🚨Franklin Carreño, hijo del periodista Roland Carreño, informa que no le permitieron entrar a visitar a su papá en el Rodeo I.
Luego de 18 meses secuestrado por la dictadura, a Franklin no le han permitido visitar ni una sola vez a su papá.
Exigimos que el régimen cumpla con su palabra y proceda a liberar, de inmediato y sin condiciones, a los más de 1.200 presos políticos.
Libertad para Roland Carreño y libertad para todos los presos políticos en Venezuela.
Freddy Superlano cumple hoy un año y cinco meses detenido arbitrariamente. Diecisiete meses de encierro injusto que también han sido una condena para su familia, obligada a pasar la Navidad y el Año Nuevo separada y sin abrazos.
Mientras muchos venezolanos se reencuentran en estas fechas con los suyos, el régimen decidió mantener a Freddy aislado, sin visitas, sin contacto con su esposa y su hija, prolongando un castigo que no tiene sustento legal ni humano. Castigar así es crueldad deliberada.
Freddy no está preso por un delito. Está preso por haber defendido la voluntad del pueblo de Barinas y por no someterse al miedo. Su familia no merece este dolor, como tampoco lo merecen las familias de cientos de presos políticos que siguen pagando el precio de la represión.
Una de las torturas más fuertes a las que nos ha sometido el chavismo es a la separación familiar como método de castigo político. Hoy por eso reiteramos nuestra exigencia: la libertad inmediata de Freddy Superlano y de todos los presos políticos.
La menor de ellas tiene 16 años de edad y está presa desde hace meses. Es sobrina de un perseguido.
La mayor es Yosida Vanegas, de 69 años de edad, presa desde 2023. Solo era la madre de un militar preso que intentaba verlo en la cárcel y la dejaron encarcelada desde entonces.
Pregúntenle a los medios de comunicación y las agencias informativas de España cuánto le han dedicado a los 20 españoles presos políticos / rehenes de Maduro en Venezuela.
#LibertadYa Es profundamente preocupante la situación de Carlos Julio Rojas, periodista y defensor de derechos humanos, quien lleva 20 meses detenido en el Helicoide sin acceso a una defensa adecuada, ya sea pública o privada. Su caso refleja una grave violación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de Venezuela, que sigue vigente y debe ser respetada.
Ninguna persona debe permanecer privada de libertad sin un debido proceso, sin cargos claros o por motivos arbitrarios. La detención prolongada sin juicio justo es una forma de violación de los derechos DD.HH.y atenta contra el Estado de derecho.
@_Provea@LabPazVe
#Amnistía
#HumanRightsWatch
#ONUDerechosHumanos
#ForoPenalInternacional
#NavidadSinPresosPoliticos
#LibertadYaCarlosJulioRojas
Lo entrevisté hace tres semanas para mi programa "Qué pasó con lo que pasó? Y ahora se desconoce su paradero. Les hablo del politólogo venezolano Nicmer Evans. Fue detenido el sábado 13 de diciembre por el Sebin, pero como acostumbra el régimen, no hay acceso a él ni se conoce en dónde lo tienen ni en qué condiciones.
En este episodio de mi programa https://t.co/BhqE7wh7aK hablamos de la situación en Venezuela, de los escenarios para la dictadura ante las acciones de Estados Unidos. Nicmer fue un chavista desencantado del regimen y como tal es franco en sus señalamientos al régimen.
Conoce la situación venezolana no sólo por su profesión sino porque vive en Caracas y como muchos, ha mantenido la voz crítica en medio del asedio y la persecución. Su familia merece saber en dónde está. Maduro y su banda no pueden seguir abusando de la ciudadanía como lo han hecho hasta ahora. Mi solidaridad con Nicmer y su familia.
El Alto Comisionado DDHH ONU, Volker Türk, llama a la liberación incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela por su trabajo en la sociedad civil:
“Incluidos Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda. Sus familiares y 4 adolescentes que permanecen bajo custodia tras las elecciones de 2024”
▪️ Soborno
▪️ Malversación de fondos
▪️ Lavado de dinero
▪️ Enriquecimiento ilícito
▪️ Obstrucción de la justicia
La corrupción es el abuso de poder para beneficio propio.
Debemos mantenernos #UnidosContraLaCorrupción.
https://t.co/VN5vbP22mZ
El dirigente de la CTV José Elias Torres sigue en situación de desaparición forzada, tras más de 200 horas de haber sido detenido arbitrariamente por la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Torres fue detenido el pasado 29 de noviembre en su vivienda en Caracas.
El 3 de diciembre se presentó un Hábeas Corpus en los Tribunales Penales de Caracas, pero el recurso no fue recibido en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial.
El 4 de diciembre el recurso de Habeas Corpus fue presentado en la Sala Constitucional del TSJ, donde finalmente fue recibido.
Los familiares de José Elias Torres han recorrido distintos centros de reclusión en Caracas, y en todas las dependencias la respuesta ha sido negar información sobre su paradero.
Hasta la fecha, el nombre del dirigente sindical no aparece en los registros de la coordinación de Defensa Pública ni en los registros de los Tribunales.
Su caso ha sido presentado en distintas instancias de Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Exigimos la libertad inmediata del líder sindical José Elias Torres.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha cerrado su oficina técnica en Caracas.
En Venezuela no existen condiciones para investigar, sancionar y reparar crímenes competencia de la Corte.
El mensaje es claro: sin voluntad política, no hay complementariedad posible. Esto ocurre frente al deterioro del Estado de derecho en Venezuela, el incumplimiento de obligaciones internacionales y amenazas de retiro del Estatuto de Roma.
La oficina, creada en 2023 para brindar asistencia técnica, nunca logró avances concretos debido a la falta de voluntad de Nicolás Maduro y a la opacidad que rodeó su funcionamiento.
Mecanismos internacionales han advertido reiteradamente la falta de independencia del poder judicial en el país y su rol dentro del aparato represivo, lo que impidió que la cooperación de la CPI tuviera impacto real.
A pesar de ello, la investigación en la Situación Venezuela I avanza. Más de 8.000 testimonios han sido documentados, y entre agosto de 2024 y julio de 2025 víctimas y grupos de víctimas remitieron 164 formularios con nueva información.
Su persistencia ha sido clave para sostener la investigación.
El cierre de la oficina no afecta la investigación. La responsabilidad penal individual sigue en el centro y la vigilancia internacional sobre Venezuela continúa.