Corte S. Rad. 73324/26. El inciso final del art. 61 del C. P. prohíbe el sistema de cuartos cuando se acude al preacuerdo, sin embargo, esa regla no aplica cuando no se ha pactado la pena
"Es cierto que, de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley 890 de 2004, «el
🚗💻📱 ¿Bienes retenidos «para investigar», sin medida cautelar? Un limbo frecuente.
El Tribunal de Cartagena precisa: la negativa fiscal a devolverlos sí puede ser examinada por el juez de garantías.
Conocí esta decisión gracias a @SoyLitigante. Claves del fallo 👇https://t.co/f3jdViOsQw
Corte S. Rad. 60961/26.
Testigo observó a otro testigo cuando describía las características del agresor del homicidio a Policía, lo cual no es prueba de referencia. Lo que se entiende por indefensión como agravante del homicidio.
Comparto decisión;
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⚖️ SP17466-2015 (38957) El Palacio de Justicia: entre la memoria histórica, la narrativa audiovisual y la verdad procesal.
Acabo de terminar de ver «El Palacio» en Netflix. Considero que es una buena producción, que invita a recordar uno de los episodios más dolorosos de nuestra historia. Sin embargo en varios aspectos se aparta de la realidad procesal {y esto no es extraño porque la opinión del historiador, narrador o comunicador y la realidad procesal no se asemejan en un todo y por todo}
📚 Por eso volví a estudiar la sentencia SP17466-2015 (38957), mediante la cual la Sala de Casación Penal absolvió al General (R) Luis Alfonso Plazas Vega.
Estos son cinco de los pronunciamientos más contundentes de la Sala:
1️⃣ «Es una conjetura carente de soporte probatorio».
La Corte rechazó la tesis del Tribunal sobre la existencia de una estructura ilegal paralela al Ejército, supuestamente dirigida por Plazas Vega para ejecutar desapariciones.
📌 La autoría mediata en aparatos organizados de poder no puede construirse sobre presunciones. Ni la jerarquía militar, ni el contexto de violencia, ni la existencia de excesos permiten sustituir la prueba de la estructura criminal y de la intervención individual del acusado.
2️⃣ «Esta dificultad no puede ser solventada con la conjetura o la sospecha».
La investigación de desapariciones forzadas enfrenta enormes dificultades probatorias. La clandestinidad, el paso del tiempo y la ausencia de prueba directa son obstáculos innegables.
📌 Sin embargo, la gravedad del delito no autoriza a disminuir las exigencias de demostración de la responsabilidad penal. Las dificultades investigativas no pueden resolverse mediante inferencias sin suficiente respaldo probatorio.
3️⃣ «Inadmisible, peligrosa y contraria a derecho».
Así calificó la Corte la presunción utilizada por el Tribunal para descalificar los documentos militares que contradecían a uno de los testigos de cargo.
📌 La valoración probatoria no admite prejuicios sobre la credibilidad de una fuente por su procedencia. Las contradicciones deben resolverse mediante un examen racional, integral y motivado de la prueba, no a partir de sospechas generalizadas.
4️⃣ «En este asunto impera el in dubio pro reo en favor de PLAZAS VEGA».
La Sala concluyó que los medios de convicción no permitían alcanzar la certeza sobre la responsabilidad individual que exigía el artículo 232 de la Ley 600 de 2000.
📌 Una absolución por insuficiencia probatoria no equivale a negar la existencia del delito. Significa que el Estado no logró demostrar, con el estándar exigido, la responsabilidad penal de la persona juzgada.
5️⃣ «Lo anterior no significa de modo alguno la impunidad de la desaparición forzada».
La Corte tuvo por acreditadas las desapariciones de Irma Franco Pineda y Carlos Augusto Rodríguez Vera, pero distinguió ese hecho de la responsabilidad penal individual atribuida a Plazas Vega.
📌 La responsabilidad del Estado, incluso cuando ha sido declarada por tribunales nacionales o internacionales, no se traslada automáticamente a una persona determinada. La atribución penal exige prueba individualizada.
