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El casero de tu padre En España hay un casero que cobra sin poner casa. Se entera de todo, no perdona un recibo y acaba de anunciar que afina la lupa: Hacienda vigilará a los hijos que viven sin pagar alquiler en pisos de sus padres, y a los propietarios les imputará, como renta, el 2% del valor catastral del inmueble — el 1,1% si está revisado. Traducido del fiscalés: si usted le deja a su hijo el piso del abuelo para que pueda independizarse, el Estado considera que ese techo le genera a usted un ingreso — uno que jamás ha cobrado, que no existe, que es pura ficción contable — y le pasa factura por él como si el piso estuviera vacío. Seamos precisos, que la precisión es aquí la pólvora: no es un impuesto nuevo, es la vieja imputación de rentas del IRPF, y no se persigue como donación encubierta que un hijo viva en casa de sus padres — faltaría más. El hijo no paga nada; paga el padre. Como ha pagado siempre. La noticia no es el invento: es el verbo. Vigilará. En plena crisis de vivienda, el músculo inspector del Estado se orienta hacia el único parque de vivienda asequible que funciona en este país, que es la familia. Porque ahí está el retrato de una filosofía entera, y conviene mirarlo despacio. Para el fisco, el piso donde vive su hijo sin pagar y el piso cerrado con las persianas bajadas son la misma cosa: un 2% catastral al año. Idéntico trato para el que atesora que para el que socorre. El sistema que sermonea contra la vivienda vacía no distingue, a la hora de cobrar, entre el propietario que especula y el padre que resuelve — y resuelve, exactamente, lo que llevan años sin resolver quienes cobran el 2%: que un joven español medio no puede pagar ni alquiler ni entrada. Cuando una familia cede un techo a coste cero está produciendo el alquiler más asequible matemáticamente posible — cero euros —, la política de vivienda más eficaz desplegada en España en la última década. Y la respuesta institucional a esa política no es una desgravación, ni un reconocimiento, ni siquiera la indiferencia: es una carta. El Estado del bienestar español tiene un secreto a voces, y es que lo sostiene otro Estado del bienestar que no sale en los presupuestos: la abuela que hace de guardería, los padres que hacen de banco y ahora de inmobiliaria social. A ese Estado en la sombra, que trabaja gratis donde el oficial no llega, se le agradece el servicio imputándole rentas imaginarias. Y no se me diga que son cuatro duros, porque el importe es lo de menos: lo que se grava es un principio. Un sistema fiscal que inventa ingresos inexistentes para poder cobrarlos — a eso los manuales lo llaman renta presunta y el sentido común lo llama cobrar por presumir — y que aplica la presunción precisamente sobre el gesto de ayudar a un hijo, está diciendo en voz alta cuál es su antropología: no existe la solidaridad familiar, solo existe el patrimonio infrautilizado. Todo techo que no tributa por alquiler es un techo sospechoso. Cásese usted con separación de bienes, críe, ahorre treinta años, compre un piso pensando en los nietos: al final del camino le espera un funcionario explicándole que su generosidad computa como si fuera un piso muerto. Ni un céntimo del 2% construirá una sola vivienda para el hijo del que no tiene padres con piso — que ése es el drama de verdad, y no se arregla vigilando familias sino construyendo lo que no se ha construido. Los países se pueden juzgar por muchas cosas, pero hay un test que no falla: qué hacen con la gente que ayuda a la suya. Aquí ya tenemos la respuesta, con membrete y valor catastral. El que deja un piso a su hijo, a ojos de su Estado, no es un padre. Es un rendimiento pendiente de aflorar.