Olivia
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Celeste Rosas
@Celesterosasm
Mujer dedicada al desarrollo de los pueblos andinos y amazonicos; con enfoque territorial e intercultural. La Primera Infancia es primordial para el desarrollo.
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🇺🇸 🇮🇷🚩El peor momento para alinearse con EEUU
Estados Unidos🇺🇸 sale del conflicto con Irán 🇮🇷más débil de lo que entró. Y este es el peor momento para alinearse con él.
Ninguna salida realista para Washington revierte el resultado neto del conflicto iniciado el 28 de febrero de 2026: Irán consolidó capacidad de coerción sobre Ormuz, impuso cobro de peaje con encuadre de reparación de guerra, y EEUU quedó con la Reserva Estratégica de Petróleo en su nivel más bajo desde 1983, bases dañadas en el Golfo y su despliegue hacia Israel en revisión.
Golfo: fractura del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)
Más de 20 ataques contra instalaciones 🇺🇸mostraron que Washington no pudo proteger a sus propios socios. La respuesta del CCG fue divergente: EAU🇦🇪 giró a la confrontación abierta y se retiró de la OPEP (mayo 2026); Arabia Saudita🇸🇦 optó por desescalar vía mediación pakistaní 🇵🇰; el resto (Catar🇶🇦Kuwait🇰🇼, Baréin🇧🇭, Omán🇴🇲) fue atacado pese a años de normalización con #Irán. China 🇨🇳 evitó usar su influencia sobre Teherán para contener el conflicto, lo que descartó su rol como sustituto de garante de seguridad: el resultado es alineamiento múltiple del Golfo, no un cambio de patrón hacia Pekín.
🇪🇺Europa: aceleración de la ruptura transatlántica.
Los ataques del 28 de febrero se lanzaron sin consulta a los aliados; solo España🇪🇸 rechazó el uso de sus bases, lo que motivó amenaza de embargo y retiro de 5.000 soldados de Alemania🇩🇪. En la cumbre de la OTAN en Ankara (7-8 de julio) se reafirmó el Artículo 5 pero avanza el esquema de "multivelocidad". A diferencia de Irak 2003, ya no hay base de intereses compartidos que permita reparar el vínculo rápido: la autonomía estratégica europea pasó de aspiración a necesidad operativa.
Periferia global: transferencia regresiva de ingresos. El Brent superó los 120-126 dólares por barril en su pico. 65 de los 75 países más pobres y pequeños insulares (casi mil millones de personas) dependen de petróleo importado; costo adicional estimado: 16.100 millones de dólares para los países más pobres y 4.300 millones más para los pequeños insulares. Pakistán racionó combustible, Bangladesh🇧🇩 agotó reservas, Indonesia🇮🇩 y Filipinas🇵🇭 vieron sus monedas en mínimos históricos. A tres semanas del inicio, la gasolina subió en 106 países (máximo en Filipinas, +54,2%). Efecto de segundo orden: la crisis acelera —no frena— la diversificación energética en la periferia, aunque África sigue recibiendo solo 2% de la inversión global en energía limpia.
🇨🇳China: ganancia geopolítica con costo económico real.
#China depende del Golfo por más de un tercio de sus importaciones de crudo; amortiguó el shock con ~104 días de cobertura en reservas y crudo con descuento de Irán y Rusia. Vetó junto a Rusia, en abril de 2026, una resolución del Consejo de Seguridad impulsada por Baréin. Su plan 2026-2030 refuerza el gasoducto Power of Siberia 2 para reducir exposición a Medio Oriente.
🇷🇺#Rusia: el beneficiario más directo.
Moscú había proyectado su presupuesto 2026 con petróleo a 60 dólares; el shock de Ormuz generó un ingreso extraordinario estimado en torno a 15 millones de dólares diarios en promedio durante marzo de 2026, financiando su esfuerzo de guerra en #Ucrania. Proveyó a Irán inteligencia satelital sobre posiciones estadounidenses sin comprometer fuerzas propias. El eje Rusia-China pasó de coordinación táctica a alineamiento estructural, visible en el doble veto de abril.
Síntesis. No es una derrota que beneficia a un solo actor, sino un desgaste estadounidense con beneficiarios asimétricos: Rusia gana sin costo militar; China gana geopolíticamente pero paga como importador; la periferia global sufre un perjuicio agudo con incentivo estructural a diversificar; Europa acelera su autonomía; el Golfo queda fracturado sin que ningún actor externo ocupe el vacío de garante de seguridad.
El costo de alinearse sin cálculo propio.
Este es el peor momento para que un país latinoamericano se alinee incondicionalmente con EEUU en vez de sostener una conducta pragmática. Washington sale con menor capacidad de sostener compromisos de seguridad, reservas petroleras drenadas a su nivel más bajo en más de cuatro décadas, la relación transatlántica en revisión abierta y una periferia del Golfo que ya aprendió que la lealtad no compra protección. Atarse a esa potencia en retroceso relativo —renunciando a diversificar vínculos con el resto del mundo y vecinos regionales— no es una posición de principios: es asumir los costos de una alianza sin recibir las garantías que ofrecía cuando EEUU aún podía sostenerlas. Para algunos, alinearse incondicionalmente hoy no es realismo: es nostalgia.
Y si agregamos los posibles efectos del Fenómeno del Niño, es panorama es crítico.
🇨🇱🇨🇴🇵🇪¿A quiénes afecta más la guerra en medio oriente en Chile, Colombia y Perú?
El repunte del petróleo (+4% a +6,6% tras el ataque 🇮🇷iraní, la noche del 28/7/26 , contra tropas de EE. UU🇺🇸. en Jordania🇯🇴) no golpea igual en Chile, Colombia y Perú. La diferencia no está en el shock —es el mismo para los tres— sino en hacia dónde fluye el excedente que ese shock genera. Y en los tres casos fluye en la misma dirección: desde el hogar pobre e informal hacia el Estado, hacia los sectores formales, y hacia los importadores. Desde el ciudadano común hacia unos pocos.
