Olivia
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XXVII
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@ElFinanciero_Mx Ni siquiera pusieron fuentes, que pena que este periódico sea tan chayotero
La deshabilitación de la línea telefónica, que es un acto de autoridad, provocará de forma automática la exclusión del sistema financiero del usuario.
Estarían privando indirectamente del derecho a disponer de tu propio dinero, a pagar créditos, a mover la banca móvil de tu negocio y a recibir notificaciones de seguridad. Lo cual destruye por completo el "principio de proporcionalidad" de la medida invocada por Gobierno Federal.
El "fin" de tener un padrón no justifica paralizar la actividad financiera de millones de mexicanos, que quede claro.
Perdón por mi opinión de extrema derecha golpeadora, pero creo que hubiera sido mejor invertr el dinero del Tren Maya en arreglar el Metro. Creo que los 580 mil usuarios diarios de la Línea 2 merecían esa inversión más que los 4 mil turistas diarios que se montan en ese artefacto
@ignaciadepano No nos sentimos tontos. Nos sabemos inteligentes, simplemente somos conscientes que es un mundo que lo dominan las masas y los que gritan con más fuerza. No te equivoques. ;-)
Miren a una funcionaria pública que DICE representar al "pueblo" cerrando comentarios. Y se dicen democráticos? 🤔 o te molesta ver lo que la gente piensa realmente?
¿Por qué les molesta tanto que se legisle para evitar un posible caso de injerencia extranjera?
La lógica del derecho es que se ajusta y se transforma a las realidades y necesidades sociales.
Actualmente existen causas de nulidad de las elecciones y en esta nueva causa, como en todas, requieren acreditarse.
No hay nada de subjetivo cuando se habla de financiamiento extranjero a organizaciones políticas o candidaturas.
Hay ejemplos en la historia mundial comprobados donde ha ocurrido: Guatemala, Chile, Italia, Nicaragua, Honduras, Haití, Brasil, por mencionar algunos.
Se trata de la máxima protección a nuestra vida democrática.
Por cierto, ahora resulta que @lorenzocordovav que formó parte de varias farsas democráticas, que avaló fraudes electorales y destruyó el sistema electoral tomándolo con un grupúsculo de cuates para hacer política y negocios, cree que está por encima de la decisión de la mayoría que representa al pueblo.
En una sola madrugada el Senado aprobó reformas que reconfiguran al Poder Judicial, mueven la elección judicial a 2028, permiten que magistrados electorales se queden casi dos décadas y crean una causal de nulidad por “injerencia extranjera” tan vaga que cabe casi cualquier pretexto. Al día siguiente, en cascada, los congresos estatales levantan la mano: en cuestión de horas, más de 20 legislaturas avalan lo mismo, sin deliberación seria, sin estudios propios, sin escuchar a las sociedades a las que dicen representar; el artículo 135 se cumple en la forma, pero el pacto federal se vacía en la práctica.
La escena es clara: el nivel federal dicta, las gubernaturas alinean, las bancadas locales obedecen. Lo que debería ser un filtro republicano se vuelve un trámite; las legislaturas de los estados, que estaban llamadas a defender intereses territoriales y pluralidad, actúan como sellos de goma de una sola mayoría nacional. Así, reformas que permiten la permanencia prolongada de magistrados y una nulidad electoral expansiva se legitiman con la foto del “aval de 24 entidades”, cuando en realidad lo que vemos es federalismo exprés y obediencia automática.
La pregunta ya no es retórica, es estructural: ¿de qué sirven las legislaturas estatales si, frente a cambios de este calibre, no frenan, no matizan, no corrigen nada? Si el constituyente permanente se convierte en una cadena de mando donde todos dicen “sí señor” en horas, el problema no se agota en la reelección de magistrados o en la ambigüedad de la “injerencia extranjera”: el verdadero daño es la degradación de los contrapesos que deberían sostener al Estado constitucional. Cuando los candados se convierten en sellos, la puerta del abuso ya está entreabierta.
@luiscon1705 @ChumelTorres Olvidemos la colusión del narcotráfico con el gobierno, la eliminación de contrapesos y de instituciones de transparencia, el crecimiento económico nulo, la erosión de la libertad de expresión y la destrucción de la democracia. Cancelemos a chumel por un mal chiste! 👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻
@Claudiashein Y a esos no los vas a gasear ni arrestar ni minimizar como a los de la marcha generación x? Esos si son México? Pa saber.
@RicardoMonrealA @Mx_Diputados Dictadura de 10 fulanejos en puestos clave. El tribunal, Taddei, y quien les dicte línea a los legisladores que sólo votan lo que les dicen. Debería de darles vergüenza robarse una mayoría que no tenían para aferrarse al poder a costa de un país.
