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Alejandra Ferrera
@Aferrera09
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DISCULPEN MI CASTELLANO
Prevenir después de la tragedia
Gabriela Castellanos
Abogada
La mañana del pasado martes, la rutina laboral en un complejo de bodegas a inmediaciones del Anillo Periférico se transformó en una escena de horror y luto. El colapso repentino de un talud sepultó las instalaciones de una empresa. Las impactantes imágenes de los últimos minutos de las víctimas, captadas por las cámaras de seguridad antes de que la tierra cediera, han dejado una profunda herida en la conciencia colectiva. Tras casi cuarenta horas de labor incansable por parte del Cuerpo de Bomberos y Copeco, concluyeron las tareas de recuperación de los cuerpos y comenzó, de manera inevitable, un debate urgente sobre la vulnerabilidad estructural de nuestra capital.
Este trágico suceso no puede archivarse como un simple "accidente natural" provocado por la geografía o las lluvias. Debe convertirse en un punto de inflexión para examinar la cultura de la prevención en Honduras, la gestión del riesgo y, sobre todo, el rigor con el que el Estado y los gobiernos locales administran el desarrollo urbano.
Tegucigalpa y Comayagüela no son una llanura. Son una cuenca rodeada de cerros con una geología particularmente frágil, caracterizada por suelos inestables, fallas activas y laderas compuestas por capas de roca y barro propensas al deslizamiento. Construir en la capital exige un respeto absoluto por la topografía; sin embargo, históricamente el desarrollo urbano se ha abordado con una alarmante falta de previsión, donde ciudadanos y empresas —por necesidad o negligencia— desafían las condiciones naturales del terreno.
La prevención en una zona tan vulnerable como el Distrito Central debería asumirse como una obligación de supervivencia. Los hondureños debemos entender que la tierra avisa y que la saturación de los suelos o la alteración de un desnivel sin las obras de mitigación adecuadas constituyen una tragedia anunciada.
Es aquí donde el Estado debe ejercer su autoridad con mano firme. Las alcaldías, y particularmente la municipalidad del Distrito Central, tienen que convertirse en el primer filtro de seguridad a través de la Dirección de Control Urbano.
No se puede seguir otorgando permisos de construcción y operación con base en revisiones superficiales ni relegar las exigencias técnicas en nombre del dinamismo económico. Toda licencia en zonas de ladera o próximas a cerros debe sustentarse en estudios geotécnicos rigurosos e independientes. La labor municipal no concluye con la aprobación de un plano. Es indispensable mantener inspectores de ingeniería civil y ambiental en el terreno para verificar que los movimientos de tierra, los cortes de cerros y la construcción de bodegas o viviendas cumplan estrictamente con las normas de estabilización.
Tras esta tragedia, la comuna capitalina está llamada a realizar un censo de riesgo de las bodegas, planteles comerciales y complejos industriales ya edificados al pie de las laderas, para ordenar evacuaciones o la ejecución inmediata de obras de mitigación antes de que el invierno recrudezca.
La muerte de estas personas debe sacudir la inercia institucional. La prevención no se limita a los rótulos anaranjados que aparecen cuando el desastre ya ocurrió; se construye meses y años antes, denegando permisos mal sustentados, clausurando obras que debilitan la estabilidad de un cerro y exigiendo que la vida humana prevalezca sobre cualquier interés económico. Tegucigalpa y Comayagüela son ciudades geológicamente delicadas, y actuar con ligereza frente a esa realidad es una negligencia que ya no podemos seguir pagando con sangre.
Lea la columna de este lunes 28 de junio de 2026.
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DISCULPEN MI CASTELLANO
La gravedad de los precios
Gabriela Castellanos
Abogada
La economía hondureña parece haber derogado las leyes fundamentales de la física. Mientras que en el mundo real todo cuerpo que sube termina regresando al suelo, en el mercado nacional los precios operan bajo una lógica de levitación permanente. La reciente rebaja en los combustibles —un alivio técnico para el Estado y para quienes poseen vehículo propio— se estrella contra la realidad del ciudadano común: un muro de especulación, indolencia y ausencia de control.