🇵🇪Perú lo hace de la forma más directa. Sin banda ni fondo de estabilización, el mercado traslada el alza casi en tiempo real: en julio, ya se aplicó incrementos superiores al 7% en algunos productos, con el diésel subiendo S/ 1,51 por galón. El importador y el distribuidor trasladan el costo sin fricción; quien no puede comparar precios entre grifos —el que no tiene tiempo ni movilidad— termina financiando, con hasta S/ 6 más por galón, el margen de quien sí puede elegir.
🇨🇱Chile reparte el golpe en el tiempo, pero no lo elimina: es una transferencia diferida, no cancelada. El Mepco amortigua vía un fondo que el propio Estado debe reponer con presupuesto público —es decir, con impuestos que pagan también los hogares pobres—, mientras protege del ajuste íntegro a quien sí puede absorberlo. El nuevo salto del Brent ya proyecta un alza de ~CLP 30 por litro para el 30 de julio; sin el mecanismo habría sido de CLP 70-100+ en una sola semana, y ese diferencial lo cubre el fisco, no el mercado.
🇨🇴Colombia es el caso más nítido de esta transferencia hacia arriba. Como exportador neto de crudo, el alza del Brent aumenta lo que el Estado recibe por Ecopetrol y regalías —una renta que se concentra en el fisco y en el sector formal de la industria petrolera—. Pero como importador de refinados, ese mismo Estado sostiene el precio interno con el FEPC, cuyo déficit proyectado llega a $14 billones en 2026. Ese subsidio, financiado con recursos públicos, beneficia proporcionalmente más al dueño de vehículo formal que al trabajador informal: el pobre paga impuestos que subsidian el combustible de quien más consume.
El patrón es el mismo en los tres países, solo cambia el mecanismo: el alza del petróleo no se limita a encarecer un bien, opera como un canal de transferencia de ingresos desde el trabajador —sin ahorro, sin crédito, sin margen— hacia el fisco que captura la renta o financia el subsidio, hacia el sector formal que consume más y se beneficia más de cualquier amortiguador, y hacia el importador que traslada el costo sin asumirlo. La informalidad (más del 70% en #Peru2026 ) no es un dato marginal: es la razón estructural por la que ese hogar no tiene cómo protegerse de la transferencia.
#OrmuzWarEconomics #TransferenciaRegresiva
Y la infancia, afectada directamente.
🇵🇪El precio de la guerra en el grifo peruano
Entre el 28 de febrero y los primeros días de marzo de 2026, Estados Unidos 🇺🇸e Israel🇮🇱 atacaron Irán🇮🇷. El cierre del estrecho de #Ormuz —por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial— empujó el precio del barril de crudo hacia arriba. Luego se estabilizó momentáneamente por encima de su nivel previo. Ese fue el shock externo. Lo que ocurrió en el Perú fue otra cosa.
El diésel B5 se importa en su mayoría absoluta desde 🇺🇸. Pasó de S/ 12,14 por galón a fines de febrero a S/ 21,25 al 31 de marzo: un aumento del 75 % en apenas un mes. En los grifos de Lima se llegó a cobrar hasta S/ 27,99 el galón —equivalente a unos US$ 8,04—. En esos mismos días el diésel costaba alrededor de US$ 6,10 en Santiago de Chile, a pesar de que Chile también es importador neto, y US$ 3,11 en Bogotá. El precio limeño superó en casi un tercio al chileno y fue más del doble que el colombiano. Un transportista que llenaba su tanque dos veces por semana pasó a gastar entre S/ 300 y S/ 400 más al mes solo en combustible.
El mercado peruano de combustibles es oligopólico, y el Estado 🇵🇪 no cuenta con fondos de reserva de hidrocarburos, ni con coberturas financieras soberanas, ni con un Fondo de Estabilización de Precios suficientemente amplio para absorber un shock de esta magnitud. En el peor momento se sumó además la rotura del gasoducto de Camisea en Megantoni. El resultado fue una transmisión del precio varias veces mayor que el alza del crudo internacional.
Este comportamiento responde a un patrón conocido: los precios suben con rapidez cuando hay escasez o incertidumbre, pero bajan muy lentamente —o casi no bajan— cuando las condiciones mejoran. En junio de 2026, casi cuatro meses después del ataque y con Ormuz parcialmente reabierto, el diésel en Lima seguía entre 54 % y 60 % más caro que antes de la guerra. La meseta alta, no el pico momentáneo, es el costo estructural que quedó instalado.
Ese sobrecosto no se distribuye por igual. Los hogares de menores ingresos destinan una parte mucho mayor de su gasto a transporte y alimentos. Cuando sube el diésel, sube primero el costo de llevar los productos desde las zonas productoras hasta los mercados de barrio: los alimentos llegan más caros antes de que nadie haya tomado ninguna decisión política. Los comedores populares y similares, que atienden a más de un millón de personas, recibieron una transferencia de emergencia de S/ 29,5 millones —después de que los precios ya habían subido—. Con el mismo presupuesto, las familias compran menos o rebajan la calidad de lo que consumen. El efecto termina llegando también a la nutrición infantil.
El Estado peruano, después de más de tres décadas de manejo liberal ortodoxo, no construyó los instrumentos de amortiguación que sí tienen otros países para este tipo de riesgos geopolíticos recurrentes. Por eso cualquier tensión en Ormuz🇮🇷 se traslada casi directamente al surtidor, al pasaje del bus y a la canasta de los que menos margen tienen para absorberla.
Y mientras se mantenga el modelo donde el Estado es subsidiario y la gestión reactiva, el siguiente shock —que estadísticamente volverá a ocurrir— volverá a cobrarse en los mismos bolsillos.
El diésel no es solo un bien de consumo final: es un insumo de producción transversal a la economía 🇵🇪. Afecta directamente la agricultura (maquinaria, bombeo de agua, transporte de cosechas), la minería (transporte de mineral y operación de equipos), la pesca (combustible de flota) y toda la cadena logística nacional. Un alza sostenida del diésel encarece estructuralmente el costo de producir y transportar casi cualquier bien dentro del país, erosionando la competitividad de las exportaciones y presionando los márgenes de las empresas que no pueden trasladar el costo completo a precios finales sin perder mercado.