🧠 Aporte personal
La memoria histórica es indispensable. También lo es la justicia. Pero ninguna de ellas se fortalece cuando confundimos la gravedad de los hechos con la demostración de la responsabilidad de una persona.
La presunción de inocencia, la sana crítica y el in dubio pro reo no son obstáculos para la justicia: son garantías que impiden que el legítimo anhelo de justicia termine convirtiéndose en una condena sin prueba suficiente.
La decisión de la Corte, adoptada por mayoría y con salvamentos de voto, merece estudiarse en sus fundamentos y no reducirse a una consigna.
Acompaño con profundo respeto y solidaridad a las familias de las víctimas del Palacio de Justicia. Su dolor, la memoria de quienes perdieron la vida y la necesidad de esclarecer plenamente lo ocurrido merecen el reconocimiento de toda nuestra sociedad.
Que nunca olvidemos lo sucedido. Que nunca se repita. Y que la búsqueda de justicia jamás implique renunciar a las garantías del debido proceso.
📎 Comparto la ficha de revisión jurisprudencial para quienes deseen estudiar la decisión y sus principales fundamentos.
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Hay que enmarcar esta sentencia: utilizar los antecedentes para probar la responsabilidad del procesado vulnera el derecho penal de acto. https://t.co/xRzho9oDw6
⚖️ ¿La prescripción para servidores públicos puede superar los 10 años después de la imputación?
Sí. La Corte explica que corre la mitad del término inicial aumentado, sin un incremento adicional.
📌 SP1167-2026 | MP Gerardo Barbosa Castillo.
La regla y los cálculos 👇
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1/ ¿Puede un perito valorar información que nunca se aportó al proceso y construir sobre ella su dictamen?
La Corte Suprema lo analizó en la SP194-2026 (Rad. 60213), un caso de violencia sexual contra un menor. 🧵👇
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📌 | HÁBEAS CORPUS CORRECTIVO: La detención, aunque legal, admite protección correctiva como criterio de garantía de derechos fundamentales. Providencia AHP1172-2023, Rad. 63712, pp. 7–10)
Aunque la regla general de procedencia del H.C. contempla la privación ilegal de la libertad y su prolongación ilícita, la jurisprudencia reconoce una dimensión correctiva: prevenir o corregir condiciones de reclusión que amenacen gravemente los derechos fundamentales de la persona detenida.
La Sala Penal ha admitido que, aun existiendo una medida restrictiva legítima, pueden impartirse órdenes para proteger la dignidad humana, la salud y la integridad personal cuando las circunstancias acreditadas lo justifiquen.
La discusión comprende, entonces, las condiciones concretas en que se cumple la detención. La protección correctiva puede operar sin disponer la libertad ni dejar sin efecto la medida judicial.
(CSJ, Sala Penal, AHP1172-2023, rad. 63712, M. P. Diego Eugenio Corredor Beltrán, 5 de mayo de 2023, pp. 7–10) ⬇️
La Corte reafirmó su cambio de postura jurisprudencial sobre la admisión del concurso homogéneo en el delito de violencia intrafamiliar, según dice, se aplicará excepcionalmente.
🔴 ¿Cómo configurar un agente de IA para trabajar con jurisprudencia?
Copilot Studio permite crear agentes de inteligencia artificial que, conectados a fuentes públicas, pueden apoyar la búsqueda de jurisprudencia de la Corte Constitucional. Pero cómo configurar esa búsqueda será tema de otra clase.
🔴 Hoy quiero compartir algo diferente: cómo calibrar un agente para mejorar el rigor de la argumentación judicial.
La metodología sigue una secuencia: identificar los problemas jurídicos, seleccionar las sentencias, elaborar una ficha por providencia, reconstruir la ratio decidendi, construir los considerandos y, finalmente, resolver el caso concreto a partir de los hechos acreditados.
♦️ La IA no debe inventar hechos, precedentes ni premisas. Debe identificar los vacíos de información y solicitar al usuario los elementos necesarios antes de continuar.
No se trata de pedirle a la IA que escriba una sentencia. Se trata de enseñarle una metodología para construir y controlar su justificación.