Imagínate que el árbitro de un partido cambia las reglas en pleno juego, y luego dicta otra regla que dice: “y nadie puede reclamar este cambio”. Algo parecido pasó en México. En septiembre de 2024 entró en vigor la famosa Reforma Judicial, esa que cambió de raíz cómo se eligen jueces, magistrados y ministros. Mucha gente fue al amparo a reclamar, porque sentía que esa reforma rompía cosas básicas: la independencia de los jueces, la división de poderes, la seguridad jurídica. Un juez federal en Querétaro les dio la razón en diciembre. Pero antes de que ese amparo pudiera prosperar, el poder reformador hizo otra reforma —la del 31 de octubre de 2024— y escribió en la propia Constitución que contra reformas constitucionales no procede absolutamente nada: ni amparo, ni controversia, ni acción. Cero. Y por si fuera poco, ordenó que esa nueva regla se aplicara incluso a los juicios que ya estaban en marcha. Eso es el Amparo en Revisión 555/2025: la Suprema Corte resolviendo si esa muralla es válida o no.
¿Y qué decidió la Corte? Lo más cómodo: cerrar los ojos. No analizó si la reforma era justa, si violaba derechos humanos, si destruía la independencia judicial, si se aplicó retroactivamente a quien ya estaba peleando. Nada de eso. Simplemente dijo: “la Constitución dice que no se puede revisar, entonces no la revisamos”. Sobreseyó el juicio, le quitó la razón al juez de Querétaro y dejó intocable la reforma. Aquí está la parte que conviene subrayar para que se entienda bien: la Corte que tomó esta decisión es la nueva Corte, la que existe precisamente porque esa reforma la creó. O sea, los ministros que llegaron por la reforma resolvieron que la reforma no se puede tocar. Es como pedirle al hijo que califique al papá: difícil que salga imparcial. Y el argumento estrella del proyecto es una frase que da escalofríos en términos jurídicos: “la redacción no deja espacio a la interpretación”. Un tribunal constitucional que dice que ya no necesita interpretar es un tribunal que renunció a su trabajo.
Lo que está en juego va mucho más allá de este expediente. Si una mayoría calificada en el Congreso puede modificar la Constitución y, al mismo tiempo, prohibir que cualquiera reclame ese cambio, entonces los derechos de todos quedan a merced de la coyuntura política del momento. Hoy fue la Reforma Judicial, mañana puede ser cualquier otro tema: pensiones, propiedad, libertades, seguridad social. La Constitución deja de ser un escudo del ciudadano frente al poder y se convierte en un cheque en blanco para quien tenga los votos. Por eso este caso no es un asunto técnico que solo importa a abogados: es la pregunta de fondo sobre qué tipo de país queremos ser. Y como las puertas internas se están cerrando, la pelea se va a mudar afuera —a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos—, donde México tendrá que explicar por qué construyó un sistema en el que las reformas constitucionales son intocables aunque pisoteen derechos. Esto no termina aquí. Apenas empieza.
@Azteca Ya vinieron todos los bots de morena que pagamos con nuestros impuestos para decir que no van a ver Tv azteca.
@heksalra77 @lucianopascoe @Azteca Pues no los veas y ya. No nos importa. Ve a los monos cilindreros de la mañanera entonces
Hoy inicia un periodo extraordinario del Congreso mexicano que presagia malas reformas: incompletas, superficiales o de alto riesgo.
Algunos comentarios:
El Congreso fue convocado apenas el jueves pasado, sin que se conociera siquiera el contenido de todas las iniciativas. No hay tiempo para una discusión seria, para escuchar a expertos ni para mejorar los proyectos. Temas muy relevantes se quieren aprobar al vapor esta misma semana.
En la reforma judicial se corrige un problema inminente: la elección judicial de 2027 se mueve a 2028. Pero el problema de fondo permanece: las elecciones judiciales de 2030, 2033, 2036 y las siguientes coincidirán con elecciones de partidos. Peor aún: ahora habrá una misma casilla para votar por cargos políticos y por cargos judiciales.
Respecto a la comisión para revisar vínculos de candidaturas con el crimen organizado: ¿por qué la coordina el INE? Sería más sencillo que la FGR coordinara un grupo de trabajo con autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para revisar candidaturas registradas por los partidos y emitir alertas cuando se detecten antecedentes penales o criminales.
La revisión de antecedentes será voluntaria para los partidos. Además, no se dice nada sobre la captura de candidaturas durante las campañas —como ocurrió con Rocha Moya— ni sobre cómo blindar campañas y votaciones frente a la interferencia del crimen organizado. Ojo: si estas reglas hubieran existido en 2021, Rocha habría sido candidato de todos modos. No tenía antecedentes; pactó con Los Chapitos durante la campaña.
La causal de nulidad por intervención extranjera tiene enormes deficiencias. Si el INE ha sido incapaz de detectar grandes porciones de financiamiento ilegal en campañas dentro del país, ¿cómo va a detectar financiamiento del extranjero? ¿Cómo identificará el origen de campañas en redes sociales o ciberataques? ¿Cómo probará operativos de cubanos, rusos o estadounidenses si actúan como agentes encubiertos o contratan intermediarios mexicanos? ¿Se dará al INE capacidad de investigación global, como si fuera una agencia de inteligencia? Pero, sobre todo, ¿qué criterios se usarán para definir si una expresión, un posteo en X o una declaración tiene la “intención” de influir en las preferencias electorales y, más aún, si fue determinante para el resultado?