La falta de prevención y el modelo imperante, afecta a todos‼️
El próximo escenario precario en el Perú:
#EleccionesPerú2026
🇵🇪PERU: LA LEGITIMIDAD DEL PRÓXIMO GOBIERNO EN CUESTIÓN‼️
#Peru acaba de vivir la elección presidencial más ajustada de su historia reciente. Menos de mil votos de diferencia sobre un padrón de 27 millones.
Detengámonos en los números reales
Cada candidato obtuvo aproximadamente el 33% del padrón total. No de los votos válidos: del padrón. El otro tercio —más de 9,2 millones de ciudadanos— no eligió a ninguno: votaron nulo, en blanco, o simplemente no fueron. Esto en un país donde el voto es obligatorio. Cuando casi 8 millones de personas no votan pese a la obligación legal, eso no es indiferencia. Es una señal política que el sistema no está procesando.
El gobierno que resulte proclamado será jurídicamente legítimo. Eso no está en discusión. Pero arrancará con un tercio del padrón a favor, un adversario con otro tercio casi idéntico, y un bloque de desafección activa que supera a cualquiera de los dos. Esa no es una eventualidad: es su condición de origen.
Ahora, la pregunta que nadie está formulando con claridad: ¿por qué el resultado fue tan ajustado si había "tanta diferencia" entre los candidatos? Porque en lo que más importa estructuralmente —el modelo económico— no había diferencia real. Ambos dijeron que respetarían la autonomía del BCR. Ambos se comprometieron a mantener la subsidiariedad del Estado y el actual marco de inversión privada. Ambos operaron dentro del mismo modelo vigente desde los noventa.
La polarización que vivió el país estas semanas fue en gran medida una operación discursiva, no una disputa de proyectos.
Lo mismo ocurrió con la fractura étnica. Ambas candidaturas la instrumentalizaron, pero ninguna ofreció una respuesta estructural a la desigualdad que la produce. Sánchez señaló, con razón, la histórica exclusión de la población andina del poder. Pero su propio equipo técnico reproducía esa exclusión desde adentro: cuadros socialdemócratas limeños que tratan lo andino —la cultura, el territorio, la cosmovisión de las mayorías que dicen representar— como dato folclórico antes que como fuente legítima de orientación política. Inclusión retórica con desplazamiento efectivo.
Fujimori, por su parte, articuló su base en sectores que han internalizado el rechazo a la identidad de origen de sus padres y abuelos como condición de ascenso social. La apelación al orden y al anticomunismo funcionó en esos sectores como mecanismo de distinción respecto a lo que fueron, no como proyecto de inclusión. La fractura étnica fue explotada por ambos lados. Ninguno la resolvió.
El fujimorismo al menos fue explícito en sus lealtades y en lo que iba a hacer. Del otro lado, la apuesta de insidir por un perfil socialdemócrata fue un error grave de lectura del humor político real. La demanda concreta de amplios sectores del electorado no era moderación institucional. Era fuerza. Resultados visibles en seguridad, en crimen organizado, en corrupción. El argumento de "tenemos los mejores técnicos" suena triste en un país donde la gente no descarta que haya otros equipos —más duros, más decididos— capaces de resolver en verdad.
Y hay algo más que el número no muestra pero que lo explica: los votos nulos o viciados aumentaron entre la primera y la segunda vuelta. El descontento no desapareció. Se transformó. Una parte del electorado que antes dejaba la cédula en blanco como rechazo difuso, en esta segunda vuelta eligió deliberadamente viciar su voto. Eso es rechazo activo, no abstención pasiva.
La pregunta no es quién tiene derecho a gobernar. Lo tiene quien el JNE proclame. La pregunta es con qué capital político real lo hará —y si quienes lo rodean están siendo honestos sobre esa fragilidad, que limita concretamente los grados de libertad para negociar inversiones, resolver conflictos y atender problemas de fondo.
Un gobierno puede ser legalmente válido y políticamente frágil al mismo tiempo. Perú es hoy, para la mayoría de su población, más ancho y ajeno.‼️
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Escribí biografías, el asalto a La Tablada, La Noche de las Corbatas, la historia del EAAF, el desembarco en las Georgias y cómo se filmó La hora de los hornos.
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‼️Encuestas para perder el tiempo
Las encuestas políticas en los países andinos 🇨🇴🇨🇱🇪🇨🇧🇴🇵🇪, son herramientas de construcción de realidad: las preguntas no son neutrales. Esas encuestas miden la opinión pública dentro de los límites de la agenda permitida por el sistema que las financia y al que pertenecen sus directivos.
Conviene precisar una distinción que suele borrarse en el debate público: la encuesta sociológica es una herramienta de investigación que, aplicada con rigor, produce conocimiento real. La encuesta política mediática opera en una lógica distinta: su función no es conocer sino construir percepción. La crítica de este texto recae sobre la segunda, no sobre el instrumento en abstracto.
La "opinión pública" que se visibiliza y la que se oculta: al estratificar y ponderar, efectivamente se "corrige" la voz del segmento pobre o rural para que no distorsione la muestra. Pero el proceso mismo de convertir la molestia, la cosmovisión andina, afro o amazónica, o la demanda de autonomía territorial en una opción de "apruebo/desapruebo" es un acto de coacción epistémica. La encuesta domestica la disidencia para hacerla digerible en un gráfico de torta. Al no cuestionar problemas estructurales como el clasismo, sus análisis siempre llegan tarde a los estallidos sociales, porque sus herramientas no están diseñadas para escuchar sino para medir dentro de los carriles de lo que conciben como orden. Lo curioso es que esa ideologización les restringe el acceso a una mayor predictibilidad.
En Perú🇵🇪, hay un ecosistema cerrado donde los contratantes —grupos mediáticos— contratan o cofinancian a encuestadoras cuyos dueños o líderes pertenecen al mismo círculo social, educativo y económico. Esto genera conflictos de interés evidentes y explica la crítica recurrente al "sesgo del sistema".
Un caso típico es Ipsos Perú, cuyo presidente ejecutivo es esposo de la directora y propietaria del diario Perú21, principal contratante de sus encuestas políticas.
