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#Voces | El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, cuestionó la disponibilidad de recursos del Fondo Milagro, creado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. El mandatario aseguró que, pese a los anuncios del Ejecutivo, las ayudas y soluciones estructurales todavía no llegan a la velocidad que necesitan los damnificados.
“Yo tengo un pálpito y es que el Fondo Milagro no tiene plata, no tiene recursos, y la reconstrucción se hace con dinero”, afirmó Salazar, al expresar su preocupación por la falta de certezas sobre la financiación de las obras.
De acuerdo con el alcalde, Pereira enfrenta una emergencia de grandes dimensiones: cerca de 103.000 personas resultaron afectadas, 45.000 familias fueron damnificadas y alrededor de 25.000 viviendas quedaron desocupadas por daños totales o parciales.
Aunque el Gobierno anunció una partida inicial de $332.000 millones para atender las necesidades de vivienda, Salazar señaló que hasta el momento solo se han entregado 85 viviendas. También cuestionó que las medidas de la administración municipal sean insuficientes frente a la magnitud de la tragedia.
“Los esfuerzos del municipio son cosquillas, son pañitos de agua tibia que no resuelven absolutamente nada”, sostuvo. Según explicó, casi 15.000 comerciantes resultaron afectados y los auxilios locales no alcanzan a cubrir las necesidades de la población.
#Voces | Jaime Andrés Uribe Tamayo, gerente del Fondo Milagro, no asistirá este miércoles 11 de noviembre al debate de control político convocado por el Congreso para revisar la atención a las víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto. El funcionario justificó su ausencia al señalar que fue convocado de manera extraordinaria para acompañar una actividad del presidente Abelardo de la Espriella en Roldanillo, Valle del Cauca.
En una comunicación dirigida a los coordinadores de la Comisión Accidental Bicameral, la senadora Norma Hurtado y el representante Juan Manuel Londoño, Uribe explicó que participará en la agenda presidencial relacionada con la entrega de beneficios de vivienda. No obstante, aseguró que remitió las respuestas al cuestionario enviado por los congresistas y manifestó su disposición para atender una nueva citación.
Esta es una nueva ausencia del gerente en medio de los cuestionamientos por la administración de los recursos y los avances en la reconstrucción de las zonas afectadas. El pasado 28 de octubre, el Fondo Milagro, el Ministerio de Hacienda y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres solicitaron aplazar una sesión de seguimiento para consolidar la información requerida por el Legislativo.
La decisión generó críticas de congresistas. La representante Catherine Juvinao cuestionó la nueva inasistencia y señaló que, según su recuento, sería la tercera ocasión en que Uribe cancela su participación en espacios de seguimiento a la emergencia.
#Voces | El expresidente Gustavo Petro se sumó a la convocatoria de movilización nacional prevista para el próximo 19 de noviembre, en rechazo a la reforma económica impulsada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. A través de su canal de WhatsApp, el exmandatario llamó a sus seguidores a salir a las calles para protestar contra los cambios tributarios que, según sus cuestionamientos, afectarían el bolsillo de los colombianos.
“Este 19 de noviembre que el pueblo levante la espada de Bolívar de nuevo. A defender la comida y la vida. A las calles”, escribió Petro, quien acompañó su mensaje con la imagen de una escultura del Libertador.
La convocatoria coincide con el paro nacional anunciado por centrales obreras, organizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles y distintos sectores sociales, que expresaron su rechazo al Proyecto de Ley 477 de 2026, conocido como Ley de Rescate Económico.
Uno de los principales puntos de controversia es la propuesta de modificar el IVA para determinados productos de consumo cotidiano, que pasarían de una tarifa del 5 % al 19 %. Los sectores convocantes advierten que la medida podría encarecer los alimentos y otros bienes esenciales.
También cuestionan el aumento de los aportes a salud para algunos trabajadores, que podrían pasar del 4 % al 8 %, así como los cambios en el impuesto de renta y las facultades extraordinarias que el Ejecutivo busca para reorganizar entidades estatales.
#Voces | El alto tribunal inadmitió o rechazó ocho acciones de nulidad electoral relacionadas con supuestas presiones de grupos armados ilegales para favorecer la votación de Iván Cepeda durante las elecciones presidenciales de 2026.
El senador Iván Cepeda informó este miércoles 11 de noviembre que el Consejo de Estado ha inadmitido o rechazado ocho demandas que pretendían anular su curul en el Congreso y la de la representante Aida Quilcué, bajo la tesis del llamado “voto fusil”.
