El 15 de diciembre de 2023 Vladimir Fernández se posesionó en la Corte Constitucional. Un mes después le escribía a Olmedo López: “El PRE confía en ti”.
Eso no salió en el expediente que la Fiscalía dejó circular. Está en el celular de López, extraído desde 2024.
Fernández no solo le consiguió el cargo cuando era secretario jurídico de Palacio. Recibió reportes de la UNGRD, coordinó reuniones y, ya togado, le pasó la dirección del apartamento de Irma Solangel Torres el mismo 9 de enero en que Sneyder Pinilla anotó que iba a “entregar $”.
La fiscal Camargo descalificó los chats como descontextualizados. El búnker no compulsó copias. El nombre del magistrado no figuraba.
La plata de la UNGRD era para carrotanques y jagüeyes en La Guajira. Parte de esa plata terminó en el Congreso.
Un magistrado no gestiona la Unidad de Riesgo. Y una Fiscalía que guarda dos años el teléfono no puede pedir fe ciega.
Hoy a las 8:00 p.m. me dirigiré al país en alocución en vivo.
Sigan la transmisión en directo por todos los canales de televisión y en mis redes sociales para conocer de frente las decisiones y el rumbo con el que seguimos avanzando sin descanso.
¡Firme por la Patria!
(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅
Pero no, yo no puedo decir que el magistrado Vladimir Fernández es petrista porque los defensores de lo indefendible se ofenden conmigo.
Espero que no se ofendan con CAMBIO ahora que queda demostrado que no solo es petrista, sino que también es corrupto.
Y que la pensional se aprobó, por el congreso y por la Corte, con plata mal habida.
Benedetti no necesitó decir “cama”. Dijo amistad negada, actos indignos y que Escaf sí sacó provecho. El que lleva años respondiendo “ni fui amante de Vero” ya sabía qué se estaba insinuando.
El 21 de septiembre @agmethescaf sale a negar romance, “Los Verónicos” y hasta el café con Ángela. Dos días después @AngelaBenedet no le discute un contrato: le discute la dignidad y le ordena dejar de tapar la cercanía con Verónica Alcocer. Eso no es un debate sobre protocolo.
Si fuera solo amistad política, no habría que negarla con esa intensidad ni durante cuatro años. Escaf mismo contó que en Palacio lo usaron de pieza para pintar a Alcocer de infiel. El chisme no nació el domingo. Nació cuando ella era primera dama y él el amigo que “sí estaba”.
Uno puede pedirle prueba de alcoba. También puede leer lo que quedó dicho: cercanía, rédito, indignidad y un divorcio que ya no se esconde. El trino original no inventó el cuento. Lo dijo sin el eufemismo.
Al país le cuesta más el silencio cómodo que la frase incómoda.
Hoy no cayó un sicario de esquina. Cayó el hombre que, según el Gobierno, movía la plata de la estructura de la Segunda Marquetalia vinculada al crimen de Miguel Uribe Turbay.
Alias Robinson —Miguel Orlando Guzmán González— era cabecilla político y financiero de la Teófilo Forero Castro. Lo dieron de baja este 27 de septiembre en El Cadillo, Tello (Huila), en operación del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea. Con él quedaron tres capturados.
El expediente público ya tenía a esa disidencia en el magnicidio. Confesiones de procesados apuntan a que la orden salió de Zarco Aldinever, de la Segunda Marquetalia. Zarco apareció muerto en 2025. Robinson, dice el presidente De La Espriella, sostenía el componente financiero de la misma estructura.
Uribe recibió los disparos el 7 de junio de 2025 en El Golfito, Modelia. Murió el 11 de agosto. En Bogotá ya hay condenas por la logística del atentado. Lo que faltaba era el eslabón de la organización que, mientras tanto, seguía cobrando vacunas, amenazando campesinos y operando entre Huila y Caquetá.
Una mesa no apaga sola a quien arma, extorsiona y financia. El costo lo pagó un precandidato en un parque y lo sigue pagando quien vive donde esa estructura manda.