Otro caso es el Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Creó su Área de Estudios de Opinión el 2018, con respaldo de la Fundación Ford🇺🇸. Sus encuestas son telefónicas —implementadas desde abril de 2020, con marco muestral construido mediante selección aleatoria de números de celular a través de software propio (SMUT)—, priorizando zonas con mejor señal y mayor disposición a contestar. Lo rural queda así subrepresentado en proporción al universo electoral real. Su contratante es el diario La República, socialdemócrata, miembro de la SIP. Pero más revelador que quién contrata es quién financia institucionalmente: el IEP recibe fondos regulares de la Fundación Ford 🇺🇸y de otras como la Open Society (de Soros🇺🇸🇮🇱). Esto no significa que la Ford encargue encuestas ni dicte resultados: el mecanismo es más sutil y, por eso, más eficaz. Una institución que depende de ese financiamiento desarrolla, con el tiempo, un horizonte interpretativo que excluye por defecto lo que pondría en riesgo la renovación de sus fondos. La "independencia" que proclama el IEP es real frente al gobierno peruano de turno; no lo es frente a los poderes fácticos globales ni frente al statu quo que lo financia. Su propuesta teórica —una narrativa donde el Perú es un país "híbrido, complejo y matizado", donde trazar líneas de clase es señal de simplismo— cumple una función precisa: es una versión ilustrada para deslegitimar la protesta social bajo el argumento de que quienes protestan no comprenden la sofisticada realidad peruana.
No olvidemos el caso de José María Arguedas y la imposición de la razón instrumental: el IEP, con ansias de ser el faro de la "modernidad" académica en el Perú, confrontó la forma netamente andina del entendimiento de Arguedas. Del lado del IEP, la lógica eurocentrista; del lado de Arguedas, el conocimiento de quien había vivido el mundo andino desde dentro. El IEP le dijo: "tu verdad no es válida porque no se ajusta a nuestro método". Fue una ejecución epistemológica.
Discutir sobre los resultados y proyecciones de estas encuestas, en ese contexto, resulta una pérdida de tiempo.
#EleccionesPerú2026
🇨🇴Elecciones en Colombia ¿El patrón se repite?
En Perú🇵🇪 y Bolivia🇧🇴, insisto, la socialdemócracia —Sánchez en Perú, Arce-Paz en Bolivia— lanzaron discursos transformadores, pero sus equipos muestran que terminaron y terminarán aplicando la receta liberal ortodoxa, e iniciativas bloqueadas en el Congreso, dejando bases organizadas frustradas y la legitimidad en el piso.
En 🇨🇴Colombia el caso es más crudo, Aquí nunca hubo reforma agraria o acto similar. El 1% controla el 42% de la tierra productiva. Los “pura sangre” —esas élites criollas bogotanas, antioqueñas y vallecaucanas con apellidos coloniales— siguen cerrando el juego: academia, judicatura, medios y directorios. Menos movilidad social que en 🇵🇪 o 🇧🇴. El único ascensor que quedó abierto para muchos fue la violencia armada (guerrilla, paras, narco). Aunque el país es multicultural, el clasismo es etnicizado y se expresa en las universidades de prestigio, los estrados y las instituciones.
Las estirpes y sus candidatos
La contienda del 21 de junio no es retórica, y ambos tienen una votación representativa:
Abelardo de la Espriella (43,7% en primera vuelta): es el backlash puro de esas estirpes. Bases: voto urbano medio-alto, ganaderos tradicionales, anti-petrismo visceral. Equipo: abogados y empresarios que defienden la estructura tradicional de propiedad sin matices. Nunca tocó la concentración de tierra. El uribismo organizado es su columna vertebral en una transacción clara: respaldo electoral a cambio de músculo legislativo.
Iván Cepeda (40,9%): no es socialdemócrata light como #RobertoSánchez y su equipo. Sus bases son exactamente las que cargan los rezagos coloniales: víctimas del conflicto, campesinos sin tierra, comunidades afro del Pacífico y Caribe, pueblos originarios. Su equipo es el núcleo duro del petrismo + movimientos territoriales. Impulsó la Reforma Rural Integral de los Acuerdos de Paz 2016 y la mayor formalización de tierras desde 1990. Viene de movimientos populares, no de la tecnocracia o de ONG.
La lección pendiente
Petro también venía del sector movilizado popular. Y el resultado fue el mismo: bloqueo judicial, Congreso hostil, élites coordinadas, bases frustradas. No por traición, sino porque faltó arquitectura política que conectara la movilización con el gobierno. Su accionar quedó reactivo, defendiéndose en vez de avanzar.
Si Espriella gana, sabemos lo que viene.
Si Cepeda gana y se limita a lo congresal, reproduce el mismo patrón que Latinoamérica ya conoce de memoria.
La diferencia que puede cambiar todo
Cepeda tiene la oportunidad de romper el nudo que #Perú y #Bolivia no pudieron desatar: tierra, colonialidad institucional y canales reales de movilidad. Pero solo si entiende si gana en el territorio, con bases organizadas y autónomas, desde el primer día. Gobierno ejecutando lo que el movimiento decide, no al revés. Esa es la diferencia entre una segunda oportunidad real y cien años más de soledad.
Hay una variable nueva: el respaldo de EE.UU. a las élites y al paramilitarismo está en repliegue. No elimina el riesgo físico, pero sí cambia el costo diplomático y económico de cualquier operación sistemática de exterminio, más aún cuando Colombia necesita con urgencia inversión nueva y estabilidad social.
#Colombia llega al 21 de junio con la polarización más profunda de su historia reciente, élites que saben exactamente lo que está en juego, y bases que ya vivieron la frustración del ciclo Petro y no están dispuestas a repetirlo. Las mayorías que cargan los rezagos coloniales tienen otra oportunidad.
Esa es la diferencia en una segunda oportunidad real, “sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz”.
🇵🇪La legitimidad del próximo gobierno en cuestión
En Perú, antes de hablar de porqué votar por uno u otro candidato, conviene preguntarse algo más básico: ¿a quién representa realmente?
El padrón electoral 2026 tiene 27,325,432 peruanos habilitados para votar. De ellos, solo ~20 millones fueron a las urnas. De esos 20 millones, más de 3,370,000 votaron en blanco o viciaron su voto. En total, cerca de 10,695,000 peruanos —el 39% del padrón— no emitieron un voto válido para nadie.
