávila, presentó una nueva fase de la campaña anticorrupción “Clic”, desarrollada junto a la Superintendencia de Administración Tributaria, la Superintendencia de Bancos y la Contraloría General de Cuentas, en el marco del convenio firmado hace más de tres años.
El licenciado Ávila destacó que el Ministerio Público, a través de la Secretaría contra la Corrupción, continúa impulsando acciones para fortalecer la cultura de denuncia. Señaló que la iniciativa ha evolucionado para ampliar su alcance, incorporando idiomas mayas y, recientemente, lenguaje de señas, con el objetivo de que más personas conozcan los delitos de corrupción y los mecanismos para denunciarlos.
Subrayó además que la participación ciudadana es clave en la lucha contra la corrupción. Por ello, se han habilitado plataformas digitales y páginas web de las instituciones que integran el convenio, permitiendo presentar denuncias de manera ágil.
Finalmente, indicó que estas acciones han alcanzado a más de 270 mil personas, fortaleciendo el acceso a la información y promoviendo una ciudadanía más activa en la denuncia de hechos de corrupción.
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En entrevista en el programa #HechosAM de @AztecaGuate, el licenciado Nillsson Castillo, fiscal de sección adjunto de la Fiscalía de la Mujer, abordó el funcionamiento del Mecanismo de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, así como las distintas herramientas implementadas para la localización de mujeres reportadas como desaparecidas.
Este mecanismo ha sido fortalecido mediante el uso de tecnología y la coordinación interinstitucional. Fue creado a través del Decreto 0970-2016 y permite la pronta localización de mujeres desaparecidas, garantizando la protección de sus derechos. Actualmente, las alertas también se difunden por medio de mensajes de texto (SMS) dirigidos a zonas específicas, lo que facilita la participación ciudadana.
El licenciado Castillo indicó que, desde el año 2018, se han registrado aproximadamente 14,400 reportes, alcanzando una tasa de localización con vida del 95.02 %, resultado del trabajo liderado por el Ministerio Público y el apoyo de diversas instituciones.
Finalmente, reiteró el llamado a la población a denunciar de inmediato cualquier desaparición a la línea 1572, al 110 de la Policía Nacional Civil, en cualquier sede fiscal o policial del país, recordando que cada minuto es crucial.
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En entrevista en el programa #HechosAM de @AztecaGuate, el ingeniero Otto Santizo, coordinador del Sistema Informático Integrado del Ministerio Público (MP), explicó el funcionamiento de la herramienta recientemente implementada para realizar reportes o denuncias relacionadas con el narcotráfico: el Botón Antinarcótico.
Indicó que esta iniciativa del MP facilitará la denuncia ciudadana, ya que permite enviar reportes a través del sitio web o de la aplicación #MPvirtual, adjuntando fotografías, videos, direcciones o ubicaciones GPS.
La información recibida será analizada por el Centro Interinstitucional contra la Narcoactividad en Guatemala (CICNAG), lo que permitirá generar acciones de investigación contra estructuras criminales, así como de prevención.
El ingeniero también resaltó las formas en que ha evolucionado el narcotráfico en Guatemala, especialmente el narcomenudeo, el cual actualmente utiliza redes sociales y otros mecanismos para distribuir drogas en calles, comunidades e incluso en entornos cercanos a centros educativos.
Ante esta realidad, el MP impulsó esta alternativa tecnológica para acercar a la ciudadanía un mecanismo que permita aportar información valiosa que pueda ser analizada por la fiscalía y contribuir a la prevención y persecución penal de estos delitos.
Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía a utilizar esta herramienta y contribuir con información que permita combatir el narcotráfico y fortalecer la seguridad en el país.
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En entrevista en el programa #HechosAM, de @AztecaGuate, el fiscal de sección de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, Benny Herrera, destacó el trabajo permanente que realiza la fiscalía en la lucha contra el tráfico de drogas, así como la implementación del #BotónAntinarcótico, una herramienta digital que fortalece la participación ciudadana en esta labor.
El fiscal explicó que esta fiscalía investiga los delitos contemplados en la Ley contra la Narcoactividad, entre estos, el comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas, así como la promoción y fomento del consumo.
Agregó que durante las investigaciones también se identifican otros delitos vinculados a las estructuras criminales, como lavado de dinero, asociación ilícita y hechos de violencia, lo que permite ampliar las pesquisas y fortalecer los procesos penales.
