El Instituto de la Justicia, centro de pensamiento de la ASJ, pone a disposición de la ciudadanía la colección completa de las 𝐬𝐞𝐢𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐢́𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟔.
El objetivo institucional de este esfuerzo es que las autoridades utilicen esta evidencia técnica e independiente como una plataforma científica para 𝐝𝐢𝐬𝐞𝐧̃𝐚𝐫 𝐩𝐨𝐥𝐢́𝐭𝐢𝐜𝐚𝐬 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐬 𝐮𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 que permitan a Honduras transitar del estancamiento hacia el desarrollo real para beneficio de los más vulnerables.
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DISCULPEN MI CASTELLANO
La gravedad de los precios
Gabriela Castellanos
Abogada
La economía hondureña parece haber derogado las leyes fundamentales de la física. Mientras que en el mundo real todo cuerpo que sube termina regresando al suelo, en el mercado nacional los precios operan bajo una lógica de levitación permanente. La reciente rebaja en los combustibles —un alivio técnico para el Estado y para quienes poseen vehículo propio— se estrella contra la realidad del ciudadano común: un muro de especulación, indolencia y ausencia de control.
Existe una asimetría perversa en la estructura de nuestros precios. Cuando el barril de petróleo sube, la respuesta del mercado es inmediata: en cuestión de horas, el transporte, la logística y, por ende, los productos de la canasta básica incrementan sus precios bajo la premisa del «ajuste necesario». El combustible, nos dicen, es el motor que mueve al país y cualquier incremento debe trasladarse al consumidor final. Sin embargo, cuando la tendencia se revierte y el combustible baja, la economía parece quedar atrapada en una inercia inexplicable. Los precios, una vez instalados en la cima, deciden quedarse allí, desafiando cualquier lógica de mercado.
Este fenómeno no es un accidente; es una forma de explotación silenciosa que perpetúa el empobrecimiento. La explicación de que los costos operativos o la reposición de inventarios impiden una reducción inmediata suena a burla cuando se contrasta con la rapidez con la que se trasladan las alzas. En Honduras, lo que sube rara vez baja. Mientras tanto, el trabajador, el desempleado y las familias que apenas logran cubrir sus necesidades básicas quedan atrapados en un sistema donde los ajustes siempre se mueven en una sola dirección.
Lo que presenciamos no es únicamente una distorsión del mercado, sino una profunda ausencia de responsabilidad social. La rebaja de lempiras en el diésel, el queroseno y la gasolina es estéril si el plato de comida del hondureño no refleja esa disminución. Si el combustible es el insumo que encarece la vida, su reducción debería traducirse en un alivio tangible para el poder adquisitivo de la población.
La próxima semana, el marcador de las gasolineras mostrará números más amigables, una pequeña concesión técnica que apenas disimula la asfixia cotidiana. En la práctica, ese alivio llegará a cuentagotas a los hogares, donde el impacto de la rebaja será, como tantas veces, invisible. Existe un abismo entre lo que se anuncia con optimismo desde un despacho gubernamental y lo que se vive con angustia en las filas del mercado o en el ajetreo de una terminal de buses.
Al final, este ciclo no es solo una cuestión de aritmética financiera, sino una tragedia de ética social. En Honduras, la única ley que parece cumplirse con exactitud es la del más fuerte, aquella que permite que unos pocos preserven sus márgenes de ganancia mientras la mayoría carga con el peso de la incertidumbre. Mientras los números en las bombas de gasolina descienden, la esperanza de una vida digna sigue siendo el único insumo que, por más que lo intentemos, parece no encontrar nunca su punto de equilibrio.
Cada 23 de junio se conmemora el Día Mundial del Denunciante, una fecha que reconoce la valentía de quienes alzan la voz para exponer actos de corrupción, fraude e irregularidades, contribuyendo a la transparencia y la rendición de cuentas.
Desde ASJ, reconocemos que la denuncia ciudadana es una de las herramientas más eficaces para prevenir y combatir la corrupción. Por ello, abogamos por el fortalecimiento de medidas que garanticen procesos seguros, confidenciales y protegidos para quienes deciden denunciar en defensa del bien común.
Evitemos el “síndrome de Babel”: la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles, la uniformidad que aplana las diferencias, la pretensión de un lenguaje único —incluso digital— capaz de traducirlo todo, incluso el misterio de la persona, en datos y rendimientos. Este es el riesgo de la deshumanización: construir el futuro excluyendo a Dios y reduciendo al otro a un medio.
¿La racha o el espejismo?
