Si les contara las cosas que uno ve en un despacho…
Un juicio de alimentos iniciado por la madre contra el padre. Durante el proceso cambia la tenencia y el niño pasa a vivir con el padre, por lo que se dispone el pago directo por parte de él y… además la apertura del código SUPA con una cuenta del padre. 🫢
El expediente llega a pagaduría y advierten: ¿cuánto debe pagar la madre? (¿O será que pretendían que el padre se pague a sí mismo?)
En teoría, debe iniciarse una nueva causa para fijar la obligación alimentaria de la madre. Pero en el nuevo juicio aparece el argumento: “Ya existe un juicio de alimentos”.
No obstante, ese juicio fue promovido por la madre contra el padre. No puede convertirse, sin más, en un proceso para fijar una obligación a cargo de quien no ha sido demandada para ello.
Menos mal no se avanzó a establecer un monto sin el debido proceso.
Porque proteger el derecho de alimentos del niño es indispensable, pero no significa que podamos fijar obligaciones sin garantizar el derecho a la defensa.
En Familia hay que resolver conforme a la realidad, sí. Pero también respetando las reglas del proceso.
Les inquieta la experiencia y las credenciales de la Sra. Fiorella Ycaza, por su virtual triunfo en las elecciones seccionales, pero no cuestionan que un bachiller, sin instrucción formal, dirija el Ministerio del Interior; tampoco que una modista sea vicepresidenta y, por su negligente manejo en el sector de la salud, el desabastecimiento en la red pública de hospitalaria alcance el 58%.
Y menos les importa que una abogada ambientalista, sin conocimiento en el sector eléctrico, haya facilitado pagos a PROGEN y ATM, por $34,7 millones y 13 millones, respectivamente, mediante adendas firmadas en su periodo.
En los hechos, les aterra que la esposa de Aquiles pueda derrotarlos en las urnas.
Sentencia 71-23-IN/26
Fecha: 21 de mayo de 2026
Jueza ponente: Karla Andrade Quevedo
Tipo de acción: Acción pública de inconstitucionalidad (control abstracto de constitucionalidad)
Efecto: Erga omnes (vinculante para todos)
El precedente:
La Corte Constitucional declaró inconstitucional el procedimiento rígido que exigía la citación obligatoria de los padres (o uno de ellos) que no otorgaban autorización de salida del país para NNA extranjeros refugiados o solicitantes de asilo en proceso de reasentamiento a un tercer país.
Normas afectadas:
•Art. 110 del Código de la Niñez y Adolescencia (CNA)
•Art. 130 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana (LOMH)
•Art. 335 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) sobre el procedimiento voluntario de autorizaciones
Ratio decidendi (razón fundamental del fallo)
La Corte estableció que no es constitucional aplicar de forma automática y sin excepciones el artículo 335 del COGEP (que obliga a citar a “todas las personas interesadas”) cuando se trata de NNA en situación de alta vulnerabilidad.
Razones principales:
- El interés superior del niño (Art. 44 Constitución + Convención sobre los Derechos del Niño) tiene carácter tridimensional (derecho sustantivo, principio interpretativo y norma procedimental).
- La citación obligatoria puede generar dos daños graves:
1) Dilación injustificada de los procesos (imposible localizar padres desaparecidos, en zonas de conflicto o fallecidos).
2) Peligro real para el niño (exponer su ubicación a agentes de persecución, padres abusivos o grupos armados).
Se aplica enfoque de interseccionalidad:
NNA + extranjero + refugiado + no acompañado/separado + en reasentamiento = múltiple vulnerabilidad.
Decisión: Sentencia aditiva
En lugar de derogar la norma, la Corte añadió un párrafo al Art. 110 del CNA:
“En los procesos en que se tramiten autorizaciones judiciales de salida del país para [NNA extranjeros refugiados/solicitantes de asilo en reasentamiento], la citación, o no, del o los padres (…) dependerá del interés superior del niño. Los jueces deberán realizar un análisis individualizado en cada caso y pronunciarse de forma motivada”.
Esto crea un nuevo estándar procedimental, esto es, una excepción en el procedimiento a las reglas del COGEP basada en el estatus de refugiado y el riesgo específico de este grupo.
La Corte Constitucional acaba de emitir jurisprudencia vinculante (Sentencia 1150-23-JP/26, 16 de abril de 2026) sobre protección laboral durante la licencia de paternidad. La regla es importante: el período de licencia es intangible — no solo prohíbe el despido, también prohíbe notificar cualquier acto de desmejora mientras la licencia está vigente, aunque sus efectos operen al día siguiente. Además, usar ese período como criterio negativo en una evaluación de desempeño configura discriminación indirecta, aunque la norma invocada sea formalmente neutra. Aplica sector público y privado. Sentencia descargable en https://t.co/ozGW4aKmkM
🔵 Sobre la citación de la demanda y el fallecimiento de una de las partes procesales – referencia al caso concreto
#LaCortedice que el COGEP como norma procesal aplicable, en su Art. 107 señala que la citación con la demanda es una solemnidad sustancial común a todos los procesos.