Existe una asimetría perversa en la estructura de nuestros precios. Cuando el barril de petróleo sube, la respuesta del mercado es inmediata: en cuestión de horas, el transporte, la logística y, por ende, los productos de la canasta básica incrementan sus precios bajo la premisa del «ajuste necesario». El combustible, nos dicen, es el motor que mueve al país y cualquier incremento debe trasladarse al consumidor final. Sin embargo, cuando la tendencia se revierte y el combustible baja, la economía parece quedar atrapada en una inercia inexplicable. Los precios, una vez instalados en la cima, deciden quedarse allí, desafiando cualquier lógica de mercado.
Este fenómeno no es un accidente; es una forma de explotación silenciosa que perpetúa el empobrecimiento. La explicación de que los costos operativos o la reposición de inventarios impiden una reducción inmediata suena a burla cuando se contrasta con la rapidez con la que se trasladan las alzas. En Honduras, lo que sube rara vez baja. Mientras tanto, el trabajador, el desempleado y las familias que apenas logran cubrir sus necesidades básicas quedan atrapados en un sistema donde los ajustes siempre se mueven en una sola dirección.
Lo que presenciamos no es únicamente una distorsión del mercado, sino una profunda ausencia de responsabilidad social. La rebaja de lempiras en el diésel, el queroseno y la gasolina es estéril si el plato de comida del hondureño no refleja esa disminución. Si el combustible es el insumo que encarece la vida, su reducción debería traducirse en un alivio tangible para el poder adquisitivo de la población.
La próxima semana, el marcador de las gasolineras mostrará números más amigables, una pequeña concesión técnica que apenas disimula la asfixia cotidiana. En la práctica, ese alivio llegará a cuentagotas a los hogares, donde el impacto de la rebaja será, como tantas veces, invisible. Existe un abismo entre lo que se anuncia con optimismo desde un despacho gubernamental y lo que se vive con angustia en las filas del mercado o en el ajetreo de una terminal de buses.
Al final, este ciclo no es solo una cuestión de aritmética financiera, sino una tragedia de ética social. En Honduras, la única ley que parece cumplirse con exactitud es la del más fuerte, aquella que permite que unos pocos preserven sus márgenes de ganancia mientras la mayoría carga con el peso de la incertidumbre. Mientras los números en las bombas de gasolina descienden, la esperanza de una vida digna sigue siendo el único insumo que, por más que lo intentemos, parece no encontrar nunca su punto de equilibrio.
Lea la columna de este lunes 22 de junio de 2026.
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César Espinal
@Cespinal88
Abogado orientado al Derecho Penal | Especialista en derecho sobre crimen organizado, corrupción y terrorismo por la @USAL 🇪🇸| Coordinador del OPCA/CNA. 🇭🇳
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Mi vida resumida en la Gracia y favor de Dios.- Mi propósito Dios.- Familia.- Pasión 👩⚖️
La lucha contra la corrupción produce resultados.
Hoy, un Juzgado en materia de Corrupción emitió sentencia condenatoria en un caso que se originó a partir de una denuncia presentada por el CNA el 21 de enero de 2016, tras identificar irregularidades y sobrevaloraciones en un contrato para obras en el Hospital Regional del Norte.
Tres de los denunciados por el CNA, entre ellos Mario Roberto Zelaya y José Ramón Bertetty, exfuncionarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), fueron condenados por el delito de fraude continuado, con una pena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Este resultado reafirma la importancia de investigar, denunciar y dar seguimiento a los actos de corrupción para que los hechos no queden en la impunidad.
#MemoriaCiudadana
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) considera que la reciente elección de autoridades electorales en el Congreso Nacional vuelve a evidenciar una lógica de repartición de cuotas políticas que ha sido, precisamente, el factor que más ha debilitado la independencia y el funcionamiento de los órganos electorales. La mayoría parlamentaria conformada por el Partido Nacional y el Partido Liberal no puede traducirse en la reproducción de prácticas que han deteriorado la institucionalidad electoral y profundizado la desconfianza ciudadana.
Asimismo, preocupa que los nombramientos realizados solo cubran algunos interinatos y una vacante en propiedad, dejando pendientes otros cargos necesarios para integrar plenamente el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Mantener órganos incompletos genera incertidumbre sobre su capacidad de atender las tareas postelectorales y avanzar en las transformaciones que el sistema requiere.
Tal como lo advirtió el CNA, el proceso de selección realizado por la comisión especial tampoco dejó certeza de un ranking público de evaluación, limitando el escrutinio ciudadano sobre los criterios utilizados para las designaciones.