Nasry Asfura asumió la presidencia de Honduras en medio de una transición marcada por una profunda polarización política que no se disipa con discursos de unidad. Su plan, “Honduras, vamos a estar bien”, promete reactivar la economía, generar empleo, recuperar la seguridad y atraer inversiones. Sin embargo, en un país agotado por crisis prolongadas y una ciudadanía escéptica, estas propuestas merecen un escrutinio riguroso: ¿atacan realmente las causas estructurales de los problemas o simplemente repiten el ciclo de expectativas elevadas y resultados limitados?
En lo económico, el plan apuesta por simplificar trámites, garantizar estabilidad jurídica y promover al país como destino de inversión mediante incentivos fiscales, zonas francas y una institucionalidad dedicada a la atracción de capital. Se propone rehabilitar 5,000 km de carreteras, modernizar el sistema energético con tecnologías inteligentes y construir 550,000 viviendas sociales. Son medidas necesarias, pero surge una pregunta clave: ¿basta con facilitar la inversión privada en un contexto de debilidad institucional persistente? Sin reglas claras, controles efectivos y transparencia en la ejecución, la dependencia del capital privado —nacional y extranjero— corre el riesgo de profundizar desigualdades y reproducir prácticas de captura del Estado.
La promesa de generar un millón de empleos, principalmente a través de la construcción y el apoyo a las MIPYMES, es ambiciosa. El déficit habitacional superior al millón de viviendas da sustento al enfoque, pero persiste la duda sobre la calidad y sostenibilidad de esos puestos de trabajo. En un país con alto desempleo juvenil y migración forzada, el plan menciona capacitación técnica y articulación entre educación y empresa, aunque sin detallar cómo se garantizará la inclusión efectiva de mujeres, zonas rurales y comunidades históricamente excluidas. La ausencia de mecanismos claros de monitoreo y evaluación aumenta el riesgo de que los beneficios se concentren en sectores cercanos al poder y no en quienes más los necesitan.
En materia de seguridad, el presidente Asfura plantea combatir la extorsión mediante inteligencia financiera, unidades especializadas y un modelo de policía comunitaria, evitando medidas excepcionales prolongadas. Estos enfoques no se limitan exclusivamente a acciones represivas, pero su efectividad dependerá de reformas profundas en el sistema de justicia y de una depuración sostenida de las fuerzas de seguridad.
La lucha contra la corrupción aparece en el discurso, pero hasta ahora su hoja de ruta resulta difusa. El plan alude a rendición de cuentas, ética y fiscalización pública, sin precisar instrumentos, plazos ni responsabilidades claras. En un país marcado por escándalos recurrentes y desconfianza institucional, esta indefinición es una señal de alerta: sin políticas anticorrupción claramente delineadas y sin fortalecimiento real de los órganos de control, cualquier esfuerzo corre el riesgo de quedar reducido a una mera declaración de buenas intenciones.
Otro de los grandes desafíos es reducir la polarización que fractura a la sociedad hondureña. El plan apela a la cohesión social, valores republicanos y una gestión desideologizada, con llamados a la unidad y al cierre de ciclos de confrontación. Si bien son mensajes oportunos en un contexto de alta tensión política, resultan insuficientes si no se traducen en mecanismos concretos. No se plantean con claridad espacios formales de diálogo nacional, instancias multipartidarias ni procesos orientados a reconstruir confianza entre actores políticos y sociales.
El país necesita transparencia y resultados medibles. El gobierno del presidente Asfura tiene la oportunidad de comenzar a desmontar la polarización y la desconfianza acumulada; sin embargo, para lograrlo, deberá priorizar la rendición de cuentas, el diálogo genuino y, sobre todo, políticas públicas orientadas al interés general.
🚨 LIBRE SE FRACTURA AÚN MÁS 🚨
Dirigentes del Partido Libre comienzan a cuestionar abiertamente el liderazgo y la conducción política de Manuel Zelaya, a quien señalan como principal responsable de la estrepitosa derrota electoral.
A esto se suma la fuerte postura de Rasel Tomé, quien mediante una carta denuncia una “dictadura interna” dentro del partido y responsabiliza a Mel por “la caída de Libre”.
Tomé concluye: “Es la hora de los nuevos liderazgos”.
La crisis interna sigue escalando. 🔥
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🚨 ALERTA DEMOCRÁTICA | Desde el @GLibertadDem denunciamos los ataques a las instituciones electorales en Honduras. Alertamos a la comunidad internacional sobre el riesgo de un nuevo retroceso autoritario en la región.
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