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📢COMUNICADO | Cubalex expresa preocupación tras la publicación en la Gaceta Oficial de la Ley 171 de Migración, la Ley 172 de Ciudadanía y la Ley 173 de Extranjería.

Las nuevas normas fortalecen el control del Estado sobre la ciudadanía cubana dentro y fuera de la isla. 🧵⬇️

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🎬 #DerechosAlAire | ¿Cómo se extiende el castigo de la prisión política a los familiares?

Ania Zamora, Dama de Blanco, explica cómo el encarcelamiento recae también sobre la familia.

El informe de Cubalex documenta que esos hogares sufren vigilancia frente a la casa, citaciones, actos de repudio, despidos y vetos de empleo, solo por tener a alguien preso. Es lo que el estudio llama el «castigo extendido».

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🚨 #AlertaCubalex | Denunciamos el traslado arbitrario del preso político Ediolvis Marín Mora a otro centro penitenciario, en un contexto de hostigamiento y represalias por ejercer sus derechos y denunciar las condiciones de reclusión, incluida la falta de atención médica oportuna.

De acuerdo con información recibida por Cubalex, la medida fue impuesta después de que protestara con una camiseta que llevaba la frase “Patria y Vida”. Como represalia, fue trasladado de la prisión Kilo 7 a la cárcel de máxima seguridad Kilo 8, también conocida como La 26, en Camagüey, donde además fue recluido en una celda de castigo.

En Kilo 7, donde se encontraba recluido, las autoridades penitenciarias le impidieron recibir los medicamentos que su padre le llevó durante una visita familiar, pese a sufrir una fuerte crisis de lumbalgia que le provoca dolores intensos y dificultades para caminar.

Como hemos alertado, las condiciones de reclusión en Kilo 7 son extremas. A la escasez de medicamentos y la alimentación insuficiente se suman el hacinamiento, la falta de agua y la presencia de chinches, ratas y cucarachas. La gravedad de estas condiciones también se refleja en un reciente episodio de intoxicación alimentaria que afectó a varios internos, entre ellos el propio Ediolvis Marín Mora, tras consumir caldo de pescado en mal estado.

⚠️ El uso de traslados arbitrarios y medidas disciplinarias como mecanismos de castigo e intimidación frente a expresiones pacíficas de disenso vulnera derechos fundamentales y forma parte de un patrón de represalias documentado por Cubalex contra presos políticos que denuncian abusos y las condiciones en las que permanecen recluidos. A estas prácticas se suma la restricción deliberada del acceso a medicamentos que los centros penitenciarios no garantizan y que las familias deben conseguir y llevar con grandes esfuerzos, asumiendo una responsabilidad que corresponde al Estado. Las Reglas Mandela establecen su obligación de proteger la salud y garantizar la atención médica de todas las personas bajo su custodia.

La reclusión de Ediolvis en una celda de castigo, pese a sus problemas de salud y las restricciones que ha enfrentado para acceder a medicamentos, agrava su situación de vulnerabilidad y pone en riesgo su salud e integridad física.

📢 Cubalex exige el cese inmediato de las represalias contra Ediolvis Marín Mora y garantías de acceso a la atención médica y los medicamentos que necesita. Los traslados arbitrarios y las sanciones disciplinarias no deben utilizarse para castigar ni intimidar a personas privadas de libertad por motivos políticos que ejercen sus derechos o denuncian abusos.

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📢#InformeCubalex | El castigo extendido: necesidades de las personas presas políticas en Cuba y de sus familias

El encarcelamiento político en Cuba no termina en los muros de la prisión: también entra en casa y cambia la vida de toda la familia. Para entender ese impacto, Cubalex entrevistó a 28 familiares de personas presas políticas, 25 de ellas mujeres, y sus testimonios muestran un patrón: el Estado traslada al hogar los costos de la alimentación, las medicinas, el transporte, las visitas y la comunicación.

Preparar una jaba puede costar entre 20 000 y 60 000 pesos cubanos; el transporte para una visita, hasta 15 000, y las recargas telefónicas, entre 100 y 1 000 al mes. Algunas familias reducen su propia comida, venden pertenencias o se endeudan para sostener a la persona presa, mientras madres, esposas, hermanas e hijas cuidan a los niños y enfrentan vigilancia, estigma y exclusión laboral. El informe documenta también afectaciones a la niñez, como problemas de sueño, necesidad de atención psicológica, abandono escolar y estigmatización.

¿Qué puede ayudar? Apoyo periódico para alimentos, medicinas, transporte y comunicación. Según las familias, el efectivo es la modalidad preferida por la mayoría, los combos resultan útiles en casos específicos y las recargas tienen bajo costo y gran valor. Pero una ayuda aislada no basta: las familias necesitan apoyo sostenido.

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📢#AnálisisCubalex | Varios menores entre los procesados por las manifestaciones de Morón: Fiscalía pide hasta 13 años de cárcel

La Fiscalía de Ciego de Ávila pidió hasta 13 años de prisión contra 18 manifestantes de las protestas del 13 de marzo de 2026 en Morón, desatadas por apagones y escasez de comida. Siete procesados eran menores al momento de los hechos, como Jonathan Muir Burgos (16 años) y Christian de Jesús Crespo (17 años), para quienes solicitan 7 y 8 años de cárcel por "sedición".

El caso de Christian es alarmante: está recluido en la prisión de Canaleta con graves denuncias por falta de atención médica especializada tras ser diagnosticado con hepatitis.

El análisis de Cubalex evidencia graves vulneraciones a los derechos humanos. Por una parte, la acusación criminaliza la libertad de expresión y la protesta pacífica; gritar "libertad" o sonar cazuelas es calificado como "contrarrevolucionario" para imputar sedición, violando la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Asimismo, se viola la responsabilidad penal individual al atribuir de forma colectiva actos de violencia a todo el grupo sin diferenciar conductas. En el caso de Jonathan, la acusación se sostiene en un peritaje fisonómico ambiguo y una cuestionada prueba de olor.