La decisión más reciente se conoció el 9 de noviembre y corresponde a una demanda presentada por Sergio Álzate González y el concejal del Centro Democrático Andrés Felipe Rodríguez, conocido como ‘Gury’. Los demandantes alegaban que grupos armados ilegales habrían presionado a comunidades para votar por la fórmula de Cepeda durante la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.
Según el comunicado divulgado por el senador, las acciones judiciales no identificaron de manera concreta los hechos de violencia, los municipios, los puestos o las mesas de votación presuntamente afectados, ni demostraron que la voluntad de los electores hubiera sido alterada.
Cepeda sostuvo que las demandas no acreditaron actos de constreñimiento electoral y defendió la transparencia de su campaña. También afirmó que la tesis del “voto fusil” ha sido promovida por sectores de la derecha para cuestionar los resultados electorales.
Por su parte, la Misión de Observación Electoral señaló que no encontró una correlación estadísticamente significativa entre el control territorial de grupos armados y los resultados de la segunda vuelta. Sin embargo, investigaciones periodísticas han documentado episodios puntuales de presión armada en algunas localidades, sin que ello permita concluir que modificaron el resultado nacional.
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#Voces | La imagen desfavorable del presidente Abelardo de la Espriella superó por primera vez el 50 % desde que llegó a la Casa de Nariño. Así lo revela la más reciente medición de CB Global Data, publicada el 11 de noviembre, que muestra un cambio en la percepción ciudadana durante los primeros meses de su Gobierno.
Según el sondeo, realizado entre el 4 y el 9 de noviembre en 18 países de América Latina, el mandatario colombiano obtuvo un 51,7 % de imagen negativa, frente a un 46,9 % de valoración favorable. La diferencia es de 4,8 puntos porcentuales en contra del jefe de Estado.
El resultado representa un descenso frente a las mediciones anteriores. En septiembre, De la Espriella registraba un 53,6 % de imagen positiva y un 41,6 % negativa. Para octubre, la favorabilidad había bajado al 49,7 %, mientras que el rechazo alcanzaba el 47 %.
En apenas dos meses, el presidente perdió 6,7 puntos porcentuales de imagen favorable. Además, descendió del tercer al quinto lugar en septiembre y posteriormente al séptimo puesto en el ranking regional de noviembre.
#Voces | Cinco de las 12 compañías que aportaron recursos para adecuar el Batallón Paraíso registraron ingresos de cero pesos en su última renovación mercantil, según una investigación de CAMBIO. Las donaciones suman $1.126 millones.
La adecuación de la sede presidencial alterna de Abelardo de la Espriella en Barranquilla vuelve a generar cuestionamientos por el origen de los recursos y las empresas que participaron en las obras. Una investigación publicada por CAMBIO reveló que cinco de las 12 compañías donantes reportaron ingresos en cero pesos en sus registros mercantiles más recientes, pese a realizar aportes millonarios.
En total, las empresas entregaron $1.126 millones para transformar el Batallón Paraíso en un despacho presidencial. Entre los casos identificados está AMD Ingenieros, que aportó $87,1 millones pese a registrar cero ingresos y tener un capital suscrito y pagado de $10 millones. También aparecen Vismar Tech, JG Solutions Service y Proyectos Franco Estructuras, con contribuciones de decenas de millones de pesos.
La investigación también encontró conexiones empresariales entre dos donantes y compañías vinculadas a la remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla, una obra cercana a los $280.000 millones.
Otro punto que genera interrogantes son las condiciones en las que se ejecutaron los trabajos. Según la respuesta del Ministerio de Defensa a una solicitud de información, las adecuaciones se realizaron mediante aportes voluntarios de empresas, sin contratos estatales ni presupuesto público destinado a la obra. Tampoco se exigieron pólizas de cumplimiento, calidad o estabilidad, ni se contrató una interventoría.
#Voces | La Corte Constitucional declaró exequibles las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una figura creada durante el gobierno de Gustavo Petro para proteger terrenos estratégicos destinados a la producción agrícola. La decisión se conoce mientras la administración de Abelardo de la Espriella adelanta el desmonte de varias de estas zonas en el país.
Mediante la Sentencia C-364 de 2026, la Sala Plena respaldó la constitucionalidad de las APPA, contempladas en el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, pero estableció condiciones para garantizar la autonomía de los municipios y distritos.
El alto tribunal determinó que el Ministerio de Agricultura debe adelantar procesos obligatorios de información, coordinación y concertación con las autoridades territoriales antes de declarar o modificar estas áreas. Además, los concejos municipales y distritales tendrán derecho a presentar observaciones y propuestas que deberán ser valoradas.