Sobre esa base, los números de los finalistas son estos:
▸ Keiko Fujimori obtuvo ~2,877,000 votos → 10.5% del padrón total
▸ Roberto Sánchez obtuvo ~2,015,000 votos → 7.4% del padrón total
Independientemente de quién gane el 7 de junio, el próximo gobierno del Perú llegará al poder con la legitimidad más baja de la historia reciente. Lo hará con votos prestados, votos “contra el otro”, no votos de convicción.
El probable ganador habrá sido elegido, en primera vuelta, por menos de 1 de cada 14 peruanos habilitados para votar.
Hay una diferencia que no siempre se discute con claridad: legalidad no es lo mismo que legitimidad. El proceso es legal (eso no significa eficaz ni equilibrado). Cumple con las reglas. Pero la legitimidad —el respaldo genuino de una mayoría— simplemente no está ahí en los números.
En el caso de Sánchez, el problema es estructural. Sus votos preferenciales como candidato a diputado por Lima fueron ~14,809. Solo un ≈0,054%. Es decir, incluso su propio electorado no votó por él. La agrupación Juntos por Perú obtuvo un voto de identidad regional y protesta, no de confianza personal en el candidato.
¿Qué implica gobernar desde esa precariedad?
Con un Congreso bicameral fragmentado donde Fuerza Popular y Renovación Popular operan como bloque de contención, cualquier reforma estructural —tributaria, laboral, de pensiones— nace bloqueada o tan diluida que se vuelve cosmética. Lo que queda es gestión diaria de crisis, decretos ejecutivos de alcance limitado y gasto social focalizado al estilo Banco Mundial: visible, pero sin cambiar las reglas del juego.
A eso se suma que Sánchez arrastra investigaciones abiertas desde su paso como ministro. En un Congreso opositor, cada denuncia es un arma política. La pregunta adicional no es si habrá interpelaciones y amenazas de vacancia, sino cuándo empezarían.
El resultado probable: un gobierno con discurso de izquierda y práctica fiscalmente liberal ortodoxa con barniz socialdemócrata, reconfirmado además por el equipo que ha convocado. Un gobierno lleno de concesiones, administrando la supervivencia política más que ejecutando un proyecto. Las regiones andinas y amazónicas que lo votaron con expectativas altas serán las primeras en frustrarse.
El ejemplo pertinente podría ser el de #Bolivia. La población no votó por el liberalismo abierto de Quiroga, optó por la opción socialdemócrata que luego aplicó la receta ortodoxa del Banco Mundial. Hoy, al medio año de gestión, 🇧🇴Bolivia está en una ola de protestas masivas sin salida clara. Sin embargo, Bolivia sí tiene organizaciones sociales con identidad fuerte. En Perú, en cambio, los aculturados y los socialdemócratas instalados en diversas instituciones y gremios dificultan los consensos sociales transformadores, bloqueando cualquier alternativa que no pase por sus propias redes.
El Perú necesita un gobierno legítimo y un proyecto que genere un consenso mínimo y, sobre ello, actuar con pragmatismo, sin subordinación material ni ideológica. Ahí está la discusión relevante y el qué hacer.
La legalidad sigue intacta. La legitimidad, hace rato que no.
La pregunta que el Perú aún no se hace es: ¿Se quiere seguir administrando la medianía o se trabaja para construir un consenso real que permita desarrollo e inversión con reglas estables y un proyecto de país?
#Elecciones2026
🇵🇪No busquen polarización donde no la hay: Perú Elecciones 2026❗️
Siguiendo con la línea del post anterior, ayer, 24 de mayo, se realizó el debate técnico del Jurado Nacional de Elecciones entre los equipos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Lo más relevante no fue lo que se dijo… sino lo que NO se dijo. Ninguno de los dos cuestionó el modelo económico vigente.
Ambos coincidieron en lo esencial: estructura tributaria intacta (Fuerza Popular incluso propuso cero impuestos a nuevas empresas como incentivo focalizado), autonomía plena del Banco Central de Reserva (JP pidió explícitamente que la actual gestión se mantenga), y rechazo total a mayor participación modificaciones en la propiedad estatal, menos estatizaciones; tampoco cambios en contratos de estabilidad, ni reformas profundas en los sistemas de pensiones, educación, salud, o en un sistema electoral tan cuestionado.
Las diferencias se limitaron a matices operativos. Nada estructural. JP presentó un discurso con tono “izquierda”, pero en la práctica operó 100% dentro del marco macroeconómico liberal ortodoxo.
Sus principales expositores provienen de la socialdemocracia, corriente que en elecciones pasadas ha obtenido resultados marginales (0,83% en su última aventura en alianza con otros grupos), pero que siempre termina con cargos relevantes en gobiernos de turno (Toledo, Humala, Castillo).
Ayer quedó claro: ningun grupo viene a cambiar las reglas del juego, sino a administrarlas con otro estilo. Fuerza Popular apostó por destrabe de proyectos, formalización vía incentivos y capitalismo popular. Resultado: ambos equipos jugaron dentro de las mismas reglas. La competencia real no es por cambiar el modelo… sino por quién lo administra.
Fuera de la anécdota, lo preocupante es que el debate fue cortoplacista. No se tocó la inseguridad energética, ni la alimentaria, ni el impacto de la geopolítica (la confrontación real Occidente-Sur Global), ni cómo prepararnos para un fuerte fenómeno del Niño o shocks externos. Como si el mundo siguiera siendo el de los años 90, con la hegemonía total de Estados Unidos🇺🇸.
En resumen: Ambas agrupaciones manifiestan un consenso macroeconómico, eso da imagen de estabilidad que mantiene fuerte predictibilidad; pero también genera medianía crónica. Ayer no se vio dos proyectos de país distintos, se vio dos equipos compitiendo por manejar el mismo Estado con los mismos esquemas.
El votante 🇵🇪 no elige entre izquierda y derecha económica. Elige entre dos grupos de gerentes del mismo modelo.
#EleccionesPeru2026 #DebateJNE
🇵🇪Banco Central de Reserva del Perú: ¿estabilidad para quién?