Comparto dos infografías: nuestro flujo de razonamiento jurisprudencial y una instrucción maestra para configurar el agente.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. SP1182-2026, radicación 71009, 9 de septiembre de 2026. M.P. Jorge Hernán Díaz Soto.
Una mujer manifestó que había sido víctima de abusos sexuales reiterados por parte de quien ejercía como su padre de crianza desde que tenía alrededor de once años. La primera instancia absolvió. El Tribunal de Neiva revocó esa decisión y condenó por acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo. La discusión llegó a la Corte por impugnación especial.
¿Un relato persistente, detallado y acompañado de una afectación psicológica compatible con abuso sexual basta necesariamente para superar la duda razonable?
La Corte respondió que no en este caso. La mayoría reconoció que la declaración de la víctima tenía fuerza incriminatoria. Su relato era persistente, conservaba un núcleo estable y describía con detalle las circunstancias en que habrían ocurrido los abusos. Eso impedía descartarlo simplemente por tratarse del testimonio de una sola persona. El problema apareció al examinar su fiabilidad externa.
La defensa aportó elementos relacionados con un conflicto familiar contemporáneo a la revelación de los hechos. En particular, existía un proceso de restablecimiento de derechos y una controversia por la custodia de los hijos de la denunciante. Para la Corte, ese contexto no demostraba que la víctima hubiera inventado la acusación. Sin embargo, tampoco podía ser ignorado porque suministraba una explicación alternativa con respaldo probatorio.
El dictamen psiquiátrico tampoco permitía cerrar esa incertidumbre. Acreditaba una afectación emocional compatible con una experiencia traumática, pero no permitía determinar que necesariamente hubiera sido ocasionada por las conductas atribuidas al procesado ni identificar quién las produjo.
Ahí aparece el aspecto más interesante de la sentencia. La Corte no exigió una tarifa adicional de corroboración del testimonio de la víctima. Lo que sostuvo fue que, cuando frente a un relato incriminatorio aparece una hipótesis alternativa objetivamente respaldada, el juez debe explicar por qué puede descartarla racionalmente. Como en este proceso la mayoría consideró que esa alternativa no había sido suficientemente eliminada, concluyó que no existía certeza racional para condenar.
Revocó la condena del Tribunal y dejó nuevamente en firme la absolución.
Hay además un salvamento de voto de la magistrada Myriam Ávila Roldán, quien sostuvo que la mayoría había valorado incorrectamente varios elementos y que sí existía corroboración suficiente para confirmar la condena. Entre otras cosas, resaltó que la revelación inicial no surgió de una denuncia voluntaria presentada para obtener alguna ventaja en el conflicto familiar, sino durante una consulta médica y psicológica, tras la cual fue la profesional de salud quien informó a las autoridades. Eso vuelve esta sentencia especialmente buena para discutir valoración probatoria.
Un testimonio puede ser persistente, detallado y psicológicamente compatible con una experiencia traumática y aun así existir duda razonable si aparece una hipótesis alternativa plausible que la acusación no consigue descartar.
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Corte S. Rad. 74039/26.
Defensa solicita como prueba declaración de experto en derecho para que rindiera informe técnico sobre la evolución de las reformas penales frente a los subrogados penales. ¿Es admisible? De ninguna manera.
Comparto decisión;
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Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. SP1163-2026, radicación 62024, 2 de septiembre de 2026. M.P. Fernando León Bolaños Palacios.
En una investigación sobre recobros irregulares al sistema de salud, una fuente humana ingresó al correo electrónico de una de las procesadas mientras estaba acompañada por un funcionario de policía judicial.
La primera instancia consideró ilícita esa actuación y concluyó que buena parte de la investigación posterior estaba contaminada porque derivaba de ese acceso irregular. Por esa razón absolvió. El Tribunal revocó y condenó al considerar que las pruebas utilizadas posteriormente tenían un origen distinto.
¿Toda prueba obtenida después de una actuación ilícita debe ser automáticamente excluida?