🔹A su vez, el Art. 68.1 de la misma norma, determina que “si alguno de los litigantes fallece, se notificará a sus herederos para que comparezcan al proceso”.
🔹De la misma manera, su Art. 58 establece que “a las y los herederos conocidos se citará personalmente o por boleta. A las o los herederos desconocidos se citará a través de uno de los medios de comunicación, en la forma prevista en este Código”.
🔹En este sentido, dice la Corte, si bien es cierto que el Art. 58 del COGEP ordena citar personalmente o por boleta a los herederos conocidos y a través de los medios de comunicación a los desconocidos, dicha exigencia no puede oponerse a un operador jurisdiccional cuando no ha tenido noticia por ningún medio de la muerte de una de las partes procesales.
▶️De la revisión del expediente se advierte que G. Osorio presentó la demanda por demarcación de linderos en contra de D. Villacrés sin mencionar ningún particular sobre su fallecimiento.
▶️Así también, se observa que el juez no tuvo noticia de la muerte de D. Villacrés sino hasta el 2 de septiembre de 2022, fecha en la cual, la accionante compareció mediante escrito y anexó el acta de defunción de su madre.
▶️Por lo tanto, no podía exigírsele al juez que cite a los herederos de la Señora D. Villacrés.
▶️Sin embargo, el Art. 110 del COGEP determina que la nulidad deberá ser declarada de oficio o a petición de parte en el momento que se ha producido la omisión de una solemnidad sustancial.
▶️Por su parte, el Art. 108 indica que la nulidad por falta de citación se declarará cuando esta omisión haya impedido que la o el demandado deduzca sus excepciones o haga valer sus derechos.
▶️La Corte señaló que, desde el momento en el que la accionante informó del fallecimiento de su madre, se pudo evidenciar la omisión de una solemnidad sustancial como es la citación -violación de una norma procesal-, pues la demandada al haber fallecido antes de que inicie el proceso, no pudo ser citada.
▶️Pese a aquello, la Unidad Judicial continuó con el proceso sin citar a los herederos de la legitimada pasiva y, en consecuencia, dejó en completa indefensión a la parte demandada -socavamiento del derecho a la defensa-.
▶️Además, esta indefensión no se limitó a la imposibilidad de interponer recursos, sino que también impidió a la accionante deducir excepciones, actuar prueba, formular alegaciones o contradecir los argumentos de la contraparte.
Sentencia No. 2016-23-EP/25
🔵 Si un acto administrativo afecta la seguridad jurídica, ¿es posible presentar una acción de protección?
Sí, es posible presentar una acción de protección, pero veamos qué dice la Corte.
#LaCortedice que no todo asunto de naturaleza administrativa debe remitirse de manera automática a la jurisdicción contencioso-administrativa, cuando se alega la vulneración de derechos constitucionales corresponde a la justicia constitucional conocer el caso.
🔹Sin embargo, es importante precisar que, la discusión sobre una presunta afectación a la seguridad jurídica por parte de un acto administrativo no adquiere per se relevancia constitucional; no obstante, puede alcanzarla cuando dicha vulneración “acarree la afectación de otros preceptos constitucionales” o cuando “exista una correlación directa con la dignidad de las personas o un grado o intensidad que afecte los derechos constitucionales” aspectos que deben ser analizados de forma individualizada.
Sentencia No. 1403-23-EP/26
SENTENCIA 319-23-EP/26: La Corte Constitucional aclara cuándo procede el abandono en procesos contencioso-administrativos.
📌 La CC señaló que el abandono sí puede declararse por no asistir a la audiencia, pero no por falta de impulso procesal en este tipo de acciones
"Resumen: La CC desestima la acción extraordinaria de protección propuesta en contra del auto que declaró el abandono de una causa sustanciada en sede contencioso
administrativa, en aplicación de la norma procesal que le asigna tal efecto a la no concurrencia a
la audiencia preliminar. La Corte concluye que no se vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de cumplimiento de las normas y derechos de las partes."
"28. A juicio de esta Corte, en el caso concreto el Tribunal observó que la falta de comparecencia a la audiencia preliminar y ante esa inasistencia (tanto del proponente de la acción como de su defensa) encontró la imposibilidad de suspender la audiencia; por lo que, la aplicación del artículo 87.1 del COGEP en el caso concreto no constituyó violación a una regla de trámite (artículo 247.4), en tal medida, tampoco constituyó un
obstáculo para la realización de la justicia."
Hoy el tribunal a cargo del caso #Goleada decidió revocar la prisión preventiva que pesa contra mi amigo, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
Determinaron que los elementos de convicción presentados por la Fiscalía "no son suficientes para establecer la existencia del delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria". No presentaron nada.
Aunque sobre mi amigo aún pesan procesos en su contra como el caso, también inventado #TripleA y aún no podrá salir en libertad, a Xavier y Antonio, sus hermanos, les han levantado la prisión preventiva.
Con esta decisión también queda comprobado que todo ha sido una persecución política y que la “supuesta vinculación” de la que se me acusa en el caso #Goleada es falsa, inventada y sin sustento alguno.