Una institución "sólida" en un país frágil
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) presenta indicadores consistentes: inflación controlada, reservas internacionales elevadas (aunque con muy poco oro y con sendos bonos norteamericanos 🇺🇸que cada día valen menos) y tipo de cambio estable. Desde su propia métrica, los resultados son satisfactorios.
Sin embargo, esos resultados coexisten con una realidad social que sus reportes no reflejan:
• El 43,7 % de los niños entre 6 meses y 3 años padece anemia. En #Puno, la cifra supera el 53 %. Casi la mitad de la próxima generación inicia su desarrollo con daño cognitivo por deficiencia de hierro.
• La estatura promedio de los peruanos está disminuyendo, un indicador antropométrico que señala deterioro sostenido en nutrición y condiciones de vida, tendencia opuesta a la observada en países como #Vietnam y #China.
• Uno de cada cuatro peruanos se encuentra en situación de pobreza monetaria: 8,8 millones de personas no acceden a la canasta básica de consumo. Un tercio adicional de la población se encuentra en condición de vulnerabilidad.
• El BCRP proyecta un crecimiento del 3 % para el presente año —cifra que algunos analistas consideran optimista—, insuficiente para generar un impacto redistributivo significativo.
La distancia entre los indicadores macroeconómicos y las condiciones de vida de la mayoría no es un dato marginal. Es el problema central.
La tasa de interés y sus efectos distributivos
La tasa de referencia del BCRP se mantiene en 4,25 %. Esta decisión de política monetaria no es neutral: tiene efectos diferenciados según la posición de cada agente en la economía.
Para el sector financiero formal —bancos, inversionistas—, una tasa elevada ofrece predictibilidad, protege el valor de los activos y refuerza la confianza del mercado.
Para el resto de la economía, entre ellos el 70 % que opera en la informalidad (microempresarios, transportistas, pequeños comerciantes), el resultado es el encarecimiento del crédito y la exclusión del financiamiento productivo. Sin acceso a capital asequible, la capacidad de inversión y generación de empleo en este amplio segmento queda estructuralmente limitada.
El BCRP define su mandato como la preservación de la estabilidad monetaria. Es una definición técnicamente válida. El problema es que esa estabilidad tiene costos distributivos concretos que no forman parte de su evaluación institucional. Cabe señalar, además, que entre las facultades del banco se contempla la adquisición de oro; sin embargo, la institución ha optado sistemáticamente por no adquirirlo a productores locales, una decisión que también tiene consecuencias sobre la economía interna.
Lo que los indicadores del BCRP no registran
Mientras el BCRP acumula reservas, existen dimensiones del deterioro nacional que sus métricas no contemplan:
• La inseguridad y la extorsión afectan de manera desproporcionada a los pequeños negocios y al transporte, sectores que conforman precisamente la base de la economía informal excluida de los beneficios de la estabilidad financiera.
• La calidad ambiental urbana y rural se deteriora: contaminación del aire, gestión deficiente de residuos sólidos, uso de pesticidas en zonas agrícolas y pérdida de biodiversidad. Según el Índice de Desempeño Ambiental 2024 de la Universidad de Yale, el 🇵🇪 se ubica entre los países con peor desempeño en la mayoría de estos indicadores.
Estas condiciones afectan principalmente a los mismos sectores que la política monetaria no alcanza ni protege.
El núcleo del problema
El BCRP muestra reiteradamente su éxito técnico; pero ese éxito se construyó dentro de un marco que excluye el costo humano y social de sus decisiones.
Las tasas restrictivas encarecieron el crédito para pequeñas empresas y el sector informal. La prioridad otorgada a la estabilidad nominal limitó el espacio para el gasto público en salud, agua y saneamiento durante años críticos. Los beneficios de la estabilidad se concentraron en los tenedores de activos financieros, no en quienes dependen del mercado laboral informal o de los servicios públicos.
No se trata de una falla técnica. Se trata de una elección política con consecuencias distributivas deliberadas o, al menos, deliberadamente ignoradas.
Conclusión
El BCRP no opera en un vacío social. Sus decisiones técnicas producen efectos reales sobre la distribución del ingreso, el acceso al crédito y las condiciones de vida de la mayoría de la población.
La estabilidad macroeconómica es necesaria; pero cuando esa estabilidad se construye sin redistribución, sin inversión en capital humano y sin consideración de sus efectos sobre los sectores más vulnerables, no puede presentarse como un logro compartido.
🇵🇪 eligió crecer sin redistribuir. El BCRP es el custodio técnico de esa elección. La pregunta que persiste no es solo si cumplió su mandato, sino a quién ha beneficiado ese mandato en la práctica.
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El mito del “neoliberalismo”
Ciertos sectores, sobre todo académicos y activistas “progresistas”, en especial la denominada izquierda light (aquella subvencionada ideológica y monetariamente por los woke norteamericanos 🇺🇸y la socialdemocracia europea🇪🇺🇩🇪🇫🇷), insisten en hablar de “neoliberalismo” como si fuera el gran culpable de la situación económica y social en la gran patria, cuando el modelo económico básico de libre mercado sigue siendo esencialmente el mismo desde hace décadas.
El “neoliberalismo” es una etiqueta que estos sectores y sus discípulos usan para describir un cambio de énfasis que ocurrió a partir de la década de 1970 y que se consolidó en América Latina con los ajustes estructurales. Estos comenzaron primero en Chile 🇨🇱(1975, bajo los “Chicago Boys”) y Uruguay🇺🇾, y se extendieron en los años 80 y 90 en países como Bolivia🇧🇴 (1985, Nueva Política Económica), Argentina🇦🇷 (1989-1991, Plan de Convertibilidad de Menem), Perú🇵🇪 (1990-1993, con Fujimori), Brasil🇧🇷 (1994, Plan Real), Colombia 🇨🇴(1990-1991), México 🇲🇽(década de 1980-1990) y Venezuela 🇻🇪(1989 y 1996). Los puntos comunes fueron la liberalización comercial, las privatizaciones, la desregulación financiera, la independencia de los bancos centrales, la reducción del gasto social directo y el énfasis en la “eficiencia de mercado”. Todo ello contrastaba con las políticas keynesianas de la posguerra: Estado interventor fuerte, salario alto como motor de demanda y proteccionismo parcial.
