Un sacerdote católico requiere entre seis y siete años de preparación filosófica y teológica. En cambio, a Daniel Alves, exfutbolista, para ser pastor evangélico le bastó con pagar una fianza tras ser condenado por violar a una mujer.
Contra el alcalde Sincelejo en mi vida política he tenido muchas críticas, su origen político es el mismo de Abelardo de la Esprirlla, solo que uno de origen hacendario, otro de origen popular.
El hacendado con los mismos o peores costumbres políticas le puso al alcalde de Sincelejo hombres civiles con fusil para que no hablara en el acto que realizó. Lo insultó y no permitió su defensa.
Jamás yo hubiera hecho eso con gente como Fico, o Galán o Rendón o el corrupto alcalde de Bucaramanga o con Eder.
Hombres civiles armados con fusiles cuidando al presidente, así sean de empresas de seguridad privada, se definen con un termino: paramilitares.
A un presidente lo deben cuidar funcionarios públicos siempre investigables por la ciudadanía porque el presidente es el jefe de la función pública y no de los negocios particulares, y peor si son negocios oscuros y armados.
Nos quieren imponer la idea de que Colombia está al borde del abismo, que tenemos un Estado desbordado y que no queda otra salida que recortar. Pero cuando uno mira las cifras, la historia es bastante más compleja: el gasto social del Gobierno central equivale al 12,2 % del PIB, por debajo del promedio de América del Sur (13,7 %), mientras los ingresos tributarios fueron apenas el 19,9 % del PIB en 2024, frente al 21,7 % de América Latina y el Caribe y cerca del 34 % de la OCDE. El problema, entonces, no puede explicarse simplemente diciendo que “gastamos demasiado”. También hay que preguntarse cuánto recauda el Estado, quién paga impuestos y qué intereses terminan beneficiándose de las decisiones fiscales.
Porque mientras se construye ese relato de crisis, el PGN 2027 plantea recortes que sí tienen nombres y consecuencias: los subsidios pasarían de $22 a $13 billones; energía, de $6 a $1 billón; vivienda, de $890.000 millones a $80.000 millones; y las transferencias monetarias, de $9 a $7 billones. Colombia Mayor tendría recursos para apenas 3,5 de los 12 pagos previstos. También quedan en riesgo programas dirigidos a hogares pobres, jóvenes, personas con discapacidad y otras poblaciones vulnerables. Nos quieren convencer de que el país está demasiado mal para garantizar derechos, mientras nos piden aceptar como inevitable que sean las mayorías quienes paguen el ajuste. Y ahí es donde hay que mirar con lupa: quién pierde, quién gana y qué negocios se pueden hacer cuando primero se convence al país de que no hay alternativa.