Hoy no cayó un sicario de esquina. Cayó el hombre que, según el Gobierno, movía la plata de la estructura de la Segunda Marquetalia vinculada al crimen de Miguel Uribe Turbay.
Alias Robinson —Miguel Orlando Guzmán González— era cabecilla político y financiero de la Teófilo Forero Castro. Lo dieron de baja este 27 de septiembre en El Cadillo, Tello (Huila), en operación del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea. Con él quedaron tres capturados.
El expediente público ya tenía a esa disidencia en el magnicidio. Confesiones de procesados apuntan a que la orden salió de Zarco Aldinever, de la Segunda Marquetalia. Zarco apareció muerto en 2025. Robinson, dice el presidente De La Espriella, sostenía el componente financiero de la misma estructura.
Uribe recibió los disparos el 7 de junio de 2025 en El Golfito, Modelia. Murió el 11 de agosto. En Bogotá ya hay condenas por la logística del atentado. Lo que faltaba era el eslabón de la organización que, mientras tanto, seguía cobrando vacunas, amenazando campesinos y operando entre Huila y Caquetá.
Una mesa no apaga sola a quien arma, extorsiona y financia. El costo lo pagó un precandidato en un parque y lo sigue pagando quien vive donde esa estructura manda.
Hoy no cayó un sicario de esquina. Cayó el hombre que, según el Gobierno, movía la plata de la estructura de la Segunda Marquetalia vinculada al crimen de Miguel Uribe Turbay.
Alias Robinson —Miguel Orlando Guzmán González— era cabecilla político y financiero de la Teófilo Forero Castro. Lo dieron de baja este 27 de septiembre en El Cadillo, Tello (Huila), en operación del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea. Con él quedaron tres capturados.
El expediente público ya tenía a esa disidencia en el magnicidio. Confesiones de procesados apuntan a que la orden salió de Zarco Aldinever, de la Segunda Marquetalia. Zarco apareció muerto en 2025. Robinson, dice el presidente De La Espriella, sostenía el componente financiero de la misma estructura.
Uribe recibió los disparos el 7 de junio de 2025 en El Golfito, Modelia. Murió el 11 de agosto. En Bogotá ya hay condenas por la logística del atentado. Lo que faltaba era el eslabón de la organización que, mientras tanto, seguía cobrando vacunas, amenazando campesinos y operando entre Huila y Caquetá.
Una mesa no apaga sola a quien arma, extorsiona y financia. El costo lo pagó un precandidato en un parque y lo sigue pagando quien vive donde esa estructura manda.
Hoy no cayó un sicario de esquina. Cayó el hombre que, según el Gobierno, movía la plata de la estructura de la Segunda Marquetalia vinculada al crimen de Miguel Uribe Turbay.
Alias Robinson —Miguel Orlando Guzmán González— era cabecilla político y financiero de la Teófilo Forero Castro. Lo dieron de baja este 27 de septiembre en El Cadillo, Tello (Huila), en operación del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea. Con él quedaron tres capturados.
El expediente público ya tenía a esa disidencia en el magnicidio. Confesiones de procesados apuntan a que la orden salió de Zarco Aldinever, de la Segunda Marquetalia. Zarco apareció muerto en 2025. Robinson, dice el presidente De La Espriella, sostenía el componente financiero de la misma estructura.
Uribe recibió los disparos el 7 de junio de 2025 en El Golfito, Modelia. Murió el 11 de agosto. En Bogotá ya hay condenas por la logística del atentado. Lo que faltaba era el eslabón de la organización que, mientras tanto, seguía cobrando vacunas, amenazando campesinos y operando entre Huila y Caquetá.
Una mesa no apaga sola a quien arma, extorsiona y financia. El costo lo pagó un precandidato en un parque y lo sigue pagando quien vive donde esa estructura manda.