La Corte también aclaró que el Ministerio puede delimitar los terrenos, definir su destinación a la producción de alimentos e identificar actividades incompatibles con ese propósito, pero no puede reglamentar detalladamente los usos del suelo, competencia que corresponde a las autoridades municipales y distritales.
El fallo tiene especial relevancia porque el Gobierno de Abelardo ha derogado declaratorias de APPA en regiones como La Guajira, el suroeste antioqueño, Córdoba y Sabana Centro, entre otras zonas.
#Voces | El Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá ordenó a la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, rectificar las afirmaciones que hizo contra la excanciller Laura Sarabia en medio del escándalo conocido como los ‘sexocontratos’.
La decisión judicial amparó los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la rectificación de Sarabia. El despacho ordenó a Rodríguez firmar un texto de retractación y leerlo íntegramente en una grabación de video, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo.
La diligencia podrá realizarse con asistencia técnica y la exfuncionaria no estará obligada a mostrar su rostro durante la grabación.
El proceso se relaciona con las declaraciones de Rodríguez sobre una supuesta organización o facilitación de encuentros de contenido sexual para el entonces presidente Gustavo Petro. También la señaló de presuntamente utilizar información íntima para presionarlo, chantajearlo y obtener o conservar cargos públicos.
Tras conocerse el fallo, Laura Sarabia se pronunció en su cuenta de X: “Siempre he respetado el derecho a denunciar, pero no voy a permitir que se creen historias con mi nombre. Hoy la justicia me dio la razón y ordenó la retractación”.
#Voces | Las cifras del Ministerio de Defensa sobre los primeros 90 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella muestran aumentos en varios indicadores de violencia, entre ellos el reclutamiento ilícito de menores, el confinamiento de comunidades, el secuestro y las afectaciones a integrantes de la Fuerza Pública.
El balance, correspondiente al periodo entre el 7 de agosto y el 5 de noviembre de 2026 y comparado con las mismas fechas de 2022, durante el inicio del gobierno de Gustavo Petro, revela que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes pasó de 52 a 131 casos, un incremento del 152 %.
Otro de los indicadores que presentó un aumento significativo fue el terrorismo, cuyos registros subieron de 84 a 339 casos, equivalente al 304 %. En materia humanitaria, las personas afectadas por confinamiento pasaron de 8.436 a 21.482, un crecimiento del 155 %.
También aumentaron los homicidios de personas atacadas por grupos armados organizados: de 124 a 515 casos, una variación del 315,3 %. Por su parte, el secuestro pasó de 54 a 84 registros, mientras que la extorsión aumentó de 2.437 a 2.571.
Las afectaciones a la Fuerza Pública también generan preocupación. El consolidado actualizado registra 38 uniformados asesinados y 213 heridos, cifras que representan aumentos del 58 % y 72 %, respectivamente. En el Ejército, los militares asesinados pasaron de ocho a 21 y los heridos de 36 a 131.
#Voces | La Corte Constitucional lanzó una advertencia al Gobierno de Abelardo de la Espriella por los recortes presupuestales y las dificultades en la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las extintas Farc. El alto tribunal recordó que ninguna autoridad puede suspender, aplazar indefinidamente ni desfinanciar de manera sustancial los compromisos establecidos en ese pacto.
El pronunciamiento quedó consignado en el Auto 1538 de 2026, emitido por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia SU-020 de 2022, que declaró un estado de cosas inconstitucional por la vulneración masiva y sistemática de los derechos fundamentales de los firmantes de paz y sus familias, especialmente en materia de seguridad.
La Corte reiteró que el Acuerdo Final constituye una política pública de Estado y que su implementación es una obligación para todas las autoridades, independientemente del gobierno de turno. Aunque el Ejecutivo tiene autonomía para definir cómo cumplirlo, debe respetar los principios de integralidad, progresividad y no regresividad.
La advertencia se produce después de que la administración de Abelardo anunciara recortes a los recursos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y manifestara diferencias con aspectos del acuerdo.
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#Voces | El papa León XIV lanzó un mensaje sobre el papel de la economía y las responsabilidades de los gobernantes durante su primera intervención pública en Argentina, donde pidió que el crecimiento económico beneficie también a los sectores más vulnerables y no deje atrás a quienes enfrentan mayores dificultades.
«La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía», afirmó el pontífice el domingo 8 de noviembre, durante un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad de Buenos Aires, al que asistió el presidente argentino, Javier Milei.