Estos acontecimientos reafirman la urgencia de impulsar una reforma electoral integral y con resultado a largo plazo. Honduras no puede continuar respondiendo a las crisis con medidas coyunturales, pues el país necesita reglas que fortalezcan la independencia de las autoridades, garanticen procesos de selección transparentes y recuperen la confianza en la institucionalidad democrática.
#InstitucionalidadElectoral
#ReformaElectoralYa
📌CNA destaca trabajo realizado en INM y ofrece acompañamiento
🤝 La Directora Ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (@cnahonduras ),@GCastellanosL , se reunió con autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) para brindar acompañamiento técnico y veeduría a la actual administración.
Durante el encuentro, destacó la importancia de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Asimismo, extendió una felicitación a las máximas autoridades del INM por los avances y el trabajo realizado hasta la fecha. 🇭🇳
#Migración #Honduras #CNA
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El problema de fondo está ausente en la discusión sobre la reforma energética.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) observa con preocupación que la discusión actual sobre la reforma energética ha estado marcada por una confrontación basada principalmente en la posible separación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y en el debate sobre si los cambios propuestos representan o no una privatización del sector.
Sin embargo, la conversación también debería centrarse en la capacidad que deben tener dichas reformas para resolver los problemas estructurales que durante décadas han impedido construir un sistema energético eficiente, sostenible y accesible para la ciudadanía.
La experiencia en Honduras demuestra que las reformas, por sí solas, no han sido suficientes para corregir los inconvenientes de fondo. Desde la Ley Marco del Subsector Eléctrico de 1994, pasando por la Ley General de la Industria Eléctrica de 2014, hasta las reformas impulsadas durante el período 2022-2026, el país ha transitado por distintos modelos sin lograr revertir de manera definitiva las pérdidas y las dificultades que afectan al sistema.
Por esta razón, la discusión no puede limitarse al contenido de una nueva ley. También debe considerar el papel que han desempeñado los poderes políticos, económicos, institucionales e incluso fácticos que históricamente han influido en la implementación de cada modelo. Ninguna reforma será suficiente si evita discutir cómo estos intereses han condicionado el funcionamiento del sector energético y sus resultados.
Asimismo, aunque gran parte del debate se ha concentrado en la estructura de la ENEE y en la preservación de su condición de bien público nacional, el proyecto incorpora otros elementos que también merecen la pena ser analizados. La restauración de mecanismos para la selección de autoridades de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, por ejemplo, reabre una discusión indispensable sobre la independencia, la idoneidad y la profesionalización de las instituciones, sin que estas sean permeadas por la discrecionalidad política y la gestión de intereses privados.
De igual forma, resulta necesario incluir en la discusión las dinámicas de corrupción, un componente permanentemente vinculado a la crisis de este sector. Durante más de una década, el CNA ha documentado las pérdidas que el Estado enfrenta como consecuencia de prácticas corruptas que afectan la gestión de la ENEE.
Por ello, el desafío no es solamente si se dividen instituciones, se crean nuevas entidades o se redistribuyen competencias; también consiste en evaluar si las reformas propuestas tienen la capacidad de evitar pérdidas millonarias, ineficiencias operativas, distorsiones en los costos de la energía, concentración de poder económico y barreras de acceso que perjudican a miles de hondureños.
No hay duda de que una reforma es necesaria. Lo que permanece bajo prueba es si existe la voluntad política para ir más allá de un cambio de modelo institucional y enfrentar los intereses públicos y privados que continuamente se han beneficiado de las debilidades del sistema energético, evitando que la reforma se limite a cambios formales sin garantizar que el pueblo hondureño pueda gozar de una energía eléctrica que dignifique sus condiciones de vida.
#ReformaEnergética
#Honduras
Honduras no puede permitirse repetir el fracaso de la ley de 2014, una reforma inconclusa que prometía cambios profundos, pero terminó archivada por falta de voluntad política. Si antes de finalizar el año el Operador del Sistema no está en funcionamiento, si no existe un plan público con responsables claramente identificados para atender la deuda y las pérdidas, la reforma habrá fracasado antes de nacer.