#ATENCIÓN | Cae implicado en magnicidio de Miguel Uribe Turbay: De La Espriella confirma el abatimiento de alias Robinson Gutiérrez, cabecilla político y financiero de la Segunda Marquetalia, de ‘Iván Márquez’, en operativo de las FF. MM. en Tello (Huila).
Fernández ya era magistrado de la Corte cuando Olmedo López le seguía mandando reportes de la UNGRD y le pedía coordinar citas en Presidencia.
Cambio reconstruyó un año de chats. El hilo no se corta en octubre de 2023, cuando el Senado lo eligió. Sigue en rojo: mensajes sobre movimientos de la entidad, encuentros y la frase que se repite alrededor del “jefe”.
Camargo dice que eso no da para compulsar copias. El búnker tenía la extracción desde 2024 y usó otros chats de los mismos teléfonos para imputar congresistas. Este capítulo lo dejó quieto.
Uno entiende la diferencia: no es lo mismo un contratista que un togado que ayudó a armar la terna de la fiscal.
La Comisión de Acusaciones ya tiene denuncia. La recusación contra Camargo también está radicada. El papel no se mueve solo porque alguien diga que está descontextualizado o que opinan?.
La fiscal dijo que no había pruebas para mirar a Vladimir Fernández. El expediente ya tenía la hora, la dirección y el “entregar $”.
El 9 de enero de 2024, Sneyder Pinilla viaja a Bogotá con esa instrucción. Entre las 4:00 y las 5:30 habla seis veces con Olmedo López. A las 5:35 López le escribe al entonces secretario jurídico de Palacio: “Recuérdeme el apartamento”. Doce minutos después, desde el chat asociado a Fernández salen los datos del 112, torre 2, primer piso, “la señora Sol”. Pinilla llega. Entre las 5:49 y las 5:59 se abre la ventana de la presunta entrega. El inmueble es de Irma Solangel Torres. Eso no es rumor: está en la reconstrucción que @estoescambio sacó del celular de Pinilla y que la Fiscalía tenía desde 2024.
Camargo habló de chats descontextualizados. El papel muestra otra cosa: no compulsaron copias contra un hombre que hoy falla en la Corte Constitucional. Ya hay denuncia ante la Comisión de Acusaciones y recusación contra la propia fiscal. El costo no es un titular. Es plata de gestión del riesgo que se movió mientras La Guajira se secaba, y un togado que sigue sentado como si el archivo no existiera.
Mañana CAMBIO pone el celular de Olmedo sobre la mesa. El hueco no es el chat suelto. El hueco es quién decidió que eso no merecía investigación.
¿Chats descontextualizados?
Publicaremos las conversaciones completas entre Olmedo López y el magistrado Vladimir Fernández, un capítulo oculto del caso UNGRD que CAMBIO revelará mañana.
#ElPadrinoDeOlmedo Suscríbase a CAMBIO para conocer la verdad: https://t.co/UAVqHOZYo2
El traslado de 76 de Los Pachenca no es un video de INPEC. Es cortar el mando que seguía dando órdenes desde las cárceles del Caribe.
Ese grupo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, pasó de unos 120 hombres en 2019 a cerca de 600. La extorsión a hoteles, transportadores y comercio entre Santa Marta, Tayrona y Palomino les deja entre 6.000 y 7.000 millones al mes. El 95 % de los prestadores turísticos pagaba.
El gobierno anterior los reconoció para una mesa. La mesa no se instaló y el control territorial sí.
Hoy los sacan de su zona de influencia. En prisión no se administra un corredor de cocaína ni se cobra vacuna al turista.
Eso es orden público, no discurso.
El video no es una revolución. Es un acto de campaña de Lula en Recife, nueve días antes de las elecciones.
@petrogustavo , ya fuera del Palacio, toma una marcha electoral y la carga con “israelíes genocidas” y con Hiroshima. Mezcla tres cosas distintas y las vende como una sola.
La Convención de 1948 exige, para hablar de genocidio, la intención de destruir un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Hiroshima fue un acto de guerra para forzar la rendición de un imperio que había invadido Asia y atacado Pearl Harbor. Esa palabra no es un adjetivo de red.