En su intervención, León XIV hizo referencia a las familias que viven bajo incertidumbre económica, las personas desempleadas, los adultos mayores y quienes, pese a tener trabajo, no logran cubrir las necesidades de sus hogares.
El pontífice también defendió el valor del trabajo como una herramienta para que las personas puedan sostener a sus familias, desarrollar sus capacidades y contribuir a la sociedad. En ese sentido, llamó a impulsar oportunidades, estimular la iniciativa privada y garantizar que el crecimiento económico llegue a quienes más dificultades enfrentan.
El mensaje se produjo en medio del debate argentino sobre el programa económico de Milei, caracterizado por un fuerte ajuste del gasto público y recortes presupuestales. Aunque el papa no mencionó directamente esas medidas, sus referencias a la protección social, los trabajadores y las familias se dieron ante el mandatario y su gabinete.
León XIV también pidió a quienes ejercen responsabilidades públicas actuar con prudencia, reconocer los límites del poder y orientar sus decisiones hacia el bien común. Además, defendió la democracia, el diálogo entre quienes piensan diferente y la lucha contra la corrupción.
#Voces | El proyecto de reforma tributaria del presidente Abelardo de la Espriella enfrenta resistencia en el Congreso. Congresistas de diferentes partidos, incluidos sectores de la coalición de Gobierno, anunciaron que no respaldarán el aumento del IVA a productos de la canasta familiar, una de las medidas contempladas en la denominada Ley de Rescate Económico.
La advertencia se produjo después de una reunión entre el Gobierno y las comisiones económicas del Legislativo, realizada en Barranquilla, donde los parlamentarios expusieron sus principales reparos a la iniciativa.
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, señaló que existen líneas rojas frente al proyecto, especialmente por los impuestos a los alimentos, el internet residencial y otros bienes y servicios de uso cotidiano.
Incluso integrantes del partido Salvación Nacional, colectividad que respaldó la candidatura de De la Espriella, manifestaron su rechazo. La senadora Sara Castellanos y la representante Carol Borda cuestionaron que se aumenten los impuestos a los alimentos y a la clase media, mientras reclamaron mayores recortes al gasto estatal.
#Voces | El presidente de Israel, Isaac Herzog, anunció este sábado 7 de noviembre que encargará al dirigente opositor Gadi Eisenkot la formación del próximo Gobierno, en una decisión que representa un importante revés político para Benjamin Netanyahu, quien podría abandonar el poder después de varios años al frente del Ejecutivo.
Eisenkot, antiguo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel y líder del partido centrista Yashar, recibió el respaldo de 67 de los 120 integrantes de la Knéset (Parlamento israelí), frente a los 46 que recomendaron a Netanyahu durante las consultas presidenciales.
El resultado se produjo después de las elecciones del pasado 27 de octubre, en las que el bloque de derecha, ultraderecha y partidos ultraortodoxos de Netanyahu obtuvo 53 escaños, por debajo de los 61 necesarios para controlar la mayoría parlamentaria. Por su parte, el bloque opositor consiguió 48 curules, mientras que los partidos árabes sumaron 19.
El respaldo de estas últimas agrupaciones fue determinante para que Eisenkot recibiera más recomendaciones que el actual primer ministro. Sin embargo, todavía existen diferencias entre las fuerzas opositoras sobre la posibilidad de gobernar con el apoyo de los partidos árabes.
Eisenkot tendrá inicialmente 28 días para negociar y conseguir los 61 apoyos necesarios para formar una coalición, con la posibilidad de solicitar una prórroga de dos semanas.
La decisión de Herzog no significa que Netanyahu haya sido destituido ni que Eisenkot ya sea primer ministro. El actual mandatario continuará al frente de un Gobierno provisional mientras avanzan las negociaciones.
#Voces | “Yo tuve que encapucharme para que no me mataran”. Con esta declaración, el representante a la Cámara Camilo Torres @CamiloTorres_RC expuso su experiencia en las movilizaciones sociales durante el debate de la denominada Ley Anticapuchos, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
El congresista relató que tuvo que cubrirse el rostro para proteger su vida y evitar inhalar gases lacrimógenos. Además, aseguró que ha tenido que llorar la muerte de más de diez amigos que, según su relato, fueron perfilados, perseguidos y asesinados en medio de las movilizaciones.
“El pueblo lo único que está pidiendo es que no los maten, que no les saquen los ojos”, afirmó Torres, quien cuestionó la creación de nuevos delitos al considerar que las conductas que pretende sancionar el proyecto ya están contempladas en el Código Penal.