Estos sectores hablan constantemente de “neoliberalismo” porque les sirve como categoría política unificadora. Es más fácil atacar un “ismo” reciente y “malo” que cuestionar el modelo capitalista en abstracto, algo que asusta a los votantes moderados. En América Latina, la carga histórica es concreta: los ajustes coincidieron con hiperinflación previa y, en varios casos, con regímenes autoritarios o democracias recientes y frágiles. Se los asocia, además, con corrupción y con la venta de empresas estatales a precios bajos, lo que agravó la desigualdad.
En el fondo, la crítica “anti-neoliberal” no cuestiona el núcleo del modelo. No ataca los modos de propiedad, ni propone planificación económica ni priorizar lo social sobre lo individual. Generalmente solo pide más “Estado redistribuidor”: mayor gasto social, impuestos progresivos más altos, regulación financiera más estricta, proteccionismo selectivo y salario mínimo elevado. Es decir, volver al capitalismo keynesiano o socialdemócrata más intervencionista, con ellos mismos como administradores.
Se trata de una posición reformista pura: se intenta “corregir” solo los resultados más visibles (desigualdad, precariedad laboral, especulación financiera).
La retórica “anti-neoliberal” resulta útil precisamente porque permite:
• parecer radical sin serlo,
• evitar defender alternativas reales,
• atribuir todos los problemas a una sola causa ideológica, en lugar de factores complejos como la hegemonía cultural occidental en contextos multiétnicos, la geopolítica, la tecnología, la demografía, la globalización de cadenas de valor o la precariedad institucional.
Muchos de los que gritan “neoliberalismo” prefieren la crítica fácil a un supuesto “modelo actual” sin reconocer que las propuestas keynesianas también colapsaron en los 70 por razones estructurales (estanflación, crisis fiscal y pérdida de competitividad). Es más cómodo atacar lo llamativo —la “codicia” de los mercados, los recortes, los paraísos fiscales— que analizar el sistema en su totalidad. Otros simplemente ignoran la historia y repiten lo que dicen sus referentes.
En resumen, ese discurso manifiesta posiciones reformistas disfrazadas de radicalidad. Critica la fase actual porque es más vendible que cuestionar el modelo mismo. Lo hace porque, en el fondo, la mayoría de esos sectores no tiene —o no quiere tener— una alternativa sistémica creíble.
El debate real no es “neoliberalismo sí o no”, sino hasta qué punto estamos dispuestos a construir consensos realistas y pragmáticos para sociedades multiculturales con prácticas y lógicas distintas a la europea occidental.
No es raro, entonces, ver curiosidades como en #Perú, donde progresistas de ese nivel se atribuyen el respeto a la “sacra” independencia del BCR @bcrpoficial, omitiendo que fueron implementadores minuciosos de las propuestas del Banco Mundial y colocaron amigos y parientes en sus órganos y en los ministerios donde participaron.
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El PBI explicado con manzanas🍎🍏
El Producto Bruto Interno (#PBI) se consolidó como el indicador económico 🌎después de la Segunda Guerra Mundial, bajo la hegemonía 🇺🇸 y sus instituciones de Bretton Woods. Su propio creador, S. Kuznets, advirtió que usarlo como medida de desarrollo era un “error peligroso”.
Imaginemos dos países: Latinolandia y Weblandia. Latinolandia produce 100 🍎 y las vende a 10 monedas cada una. Su PBI es de 1000 monedas.
Weblandia produce solo 10 🍏 y casi no tiene comercio real. Aun así, su PBI registrado alcanza las 1400 monedas. ¿Magia?
La clave está en lo que realmente mide el PBI: no mide producción física ni el bienestar, sino el volumen de transacciones monetarias formales registradas. Weblandia infla su PBI creando “manzanas de aire”: servicios financieros que generan comisiones sin necesidad de producir más fruta.
Así funciona la receta: Los dirigentes de Weblandia piden prestadas 10000 monedas a un banco, usando sus 10 manzanas como garantía (cada una valorada arbitrariamente en 1000 monedas). El préstamo en sí no suma al PBI, pero sí las comisiones que genera: El banco cobra 500 monedas por “estudio del crédito” → se registra como producción del sector financiero.
Los dirigentes colocan las 10000 monedas en un fondo administrado por uno de ellos, quien cobra 2 % (200 monedas) + 1 % anual por operar derivados financieros de sidra que nunca se produce (100 monedas). Total: 300 monedas más en “servicios de intermediación”.
Paralelamente, los mismos títulos de las 10 manzanas se compran y venden diez veces entre especuladores, generando 500 monedas adicionales en comisiones de corretaje.
Resultado: con solo 10 manzanas reales, Weblandia “produce” un PBI de 1400 monedas‼️.
¿Por qué Weblandia aparece más rica que Latinolandia? Porque el PBI no mide riqueza real, sino actividad monetizada y formalizada. Concretamente: Registra el movimiento, no el contenido: da igual que se trate de manzanas reales o de papeles que las representan.
Confunde costo con beneficio: cada préstamo, cada derivado y cada comisión genera facturas que el PBI suma como “producción”, aunque el resultado final sean las mismas 10 manzanas de siempre. Es como medir la salud de un paciente por la cantidad de facturas del hospital en vez de por si se cura.
Prioriza la formalidad sobre la realidad: un notario que cobra por registrar tu deuda genera PBI; un vecino que te regala una manzana, no.
En resumen, Weblandia no produce más: simplemente pasa más facturas sobre las mismas 10 manzanas, una y otra vez, mediante apalancamiento y servicios financieros. Es una casa de espejos donde cada reflejo cobra entrada y la suma de todas esas entradas se presenta como “producción nacional”.
Con ese criterio, países con alta deuda y financiarización (como #Italia 🇮🇹) pueden tener un PIB nominal mayor que países con recursos reales pero menor desarrollo financiero (como #Rusia 🇷🇺), aunque la riqueza real y el bienestar social no siempre sigan esa jerarquía.
Y países como #Peru🇵🇪, con una informalidad cercana al 70-71 %, la economía real se refugia de un Estado capturado por intereses financieros, empezando por su propio Banco Central. La informalidad es, en gran medida, una estrategia de supervivencia frente a un Estado que no da servicios, que cobra impuestos regresivos y protege mal a los trabajadores. Ya es urgente utilizar sistemas de medición que registren lo tangible, que valore la economía real. Ojo, el problema no es "lo tangible vs. lo financiero", es para quién se produce, cómo se distribuye y a costa de qué.
