Interesantísimas y serias conclusiones - basadas en evidencia y no en emociones - del profesor Weintraub. Espero conocer el estudio completo. Las frases de impacto electoral casi siempre son engañosas y sin fundamento alguno. El término "voto fusil" solo fue un timo efectista.
🚨 ÚLTIMA HORA | Un grupo de 20 exmagistrados de altas cortes y reconocidos constitucionalistas acaba de emitir un comunicado en el que sostiene que la nacionalidad estadounidense de @ABDELAESPRIELLA sería incompatible con el ejercicio de la Presidencia de Colombia (1/2)
#15AñosURT | Hay logros que marcan un antes y un después en la historia de la restitución de tierras.👏🏼🇨🇴
✅ Por primera vez en Colombia, la justicia emitió una sentencia de restitución de tierras en favor de un Sujeto Colectivo Campesino, reconociendo los derechos de una comunidad que fue víctima del conflicto armado. Esta decisión incluye medidas de reparación integral y representa un avance histórico para las comunidades rurales.
🤝A 15 años de la Ley 1448, seguimos trabajando para devolver derechos, fortalecer territorios y construir un futuro con dignidad para quienes más lo necesitan.
🔗 https://t.co/WM4ynmInlr
Hay dos cosas que he pedido públicamente que se demuestren: a) que hay una crisis de seguridad (por ejemplo, un aumento abrupto en la tasa de homicidios o en la tendencia al crecimiento de los grupos armados) (sigue)
#Atención: en el marco del 2do Congreso Nacional de Restitución de Tierras #TerritorioYFuturoURT, el director @GiovaniYule certifica que en el gobierno del presidente @petrogustavo se logró revertir la tendencia de decisiones negativas en el Registro Único de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
De 65 % de solicitudes negadas en anteriores gobiernos, con el gobierno Petro el número bajó a 28 %.
¡Con dignidad cumplimos!
Vean estos daticos del IGAC sobre clasificación de los predios rurales por número y área:
Hay 2.400.000 predios menores a 3 hectáreas, que ocupan el 4% del área rural y 29.525 predios de más de 200 hectáreas, que ocupan el 44%
Mientras en EE. UU. les ponen freno, en Colombia las Big Tech siguen ganando. Un jurado concluyó que plataformas como Meta y Google fueron diseñadas para ser adictivas y fallaron en proteger a menores.
Acá, una ley liderada por Olga Lucía Velásquez buscaba regularlas, pero la tumbaron en un punto clave . ¿Quiénes se opusieron? Jota Pe Hernández, Alfredo Deluque y David Luna. Escucha 👆
¡ATENCIÓN! @revistaRAYA revela que tierras despojadas por paramilitares en el Cesar terminaron en manos de la Drummond. Una sentencia confirmó que la multinacional compró 1.000hectáreas en la vereda Agustín Codazzi, que eran de campesinos que fueron desplazados por paramilitares de "Jorge 40" en los 90 y 2000.
#FinanciadoresDeOviedo Manuel Santiago Mejía financió la campaña de Juan Daniel Oviedo a la Alcaldía. El empresario fue socio de Santiago Uribe en la hacienda La Carolina, base del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles. Mejía ha sido mecenas del uribismo, de "Fico" y de Oviedo. https://t.co/HZEcecma4i
#Atención | Nuevamente quienes viven cerca de las obras del Metro en la Calle 72 con Caracas vuelven a movilizarse para denunciar los impactos negativos que han sufrido por la construcción. Señalan afectaciones viales por desvíos, daños estructurales, inseguridad, perjuicios a comercios y expropiaciones sin enfoque humano. Exigen la presencia del gerente de @MetroBogota, @JoseLeoNarvaezM, y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las mesas de trabajo.
Rechazo de manera contundente el asesinato del líder y defensor de derechos humanos Belarmino Guejia Dizu, ocurrido en zona rural de #Cajibío, #Cauca. Su compromiso con su comunidad y con la defensa del territorio representa la lucha digna de muchos pueblos que hoy siguen resistiendo en medio de la adversidad.
Expreso mi solidaridad con su familia, su comunidad y con quienes hoy exigen justicia. No podemos normalizar la violencia contra quienes trabajan por la vida y los derechos colectivos.
Exigimos una investigación pronta y garantías reales para proteger a los líderes y lideresas del Cauca. La vida es sagrada y su defensa no puede costar la muerte. Seguimos firmes, del lado de las comunidades.