DISCULPEN MI CASTELLANO
Cortocircuito Institucional
El diagnóstico es mortal y no admite más demoras: la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) arrastra un pasivo superior a los 4,500 millones de dólares —equivalente a un asfixiante 11 % del Producto Interno Bruto (PIB)—, mientras el sistema evapora el 38 % de la energía que genera antes de que llegue a facturarse. Estas cifras, recogidas en un reciente análisis del Centro de Pensamiento Sendas sobre la reforma eléctrica, reflejan la magnitud de una crisis que ya no admite paliativos. Frente a este escenario, el anteproyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional representa el intento de reconfiguración estructural más ambicioso del sector en la última década. El diseño institucional propuesto apunta en la dirección correcta, pero en materia de reformas el éxito se mide por resultados tangibles, no por las buenas intenciones plasmadas en el papel.
En el plano de los aciertos, la nueva arquitectura institucional da en el blanco. Fortalecer a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) con autonomía financiera y patrimonio inembargable, y trasladar el control del despacho a un Operador del Sistema y del Mercado (OSM) independiente y seleccionado por méritos, corrige el histórico conflicto de interés en el que la ENEE actuaba simultáneamente como juez y parte: generaba, distribuía y controlaba el mercado. Asimismo, la división de la estatal en sociedades mercantiles independientes de generación, transmisión y distribución promete la transparencia contable que el país necesita.
Sin embargo, los vacíos del proyecto amenazan con neutralizar sus propios avances. El peligro más inmediato es el del "botín político". El decreto construye los contenedores institucionales adecuados, pero deja una preocupante ambigüedad sobre quiénes los ocuparán. Flexibilizar en exceso los requisitos para los comisionados de la CREE o reducir la junta del OSM abre la puerta al clientelismo de siempre. Además, insistir en mantener a la ENEE como una "sociedad matriz" constituye una redundancia burocrática que podría convertirse en refugio de personal ineficiente y en una nueva vía para la interferencia política. Una reforma genuina exige planes de depuración rigurosos por subsidiaria y una gobernanza blindada bajo estándares internacionales, como las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), operando bajo criterios estrictos de eficiencia corporativa.
El olvido más grave de la propuesta es de carácter temporal y financiero. Al limitar las licitaciones a contratos de muy corto plazo —apenas el siguiente año calendario— se dificulta la incorporación de nuevas tecnologías y fuentes de generación más competitivas que requieren años de maduración, condenando al país a contratos de emergencia más costosos.
Pero el verdadero talón de Aquiles de la reforma es la ausencia de un plan financiero integral. Separar las empresas no las vuelve mágicamente viables si no se atacan las pérdidas no reconocidas, estimadas en 500 millones de dólares anuales. Reducir el hurto de energía requiere una acción firme del Estado; normalizar el impago promueve una cultura de cumplimiento y priva a las nuevas distribuidoras de los recursos necesarios para invertir. De igual forma, el decreto guarda silencio sobre el destino de la deuda histórica acumulada: si la nueva empresa de distribución nace arrastrando ese pasivo, nacerá financieramente quebrada.
Para que esta transformación no termine siendo un simple cambio cosmético de membretes, el gobierno debe avanzar en tres frentes simultáneos: la reforma estructural, el blindaje de la gobernanza y el saneamiento de las finanzas. Además, el Comité de Conducción no puede estar integrado por los mismos actores que deben ser regulados y transformados; se necesita una dirección ejecutiva a tiempo completo, libre de conflictos de interés y con rendición de cuentas directa ante la Presidencia de la República.
Lea la columna de este lunes 15 de junio de 2026.
#ColumnaGabrielaCastellanos
#ColumnaDeOpinión
#DisculpenMiCastellano
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La iniciativa promoverá cabildos abiertos, acceso a la información pública, fortalecimiento de auditorías internas, mejores mecanismos de control y compras públicas, entre otras actividades.
Se trata de una apuesta conjunta que integra control gubernamental, transparencia, descentralización, fortalecimiento municipal y lucha contra la corrupción.
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Las municipalidades representan el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía.
Por eso, fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, los controles internos y la participación ciudadana requiere algo más que esfuerzos aislados.
Hoy, la secretaria por ley Sulmy Ortiz (SEGOB), el comisionado José Antonio Mendoza (PPFMD), el comisionado Hermes Moncada (IAIP), el magistrado Ricardo Montes (TSC), el presidente Juan Carlos Molina (AMHON) y la directora ejecutiva Gabriela Castellanos (CNA) suscribieron una alianza para impulsar el programa «Municipios para la Integridad y la Gobernanza Pública».