La ambigüedad puede ser explosiva. Si México pierde el grado de inversión en 2027 y eso provoca una devaluación, alguien podrá acusar “presión económica” para debilitar al gobierno —causal de nulidad conforme a la iniciativa—. Si Trump decide sacar a Estados Unidos del TMEC y eso mete a México en recesión, algún candidato podrá alegar “presión diplomática”. Si un “agente privado” —una empresa, un fondo de inversión o una persona— expresa preocupación por la falta de certeza jurídica en México, alguien podrá pedir la nulidad. Incluso nuevas solicitudes de extradición podrán ser leídas bajo esa lógica.
La iniciativa parte de un supuesto ofensivo: que los electores mexicanos son fácilmente manipulables por potencias extranjeras. Si el pueblo es “mucha pieza” y si “el pueblo manda” en México, ¿por qué ahora se le presenta como una masa vulnerable a cualquier declaración, tuit o campaña externa? Cuando una sociedad detecta una intromisión indebida, como ocurrió en Hungría o Canadá, quien intenta intervenir a veces termina beneficiando al adversario.
La iniciativa es un galimatías jurídico que afectará el papel de México en un mundo globalizado, complicará la relación con Estados Unidos y alimentará un discurso soberanista y nacionalista que cosechará mala vibra fuera del país. Llega al extremo de darle al Tribunal Electoral la misión de defender la “soberanía nacional”.
Se podrá acusar a la oposición de beneficiarse de actos “intervencionistas” y llamarla traidora a la patria. El artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos ya obliga a los partidos a rechazar “toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros”. En combinación con la reforma propuesta, esa disposición podría usarse para acusar a cualquier partido de “vendepatrias” y buscar incluso la pérdida de su registro.
Es probable que el propósito sea repartir lodo. Si unos son acusados por vínculos con el narcotráfico, otros podrán ser acusados por traición a la patria. Si a unos se les abren investigaciones en Nueva York, a otros se les podrá amenazar con quitarles el registro como partido político en México.
El resultado puede ser muy grave: una reforma que dice defender la soberanía, pero que afecta la interlocución con el mundo y que puede convertirse en un instrumento para judicializar elecciones, perseguir adversarios y desconocer resultados incómodos.
Cuando el poder llama a sabotear un medio de comunicación por ser crítico, lo que busca es censurar.
Al @GobiernoMX le incomoda que en #TVAzteca sigamos señalando la corrupción, su complicidad con el narco y el mal gobierno que han llevado.
Pero que les quede claro: ¡no nos van a callar!
Seguiremos haciendo periodismo libre, crítico y para los mexicanos, no para el poder.
México no está entrando en una crisis espectacular. Y ese es precisamente el problema. Lo que estamos viendo es algo mucho más peligroso: un país que empieza a acostumbrarse al estancamiento. Más gasto corriente, más deuda, más subsidios… pero menos inversión, menos productividad y menos crecimiento real. Estamos financiando el presente mientras hipotecamos el futuro.
El dato verdaderamente brutal no es la deuda. Ni Pemex. Ni siquiera el déficit. Es que el PIB per cápita sigue por debajo del nivel de 2018 y que la inversión lleva meses cayendo mientras el Estado pierde espacio para educación, salud, infraestructura y seguridad. Un país puede repartir dinero un tiempo. Lo que no puede hacer eternamente es repartir lo que no produce.
Y aquí entra lo más delicado: la incertidumbre institucional. Cuando se debilita la confianza en las reglas, en los jueces y en el rumbo económico, el capital deja de apostar por el país. La inversión se frena, la productividad se desploma y el crecimiento desaparece lentamente. El riesgo para México no es una explosión. Es algo peor: normalizar el deterioro.
Lo que me llama mucho la atención es que ahí no aparece el nombre de una sola persona que se responsabiliza de manera personal por esta declaración y el apoyo a un régimen abiertamente dictatorial que no ha permitido una libre elección en ¡67 AÑOS! y que ha destruido la economía nacional a tal punto que se importa hasta el azúcar y la gente come de los basureros. ¿Desde cuándo una dictadura absoluta—que ha durado más de CUATRO VECES la gestión de Pinochet en Chile y que se ha sostenido solamente como parásito a otros países como la URSS y Venezuela—representa la “autodeterminación” y la “dignidad”? Cada cual obviamente tiene el derecho a su opinión, pero me parece poco honorable esconderse detrás del anonimato en difundir comunicados como este.
🚨Taddei ya entregó al @INEMexico: El retroceso autoritario.
"El árbitro electoral hoy no solo se capturó desde sus cúpulas, la cooptación llegó al corazón".
En mi columna publicada en @pplanadigital hablamos sobre los nombramientos de Taddei con los que le entregó a @PartidoMorenaMx (también) el control de las áreas técnicas.
#Democracia @TEPJF #Elecciones #INE #Autoritarismo #NarcoPartido
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