Hoy @DespachoAAM Andrea Álvarez Marín, diputada del PLN 2022 a 2026, deja la Asamblea hoy con el récord nacional de irresponsabilidad: 237 ausencias. La mediana de la Asamblea es 24. Diez veces más. Repasemos lo que costó.
Jorge Dengo : @JorgeDengoR
La Contralora General de la República sugirió que el país debería “revisar” el modelo de zonas francas. El comentario ha generado debate. Pero antes de hablar de revisar, habría que entender qué estamos revisando.
Las zonas francas no son un gasto fiscal, son una inversión productiva. Representan cerca del 15% del PIB nacional, generan más de 260 mil empleos formales y atraen tres de cada cuatro dólares de inversión extranjera que ingresan al país. Por cada dólar que el Estado deja de percibir en impuestos, el régimen devuelve casi tres dólares a la economía. Eso no es evasión ni privilegio fiscal: es rentabilidad nacional.
Además, estas empresas aportan más de $1.900 millones en cargas sociales cada año y pagan salarios que duplican el promedio nacional. Son empleos de calidad, con oportunidades para mujeres, jóvenes y profesionales técnicos que hoy encuentran en el sector productivo una vía real de movilidad social. Las zonas francas no concentran riqueza; la distribuyen a través del trabajo formal y la transferencia de conocimiento.
A nivel internacional, Costa Rica compite con países que no se están quedando queditos. Uruguay, República Dominicana y Panamá fortalecen sus regímenes especiales porque entienden que la atracción de inversión no se logra subiendo impuestos, sino creando condiciones para producir más y mejor. En ese contexto, hablar de “revisar” sin un análisis integral es un error de diagnóstico que puede costarnos caro en competitividad y empleo.
Y hay un punto institucional que también importa. La Contraloría General tiene un rol esencial: fiscalizar la Hacienda Pública y garantizar el buen uso de los fondos del Estado. Lo que no le corresponde es definir política económica ni proponer reformas fiscales. Eso le compete al Ejecutivo y al Legislativo. Confundir la fiscalización con la dirección de la política pública erosiona la claridad de las competencias del Estado y, por ende, su equilibrio.
Costa Rica necesita un debate serio sobre su estructura tributaria, sí. Pero ese debate debe partir de la evidencia, no de percepciones. Revisar lo que funciona solo porque exonerar “parece” injusto es renunciar a la lógica económica. Las zonas francas han demostrado ser un motor probado de desarrollo, innovación y bienestar.
Defenderlas no es defender privilegios. Es defender una política pública que genera empleo, inversión y futuro.
PD: Antes que se interprete en uno u otro sentido, a mi el debate Contraloría buena/mala vs. Poder Ejecutivo poco me ocupa. Mi posición parte de mi perspectiva como costarricense, como profesional y sobretodo como liberal. Buen fin de semana!