Herrera resaltó que el Ministerio Público coordina operativos en distintos departamentos del país, para ubicar y desarticular estructuras dedicadas al tráfico y comercialización de drogas. Como resultado, se ha logrado importantes incautaciones y capturas, entre estas, la reciente incautación de aproximadamente cinco toneladas de cocaína en Puerto Quetzal, uno de los decomisos más significativos registrados en Guatemala.
Asimismo, señaló que el fenómeno del narcomenudeo ha tenido un crecimiento considerable en el país. En ese contexto, el Ministerio Público implementó en su página web y en la aplicación #MPVirtual el #BotónAntinarcótico, que permite presentar denuncias de forma segura, confidencial y anónima, incluyendo reportes de lugares donde se sospeche la venta de drogas y el envío de fotografías u otra información relevante.
El fiscal reiteró el llamado a la población a denunciar cualquier hecho relacionado con el narcotráfico, destacando que la lucha contra este fenómeno requiere del trabajo conjunto entre instituciones y ciudadanía, así como del fortalecimiento de la prevención desde el hogar.
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En entrevista en el programa Hechos AM, de @aztecaguate, la licenciada Lucrecia Varinia Vásquez Abadía, secretaria de la Mujer del Ministerio Público, conversó sobre el lanzamiento del sitio web con enfoque de género, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
La licenciada Vásquez Abadía informó sobre la habilitación de este espacio digital, disponible dentro de la página web oficial del MP, el cual reúne información sobre las acciones, resultados e iniciativas que la institución desarrolla para promover la igualdad entre mujeres y hombres.
Indicó que el sitio web incluye información sobre la política de igualdad, informes de trabajo, normativa y acciones orientadas al fortalecimiento de la investigación y persecución penal con enfoque de género, como parte del compromiso institucional con la transparencia y el acceso a la información pública.
Entre los avances también destacó la apertura de siete fiscalías regionales de femicidio y tres fiscalías especializadas en niñez, lo que permite ampliar la cobertura y la especialización en la atención de casos a nivel nacional.
Finalmente, resaltó que el MP cuenta con herramientas de apoyo como la línea 1572, que permite realizar denuncias y activar mecanismos de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, así como el botón de pánico, una herramienta tecnológica que permite a las mujeres solicitar ayuda cuando se encuentren en situación de riesgo.
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El secretario contra la Corrupción, licenciado Miguel Estuardo Ávila, en entrevista por @AztecaGuate compartió detalles sobre el funcionamiento de la plataforma digital “Clic”, una herramienta que facilita la denuncia de posibles actos de corrupción, de manera ágil y accesible.
Indicó que la iniciativa forma parte de un convenio interinstitucional integrado por el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Administración Tributaria.
A través de los portales electrónicos de estas instituciones, la ciudadanía puede acceder a un botón que permite presentar denuncias con un solo clic. Además, la plataforma brinda información sobre qué es la corrupción y los delitos asociados, contenido que ha sido traducido a cuatro idiomas mayas y próximamente estará disponible en lenguaje de señas.
El licenciado Ávila destacó que las denuncias pueden presentarse de manera anónima y que, una vez ingresadas, son asignadas de inmediato para su análisis y seguimiento, fortaleciendo así las investigaciones y promoviendo la cultura de denuncia en el país.
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En el segmento de entrevista en #HechosAM, de @TVAztecaGuate, el licenciado Hassen Coy, fiscal de sección de la Fiscalía contra la Trata de Personas, se refirió a la labor que realiza el Sistema de Protección Infantil (SPI), al cumplirse diez años de su implementación.
El fiscal destacó que el SPI se ha consolidado como un mecanismo tecnológico avanzado para la protección de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. Explicó que fue implementado ante el aumento de riesgos derivados del uso temprano de dispositivos electrónicos por parte de la niñez, situación que ha sido aprovechada por estructuras dedicadas a la trata de personas para captar y manipular a menores mediante perfiles falsos.
Asimismo, detalló que, a través de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial, el Ministerio Público recibe alertas sobre posibles casos de vulneración detectados en dispositivos electrónicos en cualquier punto del país, lo que permite iniciar investigaciones de manera inmediata.
