CÓDIGO ABIERTO

Lo que la justicia colombiana decide sobre inteligencia artificial, y las providencias que declaran haberse hecho con ella. Cada una con su fuente oficial.

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Código Abierto ya está en Instagram, con gráficos e infografías sobre lo que cortes y reguladores deciden en materia de inteligencia artificial, cada dato con su fuente oficial. ¿Qué decisión le gustaría ver explicada primero?

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Nueve piezas de la semana en derecho e IA, cada una con su fuente: un fragmento transcrito en un recurso que era una cita apócrifa de la sentencia T-057 de 2026, al menos 47 despachos que dicen que la herramienta revisó algo y el Acuerdo PTSJ/028/2026 del Estado de México. ¿Cuál le sirve más a su práctica? https://t.co/JVszGIpJRY

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En Ibagué, el juzgado precisó que no obra en el expediente "constancia de radicación, número de consecutivo, recibo o, siquiera, prueba sumaria" de que la entidad conociera la solicitud. En Cartagena, la Sala escribió que, como lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia T-323 de 2024, el uso de estas herramientas "no constituye, por sí mismo, una vulneración de las garantías procesales". En la T-323, la Corte halló que la decisión del juez de tutela que integró a su fallo texto de ChatGPT "está dotada de completa validez", aunque advirtió que no se cumplieron en su totalidad los principios de transparencia y responsabilidad.

Pauta de la casa: el hecho se acredita con el documento que emite su fuente, y quien alega el uso de inteligencia artificial en el proceso explica cómo afectó el debido proceso.

Ibagué: https://t.co/rqUijejOuX
Cartagena: https://t.co/Z4qNBvkJIU

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Una constancia generada por inteligencia artificial no acreditó la radicación de una petición, y alegar que se usó esa tecnología en una audiencia, sin explicar cómo habría afectado el debido proceso, no bastó para pedir la nulidad de una sentencia.

El 13 de octubre de 2026, un juzgado laboral del circuito de Ibagué negó el amparo solicitado en una tutela que invocaba el derecho de petición, porque no se acreditó que la entidad accionada recibiera la petición: la constancia de recibido que se aportó fue generada por la inteligencia artificial Gemini y no corresponde a una constancia de radicación emitida por la entidad.

El 28 de octubre de 2026, una sala laboral del Tribunal Superior de Cartagena rechazó de plano una nulidad y, sobre la supuesta utilización de inteligencia artificial, advirtió que el solicitante no explicó de qué manera esta habría afectado el debido proceso o sustituido el razonamiento judicial.

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Para quienes litigan (personas usuarias externas), el artículo 20 dispone que emplear IA para sus escritos no está sujeto a prohibición por ese solo hecho, y que quien suscribe, presenta o hace suyo el contenido conserva la responsabilidad por su veracidad, integridad, pertinencia y efectos jurídicos. El artículo 32 califica como falta administrativa el dictado de resoluciones sin supervisión y verificación humana. En Colombia, el artículo 10 del Acuerdo PCSJA24-12243 dispone que los servidores judiciales "deberán informar expresamente sobre el uso de sistemas de IA generativa para el apoyo de labores, tareas o actividades institucionales".

https://t.co/oGkjx2HhGr

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El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México emitió lineamientos para el uso de la inteligencia artificial, vigentes desde el 11 de noviembre de 2026. Su artículo 7 dispone que toda decisión, actuación, acuerdo o sentencia asistida por IA "tendrá como único responsable al servidor público o persona juzgadora que la suscriba". El artículo 18 obliga al personal judicial y administrativo a cotejar todas las referencias que sugiere la herramienta e indicar el folio, foja o registro digital de origen de cada dato.

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El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira sostuvo que la corrección de la providencia debe examinarse a partir de sus fundamentos jurídicos y su correspondencia con las actuaciones procesales, "y no de apreciaciones sobre su estilo de redacción". Pauta de la casa: quien impugna una providencia dirige su argumento a los fundamentos y a su correspondencia con el expediente.

https://t.co/rbvkeOM7CB

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Un juzgado laboral del circuito de Pereira, en auto del 9 de noviembre de 2026, revocó el rechazo de una demanda laboral y ordenó admitirla. Al recurrente, que atribuía los presuntos defectos del auto apelado a patrones de redacción asociados con herramientas de inteligencia artificial, le respondió que esas manifestaciones "no permiten, por sí mismas, establecer la existencia de un error judicial".