En mayo de 2024 Petro rompió relaciones con Israel. Hamás celebró la decisión. El gobierno que lo relevó restableció lazos, visados y cooperación. El país ya midió el costo de esa diplomacia.
Si el argumento necesita llamar genocidio a todo lo que no le gusta, el argumento se acabó. Brasil no vota con esa consigna.
El pueblo llena las calles. La plataforma corta el micrófono.
Mientras @LulaOficial recorre Recife Cais de Santa Rita hasta el Marco Zero y la campaña habla de decenas de miles en Pernambuco, Meta restringe sin explicación clara la cuenta de anuncios de su campaña en Facebook e Instagram. La página pública volvió; el canal pagado, pero el alcance en la recta final, quedó herido. Queda una semana para la primera vuelta del 4 de octubre.
Eso no es un “error técnico”. Es el choque de dos poderes: el cuerpo en la calle, que todavía se cuenta a pie, y el algoritmo de una empresa extranjera que decide, de un día para otro, quién puede hablarle a millones. El PT y la coalición Brasil Pronto pra Mais ya exigieron explicación, plazos y revisión humana; amenazan con ir al TSE porque, a once días del voto, limitar unilateralmente la propaganda altera la paridad de armas. Meta cobró cientos de millones de reales a las campañas brasileñas este ciclo. Cobra y, cuando le conviene, apaga.
El sentido de una elección no se agota en el spot. Se juega en quién puede aparecer y quién queda en silencio digital. Lula apela al Nordeste que lo reconoce en la carne; Meta administra el espacio donde esa carne se vuelve imagen. Soberanía no es solo bandera. Es también no entregar el último tramo de la campaña a un servidor en California.
El pueblo ya está en la calle. Falta que el voto no se lo robe el interruptor de otro.
El seguro de vida
Tres personas de máxima confianza de Gustavo Petro están hablando con abogados sobre visas, restricciones y justicia en Estados Unidos. Uno de ellos armó carpetas con información confidencial de escándalos del gobierno y las guarda como seguro de vida. Los nombres no salen. El mecanismo sí: hay investigaciones por corrupción en Colombia y hay miedo a que el expediente cruce la frontera
Eso no es un rumor de pasillo. Es el movimiento de quien ya no confía en que el silencio interno baste.
Armando Alberto Benedetti Villaneda no necesita filtración para aparecer en Washington. El 24 de octubre de 2025 la OFAC lo metió en la lista SDN, la misma acción que alcanzó a Petro, a Verónica Alcocer y a Nicolás Petro Burgos. El Tesoro lo designó, bajo la orden ejecutiva 14059, por haber prestado o intentado prestar apoyo financiero, material o tecnológico a Petro. El comunicado oficial recuerda los audios de 2023 en los que Benedetti habla de financiación de campaña y de votos. No es una opinión. Es un acto administrativo de Estados Unidos: bienes bloqueados en jurisdicción norteamericana y prohibición de trato para personas de ese país
Benedetti dijo entonces que le bloquearon una tarjeta y que una cosa es perder a Mickey Mouse y otra quedar al lado de Osama Bin Laden. La analogía es suya. El papel del Tesoro es otro. Preguntar por visa, después de eso, no es turismo.
Laura Camila Sarabia Torres fue jefa de gabinete, directora del Dapre, canciller y embajadora en el Reino Unido. El 14 de septiembre de 2026 la Fiscalía le imputó abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso por el polígrafo a Marelbys Meza, su niñera, en enero de 2023. No aceptó los cargos. Un oficial que firmó principio de oportunidad dice que la orden salió de ella.
Esa misma Sarabia, en abril de 2025, llegó a una rueda de prensa con carpetas visibles: caso penal contra Armando Benedetti, violencia contra la mujer, enriquecimiento ilícito. Quien alguna vez exhibió carpetas contra el compañero de gabinete entiende para qué sirve un archivo guardado.