En 2018, el gobierno de Juan Manuel Santos dictó un decreto que amplió de 54 a 348 los sitios ancestrales para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. El decreto, que generó tensiones con la Andi y otros gremios, fue anulado por el Consejo de Estado. Un viceministro del Gobierno de Gustavo Petro estuvo detrás de esa demanda. ¿Qué implica la decisión?
https://t.co/21LKkRYYkB
🚨 RAYA identificó las personas detrás de las 16 demandas que frenaron el aumento al salario mínimo vital: abogados, lobbistas y candidatos al Congreso que representan a grandes empresas y a sectores políticos de derecha
https://t.co/3ZpK9m7IIo
#AEstaHora el director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovani Yule, instala el evento ‘Resultados de la alianza para la restitución de territorios a sujetos colectivos’ con el respando de la Embajada de Suecia y el Fondo Sueco.
En el evento participan las organizaciones Tierra y Paz OFP y CIMA.
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@EnelClientesCO Buen día #EnelColombiaInforma, ¿Cuál fue la falla en la Ciudadela Colsubsidio?, ¿ya tienen tiempo estimado de resolución? Seguimos atentos...
👉🏼Actores armados ilegales, legales y sectores económicos del país participaron del despojo de tierras a campesinos en Colombia.
La intimidación, el constreñimiento, las muertes selectivas, a las que se sumaron despojos mediante negocio jurídico, acto administrativo y sentencia judicial, fueron los métodos ilegales mediante los cuales se globalizaron tierras y se cambió el uso de los suelos en diversas zonas rurales del país.
@PaulaVillaVelez, directora Jurídica de la #URT, muestra los resultados del Observatorio Jurisprudencial de Restitución de Tierras en el Quinto boletín “Las Tipologías del Despojo”.
🔗 Encuéntralo en: https://t.co/8NWSIO2H5x
No me crean a mi. Lean la tesis de Maestria de la Universidad de los Andes de Paola Andrea Torres que se basa en datos y hechos verificables “Opacidad en la Asociación Público-Privada de TransMilenio: contratos, costos, concesionarios y subsidios” (un estudio que revisa contratos, ejecución presupuestal del Distrito, estados financieros y reportes institucionales). Aca el link: https://t.co/frRVLAkCA0
1/ Este texto explica la tesis de que TransMilenio no es solo transporte. Es la APP urbana más grande de Bogotá y, al mismo tiempo, un modelo de captura de rentas públicas protegido por un muro: la opacidad de los costos reales que reportan los concesionarios.
2/ El estudio afirma que en 2023 el sistema ya operaba con subsidio público equivalente al 60% del costo operativo. Y que en dos décadas Bogotá ha transferido más de $16 billones para sostener la operación (con base en informes de ejecución de Hacienda Distrital).
3/ ¿Qué significa eso? Que el déficit de TransMilenio se come el presupuesto de la ciudad. El propio CONFIS advirtió en el Acta 15 de 2020 que si los ingresos no alcanzan para el déficit, tocaría recortar inversión en otros sectores para financiar el SITP. Para 2026 TM seran 12 billones de los 40 billones totales del presupuesto de la ciudad.
4/ Y aquí viene la gran contradicción: el sistema se vendió como “autosostenible”. El texto cita el Contrato 001 de 2000 (cláusula 6.1): TransMilenio se estructuró para funcionar sin subsidio operativo. Tarifa suficiente + rentabilidad a operadores. Fin.
5/ ¿Qué pasó? La fórmula de remuneración se fue “cocinando” para blindar a privados. El texto explica el giro: de remuneración global (por km y canasta teórica) a pagos cada vez más amarrados a “costos” reportados por concesionarios… sin auditoría profunda de costos reales. El velo nunca se levantó.
6/ Resultado: ganancias privadas altas + riesgo público creciente. Incluso en la fase inicial, el retorno esperado era 14,2%, pero el estudio cita que en los primeros cinco años los concesionarios lograron 18%–22% anual (Gilbert, 2008). ¿Quién no firmaría ese negocio?
7/ Primer quiebre: 2003. Con el otrosí (31/12/2002) se reacomoda la remuneración y se “comparte” el riesgo de sobrecostos. El texto registra que entre 2003–2011 el Distrito subsidió déficits entre $11 mil millones y $52 mil millones (precios constantes 2022). O sea: el subsidio nació temprano.
8/ Y ojo a esto: el texto cita a ITDP (2007) —promotor global del BRT— diciendo que en 2006 los concesionarios tenían costos contables por encima del mercado en mantenimiento, combustibles y lubricantes, y proyectaba utilidades >27%. Más grave: ITDP vio costos que para la ciudad siguen siendo “secretos”.