Indicó que el sistema cuenta con un equipo multidisciplinario integrado por fiscales, psicólogos y técnicos especializados, lo que ha permitido obtener sentencias y cooperar en investigaciones a nivel nacional e internacional.
Finalmente, hizo un llamado a padres de familia a supervisar el uso de redes sociales por parte de sus hijos y a denunciar cualquier hecho sospechoso a través de los canales habilitados por el Ministerio Público: la página web https://t.co/dstzZz1Odl, la aplicación #MPvirtual o en cualquiera de sus sedes a nivel nacional.
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✅ Décimo aniversario del Sistema de Protección Infantil
En el marco del décimo aniversario del Sistema de Protección Infantil (SPI), adscrito a la Fiscalía contra la Trata de Personas, el licenciado Hassen Coy participó en el programa Telediario al Amanecer, donde abordó los avances, desafíos y resultados obtenidos en la lucha contra la explotación sexual infantil en entornos digitales.
El fiscal explicó que esta unidad nació ante la necesidad de enfrentar el creciente uso de plataformas digitales para la comisión de delitos contra la niñez y señaló que el SPI investiga de manera integral la posesión, distribución y comercialización de material de abuso sexual infantil, delitos que son perseguidos penalmente en Guatemala.
Destacó que, gracias a la implementación de tecnología avanzada y mecanismos de cooperación internacional, el Ministerio Público recibe alertas que permiten identificar dispositivos vinculados a la circulación de este material ilícito.
Posteriormente, técnicos especializados verifican la información y se coordinan diligencias de allanamiento para asegurar evidencia digital, la cual constituye el principal soporte probatorio en estos procesos.
El licenciado Coy indicó que el 90% de las sentencias obtenidas en este tipo de casos se fundamenta en prueba digital, lo que refleja el fortalecimiento técnico del personal fiscal en la obtención y análisis de evidencia tecnológica.
Asimismo, advirtió que la sola posesión de este tipo de material constituye delito, incluso cuando las personas lo comparten en grupos de mensajería instantánea. Subrayó que muchas de estas estructuras operan de forma transnacional, por lo que el Ministerio Público mantiene coordinación con agencias y fiscales de otros países para desarticular redes criminales.
El fiscal también hizo un llamado a padres de familia a supervisar el uso de dispositivos electrónicos por parte de niños, niñas y adolescentes, e instó a denunciar cualquier hecho que vulnere sus derechos.
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En entrevista en el programa Hechos AM, de @aztecaguate, el licenciado Pablo César Mazariegos, agente fiscal de la Fiscalía contra Delitos Transnacionales, destacó los principales resultados obtenidos por la fiscalía al cumplirse seis años de su creación.
El fiscal explicó que la fiscalía tiene como objeto la persecución penal de estructuras criminales que cometen delitos cuya actividad trasciende las fronteras del país, afectando a Guatemala y a otras naciones de la región.
Detalló que entre los delitos que investigan se encuentran el lavado de dinero u otros activos, narcoactividad, tráfico ilícito de migrantes, tráfico ilícito de guatemaltecos y ciberdelitos, fenómenos que representan un desafío constante debido a la innovación en los métodos utilizados por las organizaciones criminales.
En cuanto a resultados, informó que durante el año 2025 se coordinaron 109 órdenes de aprehensión y se realizaron 179 allanamientos positivos. Asimismo, se obtuvieron 56 sentencias condenatorias y se desarticularon seis estructuras criminales. En concepto de reparación digna, se logró recuperar más de medio millón de quetzales.
También hizo referencia a operativos recientes desarrollados en el departamento de Huehuetenango, donde se logró la incautación de vehículos de lujo y la inmovilización de inmuebles vinculados con estructuras dedicadas al tráfico ilícito de migrantes y al lavado de dinero u otros activos.
Finalmente, reiteró que el Ministerio Público continuará fortaleciendo la coordinación interinstitucional y la cooperación internacional para combatir el crimen organizado transnacional e hizo un llamado a la población a denunciar cualquier hecho ilícito, recordando que la denuncia es fundamental para que el ente investigador pueda actuar.
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En el segmento de entrevista en #HechosAM, de @TVAztecaGuate, el licenciado Jonathan Jeremías Rivas Solórzano, fiscal de la Unidad contra el Robo de Vehículos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, habló acerca de las acciones estratégicas que desarrollan para combatir el robo y hurto de vehículos.