@SEGOB_HN @IAIPHonduras @TSCHonduras @AMHON1
El mayor problema de Honduras ya no es descubrir la corrupción, sino la incapacidad del Estado para castigarla
En el Día Nacional de la Integridad y la Lucha Contra la Corrupción, el país tiene poco que celebrar y mucho que reflexionar.
Durante más de una década, el Consejo Nacional Anticorrupción ha investigado, documentado y denunciado esquemas de corrupción que involucran miles de millones de lempiras.
Sin embargo, gran parte de estos casos continúan atrapados entre la indiferencia institucional, la lentitud procesal y la ausencia de resultados concretos.
Mientras la ciudadanía exige acciones, estos y otros casos emblemáticos presentados por el CNA siguen esperando respuesta por parte del Ministerio Público:
1. Caso «Narcopolítca» / Gobierno de Porfirio Lobo Sosa: fondos del narcotráfico lavados mediante contratos de obras públicas en SOPTRAVI, otorgados a empresas vinculadas al cartel Los Cachiros a cambio de financiar campañas políticas en Honduras.
2. Caso «Desvío de la ayuda social» / Gobierno de Porfirio Lobo Sosa: fondos privenientes del PANI para programas de ayuda social fueron destinados irregularmente por Casa Presidencial para seguridad del mandatario.
3. Caso «La nueva década perdida» / Gobierno de Juan Orlando Hernández: millones de lempiras de la Tasa de Seguridad Poblacional recaudados para combatir la inseguridad fueron manejados con opacidad y despilfarrados en lujos, eventos, donaciones y compras injustificadas.
4. Caso «El Congreso de la opacidad y los excesos» / Presidencia de Luis Redondo: manejo discrecional de más de L 314 millones en subsidios y subvenciones, sin una base legal clara y con escasa rendición de cuentas por parte de diputados que no justificaron públicamente el uso de los fondos recibidos.
5. Caso «La publicidad y propaganda de la corrupción» / Gobierno de Xiomara Castro: más de L 600 millones fueron ejecutados en publicidad y propaganda por la Secretaría de Planificación Estratégica entre 2022 y 2024, a través de contrataciones directas sin documentación completa y con fondos provenientes de préstamos y partidas de contingencia destinadas a otros fines.
Desde 2014, el CNA ha auditado a todos los gobiernos sin distinción de colores políticos, sin privilegios y sin excepciones; porque no solo se trata del perjuicio económico, sino también de la pérdida de confianza y el debilitamiento de las instituciones.
En un país donde la corrupción sigue encontrando refugio en la impunidad, la integridad continúa siendo una deuda pendiente del Estado de Honduras.
#9DeJunio
#DíaDeLaIntegridad
#HondurasSinCorrupción
DISCULPEN MI CASTELLANO
Demagogia y populismo hídrico
Gabriela Castellanos
Abogada
Tegucigalpa no es solo una capital de cerros empinados; es el reflejo de décadas de abandono institucional. A las puertas de cumplir 448 años de existencia, la ciudad continúa enfrentando una paradoja trágica: vive entre racionamientos de agua, mientras generaciones de administradores, alcaldes y políticos han sido incapaces de resolver uno de sus problemas más elementales. La crisis del agua es un crimen político cometido por un círculo de funcionarios que han hecho del desabastecimiento su negocio y, de la sed ajena, su principal mina de votos.
La receta ha sido siempre la misma: demagogia y populismo hídrico. Promesas de represas, ampliaciones de redes y proyectos de distribución que reaparecen en cada campaña electoral para desaparecer una vez contados los votos. Mientras tanto, miles de familias en barrios y colonias dependen de racionamientos extremos o del negocio de los camiones cisterna, y pagan precios excesivos por un servicio que debería estar garantizado por el Estado.
Resulta inadmisible que Tegucigalpa lleve décadas sabiendo que sus fuentes de abastecimiento son insuficientes. Las represas Los Laureles y Concepción ya no pueden seguir sosteniendo un crecimiento poblacional que exige nuevas inversiones; aun así, los gobiernos municipales se han lucrado con la gestión pública, usando el presupuesto para el pavimento electoral mientras entierran la inversión humana en el subsuelo.