Angie Lizeth Rodríguez Fajardo fue la otra mano derecha en Casa de Nariño y luego gerente del Fondo Adaptación. Denunció presiones sobre el presupuesto de esa entidad, señaló a Carlos Carrillo y a Juliana Guerrero, y habló de extorsión y de un supuesto envenenamiento. La Contraloría le dio la razón en un punto duro: en 2025 el proyecto de La Mojana ejecutó el 0,82 por ciento de 568.453 millones de pesos. No le dio la razón en todas las cifras que ella usó. El 31 de julio de 2026 un decreto la declaró insubsistente. Petro la llamó gran manipuladora. Un tribunal le ordenó a la UNP rehacerle el estudio de riesgo. Puso tutela para volver al cargo y un juzgado laboral la negó.
Tres trayectorias distintas. Un patrón común: poder de puerta, plata pública o seguridad del Estado, y un expediente que ya no cabe en el silencio interno.
Nada de esto prueba que esos tres sean los que están armando las carpetas. Quien lo dé por cerrado está rellenando un blanco. Lo que sí se sostiene es más estrecho y más grave: el círculo íntimo no está limpio de procesos, y al menos uno de sus operadores más cercanos ya está sancionado por el Tesoro de Estados Unidos. Si hay seguro de vida, el incentivo no es periodístico. Es procesal. Hablar primero puede valer más que callar por lealtad.
El costo para la gente no está en el chisme de Palacio. Está en que la información reservada del Estado —contratos, inteligencia, campañas, nombramientos— se vuelve moneda de canje cuando el poder se acaba. El ciudadano no entra a esas reuniones de abogados. Paga la obra que no se ejecutó, la visa que se endurece para el país entero y la sensación de que la verdad sale cuando ya no sirve para gobernar, sino para negociar.
La pregunta no es si van a contar lo que pasó. Es a quién le cuentan primero, a Bogotá o a Washington. Y qué parte del archivo queda fuera, porque un seguro de vida rara vez se gasta completo.
El seguro de vida
Tres personas de máxima confianza de Gustavo Petro están hablando con abogados sobre visas, restricciones y justicia en Estados Unidos. Uno de ellos armó carpetas con información confidencial de escándalos del gobierno y las guarda como seguro de vida. Los nombres no salen. El mecanismo sí: hay investigaciones por corrupción en Colombia y hay miedo a que el expediente cruce la frontera.
Eso no es un rumor de pasillo. Es el movimiento de quien ya no confía en que el silencio interno baste.
Armando Alberto Benedetti Villaneda no necesita filtración para aparecer en Washington. El 24 de octubre de 2025 la OFAC lo metió en la lista SDN, la misma acción que alcanzó a Petro, a Verónica Alcocer y a Nicolás Petro Burgos. El Tesoro lo designó, bajo la orden ejecutiva 14059, por haber prestado o intentado prestar apoyo financiero, material o tecnológico a Petro. El comunicado oficial recuerda los audios de 2023 en los que Benedetti habla de financiación de campaña y de votos. No es una opinión. Es un acto administrativo de Estados Unidos: bienes bloqueados en jurisdicción norteamericana y prohibición de trato para personas de ese país.
Benedetti dijo entonces que le bloquearon una tarjeta y que una cosa es perder a Mickey Mouse y otra quedar al lado de Osama Bin Laden. La analogía es suya. El papel del Tesoro es otro. Preguntar por visa, después de eso, no es turismo.
Laura Camila Sarabia Torres fue jefa de gabinete, directora del Dapre, canciller y embajadora en el Reino Unido. El 14 de septiembre de 2026 la Fiscalía le imputó abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso por el polígrafo a Marelbys Meza, su niñera, en enero de 2023. No aceptó los cargos. Un oficial que firmó principio de oportunidad dice que la orden salió de ella.
Esa misma Sarabia, en abril de 2025, llegó a una rueda de prensa con carpetas visibles: caso penal contra Armando Benedetti, violencia contra la mujer, enriquecimiento ilícito. Quien alguna vez exhibió carpetas contra el compañero de gabinete entiende para qué sirve un archivo guardado.