El fiscal indicó que actualmente la unidad cuenta con cinco agencias especializadas que trabajan de manera rotativa realizando diligencias de allanamiento, inspección y registro, análisis de cámaras de videovigilancia y seguimiento técnico a denuncias.
Además, explicó que el hurto ocurre cuando no existe violencia directa contra la víctima, mientras que el robo implica el uso de violencia o amenazas contra la persona para despojarla de su vehículo.
En la actualidad, el fenómeno criminal más recurrente es el hurto de motocicletas, principalmente en horarios nocturnos.
Con base en el análisis de denuncias y la sistematización de datos a través de la plataforma “Delito Cero”, se ha identificado mayor incidencia en las zonas 1, 7, 18 y 12 de la ciudad de Guatemala.
De acuerdo con investigaciones realizadas, en algunos casos los delincuentes pueden sustraer una motocicleta en tan solo 8 a 10 segundos, por lo que una breve ausencia puede representar un riesgo si el vehículo se encuentra en condiciones vulnerables.
Finalmente, señaló que la población que sea víctima de robo de su vehículo debe reportarlo inmediatamente al 110 de la Policía Nacional Civil y presentar la denuncia en el Ministerio Público, lo cual resulta fundamental para fortalecer las investigaciones.
Asimismo, recomendó estacionar los vehículos en lugares iluminados y seguros, utilizar parqueos con vigilancia, implementar dispositivos de seguridad adicionales como sistemas de localización GPS y fomentar la cultura de contratación de seguros para vehículos y motocicletas.
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En el segmento de entrevista en #HechosAM, de @TVAztecaGuate, el licenciado Juan Carlos Tohom Reyes, del Departamento de Análisis Estratégico del Fenómeno Criminal, de la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público, abordó la incidencia del fenómeno criminal de estafas a nivel nacional, específicamente en la modalidad de falsas ofertas de empleo en instituciones públicas o privadas.
Esta modalidad es una de las más recurrentes durante los primeros meses del año, registrando un promedio de tres denuncias diarias y 84 mensuales, concentrándose principalmente en enero y febrero.
Este comportamiento se debe a que, en este periodo, un amplio sector de la población busca oportunidades laborales, lo que incrementa su vulnerabilidad frente a este tipo de engaños.
El Ministerio Público ha identificado tres principales señales de alerta:
1.Exigencia de pagos durante el supuesto proceso de contratación.
2.Solicitudes para recibir y enviar transferencias desde cuentas personales.
3.Promesas de empleo basadas en supuestas influencias a cambio de dinero.
Además de la pérdida económica, las víctimas pueden enfrentar fraude de identidad, extorsión y posibles investigaciones por lavado de dinero, al entregar documentos personales o permitir el uso de sus cuentas bancarias.
Finalmente, el licenciado Tohom recomendó verificar directamente con las entidades antes de aceptar cualquier oferta laboral y recordó que las estafas pueden denunciarse a través de la aplicación #MPVirtual, en el sitio web https://t.co/dstzZz1Odl, o en cualquiera de las sedes del Ministerio Público a nivel nacional.
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Durante una entrevista en el programa Hechos AM, de TV Azteca Guatemala, la licenciada Luisa Cruz, encargada del Registro Nacional de Agresores Sexuales (RENAS), destacó la importancia de la certificación RENAS como un mecanismo de prevención y protección de la niñez y adolescencia.
Este documento, emitido por el Ministerio Público, acredita si una persona ha sido o no condenada por delitos de naturaleza sexual. Están obligadas a presentarlo todas las personas que tengan cualquier tipo de relación, temporal o permanente, con niñez y adolescencia guatemaltecas, y tiene vigencia de seis meses.
La licenciada Cruz indicó que, del 1 de enero de 2018 al 13 de enero de 2026, el Ministerio Público ha recibido 8,731,266 solicitudes, de las cuales se han emitido 8,487,564 certificaciones, registrándose 1,438 personas condenadas por delitos sexuales.
Solo del 1 al 13 de enero de 2026, se contabilizaron 167,941 solicitudes, lo que refleja mayor conciencia ciudadana sobre la importancia de este documento.
Finalmente, recordó a la ciudadanía que la certificación RENAS puede ser verificada en línea a través del sitio web institucional, garantizando su autenticidad y contribuyendo a la creación de espacios seguros para la niñez y adolescencia del país.