La Corte recordó la regla general. La prueba obtenida con violación de garantías fundamentales debe excluirse y la prohibición también puede alcanzar elementos derivados de ella. Sin embargo, el artículo 455 del Código de Procedimiento Penal contempla circunstancias en las que la conexión con la prueba ilícita desaparece o pierde relevancia jurídica.
La Sala se refirió a tres escenarios. La fuente independiente se presenta cuando el mismo hecho o elemento probatorio se obtiene a través de un origen autónomo y lícito. El vínculo atenuado opera cuando la relación causal entre la actuación ilícita inicial y la prueba posterior se ha debilitado suficientemente. El descubrimiento inevitable permite admitir el elemento cuando se demuestra que, aun prescindiendo de la actuación irregular, la autoridad habría llegado a él mediante una línea investigativa legal.
La Corte hizo una precisión especialmente importante para litigio. No le corresponde al juez inventar por iniciativa propia alguna de estas excepciones para salvar la prueba. Es la Fiscalía la que debe demostrar que el elemento derivado puede ser admitido por alguna de estas razones.
En este proceso existía información previa suministrada por la fuente antes del ingreso al correo. Ya se habían identificado personas, números telefónicos, correos electrónicos y el modus operandi. Esa información dio origen a actividades investigativas posteriores sometidas a controles judiciales.
Por esa razón, la Sala concluyó que no toda la evidencia utilizada para condenar derivaba necesariamente de la intromisión cuestionada.
La providencia contiene además otros problemas relevantes de prescripción y dosificación, por lo que la decisión final fue parcialmente modificada respecto de algunos procesados. En lo que interesa a la regla probatoria, la Corte mantuvo que la contaminación no puede presumirse sobre toda la investigación únicamente porque exista una prueba originaria ilícita.
La cláusula de exclusión también alcanza la prueba derivada, pero la discusión no termina identificando la ilicitud inicial. Hay que reconstruir la relación causal entre esa actuación y cada elemento posterior.
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¿Es procedente aplicar la reincidencia como antecedente penal cuando los hechos objeto de la nueva condena ocurrieron antes de la sentencia condenatoria que se pretende considerar como antecedente?
No. Conforme a la interpretación de los artículos 63-2 y 68A del Código Penal y la jurisprudencia citada en el texto, no es jurídicamente procedente reconocer la reincidencia cuando los hechos que motivan la actual condena ocurrieron antes de la sentencia que se pretende contabilizar como antecedente penal.
Para que se configure la reincidencia, es necesario que, después de la primera condena y dentro de los cinco años siguientes, el procesado vuelva a delinquir.
En el caso analizado, los hechos de la actual condena ocurrieron el 1.º de abril de 2017, mientras que la sentencia considerada como antecedente penal fue proferida en octubre de 2019. Por consiguiente, no se cumple el presupuesto temporal exigido para reconocer la reincidencia, razón por la cual la interpretación del juez de primera instancia resulta errada y contraria a la jurisprudencia.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado No. 68105.
⚖️🔥 ¡FALLOTE DE LA CORTE SUPREMA!
¿Incumplir los deberes de vigilancia en la contratación estatal constituye dolo?
La Sala Penal advierte: la negligencia no puede confundirse con el dolo. No basta demostrar la irregularidad; debe probarse su conocimiento y voluntad.
🧵👇 SP1211-2026, rad. 65354.
El delito de interés indebido en la celebración de contratos. 1.1.1.1 La figura del interviniente en los delitos especiales propios. https://t.co/1RLfhszyVR
El hecho de hallar la munición en la casa en que reside el procesado, o que fuese este quien atendió la diligencia de allanamiento, no se deriva como única explicación razonable que fuese el propietario o tenedor de los elementos ilícitos. https://t.co/HmlvKO0ihP
Penalistas: una reparación integral puede extinguir la acción penal aun en procesos iniciados antes de la Ley 2477 de 2025. SP960-2026 (rad. 65872) aplicó la nueva regla por favorabilidad y cambió el resultado del caso.
Sentencia T-246 de 2026: Facultades disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación frente a servidores públicos elegidos por voto popular: https://t.co/Wo6iIMf8vY