@carorestrepocan En el ICBF Hay much@ contratista que ya están pensionados y tienen contrato de prestación de servicios hay mucho contratista pensionado de la Fuerza pública de planta y otros con contrato ,está mala práctica le quita la oportunidad laboral a las juventudes.
@carorestrepocan Aquí en el ICBF Bogotá hay una contratista que tiene a un tercero con un contrato para el suministro de alimentos y refrigerios para los diferentes eventos que se realizan en la Regional ,La directora que le acolitaba esto ya no está Pero la contratista sigue en el ICBF Bogotá
@carorestrepocan Mi doctora @carorestrepocan está mala práctica de que hayan pensionados con contratos va en contra de lo dicho por nuestro señor presidente @ABDELAESPRIELLA esto le quita las oportunidades a las nuevas generaciones que quieren tener la oportunidad de aportar con sus conocimientos
@carorestrepocan Mi Doctora @carorestrepocan todo lo que usted dice en su Informe es totalmente cierto,lo tenas de todo esto es que son contratos donde el contratista ni va a trabajar por lo que son amigos del director.Aqui en en el ICBF REGIONAL BOGOTÁ hay contratistas que son completos sanganos
@carorestrepocan Mi Doctora @carorestrepocan la contratista de la que ago mensio tiene contrato de prestación de servicios y tiene a un tercero como Representante legal del Negocio que tiene dicha contratista para el suministro de almuerzos y refrigerios en la R.ICBF BOGOTÁ esto es corrupción.
El país tiene derecho a saber qué pasó con el ICBF.
Durante el gobierno anterior, la contratación por prestación de servicios del Estado creció de manera extraordinaria. Entre agosto de 2022 y junio de 2025 pasó de 221.201 a 418.805 contratos frente al período comparable anterior, y su valor pasó de $8 a $15 billones.
El ICBF no fue ajeno a ese crecimiento. En 2022 registraba 6.427 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Para 2024 llegó a tener 9.795 contratistas por prestación de servicios.
Son cifras que exigen respuestas.
Para qué creció así la contratación? Cuántos de esos contratos eran realmente necesarios? Qué trabajo se hizo? Qué resultados se entregaron? Y, sobre todo, qué recibió el instituto a cambio?
Ya comenzamos a averiguarlo.
Estamos revisando la contratación con rigor, contrato por contrato, objeto por objeto, obligación por obligación, producto por producto. Necesidad, ejecución, cumplimiento y resultados.
Y queremos ser absolutamente claros, quienes trabajan, cumplen y le aportan al ICBF pueden estar tranquilos. Seguirán prestando sus servicios. Quienes no, no.
También volveremos a abrirles las puertas a fundaciones y organizaciones serias, organizadas, con experiencia, trayectoria y verdadera vocación de servicio; muchas de ellas hicieron durante años un trabajo extraordinario por la niñez y las familias de Colombia y fueron desterradas durante el gobierno pasado.
Queremos a los mejores trabajando con el ICBF. No importa de dónde vengan, a quién conozcan o quién los haya recomendado. Aquí importarán la capacidad, el trabajo y los resultados.
Tal vez ahora se entienda mejor la virulencia de algunos ataques.
Mientras algunos se presentan en redes como defensores de la niñez, nosotros estamos empezando a tocar contratos e intereses. Y el país tiene derecho a saber si detrás de ciertos discursos estaba realmente la defensa de los niños o la defensa de otros intereses.
Colombia va a saber lo que encontremos.
Va a saber quién contrató, quién fue contratado, cuánto recibió, para hacer qué y qué entregó a cambio. Sin privilegios. Sin intocables. Sin esconder nada.
Y cuando encontremos hechos que puedan constituir irregularidades, serán documentados y puestos en conocimiento de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y, cuando corresponda, la Fiscalía General de la Nación.
Se acabaron los sepulcros blanqueados.
El nombre de esta entidad no es una casualidad, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Estamos aquí para velar por el bienestar de la niñez, los adolescentes y sus familias. No por el bienestar de políticos, contratistas ni intereses particulares.
El ICBF no es el cajero de nadie.
Y quien todavía no lo haya entendido, lo va a entender.
La revisión ya comenzó.
Aquí hay una propuesta que me parece absolutamente razonable. La abogada @carorestrepocan insiste en defender el borrado de la palabra niña en el lenguaje institucional porque según ella ninguna ley la obliga a usarla. Cosa que por cierto no es verdad. Y es muy raro que una abogada salga con semejante tontería ah y termina con "los Leo" y uno se toma el tiempo de escribirle y refutas con cualquier tontería: 'los familias" - habría que ver si es viable hacer la tutela. Yo ya firmé la petición y veremos si alguien tiene el músculo para pasar a una tutela. Porque la abogada insiste en que legalmente no está obligada a usar la frase "niñas ,niños y adolescentes" - Todavía abogada, usted insiste en desviar la atención. Sorprende que la directora del Bienestar Familiar no conozca la diferenciación entre lenguaje literario y gramatical, frente al lenguaje de política pública e institucional.