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2025: 338 días de trabajo fuerte y firme 💪
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En entrevista para TV Azteca, el licenciado Miguel Estuardo Ávila, secretario contra la Corrupción, brindó detalles sobre las acciones que realiza el Ministerio Público en el marco del Día Internacional contra la Corrupción.
Recordó que este fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 31 de octubre de 2003, como parte de la adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual estableció su conmemoración el 9 de diciembre de cada año a partir de 2004.
El licenciado Ávila resaltó que, desde enero de este año, el Ministerio Público obtuvo la certificación internacional del Sistema de Gestión Antisoborno, otorgada por ICONTEC, tras un proceso de auditoría que verificó el cumplimiento de estándares internacionales en su lucha contra la corrupción.
Este sistema contempla una fase preventiva, una fase de detección y un componente de mejora continua, así como mecanismos sancionatorios en caso de identificarse irregularidades.
Agregó que, en cuanto a las denuncias recibidas, los delitos de corrupción más recurrentes están relacionados con cohecho y peculado, los cuales forman parte de los casos que se investigan con mayor frecuencia.
El Ministerio Público ha impulsado campañas como el “Click Anticorrupción”, disponible en las plataformas digitales del MP, la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Superintendencia de Bancos. Estos mecanismos facilitan el acceso ciudadano a presentar una denuncia de manera sencilla.
El secretario también destacó los esfuerzos del MP por llegar a la juventud mediante contenidos audiovisuales en redes sociales, en los que se abordan temas como la corrupción, el cohecho, el soborno y otros delitos, así como advertencias sobre situaciones de riesgo, como el uso de transporte informal.
Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía: “La lucha contra la corrupción es responsabilidad de todos. Desde las escuelas, universidades y centros de trabajo, cada guatemalteco juega un papel importante. Invitamos a los jóvenes a seguir nuestras redes sociales para informarse, comprender qué es la corrupción, conocer sus efectos y aprender cómo puede prevenirse”.
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2025: 331 días de trabajo fuerte y firme 💪
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En entrevista con el programa #HechosAM, de @AztecaGuate, la licenciada Lucrecia Vásquez, secretaria de la Mujer del Ministerio Público, habló acerca del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este año, enfocado en poner fin a la violencia digital contra mujeres y niñas.
En este esfuerzo, el Ministerio Público se suma para reforzar el mensaje de que toda forma de violencia, incluida la digital, constituye un delito y debe ser investigada y perseguida penalmente.
La licenciada Vásquez explicó que el Ministerio Público mantiene como eje central de su labor la investigación y persecución penal, así como la sensibilización tanto hacia la ciudadanía como dentro de la institución.
Destacó que la violencia digital se ha incrementado y se relaciona con delitos como trata de personas, violencia contra la niñez, delitos sexuales, violencia psicológica y otras conductas delictivas que se facilitan en entornos virtuales.
Debido a la falta de una normativa especializada en materia de violencia digital y al aumento del acceso a contenidos nocivos, especialmente por parte de niños, niñas y adolescentes, se vuelve urgente que el Estado y la sociedad continúen sumándose a las acciones que buscan contrarrestar el impacto psicológico, social y emocional que esta modalidad de violencia genera en las víctimas.
El mensaje que el Ministerio Público transmite durante esta campaña es claro: la violencia contra las mujeres existe en múltiples formas (física, psicológica, económica y digital) y no es un tema privado, es un delito.
Asimismo, se reafirma que las mujeres, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida libre de violencia y que el Ministerio Público trabaja para garantizar el acceso a la justicia.
Entre los servicios institucionales se destacan las fiscalías especializadas contra la Trata de Personas, de la Niñez y Adolescencia, de la Mujer y otras, así como los modelos de atención MAINA, MAIMI y MAIJU, que concentran servicios para brindar una atención integral.
Además, la línea 1572 y el mecanismo de activación de mujeres desaparecidas continúan disponibles para atender denuncias y reportes urgentes.
La ciudadanía puede contribuir a este esfuerzo mediante denuncias tempranas, el uso responsable de los canales institucionales, la participación en espacios de formación sobre riesgos digitales, el acompañamiento a sobrevivientes y la difusión de las campañas informativas que refuerzan la importancia de la respuesta y la investigación en casos de violencia, incluida la que ocurre en entornos digitales, puntualizó.