Angie Lizeth Rodríguez Fajardo fue la otra mano derecha en Casa de Nariño y luego gerente del Fondo Adaptación. Denunció presiones sobre el presupuesto de esa entidad, señaló a Carlos Carrillo y a Juliana Guerrero, y habló de extorsión y de un supuesto envenenamiento. La Contraloría le dio la razón en un punto duro: en 2025 el proyecto de La Mojana ejecutó el 0,82 por ciento de 568.453 millones de pesos. No le dio la razón en todas las cifras que ella usó. El 31 de julio de 2026 un decreto la declaró insubsistente. Petro la llamó gran manipuladora. Un tribunal le ordenó a la UNP rehacerle el estudio de riesgo. Puso tutela para volver al cargo y un juzgado laboral la negó.
Tres trayectorias distintas. Un patrón común: poder de puerta, plata pública o seguridad del Estado, y un expediente que ya no cabe en el silencio interno.
Nada de esto prueba que esos tres sean los que están armando las carpetas. Quien lo dé por cerrado está rellenando un blanco. Lo que sí se sostiene es más estrecho y más grave: el círculo íntimo no está limpio de procesos, y al menos uno de sus operadores más cercanos ya está sancionado por el Tesoro de Estados Unidos. Si hay seguro de vida, el incentivo no es periodístico. Es procesal. Hablar primero puede valer más que callar por lealtad
El costo para la gente no está en el chisme de Palacio. Está en que la información reservada del Estado —contratos, inteligencia, campañas, nombramientos— se vuelve moneda de canje cuando el poder se acaba. El ciudadano no entra a esas reuniones de abogados. Paga la obra que no se ejecutó, la visa que se endurece para el país entero y la sensación de que la verdad sale cuando ya no sirve para gobernar, sino para negociar
La pregunta no es si van a contar lo que pasó. Es a quién le cuentan primero, a Bogotá o a Washington. Y qué parte del archivo queda fuera, porque un seguro de vida rara vez se gasta completo.
La fiscal dijo que no había pruebas para mirar a Vladimir Fernández. El expediente ya tenía la hora, la dirección y el “entregar $”.
El 9 de enero de 2024, Sneyder Pinilla viaja a Bogotá con esa instrucción. Entre las 4:00 y las 5:30 habla seis veces con Olmedo López. A las 5:35 López le escribe al entonces secretario jurídico de Palacio: “Recuérdeme el apartamento”. Doce minutos después, desde el chat asociado a Fernández salen los datos del 112, torre 2, primer piso, “la señora Sol”. Pinilla llega. Entre las 5:49 y las 5:59 se abre la ventana de la presunta entrega. El inmueble es de Irma Solangel Torres. Eso no es rumor: está en la reconstrucción que @estoescambio sacó del celular de Pinilla y que la Fiscalía tenía desde 2024.
Camargo habló de chats descontextualizados. El papel muestra otra cosa: no compulsaron copias contra un hombre que hoy falla en la Corte Constitucional. Ya hay denuncia ante la Comisión de Acusaciones y recusación contra la propia fiscal. El costo no es un titular. Es plata de gestión del riesgo que se movió mientras La Guajira se secaba, y un togado que sigue sentado como si el archivo no existiera.
Mañana CAMBIO pone el celular de Olmedo sobre la mesa. El hueco no es el chat suelto. El hueco es quién decidió que eso no merecía investigación.
Sé que nada borrará lo que ocurrió aquel 10 de agosto, pero también sé que, poco a poco, los caleños renacerán.
Esta familia recibe mucho más que las llaves de un apartamento: recibe un lugar donde reconstruir su cotidianidad, volver a sentirse segura y comenzar a escribir nuevos momentos.
Entregarles un techo propio no es un acto protocolario; es el deber sagrado de un Estado que no abandona a su gente en medio de la adversidad.