9/ Segundo quiebre: 2010 (Fase III). El contrato deja escrito que la diferencia entre lo que se debe pagar a concesionarios y lo recaudado se cubre con el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) y que si no alcanza… el Distrito paga igual. Eso es trasladar el riesgo de negocio a la ciudad.
10/ El texto reporta el salto: entre 2011 y 2012 el déficit creció 10 veces y para 2014 fue 70 veces lo subsidiado en 2011. Además: costos +42% vs ingresos +11% (cifras citadas de TransMilenio). En otras palabras: la ecuación dejó de cuadrar y se cuadró con presupuesto público.
11/ Luego vinieron las prórrogas: Petro (2013) prorrogó fases I y II atándolas a 1.090.000 km por bus, pero el texto dice que no bajó la remuneración aunque había flota ya pagada. Peñalosa (2016–2019) volvió a prorrogar. Resultado: seguir pagando como “nuevo” lo que ya estaba amortizado.
12/ El texto cita un estudio técnico (Valora, reseñado por Marín, 2016): si se prorrogaba, el costo/km debía bajar 12% (Fase I) y 7% (Fase II). No se aplicó. Eso es una decisión política: preservar renta privada.
13/ Tercer quiebre: 2017–2018 (Fase IV). El texto describe una “ingeniería” contractual: se divide en dos concesiones (una compra buses y otra opera) y se asigna al Distrito el riesgo de financiación. Los bancos quedan respaldados con vigencias futuras y títulos de deuda pública avalados por MinHacienda. ¿Quién asume el golpe si algo falla? La ciudad.
14/ Y la propia FDN (2017) concluye que el modelo de dos concesiones le cuesta más a Bogotá:
Una concesión $6.065.389 vs dos concesiones $6.142.796 (millones de pesos). Sobrecosto: $77.407 millones.
15/ Subsidios: el texto habla de una escalada brutal. Entre 2018 y 2022 las transferencias crecieron 383%: de $686.000 millones a $2.630.000 millones. Y para 2023 fueron más de $3 billones (crecimiento del 439%). Eso ya no es “apoyo”: es dependencia estructural.
16/ Rentabilidad mientras el Distrito se ahoga: el texto afirma que en 2020, en pandemia, concesionarios obtuvieron $182.000 millones de utilidad neta y un ROE promedio de 47%. Para comparar: las 1.000 empresas más grandes del país promediaron 7,6% (Supersociedades, 2022). ¿Cómo se explica ese margen en un servicio público subsidiado?
17/ El estudio remata con cifras aún más fuertes sobre Fase IV:
Provisión: invierten $42.000 millones para respaldar compra de 1.462 buses avaluados en $3,2 billones; utilidades $40.000 millones en 3,5 años; rentabilidad 96%.
Operación: invierten $60.000 millones; utilidades $114.000 millones; rentabilidad 241%. Es decir: duplican inversión en ~3 años. Negocio de bajo riesgo, apalancado con plata pública.
18/ Si alguien pregunta “¿y dónde está la fiscalización?”, el texto trae un dato durísimo: TransMilenio (2019) reporta pérdidas acumuladas de concesionarios por $504.000 millones, pero la Contraloría (2019) halló casos donde desembolsos de TransMilenio eran mayores a los ingresos reportados en estados financieros. O sea: opacidad habilita contabilidades “creativas”.
19/ ¿Y quién se queda con el negocio? Oligopolio. El texto concluye que 4 grupos controlan el 85% de 53 contratos (2000–2021). El mayor: Fanalca–Transdev, con 20 contratos (37%), control familiar Losada + multinacional Transdev (Caisse des Dépôts 66% / Rethmann 34%). Esto no es competencia: es concentración.
20/ Segunda fuerza: Grupo SÍ (9 contratos, 17%), control de familias Martínez/Ruiz/González. El texto señala rentabilidad 52% en Fase V (2021). Cuatro veces el promedio empresarial nacional. ¿Así se “optimiza” el gasto público?
21/ El texto cierra con una idea: esto encaja en “corrupción estructural” (Sandoval, 2016b): diferencial de poder + opacidad + renegociación permanente = captura de rentas públicas. No es “una manzana podrida”: es el diseño.
22/ Si la ciudad subsidia 60% del sistema, transfiere más de $16 billones en 20 años, y aun así no conoce costos reales, lo que hay es un modelo donde Bogotá asume el riesgo y los privados capturan la rentabilidad. La solución empieza por lo obvio: auditoría plena y pública de costos reales y utilidades; y rediseño contractual para reducir subsidio, romper oligopolio y priorizar a usuarios. Pero @CarlosFGalan dejo morir @LaRolitaBog para favorecer a esos grupos economicos siguiendo al vendedor de buses @EnriquePenalosa