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2025: 324 días de trabajo fuerte y firme 💪
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En entrevista con el programa #HechosAM, de @AztecaGuate, el fiscal adjunto de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, René Valdés, habló sobre el trabajo que desarrolla la Fiscalía, que continúa fortaleciendo los procesos de investigación y litigio en los casos de muertes violentas de mujeres y hechos conexos, con el propósito de garantizar el acceso a la justicia para todas las víctimas.
Valdés explicó que la fiscalía mantiene cobertura nacional mediante la sede central (la cual cuenta con cinco equipos de persecución penal) y siete agencias regionales ubicadas en Quetzaltenango, Chiquimula, Santa Rosa, Escuintla, Chimaltenango, Cobán y San Benito, Petén. Esta estructura permite brindar atención especializada, inmediata y coordinada en todos los departamentos del país.
Con base en la Ley Orgánica del Ministerio Público y en la Instrucción General 4-2020 emitida por la Fiscal General, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio investiga y litiga todos los hechos cometidos contra la vida de las mujeres, incluyendo femicidio, asesinato, homicidio, parricidio y delitos en grado de tentativa.
El fiscal adjunto indicó que las investigaciones se inician de manera inmediata al conocerse la noticia criminal, gracias al monitoreo permanente que mantiene la institución en coordinación con la Policía Nacional Civil. Los equipos fiscales y técnicos especializados se desplazan al lugar del crimen para procesar indicios y coordinar análisis de cámaras, entrevistas, peritajes y demás diligencias necesarias.
Como parte de su metodología, la fiscalía realiza reuniones de seguimiento a las 24, 48 y 72 horas posteriores al hecho, con el fin de garantizar celeridad, exhaustividad y articulación entre los distintos equipos. Este modelo ha permitido resolver varios casos en plazos cortos, logrando solicitar y ejecutar órdenes de aprehensión en las primeras horas de investigación.
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2025: 310 días de trabajo fuerte y firme 💪
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En entrevista con el programa #HechosAM, de @AztecaGuate, la licenciada Claudia María López de la Vega, agente fiscal de la Fiscalía de Casos Especiales, abordó el tema de estafas y sus nuevas modalidades, un fenómeno que tiende a incrementarse durante la época de fin de año.
La fiscal explicó que la fiscalía fue creada en el año 2018 y desde entonces ha desarrollado una labor constante en la investigación de delitos de estafa propia y casos especiales de estafa.
Con base en la experiencia obtenida, se han conformado equipos de investigación especializados que analizan tanto las modalidades tradicionales como las nuevas formas de estafa que afectan a la población guatemalteca y extranjera que visita el país.
Entre las acciones de prevención implementadas, la licenciada López de la Vega destacó la participación del Ministerio Público, desde 2022, en una mesa técnica con la Asociación de Bancos de Guatemala, donde se ha impulsado la restricción para que personas con múltiples denuncias por estafa no puedan abrir nuevos productos financieros.
Asimismo, informó que el Ministerio Público desarrollará una campaña informativa en redes sociales mediante videos, infografías y otros materiales educativos que darán a conocer las modalidades más comunes de estafa, con el fin de fortalecer la cultura de prevención en la ciudadanía.
Entre los casos más frecuentes, mencionó los relacionados con ventas a través de redes sociales, especialmente en plataformas como Marketplace, donde se publican artículos como vehículos, motocicletas, propiedades o productos de temporada.
En muchos casos, las víctimas, cuando son vendedoras, entregan el producto antes de confirmar la acreditación del pago o, si son compradoras, realizan depósitos por artículos que nunca reciben.
La fiscal advirtió que estas estafas pueden estar vinculadas con otros delitos, como hurtos, robos e incluso extorsiones, cuando los estafadores amenazan a las víctimas tras descubrir el engaño.
Subrayó que, aunque la estafa es un delito menos grave, con una pena máxima de cinco años de prisión, su impacto social es significativo. Actualmente existen más de 53 mil denuncias a nivel nacional, de las cuales más de 20 mil corresponden al departamento de Guatemala.
La licenciada López resaltó la importancia de utilizar los mecanismos de denuncia, tanto en línea como de manera presencial, y explicó que los delitos de estafa son dependientes de instancia particular, lo que significa que el Ministerio Público solo puede continuar con la acción penal si la víctima mantiene activa la denuncia y acompaña el proceso.