Romper este ciclo exige abandonar las soluciones de corto plazo y asumir decisiones estructurales. La construcción de nuevas represas como El Naranjal y Jacaleapa, o la reactivación del proyecto Guacerique II, deben convertirse en una prioridad nacional. Estas obras no pueden seguir siendo promesas de campaña; deben convertirse en proyectos de Estado con veeduría ciudadana y financiamiento internacional blindado contra la corrupción.
También urge la reestructuración total de la red de distribución. Se estima que casi el 40 % del agua potable de Tegucigalpa se pierde antes de llegar a los hogares, debido a fugas en tuberías obsoletas y conexiones ilegales toleradas por la pasividad institucional. Se requiere una inversión masiva para sustituir la red de conducción del casco urbano y las periferias, implementando sistemas de sectorización hidrométrica (medición precisa de flujos) para detener el desperdicio del escaso líquido.
También es indispensable despolitizar la gestión del agua. Un recurso tan necesario para la vida y el desarrollo no puede seguir administrándose bajo criterios electorales o como botín partidario. La planificación, operación e inversión deben estar guiadas por criterios técnicos, metas verificables y mecanismos permanentes de rendición de cuentas.
La historia de Tegucigalpa no puede seguir escribiéndose entre racionamientos y promesas incumplidas. Ya es momento de que se marque el inicio de una transformación real, y no la conmemoración de un problema que, durante años, ninguna generación de gobernantes locales ha querido resolver.
Lea la columna de este lunes 8 de junio de 2026.
#ColumnaGabrielaCastellanos
#ColumnaDeOpinión
#DisculpenMiCastellano
Retrocedieron porque la presión institucional pesa.
Ante el contundente pronunciamiento del @cnahonduras, presentaron una moción de rectificación para dejar sin efecto la amnistía a los políticos opacos.
No fue por ética; fue puro control de daños.
¡La auditoría sirve!
Los diputados y diputadas del Congreso Nacional han dejado sin valor y efecto el decreto que debilitaba la rendición de cuentas en materia de fiscalización electoral de los aspirantes a cargos de elección popular.
Esta rectificación constituye una decisión acertada, pues corrige una medida que enviaba un mensaje equivocado sobre las consecuencias del incumplimiento de obligaciones legales por parte de los candidatos que participaron en las elecciones generales de 2025.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) sostiene, sin ambigüedades, que la vigilancia ciudadana, el escrutinio público y la atención a las preocupaciones de la sociedad son elementos esenciales para fortalecer la institucionalidad democrática.
Decisiones como esta demuestran la importancia de avanzar hacia un Congreso capaz de escuchar, atender y responder demandas legítimas de los votantes.
La rendición de cuentas no admite privilegios ni excepciones.
@hn_congreso
#CuentasClarasHN
#SancionesSinExcepciones
El Congreso Nacional vuelve a premiar el incumplimiento y a castigar la transparencia.
Mientras la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) enfrentó el proceso electoral general sin el presupuesto especial que el propio Congreso nunca aprobó, hoy la clase política impulsa una nueva ampliación de plazos y la exoneración temporal de sanciones para quienes incumplieron su obligación legal de rendir cuentas.
Los informes de financiamiento político no son un simple trámite administrativo. En ellos se revela cómo se utilizan los fondos públicos entregados mediante la deuda política, quién financia las campañas electorales, cuánto dinero se invierte y qué controles existen para evitar que recursos de origen ilícito patrocinen campañas electorales.
Resulta inaceptable que, después de múltiples oportunidades para cumplir la ley, se eliminen las sanciones para quienes decidieron ignorar su obligación en el plazo previsto. Presentar los informes y asumir las consecuencias por infringir la normativa son responsabilidades distintas; una no puede sustituir a la otra.
Con esta decisión, el Congreso Nacional envía un mensaje peligroso al país de que incumplir la ley no tiene consecuencias cuando se trata de la clase política.
Para el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) esta decisión alimenta una cultura de privilegios incompatible con los principios de transparencia e integridad que Honduras necesita fortalecer.
#ComplacenciaConLaOpacidad
#CandidatosSinMultas
#CuentasClarasHN
La seguridad no se construye con el eco de un populista extranjero ni con la importación improvisada de recetas ajenas. Se hace con la voluntad y el trabajo arduo que implica construir un Estado capaz de aplicar la ley con firmeza, sin necesidad de suspender los derechos de sus ciudadanos.
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