Su intervención se dio en medio de la discusión de la Ley Anticapuchos, iniciativa que busca establecer penas de entre 54 y 96 meses de prisión y multas de hasta 200 salarios mínimos para quienes cometan actos vandálicos ocultando su identidad durante manifestaciones públicas.
La bancada del Pacto Histórico ha sostenido la discusión en el Congreso, advirtiendo sobre los riesgos que esta iniciativa representa para el ejercicio del derecho a la protesta social. Desde las audiencias públicas realizadas en diferentes regiones del país hasta el debate legislativo, sus integrantes han insistido en que combatir los actos de vandalismo no puede convertirse en una justificación para restringir la movilización ciudadana ni criminalizar a quienes salen a las calles a defender sus derechos.
El proyecto superó su primer debate el pasado 4 de noviembre y continuará su trámite en la plenaria de la Cámara de Representantes. Mientras sus promotores defienden la necesidad de sancionar los actos vandálicos, congresistas que cuestionan la iniciativa advierten sobre sus posibles efectos en el ejercicio del derecho a la protesta.
Algo anda mal... 👀
#Voces | El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció que el Gobierno de Abelardo de la Espriella pondrá en venta bienes inmuebles vinculados a Almagrario, entre ellos bodegas e instalaciones logísticas, como parte de las medidas para conseguir recursos ante el déficit fiscal que enfrenta el país.
El anuncio se produjo durante la 90.ª Cumbre Cafetera de Asoexport, realizada en Cartagena, donde el funcionario aseguró que ya solicitó el inventario de los inmuebles de la entidad y que espera iniciar el proceso de comercialización la próxima semana.
«El Ministerio de Agricultura no está para estar administrando bodegas. Ya yo pedí todos los bienes de Almagrario y los pongo en venta la otra semana», afirmó Dangond. También mencionó expresamente las instalaciones de Santa Marta y las ofreció a los empresarios del sector cafetero.
La decisión se enmarca en la estrategia de ajuste fiscal del Ejecutivo y en las disposiciones contempladas en el proyecto de Ley de Rescate Económico, que plantea vender activos públicos considerados improductivos o ajenos a las funciones principales de las entidades estatales.
Almagrario es una compañía dedicada a servicios de almacenamiento, logística y cadena de suministro. Los ministerios de Agricultura y Hacienda tienen conjuntamente una participación accionaria del 49 %.
#Voces | La Fiscalía General de la Nación imputó este jueves 5 de noviembre los delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito a José Roberto Prieto Uribe, quien fue gerente de la campaña de reelección presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. El proceso está relacionado con un aporte de un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht que presuntamente no fue reportado ante las autoridades electorales.
Según la investigación, los recursos fueron destinados al pago de servicios de marketing político, encuestas y estudios sobre la candidatura de Santos, a través de la empresa Paddington Venture Ltda., vinculada a la agencia Sancho BBDO. La Fiscalía sostiene que Prieto, como gerente de campaña, omitió incluir ese aporte en los informes de ingresos y gastos presentados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). El dinero equivalía entonces a cerca de $1.960 millones.
De acuerdo con la acusación, al incorporar ese monto a los gastos declarados, la campaña habría superado el límite de financiación permitido para la primera vuelta presidencial de 2014. Además, la Fiscalía considera que la información incompleta habría inducido a error a las autoridades electorales y permitido el reconocimiento de recursos públicos por reposición de votos.
El ente acusador también señaló que el dinero no ha sido reintegrado a las entidades públicas que considera afectadas por estos hechos. Este caso se suma a los antecedentes disciplinarios de Prieto, quien en 2023 fue inhabilitado por 12 años por la Procuraduría y sancionado con una multa de $50,5 millones por irregularidades en los informes financieros de la campaña.
#Voces | Germán Calderón España presentó su renuncia a la dirección de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entidad encargada de representar y proteger los intereses jurídicos y patrimoniales de la Nación. Su salida se hizo efectiva este viernes 6 de noviembre, luego de permanecer poco más de dos meses en el cargo durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella.
La renuncia fue comunicada mediante una carta enviada el 5 de noviembre al ministro de Justicia, Iván Cancino González. En el documento, el abogado explicó que su decisión obedecía a «razones de proyección profesional», sin profundizar en otros motivos.
Sin embargo, su salida estaría relacionada con su aspiración de llegar al Consejo de Estado, específicamente a la Sección Tercera, donde busca ocupar una magistratura. Esta posibilidad ya había sido mencionada por medios de comunicación antes de que formalizara su renuncia.
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