Lo ves y parece un boludo. Lo escuchás hablar y lo confirmás
Pero hizo una “rifa”, la plata iba a su cuenta, se quedó con la camioneta donada, la usó como parte de pago y consiguió US$ 25.000 de descuento
En política no sé, pero para la compra-venta de autos parece tener futuro
UNA CRISIS MAYÚSCULA, EN PLENO DESARROLLO
No hay "punto final", como reclamó ayer la senadora Graciela Bianchi en un intercambio que tuvo en esta red. Nada más lejos. Apenas puntos suspensivos que unen episodios en una saga que se alimenta de dudas, contradicciones y miedo escénico.
El país está inmerso en una grave crisis de autoridad, con un Jefe de Estado posiblemente jaqueado por sus propios compañeros, rodeado de un elenco de personajes políticos de segundo y tercer orden, y que está atrapado en un lodazal al que ingresó voluntariamente.
En ese escenario, sus principales aliados son hoy -duele decirlo, pero es la verdad- los medios tradicionales de comunicación, que han eliminado el tema de la agenda, y los líderes de la oposición, que con su silencio -apenas interrumpido por algunos de sus seguidores- tratan de apagar el incendio.
Vana tarea. La última publicación en esta red de @PhDenLogica, con revelaciones sobre el manejo bancario del dinero de la rifa del auto que nadie ganó y que se usó para pagar otro auto con un generoso y revelador descuento, tuvo más de 150.000 impresiones. Ni la suma de todos los posteos de un medio tradicional en un día se acerca a esa cifra. Lo que más se le puede aproximar es el último chisme sobre alguna vedette argentina en decadencia.
El senador Caggiani dice que hay algo "convenido o acordado" con la oposición para no seguir escarbando en el tema, y en lugar de pedirle explicaciones, lo único que uno lee son desmentidos, sin siquiera atreverse a exigirle que pruebe su temeraria afirmación.
Es que no hay alternativa: o Caggiani dice la verdad -algo que algunos legisladores admiten en privado y han insinuado en público - o miente. Y si miente, entonces cae en la previsión del artículo 115 de la Constitución, que contempla la suspensión o la expulsión del Parlamento de quien incurre en actos indignos, como claramente lo es faltar a la verdad en hechos que involucran a otros legisladores o a los líderes de éstos.
Se podrá decir -y es verdad - que de nada serviría promover acciones parlamentarias a sabiendas de que la mayoría que tiene el oficialismo frustraría cualquier propósito de ejercer el acto de disciplina previsto por la Constitución. Pero al menos salvaría el honor de los aludidos.
Mientras la gran apuesta es a la suerte de la selección uruguaya en el Mundial, que por algunas semanas haga olvidar este escándalo, en el horizonte se empiezan a perfilar las encuestas del próximo mes y el informe de la Jutep.
Será el momento de comprobar que el "punto final" que se reclama es apenas un punto y seguido.
En aniversario del nacimiento de nuestro prócer Don José Gervasio Artigas, recordemos que fue fiel a sus convicciones hasta el final. Ojalá podamos honrar ese camino.
Estimados redactores de @ladiaria
Para sus lectores, contarles que nuestra proclama entró en Presidencia con # de expediente
Y en tanto no haya un partido libertario en Uruguay que nos represente, somos APARTIDARIOS
No nos representan ninguna de las opciones que hay hasta ahora
Estimados redactores de @ladiaria
Para sus lectores, contarles que nuestra proclama entró en Presidencia con # de expediente
Y en tanto no haya un partido libertario en Uruguay que nos represente, somos APARTIDARIOS
No nos representan ninguna de las opciones que hay hasta ahora
Lustemberg debe aclarar muchas cosas + q la baja del castigo a su colega q operaba drogada.
Debe explicar la renuncia d 13 asesores, el sumario al Dir. del Htal. d Florida x denunciar irregularidades, la destitución del DT del Hemocentro de Maldonado, las interpelaciones secretas
La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, aseguró ante la Comisión de Salud Pública del Senado que “no hubo ningún tipo de apartamiento de las normas” en la reducción de la sanción a la anestesista María Inés Miralles, condenada por mala praxis por la muerte de la pediatra Soledad Barrera. La jerarca sostuvo que la rebaja de la inhabilitación, de cinco a tres años, se basó en criterios jurídicos y negó cualquier intención de favorecer a la profesional.
La decisión provocó la renuncia de 11 de los 13 integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública y motivó nuevas movilizaciones de familiares y allegados de Barrera en las inmediaciones del Palacio Legislativo.