Si quitas que nadie puede comprar una casa, montar en un tren, la compra ha subido un 45%, la deuda 12.000 euros por habitante, Ceuta ha sido invadida, el Sáhara regalado, gobiernan por decreto y sin Presupuestos, manipulan TVE y el CIS, montan una cloaca para atacar a los jueces y medio partido está imputado o en la cárcel, el PSOE de Sánchez tampoco lo ha hecho tan mal.
Lo de Ábalos lo tapó Begoña
Lo de Begoña, el Fiscal
Lo del Fiscal, el apagón
Lo del apagón, Cerdán
Lo de Cerdán, Adamuz
Lo de Adamuz, las joyas de ZP
Lo de las joyas de ZP, Ceuta
La de Ceuta, Urda... Y así empalmando crisis y escándalos no sabes ni qué criticar.
Alexia Putellas. Tiene aura de elegida. Vivimos en la era Alexia Putellas.
Con el primer Balón de Oro rompió el techo de cristal del fútbol femenino español.
El segundo lo recogió con el cruzado roto. Como si alguien le dijese: "Aguante y levántate, que ya verás".
Y el tercero, es la confirmación, por si hacía falta, de que su nombre, su figura, su marca han trascendido mucho más de lo que cualquier futbolista española hubiese imaginado.
Una pequeña nota.
Montse Mínguez no ha dimitido porque su marido tenga negocios inmobiliarios y sociedades en Panamá.
El PSOE tampoco le ha recomendado dimitir por los negocios de su marido.
Ha dimitido porque se han hecho públicos, que es parecido pero muy diferente.
Mmh nop.
El Congreso aprobó una ley que dice que los hijos y nietos de exiliados políticos podrían solicitar la recuperación de la nacionalidad.
Entonces llega la hermana de Óscar Puente y aprueba una instrucción interna que dice que exiliado será aquel que se marchó de España entre 1936 y 1955. Y ya, sin necesidad de demostrar nada más.
Se llevó la instrucción al Supremo, y este dijo «pero a ver, es que si se ha nacionalizado a gente en base a la instrucción a lo mejor han nacionalizado gente que ni era hija o nieta de exiliados, porque no se obligó a demostrar que eres hijo o nieto de exiliado», y por si acaso suspendió el derecho a voto de los nuevos nacionalizados hasta que se compruebe quién es hijo o nieto de exiliado y quién no, uno a uno.
Para muestra, un botón: en Argentina se exiliaron del orden de 10.000 españoles y han obtenido la nacionalidad en 2025 más de 174.000 personas. Eso quiere decir que de media casa exiliado ha tenido 17 hijos y nietos.
Ni los conejos se reproducen a ese ritmo.
Cielos. El adelanto electoral ha conseguido dos milagros: movilizar a los sindicatos tras 8 años de tocarse los huevos y empezar a vaciar las playas de Ceuta tras más de dos meses de invasión.
Cuando pensaba que en España no podían pasar más cosas, me encuentro a la gente de izquierdas protestando contra un Gobierno de izquierdas para que a una señora se le aplique una ley franquista de 1956 que fue derogada por el mismo PSOE en 1994.
España es un puto circo.
Lo de Maricarmen me produce una contradicción bastante incómoda. Tiene 87 años, una discapacidad reconocida y hoy ha salido de la casa de Retiro en la que llevaba viviendo desde los 17. Ver a una anciana abandonar en una camilla el lugar donde ha pasado prácticamente toda su vida es desolador. Una sociedad decente debería ser capaz de ofrecerle una solución digna. Hasta ahí, creo que podemos estar casi todos de acuerdo.
El problema empieza cuando el drama humano se convierte en argumento jurídico y político y parece que setenta años viviendo en una casa otorgan algún tipo de derecho perpetuo sobre ella. Porque hay una parte de esta historia que se está contando bastante menos. El contrato era de renta antigua. Tras morir el padre de Maricarmen pasó a su madre y, cuando esta falleció en 2005, se produjo la subrogación a favor de la hija. La legislación que terminó siendo decisiva para limitar esas subrogaciones fue la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, aprobada bajo el Gobierno de Felipe González. El decreto Boyer de 1985 ya había eliminado la prórroga forzosa para los nuevos contratos; la LAU de 1994 estableció después el régimen de extinción progresiva de los antiguos.
Y aquí aparece una pregunta que nadie parece querer hacerse. Cuando se aprobó aquella ley Maricarmen rondaba los 55 años, trabajaba como auxiliar administrativa y todavía tardaría cuatro años en jubilarse. Cuando murió su madre en 2005 tenía unos 66. Desde entonces, desde 1994, el marco legal aplicable a aquel contrato planteaba un horizonte de extinción que finalmente han avalado los tribunales. Durante años siguieron cobrándole la renta y eso abrió una discusión jurídica legítima —de hecho, inicialmente ganó el pleito—, pero el Supremo terminó dando la razón a la propiedad.
La pregunta incómoda es: ¿En qué momento debía empezar a buscarse una alternativa?
Comprar, alquilar otra vivienda, ahorrar aprovechando una renta extraordinariamente baja, buscar una solución residencial distinta. No sabemos qué posibilidades reales tuvo en cada momento y sería absurdo inventarlas. Pero tampoco podemos actuar como si la situación hubiese aparecido ayer por la mañana.
