Los comunicadores Ricardo Augusto Ripoll García y Eduardo Daniel Sánchez Tolentino interpusieron una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. La instancia legal ataca formalmente los artículos 192, 208, 209, 210, 211 y 310 de la Ley Orgánica número 74-25 que instituye el Código Penal.
Los accionantes, coordinadores de la plataforma de comunicación y fiscalización ciudadana Somos Pueblo, argumentan violaciones graves a la Constitución dominicana. Específicamente, señalan que el nuevo articulado vulnera de forma directa el derecho fundamental a la libertad de expresión y de información. El recurso cuenta con el respaldo de un cuerpo jurídico integrado por los abogados Pedro Virginio Balbuena y Francisco Alejandro Aristy.
La instancia jurídica argumenta que el artículo 208 del texto penal establece penas de dos a cinco años por la difamación. Asimismo, el artículo 209 eleva las sanciones de cinco a diez años de prisión si se considera de tipo extorsiva. Los accionantes consideran que estas consecuencias punitivas resultan manifiestamente irrazonables para los estándares internacionales actuales.
El documento depositado sostiene que los daños al honor son reparables mediante la vía civil y sanciones de carácter patrimonial. Someter a un ciudadano a penas privativas de libertad por emitir opiniones genera un efecto inhibidor social. Este fenómeno desincentiva la investigación periodística y debilita severamente los controles democráticos sobre la corrupción administrativa dominicana.
El recurso legal critica fuertemente la redacción del artículo 211 sobre actos considerados no difamatorios. La normativa omite incorporar excepciones indispensables para el debate como la prueba de la verdad o exceptio veritatis. Tampoco contempla el error razonable del periodista o la debida protección reforzada a los juicios de valor de la ciudadanía.
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El jurista Pedro Balbuena depositó una acción directa de inconstitucionalidad contra los artículos 192, 208, 209, 211 y 310 de la Ley 74-25 del nuevo Código Penal, en representación de Ricardo Ripoll y Eduardo Daniel Sánchez Tolentino. El abogado argumentó que la normativa, programada para entrar en vigencia en agosto, vulnera la libertad de expresión e información al no contemplar exenciones de responsabilidad penal para opiniones de interés público y político, por lo que sugirió que el Congreso Nacional considere una prórroga para corregir estos escollos constitucionales antes de su implementación definitiva.
Por esta razón nuestra posición es firme respecto al problema migratorio y de adquisición de nuestras costas. Los agentes de seguridad parecen haitianos, apenas hablan español, la playa está ocupada por un “hotel de inversión extranjera” y no se puede poner ni siquiera una sombrilla dentro de los 60 metros que dice la ley es acceso público.
¿Entonces esto es desarrollo? ¿Esto es crecimiento? ¿Esto beneficia a los dominicanos realmente?
Desde Política Para Ciudadanos (@paraciudadanos) mantenemos nuestra posición firme de que 🇩🇴 no necesita más turismo y es de orden revisar dónde estamos con la mal llamada inversión extranjera. Adquisición no es inversión y edificios no se traducen en desarrollo. Los dominicanos necesitan calidad de vida, no sueños húmedos de promesas falsas.
🇩🇴 Para los dominicanos.
Selinee Méndez respalda denuncia sobre falta de cupos escolares para niños dominicanos
Selinee Méndez expresó su respaldo a la denuncia del Instituto Duartiano sobre la presunta falta de cupos escolares para niños dominicanos, situación que, según esa entidad, estaría relacionada con la presencia de estudiantes extranjeros en el sistema educativo. @selineemendez
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¿pero en este país no se puede protestar es?
Así dispersaron a miembros de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) durante una marcha desde el parque Independencia hasta el Palacio Nacional.
Estudiantes del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) en San Pedro de Macorís hicieron un llamado público a las autoridades para exigir la habilitación formal de un centro propio, denunciando que actualmente los alumnos del sistema dual y de áreas como Ingeniería Industrial deben trasladarse entre aulas prestadas.
Los denunciantes señalaron que la provincia corre el riesgo de perder el terreno proyectado para dicha edificación, debido a que supuestamente pretenden destinar el espacio para la construcción de un liceo secundario, a pesar de que el municipio cabecera ya cuenta con múltiples planteles de ese tipo y carece por completo de una sede técnico-profesional fija.
Afectados enfatizaron que San Pedro de Macorís es el único municipio cabecera del país sin instalaciones propias del INFOTEP, lo que obliga a los docentes a viajar desde La Romana o el Distrito Nacional y genera deserción en los jóvenes locales por los altos costos de transporte, por lo que urgieron una solución definitiva para la juventud.
