Lo ocurrido esta noche en El Campín es una vergüenza. No es “pasión por el fútbol”, ni folclor, ni rivalidad…es violencia.
Un estadio no puede convertirse en un territorio donde la camiseta que alguien lleva puesta sea suficiente para convertirlo en enemigo.
Hay algo profundamente preocupante en una sociedad que empieza a normalizar estas imágenes. El fútbol tiene que volver a ser un lugar de encuentro, no otro escenario para matarnos.
Imágenes de los inconvenientes entre hinchada del América y Santa Fe en el estadio El Campín.
Todo inició porque unos barristas del América en oriental-norte querían robarse unos trapos de Santa Fe.
#Campín#SantaFe#America
Lamentable. Una muestra más de la degradación absoluta del conflicto armado: estructuras cada vez más fragmentadas, lealtades volátiles y sujetos que cambian de brazalete según las circunstancias. Mientras tanto, tecnología, drones y nuevas capacidades de guerra quedan al servicio de actores que hoy están en un lado y mañana pueden estar en el otro. Un escenario cada vez más difícil para la protección de la población civil y la aplicación efectiva del DIH.
Veo mucha gente indignada con la Sentencia T-228 de 2026 porque la Corte Constitucional habló de ciudades y espacios que también consideren a los animales.
A mí, en cambio, me parece que la Corte está reconociendo una realidad que ya existe: millones de personas consideran a sus animales parte de su familia. Son seres sintientes, conviven con nosotros y nuestras decisiones también pueden causarles bienestar, dolor o sufrimiento.
Quizás lo que debemos empezar a cuestionar no es que la Constitución se ocupe de ellos, sino esa mirada radicalmente antropocéntrica según la cual todo debe pensarse exclusivamente desde y para el ser humano.
El derecho también debe ser capaz de reconocer que la sociedad cambió.
Gravísimo. Las escuelas deben ser espacios seguros, especialmente en territorios afectados por el conflicto armado. Ningún objetivo militar puede justificar poner en riesgo a más de 300 niños y niñas. El respeto por el DIH y, en particular, por los principios de distinción y precaución, es una obligación ineludible para todos los actores armados. La niñez debe estar siempre fuera de la guerra.
En la tarde de este miércoles 19 de agosto, el ELN atacó con drones y ráfagas de fusil la estación de Policía del municipio de Norosí, Bolívar.
Durante la hora del ataque, la Institución Educativa Académica, Agropecuaria e Industrial de Norosí, ubicada a 100 metros de la estación de Policía, desarrollaba clases con más de 300 niños y niñas de preescolar y básica primaria. Gracias a reacción del rector Nelson Fonseca y de maestros y maestras, los estudiantes fueron resguardados, manteniéndolos a salvo.
El rector, junto con su equipo de directivos docentes y docentes, tomó la decisión de suspender las clases hasta nueva orden. Información, que ya es de conocimiento de la Secretaría de Educación Departamental. En el ataque varios policías resultaron heridos.
Llamamos a @DefensoriaCol@Mineducacion a atender a la comunidad y brindar apoyo en medio de estas acciones de violencia, que rechazamos con contundencia. La escuela es territorio de paz 🕊️
@cutcolombia
Fuente del video:
https://t.co/UpDwdvXIFV
📲 En #LaProcuTeCuenta hacemos un recorrido por las principales acciones de la @PGN_COL durante la semana.
Conoce nuestro trabajo en los territorios y las actuaciones que adelantamos para proteger derechos y fortalecer la gestión pública.
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#LaCorteInforma | Los trámites administrativos no pueden interrumpir la educación. La Corte ordenó investigar responsables y nivelar a estudiantes rurales.
T-053/26
M.P. Héctor Alfonso Carvajal Londoño https://t.co/vePyQf6fK0
Los datos preliminares evidencian una afectación particularmente intensa de las personas mayores. Cerca de la mitad de las primeras víctimas identificadas tenía 60 años o más, y más de una cuarta parte superaba los 70 años. Esto sugiere que las personas mayores constituyeron uno de los grupos poblacionales que soportaron de manera más severa las consecuencias del desastre.
#ATENCIÓN| El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entrega información de los 122 víctimas identificadas, de un total de 202 cuerpos ingresados. #EmergenciaSismoChocó
Detalles en el comunicado 👇
Me llama la atención que, cuando una persona joven asume un cargo de responsabilidad, uno de los primeros datos que suele destacarse es su edad. Rara vez ocurre lo mismo cuando se trata de alguien mayor. Como si la juventud fuera, por sí sola, un argumento para cuestionar su capacidad.
Ese prejuicio desconoce que cada generación desarrolla habilidades distintas según el mundo que le corresponde vivir. Quienes hoy somos jóvenes crecimos en una sociedad digital, globalizada y en constante transformación. Entendemos nuevos lenguajes, tecnologías y dinámicas que hoy son indispensables para afrontar los retos del presente.
La experiencia sigue siendo invaluable, pero no es el único criterio para medir la idoneidad. En el servicio público y en cualquier ámbito, las personas deberían ser evaluadas por sus capacidades, su integridad y sus resultados, no por la fecha que aparece en su cédula.
La edad no acredita ni descalifica. Lo que realmente importa es el mérito.
A propósito del final de la legislatura 2025 - 2026, la @ComisionLPAZ entregó su balance, resaltando importantes acciones que contribuyen a la construcción de la paz en Colombia 🕊️🇨🇴.
El representante @jhhojar habló de estos avances.