Los indicadores deben servir para orientar las políticas públicas hacia los intereses de las mayorías, no hacia el espejismo de las transacciones financieras.
Integrar a la pequeña minería (PAME), mediante la compra de los metales preciosos por parte del estado en moneda nacional, no puede formalizarse sin romper las relaciones de poder vigentes defendidas a rajatabla por los actuales funcionarios del @bcrpoficial.
Va video explicativo 👇
🇵🇪Después de las elecciones
Este domingo 12 se realizan las Elecciones Generales 2026 en #Perú, 36 candidaturas presidenciales. Donde la mayoría absoluta (salvo pocas excepciones) son grupos de personas sin ideología sólida y consistente, con un personalismo extremo. El partido existe para lanzar a la cúpula dirigencial, no al revés.
Muchos hacen alianzas oportunistas, donde se prioriza el clientelismo y el populismo, y carecen de una militancia orgánica fuerte ni un corpus ideológico coherente que se mantenga en el tiempo. Son maquinarias electorales de egos más que proyectos ideológicos. No hay disciplina partidaria real porque no hay ideas compartidas, solo lealtad a los líderes.
El sistema de partidos peruano actual es uno de los más débiles y fragmentados de toda #América. Con un sistema electoral, lleno de falencias, que no da confianza. Ello genera inestabilidad crónica y las posibilidades de un gobierno fuerte son mínimas. Ello conllevará a que tenga que negociar con todos los grupos que pasen la valla, y ninguna posibilidad de aplicar un programa coherente. Será una administración de la crisis sin ningún cambio positivo real.
El nuevo Congreso será bicameral (130 diputados, 60 senadores). La valla electoral exige: 5 % de votos válidos nacionales y mínimo 7 diputados o 3 senadores. Resultado esperado: Entre 4 a 7 partidos superarán la valla, el nuevo ejecutivo, para gobernar, necesitará pactos y negociaciones permanentes con bancadas distintas. Eso significará ministerios compartidos o “cuotas” para esos nuevos aliados. Leyes negociadas (y muchas veces diluidas o bloqueadas). Cualquier bancada podría amenazar con censura de ministros o vacancia si no le dan lo que pide.
Resultado: Un gobierno que gestiona lo urgente (economía, seguridad, conflictos sociales) pero no puede empujar reformas estructurales grandes (educación, salud, infraestructura relevante, reforma del Estado). Cambios mínimos y lentos. No habrá “gobierno fuerte” ni programa coherente de largo plazo, el Perú seguirá en modo “continuidad con bajo crecimiento”. Es difícil que haya inversiones relevantes (sobre todo greenfield), la fragilidad institucional lo va a frenar y, en un mundo de tensiones geopolíticas y con una república con debilidad energética y alimentaria, las mayorías pagarán la factura. Se estima un crecimiento de un 2.7% para 2026, o sea nada que genere empleo formal masivo ni incremento de ingresos reales de forma sostenida.
En #minería, el motor histórico, no hay incentivos para proyectos nuevos desde cero; predominan "brownfield". El riesgo político y la falta de predictibilidad jurídica hacen que pocos se concreten. La debilidad energética se demostró con la rotura del ducto de gas Camisea/TGP. (dependencia del gas natural para un promedio del 40% de la electricidad, transporte e industria) y con las reservas agotándose, y donde obviamente los precios de energía se dispararon (>250 USD/MWh en spot), cosa que afectó a la minería e incrementó costos en toda la economía. Además, con el riesgo real de convertirse en importador neto de gas antes de 2030 (Y sin ninguna inversión adecuada para ello).
El #Peru con ese gobierno débil, cualquier shock externo (otro "El Niño", guerra en el golfo pérsico) se amplifica (la gasolina y el diésel subieron hasta 47 % en pocas semanas) y la población pobre (que es la mayoría) será la más afectada y para los que se creen “clase media”, un 35% de peruanos están “a un shock de volver a la pobreza”.
Sin reformas estructurales (que requieren gobierno fuerte), la reducción de pobreza será un discurso, y la fragil calidad de vida podría empeorar.
El gobierno no está haciendo nada positivo en minería e hidrocarburos, genera y agrava los conflictos.
Mientras no haya un enfoque en función al territorio y con criterio de rentabilidad social, seguirán cometiendo errores que pagaremos todos.
https://t.co/cZ6tWgrzhx
El caso de Litio en Chile
Muchos se emocionaron y otros se preocuparon ante la "noticia" propagada de "nacionalización" del Litio🇨🇱olvidando lo básico:
1. Boriq, es un socialdemócrata, alineado con EEUU.
2. El Estado chileno siempre ha sido el propietario del mineral. 1/6 va 🧵
Hacia un nuevo orden mundial, se abren nuevas oportunidades y amenazas para América Latina y para el Perú.
UN NUEVO MUNDO MÁS CERCA QUE NUNCA
Ayer terminó una reunión del G7 (Japón, Alemania, Canadá, Francia, Italia, R. Unido y EEUU) con afirmaciones como si siguieran siendo los que deciden en el mundo, amenazando con "severos costos" para aquellos que no sigan sus mandados. 1/5 va🧵
UN NUEVO MUNDO MÁS CERCA QUE NUNCA
Ayer terminó una reunión del G7 (Japón, Alemania, Canadá, Francia, Italia, R. Unido y EEUU) con afirmaciones como si siguieran siendo los que deciden en el mundo, amenazando con "severos costos" para aquellos que no sigan sus mandados. 1/5 va🧵
@IvanMerinoA Cuando las estructuras se mueven, siempre aparecen oportunidades para que Perú y América Latina se posicione mejor o al menos trate de ganar algo de soberanía, pero sin dejar de mirar adentro
Confesión de parte sobre el fin de la hegemonía de occidente
La agenda globalizante incluía la estandarización en el mundo de lo que era lo “correcto”, "bello" o “democrático”, obviamente según el esquema occidental, o sea, el de las élites europeas-norteamericanas. 1/9🧵
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