Manuel Alvarado

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Alvaro Alvarado - Noticias 180 Minutos/ Sin Rodeos

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9 days ago

La bola pica y se extiende en la Dirección General de Contrataciones Públicas. El escándalo que rodea a la Dirección General de Contrataciones Públicas sigue generando nuevas preguntas. Luego de que dimos a conocer la renuncia de Sherina Latorraca, hasta ayer directora de Asesoría Legal de la institución, ahora nos informan de la salida de otra funcionaria: Rosa Elvira González, quien fue nombrada el 7 de junio de 2026 como directora de Fiscalización de Procedimientos de Selección de Contratistas. Y aquí aparece un nuevo elemento que requiere una explicación pública. El 4 de junio, La Prensa publicó la noticia “Tribunal mantiene condenas por blanqueo de capitales en caso PAN”, en la que se informa sobre condenas de 80 meses de prisión contra varias personas, entre ellas una identificada como Rosa Elvira González. Hay que hacer una precisión importante: existe una condena, pero esta no estaría ejecutoriada, debido a que la defensa anunció la presentación de un recurso de casación. Por ello, deben respetarse plenamente el debido proceso y la presunción de inocencia mientras el proceso no concluya de manera definitiva. Según la Fiscalía, el delito precedente en este caso fue el peculado, mediante el cual se habrían extraído recursos del entonces Programa de Ayuda Nacional (PAN), que posteriormente habrían sido utilizados para la adquisición de propiedades por parte de los investigados. De acuerdo con las pesquisas, estos fondos fueron movilizados a través de las sociedades Inversiones Glora, Grupo Piombino, Inversiones Alimac e Inversiones Harl. Además, según lo publicado por La Prensa, a los sancionados se les impuso la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período equivalente al de la pena principal. Ante estos hechos, el director de la DGCP, Javier Raúl Marquínez, debe ofrecer respuestas concretas: * ¿La Rosa Elvira González condenada en el caso PAN es la misma persona que fue nombrada directora en la DGCP? * Si es la misma persona, ¿cómo y bajo qué criterios fue posible su nombramiento? * ¿La institución conocía su situación judicial al momento de designarla? * ¿Se verificó si la condena, aun no ejecutoriada, tenía algún efecto sobre su capacidad para ejercer un cargo público? * ¿Sabe usted si existe alguna relación entre Rosa Elvira González y Sherina Latorraca? * ¿Cuándo se tomó la decisión de nombrarla y quién la propuso? * ¿Es cierto que González presentó su renuncia ayer, miércoles? ¿Cuáles fueron las razones? Pero hay otro asunto que también exige explicaciones. Marquínez debe responder por los cuestionamientos surgidos alrededor del nombramiento de la hija de una magistrada vinculada al Tribunal de Contrataciones Públicas. Debe explicar si se realizó una evaluación sobre la posible existencia de un conflicto de intereses y cuáles fueron los criterios utilizados para autorizar dicho nombramiento. Y hay una pregunta de fondo que no puede quedar en el aire: ¿Estos nombramientos fueron decisiones propias de la dirección de la DGCP o respondieron a instrucciones, recomendaciones o presiones provenientes de otras instancias? La bola pica y se extiende. Y mientras aparecen nuevos elementos, también aumenta la necesidad de explicaciones. La ciudadanía tiene derecho a conocer quiénes toman las decisiones, bajo qué criterios y si quienes ocupan posiciones de responsabilidad cumplen con todos los requisitos legales para ejercerlas. En una institución cuya razón de ser es garantizar transparencia, igualdad de condiciones y reglas claras en las contrataciones públicas, la transparencia no puede ser selectiva.