El proceso atenta contra la justicia juvenil al juzgar a adolescentes de 16 y 17 años junto a adultos en un tribunal de Seguridad del Estado, contraviniendo el artículo 16.2 del Código Penal cubano y los estándares de protección a la infancia.

Cubalex exige retirar las acusaciones contra Jonathan, Christian y el resto de los manifestantes, e insta a frenar el uso del derecho penal para castigar el disenso.

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🎬 #DerechosAlAire | Sissi Abascal, expresa política, habla de las necesidades en las prisiones cubanas

Sissi Abascal responde si es posible sobrevivir en una cárcel cubana sin ayuda desde afuera.

El informe de Cubalex pone cifras a esa dependencia: cada entrega de comida y medicinas cuesta entre 20 000 y 60 000 pesos cubanos, frente a un salario mínimo de 3 210 al mes. Para el 60 % de las personas entrevistadas, la necesidad económica es la más urgente.

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🎬 #DerechosAlAire | ¿Por qué era necesario investigar sobre las necesidades de los presos políticos y sus familias?

Laritza Diversent, directora de Cubalex, explica qué llevó a la organización a hacer esta investigación.

«El castigo extendido» es el informe de Cubalex basado en 28 entrevistas a familiares de personas presas políticas, 25 de ellas mujeres. Documenta cómo el encarcelamiento político funciona como una sanción que trasciende el penal y golpea a los hogares con empobrecimiento inducido, acoso estatal y obligaciones que corresponden al Estado.

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📢#AlertaCubalex | Represión transnacional: Cuba extiende la intimidación contra la sociedad civil más allá de sus fronteras

Cubalex alerta sobre la expansión de la represión transnacional del régimen cubano, tras el acto de repudio protagonizado por su delegación ante la ONU durante el evento “Cuba Libre: The Oppression Havana Hides”, celebrado el 19 de octubre en Nueva York.

Diplomáticos cubanos increparon a los asistentes, entre ellos activistas exiliados como José Daniel Ferrer y Luis Manuel Otero Alcántara. En paralelo, el canciller Bruno Rodríguez promovió campañas de descrédito contra el opositor Orlando Gutiérrez Boronat, usando la cuestionada Lista Nacional de personas vinculadas al terrorismo.

Este hecho evidencia un patrón de represión transnacional: acciones de acoso diplomático, estigmatización y hostigamiento mediante las cuales el Estado busca silenciar a la disidencia en el exilio. El uso de etiquetas difamatorias busca deslegitimar a los denunciantes y disuadir la participación pública en el extranjero.

Asimismo, Cubalex señala la grave contradicción que representa la elección de Cuba para el Comité de ONG del ECOSOC de la ONU (2027-2030), mientras el régimen usa su presencia internacional para atacar a la sociedad civil independiente. Salir del país no elimina la persecución, por lo que la violencia verbal y la difamación en foros multilaterales amenazan el ejercicio de derechos fundamentales.

Frente a esta situación, expuesta por Cubalex ante la CIDH, resulta indispensable que los organismos multilaterales y los Estados de acogida reconozcan este fenómeno, adopten protocolos de protección para defensores exiliados y garanticen espacios seguros para la denuncia de violaciones de derechos humanos.

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📢 #InformeCubalex | Huelga de Hambre en Cuba: Causas y Responsabilidad Estatal 

¿Por qué un preso político o un activista en Cuba lleva su cuerpo al límite de la inanición? No es un acto aislado, sino la última alternativa de protesta ante un sistema judicial sin independencia: cuando el Estado cierra todas las vías de derecho, el cuerpo se convierte en el único territorio de soberanía.

Según el monitoreo de Cubalex, las huelgas de hambre responden a causas estructurales: condenas injustas, el uso punitivo de la prisión provisional extendida, la negación de beneficios penitenciarios, los maltratos y el aislamiento, el incumplimiento de promesas estatales y la negación de atención médica. Entre el 1 de febrero de 2024 y el 31 de agosto de 2026, 87 de las 122 muertes registradas en establecimientos penitenciarios se vincularon a negación de atención médica o negligencia, un patrón de responsabilidad estatal por omisión frente a riesgos previsibles y evitables.

Aunque la huelga de hambre no es un delito, la Ley de Ejecución Penal y su reglamento permiten tratarla como indisciplina, y el huelguista recibe como castigo aislamiento, suspensión de llamadas y retiro de visitas. Los servicios médicos penitenciarios dependen del Ministerio del Interior y se usan para legitimar sanciones o aplicar alimentación forzada mediante sondas, en violación de la Declaración de Malta y de los estándares contra la tortura.

Cuando alguien bajo custodia muere tras una huelga de hambre, el Estado no puede alegar un “suicidio voluntario”: tiene un deber reforzado de proteger la vida de quienes custodia, y la Fiscalía, a través del CLEP, omite investigaciones independientes.

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📊 #CubaEnCifras. Corte mensual de represión | Septiembre 2026

La incomunicación en prisiones alcanzó su nivel más alto del año. Hubo menos protestas públicas, pero no menos represión: esto es lo que documentó Cubalex en septiembre. 🧵

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El pico represivo fue el 18 de septiembre: 22 incidentes en un solo día, sobre todo vigilancia y sitios domiciliarios, en parte para impedir que integrantes de la sociedad civil asistieran a un evento de la Embajada de EE. UU. Por territorio, La Habana concentró el 38 % de los eventos, Camagüey el 15 % y Santiago de Cuba el 6 %. Las 35 protestas públicas fueron sobre todo en La Habana.

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