Finalmente, reiteró el llamado a la población a que proteja su patrimonio y no se deje engañar por ofertas laborales o de inversión que prometen resultados inmediatos. “No hay trabajos fáciles ni ganancias inmediatas. Debemos cuidar lo que con esfuerzo hemos obtenido y no permitir que la delincuencia afecte nuestro patrimonio”, enfatizó.
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2025: 303 días de trabajo fuerte y firme 💪
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En el marco del Día Internacional contra el Lavado de Dinero, la licenciada Nancy Ovando, de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, brindó entrevista al programa #HechosAM, de @AztecaGuate, en el que abordó la relevancia de esta fecha y los desafíos que representa este delito para la economía global y la seguridad nacional.
La fiscal destacó que esta fecha es de suma importancia para el Ministerio Público, ya que permite recordar que el lavado de dinero no es un delito aislado. “Es un delito que afecta no solo economías, sino también la seguridad y la estabilidad nacional. Cada vez que existe lavado de dinero se desafía lo que se invierte en salud, seguridad y educación. Entonces, es un día de interés para todas las personas”, expresó.
Asimismo, indicó que la lucha contra el lavado de dinero implica un compromiso. “Desde la fiscalía estamos comprometidos tanto con la represión como también con la prevención. Considero que es una oportunidad para poder abordar este flagelo junto a todas las instituciones que conformamos el sistema antilavado”, añadió.
Al referirse al trabajo que realiza la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, la licenciada Ovando explicó que fue creada en el año 2002, luego de la aprobación de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.
“La función principal es la investigación, la persecución y la acción penal por el delito de lavado de dinero u otros activos. Investigamos los casos desde que se presenta la denuncia en el Ministerio Público y realizamos todas las diligencias pertinentes con la finalidad de llevar ante los tribunales a las personas juzgadas por esta actividad y conseguir sentencias condenatorias”, puntualizó.
La fiscal señaló que el lavado de dinero no solo se relaciona con el narcotráfico, sino que también puede provenir de otros delitos como extorsiones, trata de personas o corrupción. “Todos los delitos que tienen un carácter pecuniario ilícito”, explicó. Actualmente, dijo, hay una mezcla de actividades en las estructuras que se dedican al lavado de dinero, pero no solo se concentran en ello, también combinan otros delitos. “El objetivo es ocultar el dinero y ponerlo en el sistema financiero aparentando legalidad”, añadió.
Respecto a cómo se logra identificar este tipo de actividades ilícitas, señaló que “la complejidad del delito de lavado de dinero es precisamente porque intentan ocultarlo. Con las investigaciones buscamos detectar la trazabilidad de los flujos financieros para establecer la ilicitud. El delito de lavado de dinero es autónomo, no necesitamos una sentencia previa para investigarlo o lograr una condena, pero sí debemos establecer cuál fue el delito precedente o demostrar que el dinero no tiene una justificación lícita. Con eso podemos presentar una acusación”.
Finalmente, la licenciada Ovando hizo un llamado a la población guatemalteca a denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda estar vinculada con el lavado de dinero.
Recordó que se puede denunciar a través de todos los medios disponibles como la página web https://t.co/dstzZz1Odl, la aplicación #MPvirtual o en todas las sedes ubicadas a nivel nacional. También hizo un llamado a estar atentos para no ser utilizados por estas estructuras criminales. “Si alguien ofrece un trabajo que no requiere mayor esfuerzo o pide prestar cuentas bancarias, debemos estar alertas y presentar la denuncia correspondiente”, indicó.
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2025: 296 días de trabajo fuerte y firme 💪
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La licenciada Luisa Cruz, encargada del Registro Nacional de Agresores Sexuales (RENAS) del Ministerio Público, brindó entrevista a @AztecaGuate, en la que explicó la función del registro y los pasos a seguir para obtener el certificado correspondiente.
La licenciada Cruz señaló que el RENAS es una dependencia adscrita a la Dirección de Análisis Criminal (DAC), responsable de la recopilación, verificación y análisis de información sobre agresores sexuales, así como de la emisión del certificado RENAS.