Detrás de estas puertas no solo hay concreto y soluciones reales. Hay dignidad, hay esperanza y está la certeza de que, de las ruinas, nos levantamos más fuertes que nunca para reconstruir la vida con fe y con carácter.
Este Gobierno trabaja sin descanso en el territorio para que ninguna familia damnificada camine sola en el camino de volver a empezar.
¡Firme por la Patria!
¡Viva Cristo Rey!
(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅
Cepeda no está “inaugurando una escuela”. Está armando militancia para 2027.
El Pacto perdió la presidencia por unos 250 mil votos, se declaró oposición y desde junio anunció asambleas, afiliación y Congreso Fundacional. Hoy el senador publica fotos de salón lleno, bandera palestina y “formación política” en Zipaquirá como si fuera un taller de civismo.
Lo que no sale en el post: temario, quién paga, qué se enseña y a quién se va a postular el año que viene. El CNE les reconoció personería por fusión; el congreso interno sigue sin fecha firme y hay voces internas que lo ven para febrero de 2027. Mientras tanto recorren el país con el mismo aparato que usaron en campaña.
Una cosa es oponerse. Otra es vender como escuela lo que es maquinaria territorial. El ciudadano no ve el pensum. Ve al senador en la foto y a la calle el lunes igual.
EL PACTO HISTÓRICO SE REÚNE EN TODO EL PAÍS
Ha comenzado la preparación del congreso fundacional del @PactoCol. En todo el país se realizan asambleas y escuelas de formación política.
Hoy en Bogotá me reuní con @Vamosxlosddhh, y en Zipaquirá asistí a la inauguración de la escuela para integrantes, lideresas y líderes del Pacto.
Cepeda no está “inaugurando una escuela”. Está armando militancia para 2027.
El Pacto perdió la presidencia por unos 250 mil votos, se declaró oposición y desde junio anunció asambleas, afiliación y Congreso Fundacional. Hoy el senador publica fotos de salón lleno, bandera palestina y “formación política” en Zipaquirá como si fuera un taller de civismo.
Lo que no sale en el post: temario, quién paga, qué se enseña y a quién se va a postular el año que viene. El CNE les reconoció personería por fusión; el congreso interno sigue sin fecha firme y hay voces internas que lo ven para febrero de 2027. Mientras tanto recorren el país con el mismo aparato que usaron en campaña.
Una cosa es oponerse. Otra es vender como escuela lo que es maquinaria territorial. El ciudadano no ve el pensum. Ve al senador en la foto y a la calle el lunes igual.
El Consejo de Estado anuló el 3 de julio la tercera reelección de Ivaldo Torres. Van 85 días y el CSU de Unipamplona no ha publicado la convocatoria nueva que ese fallo exige: inscripción abierta, sin filtro territorial y sin tercer período seguido.
Lo que sí hay es un encargo. El Acuerdo 047 del 31 de julio dejó a Laura Villamizar Carrillo al frente. Ella sigue firmando como rectora: recibió a más de 1.300 estudiantes el 1 de septiembre y el 22 expidió la Resolución 791, que suspende el concurso de 95 plazas de planta y 30 de medio tiempo.
Eso no es vigilancia. Es rectoría de hecho mientras el proceso de titular no arranca.
Los dos delegados del Gobierno en el Consejo Superior —Presidencia y Ministerio— ya figuran en el recuento público como pieza del tablero. La autonomía no se defiende dejando el calendario en blanco.
@ABDELAESPRIELLA le pide a @Mineducacion inspección inmediata. El papel que falta es la convocatoria. Sin esa fecha, lo de “poderes externos que ordenan contratación” se queda en adjetivo y la plata de 25 mil estudiantes sigue girando en el limbo.
Ojo.
Ántes que lo Censuren..!!
El Video que maría josé pizarro NÓ quiere que salga al aire. Cópienlo.!! Que lo sepa toda Colombia.. !! (RT) Cuando un mamerto pretenda hablar de la etica de esta pichón de guerrillera muestreleceste Video.!