Me permito explicarle a usted y a todo el ecosistema digital que nos Lee con claridad. El lenguaje literario y gramatical se rige por estilo, belleza, concisión o normas académicas. Allí el masculino genérico se usa por costumbre. El lenguaje de política pública e institucional tiene finalidad distinta: nombrar para reconocer, visibilizar para proteger, diferenciar para garantizar derechos. En derecho y administración pública cada palabra tiene peso jurídico y político. No es gramática. Es reconocimiento. Cuando una norma dice "niños, niñas y adolescentes" no es redundancia. Reconoce que las niñas viven realidades, riesgos, violencias y derechos distintos. Borrar esa distinción no es "simplificar". Es borrar su diferencia y su vulnerabilidad específica. Esa diferencia, como directora de protección de infancia, debería conocer. Qué vergüenza que insista. Ojalá esa vehemencia se vea al garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, por encima de la defensa de una familia homogénea, católica y tradicional.
Usted afirma que la Constitución no lo dice. No señora. La Constitución, Artículo 44, establece: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás". Ese mandato es desarrollado por la ley como "niños, niñas y adolescentes" de forma explícita y sin ambigüedad.
Usted afirma que el Código de la Infancia y la Adolescencia no lo dice. No señora. La Ley 1098 de 2006, Artículo 3, define titulares a todas las personas menores de 18 años y precisa: "se entiende por niño o niña las personas entre 0 y 12 años, y por adolescente entre 12 y 18 años". Todo el código se construye sobre esa distinción.
Usted afirma que la Ley 1146 de 2007 no lo dice. No señora. Esta ley tiene por objeto "la prevención de la violencia sexual y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual". Reafirma la distinción como poblaciones con requerimientos específicos. No es forma, es enfoque diferencial.
Usted afirma que la Convención sobre los Derechos del Niño no lo dice. No señora. La Convención, ratificada por Colombia con Ley 12 de 1991, reconoce a cada menor de 18 años como sujeto de derechos. Su texto oficial usa "niño" como categoría jurídica y su desarrollo en Colombia y UNICEF lo formula como "niños, niñas y adolescentes". El lenguaje no es detalle: es la forma en que el derecho reconoce visibilidad.
A nivel internacional en castellano se ha avanzado en esta diferenciación de manera consciente. Incluso en idiomas sin género gramatical o donde predomina el masculino como neutro, existe diálogo profundo para visibilizar lo femenino, porque las realidades son diferenciales y el lenguaje debe acompañar esa justicia. No es capricho: tiene respaldo académico en lenguaje, derecho y equidad. Nombrar es reconocer.
La pregunta no es qué norma obliga a decirlo así. Es qué norma autoriza borrar una parte de la población. Quien elimina "niña" de comunicados institucionales debe explicar en qué norma se ampara para invisibilizarla.
#MarCandela #NiñasNiñosAdolescentes #NombrarEsProteger #EnfoqueDiferencial
Ser servidora pública me impone deberes; no me despoja de derechos. No perdí mi libertad de expresión al asumir un cargo público, ni renuncié a mi derecho a responder, opinar o defenderme.
Usted puede estar de acuerdo o no con lo que digo; lo que no puede pretender es decidir cuándo puedo hablar o exigirme que guarde silencio por ser funcionaria.
Servidora pública, sí. Ciudadana con derechos, también.
Mucho párrafo para terminar dándome la razón: “la pregunta no es qué norma obliga a decirlo así”.
Pues esa era exactamente mi pregunta.
Ninguna de las normas que cita establece que se obligue por ley a utilizar siempre la fórmula “niños, niñas y adolescentes”, ni que esté prohibido utilizar la palabra “niñez”.
Y no, hablar de “niñez” no es “borrar a las niñas”. Eso sí es una conclusión suya.
Las divas venidas a menos se están vengando de otra mujer, puede que esta vez no les funcione. Siempre envían al más pendejo a hacer el trabajo sucio, recordé a los que otrora se dedicaban a acabar con la paz y reputación de otras mujeres.
Hay que sacar la ideología de género de las aulas y devolverle a la educación su propósito: enseñar. Matemáticas, ciencias, historia (la real, no la acomodada a intereses políticos), geografía, lenguaje y pensamiento crítico. Menos adoctrinamiento y más conocimiento.