Explicó que este certificado tiene un carácter preventivo, ya que su objetivo es garantizar espacios seguros y libres de agresores sexuales para la niñez y adolescencia guatemalteca.
Añadió que todas las personas que desempeñen funciones en las que tengan contacto directo o indirecto con niñas, niños y adolescentes deben obligatoriamente solicitar el certificado RENAS.
Asimismo, destacó que el documento tiene vigencia de seis meses, por lo que es importante renovarlo periódicamente. Indicó que la solicitud puede realizarse de manera fácil y rápida a través de la página web oficial del Ministerio Público, completando el formulario en la sección de Servicios en Línea y adjuntando el documento personal de identificación (DPI) o, en el caso de personas extranjeras, el pasaporte.
Subrayó además que el certificado RENAS es completamente gratuito.
Finalmente, la licenciada Cruz reiteró que el propósito principal de este documento es impedir que personas con antecedentes por delitos sexuales vuelvan a tener contacto con niñas, niños y adolescentes, contribuyendo así a su protección y bienestar.
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2025: 282 días de trabajo fuerte y firme 💪
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El licenciado Mario Tager, jefe de la Unidad Especial contra Delitos Cometidos en Aeropuertos y Aeródromos del Ministerio Público (MP), brindó una entrevista en el programa #HechosAM de @AztecaGuate, en la que explicó las funciones, alcances y resultados de esta unidad especializada que trabaja para prevenir y perseguir delitos cometidos en las terminales aéreas del país.
El licenciado Tager destacó que la unidad fue creada en 2020 por mandato de la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porras Argueta, con el propósito de fortalecer los controles en los aeropuertos nacionales y combatir el crimen organizado transnacional.
“El aeropuerto es una frontera aérea y, como tal, requiere controles especializados. Antes de 2020 no existía una unidad específica que abordara la materia de delitos cometidos en estos espacios”, indicó Tager.
La unidad tiene presencia en el Aeropuerto Internacional La Aurora y opera con agencias fiscales en Petén y Quetzaltenango, puntos estratégicos que permiten reducir la criminalidad y prevenir el uso de las terminales aéreas para actividades como tráfico de drogas, contrabando, lavado de dinero y otros ilícitos.
Desde su creación, la unidad especial ha obtenido resultados significativos, entre estos, casi una tonelada de sustancias ilícitas incautadas, incluyendo fentanilo, drogas sintéticas, cocaína y marihuana, así como más de cuatro millones de dólares decomisados, confirmados judicialmente como de origen ilícito.
Estos logros han sido posibles gracias a la coordinación interinstitucional y a la colaboración con agencias internacionales de seguridad e investigación.
Durante la entrevista, el licenciado Tager destacó la importancia de la boleta de declaración jurada del viajero, instrumento implementado para transparentar los procesos de control migratorio, aduanero y financiero en los aeropuertos.
Esta herramienta permite a los pasajeros, tanto nacionales como extranjeros, declarar electrónicamente el ingreso o salida del país, así como el transporte de bienes o dinero en efectivo, en cumplimiento de lo establecido en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.
“La boleta cumple tres funciones principales: informar sobre el ingreso o salida del pasajero, declarar las mercancías que lleva consigo y reportar el traslado de dinero. Es un mecanismo que contribuye al control, pero también a la prevención del lavado de activos”, señaló Tager.
Además, explicó que esta boleta está conectada con tres instituciones clave:
•Instituto Guatemalteco de Migración (IGM): registra la entrada o salida de pasajeros.
•Superintendencia de Administración Tributaria (SAT): controla las mercancías y bienes transportados.
•Intendencia de Verificación Especial (IVE): monitorea el flujo de dinero y previene transacciones de origen ilícito.
La versión digital de la boleta permite que los viajeros la completen desde su teléfono móvil o computadora, incluso antes de llegar al aeropuerto, y ofrece también la opción de realizar el registro mediante código QR en los puntos de control migratorio.
Tager enfatizó que declarar dinero no implica su autorización automática, ya que la persona debe demostrar la procedencia lícita de los fondos cuando la cantidad supera los 10 mil dólares estadounidenses o su equivalente en otra moneda.
Asimismo, recordó que toda inspección o revisión en los aeropuertos debe efectuarse en áreas controladas, documentadas y videograbadas por la Policía Nacional Civil, garantizando transparencia, seguridad y respeto a los derechos del viajero.
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