8.800 euros le costaría volver a amueblar su piso. El Ayuntamiento de Girona le ofrece 1.600.
Hace un año y medio, un vecino de Girona cedió su piso a la Oficina Municipal de Vivienda dentro del programa 60/40 de alquiler social.
El contrato vencía en junio del año pasado y él quería recuperar la vivienda para volver a alquilarla, ya fuera de cualquier programa municipal.
Cuando en mayo se presentó en la oficina para preguntar en qué punto se encontraba el trámite, le dijeron que el piso todavía estaba ocupado y que la devolución se retrasaría más de lo previsto.
Finalmente, el Ayuntamiento le devolvió las llaves en la fecha pactada. Pero cuando entró, no había ni un mueble, ni una lámpara, ni un portalámparas.
Fue a una tienda a pedir presupuesto para volver a amueblarlo: 8.800 euros. Solo la reparación de los desperfectos que se encontró —a cargo de un electricista— ya le costó 1.800 euros de su bolsillo.
El Ayuntamiento, para «no ser parcial», según dice el teniente de alcalde Sergi Font, encargó un peritaje externo.
El resultado: 1.600 euros. Ni cubre la reparación que ya ha pagado, ni se acerca a lo que cuesta volver a amueblar un piso entero.
El vecino no lo acepta. Ha presentado alegaciones al peritaje, ha ido al pleno municipal a exponer el caso y lleva más de dos semanas plantado delante del edificio consistorial con una máscara de Guy Fawkes y un cartel que dice que el Ayuntamiento de Girona le robó los muebles de su casa hace un año. Asegura que no parará hasta que el consistorio le haga caso.
Un ciudadano cedió su vivienda a un programa social del Ayuntamiento de buena fe. Se la devolvieron vacía, y ahora le ofrecen una cifra que ni de lejos cubre lo que le ha costado. Y todavía tiene que ser él quien se plante en la calle para que alguien en el consistorio lo escuche.
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