El ciudadano Algelis Muñoz denunció con notable indignación la alarmante lentitud y las trabas burocráticas impuestas por la Junta Central Electoral (JCE), institución a la que acudió junto a sus hermanos y su madre biológica para realizar un proceso de declaración tardía que ya se ha extendido por más de nueve meses sin solución.
Muñoz manifestó que el órgano electoral le informó que el trámite definitivo de su documentación civil podría tardar hasta un año o año y medio debido a un supuesto proceso de investigación interna, un argumento que calificó como una excusa inaceptable para un ciudadano de origen dominicano que fue debidamente asentado por su progenitora.
El denunciante criticó severamente las prioridades del Estado y señaló que mientras el país incurre en constantes endeudamientos públicos, supuestamente se agilizan documentos para ciudadanos extranjeros, mientras que a los jóvenes dominicanos de escasos recursos se les niega el acceso a la identidad, impidiéndoles trabajar, mantener sus familias y desarrollarse dignamente.
El reconocido sacerdote católico Rogelio Cruz lanzó una serie de consignas de fuerte contenido social, exhortando a la ciudadanía a apagar los televisores y a movilizarse de manera activa en las calles para manifestar su inconformidad ante las problemáticas socioeconómicas y la supuesta falta de transparencia gubernamental que impactan al país.
El religioso argumentó de manera contundente que en el Estado supuestamente no falta dinero, sino que sobran los sectores que se apropian de los recursos públicos, al tiempo que sentenció con tono enérgico que si las autoridades no permiten soñar a los ciudadanos, tampoco el pueblo los dejará dormir, en alusión al descontento y a la necesidad de lucha constante.
Cruz catalogó la actual coyuntura financiera local como una estafa disfrazada de crisis y llamó a los dominicanos a abrir los ojos frente a lo que considera un engaño colectivo reiterado, advirtiendo de forma severa que, de mantenerse la inacción social y la corrupción administrativa, las condiciones materiales de la población continuarán empeorando cada día.
Residentes del sector Villa Marina, en Los Ríos, denunciaron que un delincuente mantiene a la comunidad en un estado de constante zozobra. Los afectados señalaron que el individuo penetra en los edificios residenciales de forma quincenal o mensual, paseándose por la zona con total impunidad a pesar de que el sector es un área estrictamente familiar.
La comunidad expresó su indignación debido a que se encuentran a solo dos minutos del destacamento del kilómetro 9, pero el antisocial continúa operando sin ser detenido por las autoridades. Los ciudadanos hacen un llamado urgente al Dicrim para que tome cartas en el asunto, ante la falta de patrullaje que permite que este delincuente ponga en riesgo la seguridad de las personas decentes de la zona.
Yinia Carrión, madre de una pequeña de apenas un año de edad, solicita encarecidamente la colaboración de la ciudadanía para costear una segunda cirugía de corazón. La niña padece una supuesta cardiopatía congénita compleja que pone en riesgo su vida, situación que ya la llevó al quirófano cuando apenas tenía dos meses de nacida para poder sobrevivir en aquel momento crítico.
A pesar de que ambos padres se encuentran trabajando, informan que han agotado todos sus recursos financieros debido al alto costo que implican estos procedimientos médicos especializados. La nueva intervención tiene un costo aproximado de un millón veinte mil pesos, por lo que apelan a la sensibilidad de quienes puedan aportar un granito de arena o simplemente compartir la información para que el mensaje llegue a más personas.
Para realizar sus aportes en RD, pueden utilizar la cuenta corriente del Banco Popular 819487000 a nombre de Yinia Carrión (cédula 402-0884894-1) o la cuenta de Banreservas 501062953 a nombre de Yamilka Marrero. Desde los Estados Unidos, pueden colaborar a través de la cuenta de Chase Bank 570208630 (Ruta: 021000021) a nombre de Martha Pichardo, o mediante el correo de PayPal [email protected].
El Gobierno, a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia, dio apertura ayer a una licitación para la contratación de servicios especializados de producción audiovisual por un monto referencial de 40 millones de pesos. Este proceso se inició en medio del llamado a austeridad del presidente Luis Abinader, generando diversos cuestionamientos.
Mediante la Licitación Pública Nacional MAPRE-CCC-LPN-2026-0001, publicada este pasado Jueves Santo a las 8:00 de la mañana, el Ministerio justifica el gasto para garantizar el soporte t��cnico en eventos oficiales de la Presidencia y Vicepresidencia. La institución busca asegurar que estas dependencias cuenten con los recursos necesarios para la difusión de sus actividades.
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