Hoy la Constitución Política de 1991 cumple 35 años. Más que un texto jurídico, representa el mayor pacto político y social de la historia reciente de Colombia. Nació del reconocimiento de que un país tan diverso no podía construirse sobre la imposición de una sola visión de sociedad, sino sobre un acuerdo de convivencia fundado en la dignidad humana, la democracia participativa, el pluralismo, la separación de poderes y la garantía efectiva de los derechos.
La Constitución nunca prometió resolver, por sí sola, todos los problemas del país. Su propósito fue otro: fijar las reglas del juego, limitar el ejercicio del poder, proteger a las personas frente a los abusos y ofrecer canales democráticos para transformar la realidad sin renunciar al Estado de Derecho. Quienes afirman que “la Constitución ya no es suficiente” suelen confundir las deficiencias en su cumplimiento con un supuesto fracaso del proyecto constitucional.
La Asamblea Nacional Constituyente reunió fuerzas políticas e ideológicas profundamente distintas. Liberales y conservadores, movimientos indígenas y sociales, sectores cristianos, la izquierda democrática y antiguos actores armados que habían dejado las armas aceptaron ceder en sus posiciones para construir un texto común. La Constitución de 1991 no fue la victoria de un sector sobre otro; fue el acuerdo de que ninguno podría imponer por la fuerza su propia idea de país. Allí reside buena parte de su legitimidad.
Treinta y cinco años después, la Constitución conserva intacta esa vocación de permanencia. Es un texto abierto a la reforma y a la evolución, pero también un pacto que exige ser respetado. Lo que Colombia necesita no es sustituir la Constitución cada vez que un proyecto político encuentra límites en ella. Necesita cumplirla, desarrollarla y hacer realidad las promesas que todavía siguen pendientes. Defender la Constitución de 1991 no es aferrarse al pasado; es proteger el acuerdo que garantiza que nuestras diferencias puedan resolverse con instituciones, derechos y democracia, y no mediante la imposición o la fuerza.
La Constitución que acercó los derechos a la ciudadanía. Hace 35 años, la Constitución de 1991 transformó la manera en que las personas ejercen y protegen sus derechos.
La Carta Política amplió el reconocimiento de libertades civiles, derechos sociales, colectivos y
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62 años después, el ELN sigue prometiendo una revolución que nunca llegó. Ha pasado por al menos seis grandes procesos de negociación con siete gobiernos distintos, pero su incapacidad para abandonar definitivamente las armas ha prolongado el sufrimiento de miles de colombianos.
Su inmadurez política lo ha llevado a insistir en un proyecto de sociedad poscapitalista que la historia ha demostrado inviable y que hoy resulta ajeno a las aspiraciones de la inmensa mayoría del país. Es hora de reconocer que la violencia fracasó, dejar las armas de manera definitiva y asumir que cualquier transformación social solo puede construirse desde la democracia, el Estado de derecho y el respeto por la vida.
#CIDH lamenta el fallecimiento del jurista colombiano Gustavo Gallón y extiende sus condolencias a familiares y personas allegadas. Gallón fue defensor de derechos humanos por más de cuatro décadas, fundador de la Comisión Colombiana de Juristas, conjuez de la Corte Constitucional y experto independiente de ONU sobre Haití y Guinea Ecuatorial.
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la Resolución 064 de 2024, que autorizó la Mesa de Diálogos con la Segunda Marquetalia. La decisión no cuestiona la política de paz en sí, sino el instrumento jurídico utilizado.
Conforme a lo ya advertido al Gobierno nacional y como lo recoge el auto del Consejo de Estado, la Ley 2272 de 2022 (Paz Total) creó dos rutas distintas:
Por un lado, negociaciones de paz para los grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML) y, por otro, acercamientos para sometimiento a la justicia para las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto (EAOCAI).
A la luz del inciso tercero del artículo 2 de esa ley de “Paz Total”, de la Sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional y del artículo 66 transitorio de la Constitución -que prohíbe aplicar nuevamente mecanismos de justicia transicional a quienes, tras desmovilizarse, reinciden en el delito-, el CE concluyó, de manera preliminar, que la Segunda Marquetalia debía ser tratada como una EAOCAI y no como un GAOML.
Por ello, considera que la Resolución 064 habría desconocido el propio diseño normativo de la Paz Total, razón por la cual suspendió sus efectos mientras se decide definitivamente su legalidad.
No le corresponde al Clan del Golfo, ni a ningún grupo armado ilegal, pronunciarse sobre el trabajo de la prensa, calificar la labor de periodistas o pretender establecer los límites de su ejercicio. Aunque el comunicado afirme que no constituye una amenaza y manifieste respetar la libertad de prensa, sus señalamientos producen un efecto objetivamente intimidatorio que incrementa el riesgo para la vida, la integridad y la libertad del periodista, y envían un mensaje de presión e intimidación a los medios de comunicación en general al pretender fijar parámetros de conducta desde la ilegalidad.
Reiteramos que la lepra no es únicamente un asunto médico, sino también un tema de derechos humanos debido al estigma y la discriminación que históricamente han enfrentado las personas afectadas.
Insistimos en la importancia de fortalecer la educación sobre esta enfermedad, garantizar la participación de las personas afectadas en los espacios de toma de decisiones y consolidar programas de rehabilitación integral, inclusión social y atención digna.
La eliminación del estigma requiere acciones conjuntas entre el Estado, la academia, el sector salud y la sociedad.
Participamos en el foro “Enfermedad de Hansen/Lepra y derechos humanos en Colombia: discusiones sobre el pasado, presente y futuro”, realizado en la @UNALOficial.
La visita de la Relatora Especial de la ONU permitió visibilizar los avances y desafíos en la garantía de los derechos de las personas afectadas por la enfermedad de Hansen en Colombia, así como la necesidad de fortalecer acciones para prevenir la discriminación y promover su inclusión social.
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