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Artículo invitado: IA judicial: usos en expansión, gobernanza inconclusa. Contini examina la experiencia italiana con el enfoque colombiano como punto de partida: el artículo 10 del Acuerdo PCSJA24-12243 dispone que los servidores judiciales deberán informar expresamente sobre el uso de sistemas de IA generativa para el apoyo de labores, tareas o actividades institucionales.

https://t.co/rmKjHDFyye

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Francesco Contini, director de investigación del IGSG-CNR (Bolonia), sostiene que la experiencia colombiana añade un requisito que merece consideración expresa en Italia: la declaración del uso de la IA judicial. Según el autor, esa declaración permitiría a los abogados identificar el papel de la IA en un proceso concreto y cuestionar las omisiones o las distorsiones relevantes.

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Para el Tribunal, la función de garante de la veracidad de las fuentes es indelegable. Pauta de la casa: verificar cada cita contra el texto oficial antes de firmar protege la firma del abogado.

https://t.co/fs5PTDZQnQ

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Un tribunal de Cali comparó con el texto oficial de la sentencia T-057 de 2026 de la Corte Constitucional un fragmento transcrito en un recurso y encontró que era una cita apócrifa. La Sala exhortó a la abogada a verificar con anterioridad que las citas jurisprudenciales y normativas correspondan a decisiones y disposiciones reales, verificables y pertinentes.

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Con el índice IGO-GenAI del estudio español, 29 documentos colombianos del registro de Academia promedian 22,79 sobre 36, frente a 20,60 de 15 españoles, con la misma mediana de 22. Los colombianos, más firmes en lo institucional. Informe: https://t.co/0vd0yPKHO8

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El auto de Pasto recuerda al apoderado que debe verificar que los documentos y registros que presenta correspondan a los hechos que pretende acreditar. Pauta de la casa: verificar una fotografía antes de aportarla es tan necesario como verificar una cita. Compare las imágenes entre sí y con los datos del expediente.

https://t.co/sfcv8YbPGr

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Un juzgado civil municipal de Pasto, en auto del 5 de noviembre de 2026, no tuvo por acreditada la valla de un proceso de pertenencia porque las fotografías aportadas no coincidían entre sí. Aclaró que las diferencias, por sí solas, no permiten afirmar que las imágenes hayan sido alteradas digitalmente y recordó al apoderado que debe verificar que los documentos y registros que presenta correspondan a los hechos que pretende acreditar.

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Seis hallazgos de la semana en derecho e IA, cada uno con su fuente oficial: la nota 29 del Consejo de Estado, la Resolución 0-0077 de 2026 de la Fiscalía y la Resolución 254 de 2026 de la Procuraduría, entre otros. ¿Cuál le sirve más a su práctica? https://t.co/rp0ymTWvT4

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¿Sabía que la Procuraduría General de la Nación incluyó la "alucinación incorporada a un documento oficial" entre los incidentes de IA que deben reportarse por los canales institucionales? Es el art. 16 de la Resolución 254 de 2026. Ficha: https://t.co/TbGjn8yxfs

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Dos tribunales colombianos constataron que decisiones de la Corte Suprema citadas en recursos no existen: Medellín remitió copias a la autoridad disciplinaria y Bogotá pidió explicar si se usó IA. El registro llega a 52 casos constatados. Informe: https://t.co/b7aPXfc3tP

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La Resolución 0-0077 de 2026 obliga a la Fiscalía y a quienes actúan para ella (art. 14). Pauta de la casa desde sus arts. 8 y 9: si usa IA, trate el resultado como insumo, contrástelo con la fuente y deje constancia de validarlo. ¿Ya lo hace?

https://t.co/d8tYPpMXeR

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¿Sabía que la Fiscalía ya tiene una regla de verificación para lo que produce la IA? La Resolución 0-0077 de 2026 exige que un servidor o contratista competente verifique todo producto de IA frente a las fuentes antes de incorporarlo a una actuación.

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El estudio, en la Revista de Educación y Derecho (n.º 34, licencia CC BY 4.0), con la tabla 5 en las páginas 14 y 15: https://t.co/zV9XCIsqTk

El registro de Academia reúne 29 documentos de 23 universidades colombianas: https://t.co/iLCuYGSlOg

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Un estudio revisó las 99 universidades oficiales de España: 72 tenían documentación pública sobre IA generativa. De 320 documentos, 13 son políticas, acuerdos o normativa aprobados. Su índice IGO-GenAI mide su operacionalización. ¿Está publicada la regla de IA de su facultad?