Me persiguen por exponer a Mario Godoy, por fiscalizar y por estar del lado de la justicia.
Seguiremos luchando para que la justicia prevalezca. Este es el inicio. Aquiles es inocente y víctima de persecución política.
Pronto caminarás por tus calles y temblarán quienes te acusaron falsamente.
En resumen, Aquiles seguirá preso en una cárcel de MÁXIMA SEGURIDAD, ya no por "delincuencia organizada", sino por el "terrible delito" de tener suelto el grillete.
#ResisteAquiles #ResisteAmigo
#Somosresistencia
👉RESCISIÓN POR LESIÓN ENORME E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD ⚖️📑 (Sentencia de la Corte Nacional de Justicia, Juicio No. 1236-2011)
1️⃣ No es requisito la inscripción para demandar rescisión por lesión enorme → No es requisito que el contrato se haya inscrito en el Registro de la propiedad para que los contratantes puedan demandar la rescisión por lesión enorme.
2️⃣ Requisito esencial para la validez en compraventa de inmuebles → El contrato debe otorgarse por escritura pública, incorporada al protocolo de la notaría respectiva. 🖋️📜
Conforme el Art. 1740 del Código Civil, el contrato de compraventa se reputa perfecto desde que las partes han convenido en la cosa y el precio, y tratándose de bienes inmuebles, debe otorgarse por escritura pública.
3️⃣ Inscripción ≠ validez → La inscripción en el Registro de la Propiedad no es requisito de validez del contrato de compraventa, sino requisito para la tradición del bien y para que opere la transferencia del dominio (arts. 686, 691 y 702 del Código Civil). 🏠📘
📌Nuestro sistema distingue claramente entre título (ej. compraventa válida por escritura pública), y modo (tradición mediante inscripción)
Una cosa es que exista un título traslaticio válido, y otra que tenga plena eficacia para transferir la propiedad.
4️⃣ La falta de inscripción no afecta la validez del contrato → El contrato de compraventa de bienes raíces se perfecciona con la escritura pública, es decir, cuando se suscribe ante notario e ingresa al protocolo notarial.
La inscripción es necesaria para transferir el dominio, no para que el contrato sea válido ni para ejercer acciones derivadas del mismo.
5️⃣ Acciones posibles desde la celebración válida del contrato → Una vez celebrado con las solemnidades exigidas:
✅genera derechos y obligaciones
✅faculta al comprador a inscribir
✅permite a las partes o terceros iniciar acciones como nulidad, rescisión o resolución
✅empieza a correr el plazo de prescripción de tales acciones ⏳
6️⃣ Conclusión de la Corte Nacional → Para entablar acción de rescisión de contrato por lesión enorme, no es necesaria la tradición del inmueble.
La tradición es necesaria para el traspaso del dominio y para acciones reales como la reivindicación, pero no para ejercer acciones personales derivadas del contrato válidamente celebrado.
📌 Además, en el caso concreto, constaba certificación registral que demostraba que el contrato sí había sido inscrito con anterioridad a la demanda.
🔎 En síntesis:
📜 Escritura pública → validez del contrato
📘 Inscripción → transferencia del dominio
⚖️ Rescisión → procede desde la celebración válida del contrato, no depende de su inscripción.
¿Desde cuándo surgen los efectos del divorcio?
No todos los efectos del divorcio surgen desde la inscripción de la sentencia en el Registro Civil, así tenemos que:
🔹 Hecho generador (p. ej., abandono): nacen efectos patrimoniales a favor del cónyuge agraviado.
🔹 Demanda y calificación (NNA): se ordenan visitas y la pensión es retroactiva al momento de presentación de la demanda.
🔹 Citación: las medidas de NNA (como las visitas provisionales fijadas en el auto de calificación)se tornan exigibles.
🔹 Ejecutoria: se disuelve el vínculo (deberes y obligaciones entre cónyuges) y la sociedad conyugal; proceden liquidación y se generan las recompensas.
🔹 Inscripción: publicidad, oponibilidad a terceros y actualización del estado civil.
👉 La eficacia depende de la naturaleza del derecho involucrado, no sólo de la inscripción en el Registro Civil.
¿Cómo se revocan los actos administrativos favorables al administrado?
De conformidad al artículo 115 del COA, mediando declaratoria de lesividad:
“Artículo 115.- Procedencia. Con la finalidad de proponer la acción de lesividad ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo competente, las máximas
autoridades de las respectivas administraciones públicas, previamente deberán, de oficio o a petición de parte, declarar lesivos para el interés público los actos
administrativos que generen derechos para la persona a la
que el acto administrativo provoque efectos individuales de
manera directa, que sean legítimos o que contengan vicios
convalidables”.
Y, a propósito de lo señalado por la CCE en la sentencia acerca de las delegaciones, aquí, también, consta el “interés público”.
Lo que se debería considerar es que aquellos conceptos como “interés general”, “bien común” o “interés público”, dentro del silogismo que se construye para las resoluciones del poder público, no forman parte de las premisas, sino de las conclusiones.