Porque mientras tanto hay una generación entera que jamás tendrá una oportunidad remotamente parecida. ¿Cuántos jóvenes de hoy podrán vivir durante setenta años en un piso de más de 90 metros en Retiro pagando alrededor de 500 euros? ¿Cuántos licenciados, sanitarios, profesores, periodistas, ingenieros o administrativos con trabajos perfectamente normales pueden siquiera plantearse vivir solos en Sainz de Baranda?
Maricarmen trabajó 49 años y merece todo el respeto por ello. Precisamente por eso resulta extraño infantilizarla ahora como si hubiera sido durante toda su vida una persona sin capacidad para tomar decisiones sobre su futuro. A familias con niños pequeños se les termina un alquiler, pierden una vivienda o tienen que abandonar un barrio y reorganizan su vida como pueden. Jóvenes con empleos en activo comparten piso hasta bien entrada la treintena, se marchan a las afueras, regresan a casa de sus padres o aceptan habitaciones minúsculas porque vivir solos en el centro de las grandes ciudades es sencillamente inaccesible para ellos. Y hemos llegado incluso a revestir esa precariedad con nombres estupendos, casi románticos, desde los altavoces mediáticos del gobierno de progreso: coliving, espacios compartidos, nuevas formas de habitar.
Pero una mujer que ha disfrutado durante décadas de una renta excepcionalmente protegida debe convertirse ahora en símbolo de exactamente ¿qué? Ese es el debate que echo de menos.
La protección de Maricarmen debería haber llegado desde los servicios sociales y las administraciones. La protección social debe asumirla la sociedad mediante vivienda pública, que para algo nos sablean a impuestos que son para este tipo de cosas, y para sanidad, para educación, para transporte, etc. Todo se degrada y funciona cada vez peor. En estos casos tampoco aparece el so called Estado del bienestar. ¿Dónde cojones van los impuestos?
Lo que no se puede pretender es que la asuma un propietario concreto manteniendo durante medio siglo una renta ajena a la realidad económica. Y decir que "sobran cuatro millones de casas" tampoco resuelve el problema. Una vivienda vacía donde nadie quiere vivir no satisface la demanda allí donde faltan cientos de miles. A sus 87 años y con su situación física, resulta difícil entender que el sistema haya sido incapaz de cerrar antes una alternativa adecuada. Aunque se le ha ofrecido un piso en Alcalá de Henares y ha dicho que no. Pero eso es distinto de concluir que el propietario de Sainz de Baranda 46 tiene que proporcionarle de por vida una vivienda muy por debajo de su precio porque su padre firmó allí un contrato en 1956. Objetivamente, Maricarmen ha vivido del franquismo durante 70 años.
Y conviene contar también toda la genealogía legislativa cuando se buscan responsabilidades políticas, pues el régimen que acabó siendo determinante en este caso procede de la LAU de 1994, aprobada durante el Gobierno de Felipe González, y lleva más de tres décadas formando parte del ordenamiento.
El caso de Maricarmen es triste. Muchísimo. Pero la tristeza no resuelve la pregunta de fondo: ¿Por qué el arraigo de una persona debe darle sobre una vivienda ajena un privilegio que generaciones enteras de jóvenes ni siquiera podrán soñar con tener?
Y quizás ese sea el verdadero fracaso, que hayamos construido un país donde una renta de 500 euros en Retiro parece un derecho adquirido para quien llegó en 1956, mientras para quien nació cincuenta años después vivir allí trabajando se ha convertido casi en ciencia ficción. Ojo, con los sueldos de España, el alquiler debería rondar esos 500 euros y no lo que se paga actualmente, por supuesto, pero ese es otro debate.
Si tienes a tu hermano condenado, a tu mujer imputada, a tu número 2 condenado y al que elegiste para sucederle imputado, o eres el tío más gilipollas del mundo o el más corrupto. En cualquier caso, un peligro para la democracia.
Carcaño sale en 3 años. Le quedan (de media) 45 años de vida, y en lugar de partirle los huesos uno a uno, hasta que diga donde la tiraron, el Gobierno le dará el IMV. Porque él ya ha cumplido su condena, no como la familia de Marta, a los que les cayó la perpetua.
¿Y ahora qué?
El miércoles, las plazas. El jueves, el Congreso. Hoy, viernes, ya nada.
Esa es la secuencia y él se la sabe mejor que nadie: aguantar el chaparrón, comparecer cuando ya no quema y esperar a que el país cambie de tema para publicar otra playlist en TikTok.
Vendrán los informes. Vendrá la Audiencia Nacional. Vendrán los titulares. Pero no va a dimitir nadie. Ni él, ni Marlaska, ni el escalón intermedio que firmó lo que fuera que se firmara.
Porque no necesita convencer a nadie: le basta con sumar 176.
El 30 de julio entraron 70.000 personas por el Tarajal. Cinco semanas después, el presidente baja al Congreso a explicar que no hay pruebas, que nadie avisó, que Marruecos no tiene nada que ver y que se reunió con la embajadora (que no estaba ese día en España), para luego decir que se vio con uno que pasaba por allí.
Y sí, se va a casa igual que vino.
El punto álgido fue el miércoles. Lo que viene ahora es la bajada lenta hacia el olvido, que es exactamente el terreno donde este Gobierno no ha perdido nunca. Irán tapándolo poco a poco porque, seamos sinceros, son los mejores manejando «el relato»: tienen la televisión pública infectada de los suyos y una gran tropa de soldados pagados en redes sociales para copiar y pegar lo que les mandan por WhatsApp.
Así que la pregunta no es cuánto aguanta él.
Es cuánto aguantamos nosotros. Cuánto seguirá aguantando Ceuta.