Es terrible la manzana envenenada 🍎☠️ que la Legislatura de #Querétaro le pretende regalar a las niñas y niños en su día aprobando la iniciativa de #IdentidadDeGenero.
Estoy en contra al igual que la mayoría de los ciudadanos porque considero que pone en riesgo la protección integral de niñas, niños y adolescentes, además de abrir la puerta a que decisiones profundamente delicadas se basen únicamente en percepciones subjetivas y no en criterios sólidos, prudentes y jurídicamente claros.
Lo más preocupante es el impacto que una reforma así puede tener sobre menores de edad. La infancia y la adolescencia son etapas de formación emocional, psicológica y social. En esas edades existen dudas, cambios constantes, inseguridades e influencia del entorno. Por eso el Estado debería actuar con máxima cautela antes de normalizar decisiones legales relacionadas con identidad, especialmente cuando pueden tener consecuencias permanentes en la vida de una persona.
El riesgo más grave es que se empiece a tratar como una certeza absoluta algo que en muchos menores todavía puede estar en proceso de desarrollo o confusión. Cuando desde las instituciones se impulsa la idea de que basta la autopercepción para modificar documentos oficiales o redefinir jurídicamente la identidad, se corre el peligro de convertir sentimientos temporales o etapas de vulnerabilidad en decisiones con efectos legales, sociales y emocionales difíciles de revertir.
También preocupa la presión social e ideológica que puede generarse sobre menores, familias y escuelas. En lugar de promover acompañamiento psicológico, estabilidad emocional y diálogo familiar, esta visión puede terminar empujando respuestas rápidas a situaciones complejas que deberían tratarse con prudencia y responsabilidad.
Además, esta iniciativa parece construirse sobre un principio profundamente subjetivo: la autopercepción. Y ahí existe un debate ético, filosófico y moral muy serio. Las leyes no pueden depender únicamente de cómo una persona se siente en determinado momento, porque el derecho necesita criterios objetivos, verificables y estables para dar certeza a toda la sociedad. Si la realidad jurídica empieza a depender exclusivamente de percepciones individuales, entonces el Estado deja de basarse en hechos comprobables y comienza a legislar sobre conceptos cambiantes y difíciles de delimitar.
Ese es el fondo del problema. Una sociedad necesita reglas claras, no definiciones ambiguas que puedan modificarse únicamente por voluntad o percepción personal. De lo contrario, se debilita la certeza jurídica y se abren conflictos en temas familiares, educativos, deportivos, médicos y estadísticos que ni siquiera han sido discutidos a profundidad.
Y mientras todo esto ocurre, quienes impulsan la reforma parecen más preocupados por cumplir agendas ideológicas y obtener aprobación política que por escuchar a especialistas, padres de familia y ciudadanos preocupados legítimamente por la protección de la infancia. La verdadera responsabilidad pública exige prudencia, debate amplio y transparencia, no imponer reformas delicadas sin explicar todas sus consecuencias.
Proteger a la niñez también significa protegerla de decisiones apresuradas, de presiones ideológicas y de experimentos legislativos basados en conceptos subjetivos. El Estado debería garantizar acompañamiento, estabilidad y bienestar para los menores, no empujarlos hacia debates para los que todavía no tienen la madurez suficiente.
¿Ustedes qué opinan?
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