Llevo desde ayer viendo a ministros, como Mónica García, y a otros pseudoperiodistas tertulianos sincronizados, como Chema Garrido, repetir que Aldama "se queda los millones de las mascarillas, conserva el botín".
Para un tuit queda muy bien. Pero ahí dentro hay varias cosas metidas en el mismo saco que la sentencia aclara perfectamente, y al analizarlas su relato se desinfla.
Empecemos por lo que ganó.
Como intermediario se llevó 3,7 millones por los contratos de Puertos y ADIF, que son los dos que juzga esta sentencia.
Por el negocio entero de las mascarillas, sumando los de Interior, Canarias y Baleares, que aquí no entran, fueron 6,6 millones.
Pero la cifra de este juicio, y la del lío que viene ahora, es la de 3,7. Esa es su comisión, su margen como empresario.
La confusión empieza porque la Fiscalía le pedía una multa por esa misma cifra. Pero una multa es un castigo, y todo castigo cuelga de un delito.
Este colgaba del de información privilegiada, y la cantidad coincide con la comisión solo porque la ley ordena calcular esa multa sobre lo que ganaste.
El Supremo absuelve a los tres de ese delito. Al irse el delito, esa multa se queda sin nada a lo que agarrarse y desaparece.
Aquí mucha gente dirá, con toda la razón: la multa vale, pero que le quiten la comisión y a otra cosa.
Eso ya es otra figura distinta, el decomiso, y es donde se lía casi todo el mundo. El decomiso sirve para arrebatarte el dinero que sale de un delito.
¿Y cuál es el dinero del cohecho?
El soborno: lo que se pagó para comprar al ministro, los 10.000 euros al mes y los alquileres, 430.298 euros en total.
Eso sí se confisca, y responden los tres.
Pero el soborno y la comisión son dos bolsillos distintos.
La comisión es lo que Aldama ganó como empresario vendiendo las mascarillas, no el dinero de la mordida.
Por eso el decomiso alcanza al soborno y deja fuera la comisión.
Te preguntarás si no se le podría quitar entonces como ganancia de la prevaricación, por haber amañado el contrato.
Pues tampoco.
De la prevaricación también salen absueltos, y por el motivo que sostiene toda la sentencia: la adjudicación fue legal.
Procedimiento de emergencia válido y, atención, un precio por debajo del mercado.
Lo certifica el Tribunal de Cuentas: la mascarilla se compró a 2,50 euros cuando la media de aquellos meses andaba en 3,38 en marzo y 3,65 en abril.
Vamos, que se compró barato y a nadie le clavaron nada. No hubo “pelotazo”.
Si no hubo perjuicio en el precio, y no hubo trampa en el procedimiento de la adjudicación, no hay dinero público que rescatar de esa comisión. Por eso no se pide decomisarla.
Aldama conserva el grueso de lo que ganó y se ahorra la cárcel, cierto. Lo primero no es por colaborar es porque le han absuelto de esos delitos, lo segundo, sí.
Hay que ser serios cuando se analiza una sentencia. Pero qué vamos a esperar, si solo siguen consignas de Ferraz.
@joseigs_ Que se ponga el foco en el condenado que ha colaborado con la justicia en vez de el vicepresidente del gobierno y ministro condenado a 24 años es de tener muy poca vergüenza
@RamonLopez_G Venga ahora la verdad desde que gobierna Pedrito:
- vivienda: subida de rentas, de precios, inseguridad jurídica, me o stocks, 0 VPO.
-sanidad: médicos en huelga
-educacion: peores registros en europa
-empleo: salario medio x los suelos, au
-convivencia: + delitos x inmigración