Por qué le temo tanto a los extremos
En esta campaña electoral no había logrado articular con claridad mi angustia y miedo: por qué me inquietan —casi de manera visceral— las alternativas de extremo que hoy se disputan el poder en Colombia.
Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella representan proyectos opuestos en apariencia, pero peligrosamente parecidos en su esencia. No lograba ponerle palabras precisas a ese miedo hasta que me encontré esta tarde con una reflexión que escribió hace un par de horas Francis Fukuyama.
Fukuyama no habla de Colombia, habla de Donald Trump, pero al hacerlo, describe de forma tajante el fenómeno que está definiendo la política contemporánea: dirigentes dispuestos a romper el marco legal de sus sociedades para imponer su voluntad por la fuerza, convencidos de que la ley es un obstáculo y no el cimiento del orden democrático.
“Las leyes son efectivas solamente si la gente cree en ellas, si están dispuestas a ceñirse a ellas y en última instancia si quieren que el Estado use su poder para hacerlas cumplir”, escribe Fukuyama.
“Pero que la gente se tome la ley en serio no es un asunto legal, sino normativo. Si el ejecutivo ignora la ley, niega su autoridad e incluso utiliza el poder del Estado de formas nunca previstas por la ley, entonces el Estado de derecho colapsa. La ley se convierte en nada más que la voluntad del ejecutivo, una herramienta más en el arsenal de un Estado moderno. La distinción entre la ley y las normas desaparece; todo se vuelve normativo”.
Ahí está el núcleo del problema. Y ahí está también la razón de mi temor.
Eso es exactamente lo que ocurriría en Colombia bajo un gobierno de Cepeda o de De La Espriella. No de la misma forma, pero sí con el mismo resultado.
Cepeda representa un proyecto que buscaría derribar el orden constitucional desde adentro, a través de una Constituyente que no tendría como objetivo perfeccionar la democracia, sino refundarla bajo un modelo ideológico anacrónico, colectivista y profundamente autoritario. Un regreso a un comunismo del siglo pasado que ya fracasó allí donde se intentó, siempre al costo de libertades individuales, propiedad privada y pluralismo político.
De La Espriella, por su parte, encarna un modelo distinto pero no menos preocupante: el del líder que desprecia los contrapesos, que cree que la fuerza sustituye a la ley y que está dispuesto a usar el poder del Estado para aplastar al adversario político. Un camino más cercano al trumpismo o al bukelismo, donde la legalidad se vuelve flexible, selectiva y funcional al capricho del gobernante. No manda la Constitución: manda quien interpreta la ley según su conveniencia.
Mis miedos, lo sé, no son compartidos por todos. Hay al menos un 30 % del electorado dispuesto a hacer trizas la Constitución con tal de imponer una utopía ideológica. Y hay, como mínimo, otro 20 % dispuesto a entregarle el país a un caudillo que promete orden a punta de fuerza, silencio y obediencia. En ambos escenarios, las libertades de los colombianos quedarían seriamente decapitadas.
Salir del agujero de cualquiera de esos extremos nos tomaría décadas. Una generación entera —quienes hoy están entre la adolescencia y los 35 años— crecería en un país donde la libertad estaría condicionada a callar, a alinearse o a aplaudir. La opción comunista es, sin duda, la más destructiva. Pero la alternativa opuesta tampoco ofrece una vida digna: ¿es realmente prosperidad aquella que exige vivir de rodillas o en silencio?
Sigo creyendo —quizás de manera obstinada— que Colombia todavía puede actuar con sensatez, que no tomará decisiones dictadas por el algoritmo, el resentimiento o la sed de venganza. Que un país que ha derramado tanta sangre y sufrido tanto dolor no terminará tirando la ley a caneca para reemplazarla por la voluntad de un iluminado, venga del extremo que venga.
Porque cuando la ley deja de ser ley y se convierte en arma, la democracia ya está perdida. Y recuperar lo que se destruye en nombre del fanatismo nunca es rápido, ni fácil, ni gratuito.
Un salario mínimo que no atienda a las condiciones de la economía genera más informalidad. Y ojo: todos los gobiernos, en su último año, aumentan el salario mínimo más de lo habitual, haciendo política para las elecciones.
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Sobre el evento de ayer en Medellín:
1/ Varios de los líderes que compartieron tarima con el Presidente han sido condenados por homicidio, secuestro, extorsión, y lideran grandes organizaciones que han causado un alto costo social para los ciudadanos