El gobierno de las tigresas llegó hablando de “anticorrupción”, pero empiezan las contradicciones. ¿Con qué autoridad moral hablan de transparencia cuando personas cercanas a su proyecto político aparecen mencionadas en escándalos y denuncias?.
Estos 4 años robarán a Colombia como
NUNCA y los colombianos lo sentirán como siempre.
Abelardo de la Espriella no se ha posesionado y ya están desplazando campesinos, imponiendo Fracking en San Turbán, le van a poner IVA a los huevos y le están entregando subsidios a la familia de María Fernanda Cabal ¡Disfruten lo votado! ¡Gran hijueputas!
¡Desde el Congreso seré el primer opositor a este decreto de De la Espriella!
Es el mismo libreto de las Convivir de Álvaro Uribe: primero les ponen un nombre atractivo, hablan de “seguridad” y de “cooperación ciudadana” y después aparecen las armas, las masacres, los asesinatos de inocentes, los abusos, los desaparecidos, las víctimas: ¡LOS PARAMILITARES!
Colombia no necesita reciclar fórmulas que dejaron muerte, terror y desplazamiento.
Colombia requiere soluciones reales, serias y que no repitan nuestra sangrienta historia.
@majonavarromz Show barato, como su campaña de mierda para limitados mentales. El vicecriminal es realmente la mente maestra del circo de gobierno que va a representar abenarco.
El señor Restrepo, vicepresidente electo, pregona a los cuatro vientos que el empalme expondrá hechos de corrupción supuestamente cometidos por el gobierno actual, pero cuando el Petro le propone entonces que sea transmitido al público, se echa para atrás. ¡Mentirosos y cobardes!
Un mural antifascista fue borrado porque incomodaba a los fascistas.
Nada retrata mejor a quienes dicen defender la libertad, pero censuran cualquier expresión diferente a la que ellos determinan. Fascismo.
El gobierno entrante ahora habla de show con el empalme cuando los que hicieron de este proceso un espectáculo son ellos. Engañan con el cuento “anticorrupción”, hacen convenciones con miles de personas cuando predican austeridad y cambiaron de versión sobre el uso de los 60 millones de dólares “regalados”.
Que todo sea público y transmitido para que Colombia conozca toda verdad, y diferencie de un gobierno que se jugó por la gente y otro que tal cual mintió en campaña, pretende administrar. ¡Pa’lante! ✊🏽🇨🇴
Ser jefe de Estado en Colombia exige una lealtad absoluta y sin ambigüedades a nuestra soberanía. La doble nacionalidad del señor Abelardo de la Espriella plantea una contradicción constitucional de fondo: no se puede jurar lealtad a los intereses de una potencia extranjera como los Estados Unidos y, al mismo tiempo, pretender salvaguardar los intereses del pueblo colombiano.
Ante la gravedad de este escenario y los antecedentes de injerencismo abiertamente admitidos por Donald Trump, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado tienen la responsabilidad histórica de pronunciarse y aclarar esta incompatibilidad antes del 7 de agosto. La soberanía patria no es negociable.
¿Debe permitirse que un ciudadano que ha jurado lealtad a otra potencia asuma la presidencia de la República? Los leo.👇
📺 Ve la entrevista completa en el link de YouTube: https://t.co/Z75z5Buktd
Secretario Manuel Villa, calificar un mural ciudadano como apología criminal y asociar a quienes lo pintaron con la criminalidad, sin proceso ni prueba alguna es algo muy grave.
Su deber como Secretario de Seguridad es proteger a los ciudadanos, no ponerlos en riesgo como usted lo está haciendo. Reconsidere borrar este mensaje, de lo contrario enfrentará una denuncia disciplinaria.
El próximo gobierno tendrá que decidir de qué lado está: del lado de las familias campesinas que hoy intentan trabajar la tierra que el Estado les entregó, o del lado de quienes pretenden arrebatársela mediante el miedo y las armas.
La Reforma Agraria no puede convertirse en una promesa de papel. Si el Estado permite que los nuevos propietarios sean expulsados, amenazados o asesinados, estará renunciando a su obligación de protegerlos y enviando un mensaje devastador: que en Colombia las armas siguen teniendo más poder que la ley.
En Caracol radio, el ministro de Hacienda Miguel Gómez, elegido por Abelardo, declaró que no estaba de acuerdo con el incremento del salario mínimo del presidente @petrogustavo. Según él, debió subir según la productividad y la inflación, lo que para 2026 significaba un aumento del 6%. Es decir, el salario mínimo debió quedar en 1.720.000 pesos y no en 2.000.000. Queda confirmado: tendremos un gobierno que irá contra los avances laborales.
La política en Colombia atraviesa uno de sus momentos más degradados, convertida muchas veces en una cloaca donde el insulto reemplaza al argumento y la investidura pública se usa como arma de intimidación en lugar de servicio. El caso del concejal del bate “el Gury” es un síntoma elocuente de esa decadencia: un hombre que ha hecho costumbre llamar rata a quien piensa distinto, que ha salido con un bate a enfrentar a ciudadanos del común, y que ahora es investigado disciplinariamente por sugerir que zonas enteras del país, donde millones de colombianos ejercieron libremente su derecho al voto, deberían ser objeto de bombardeos y ataques.
Cuando el debate público se degrada así, no solo se pierde civilidad: se siembra la semilla de la violencia política que Colombia ya ha pagado con demasiada sangre.
Pero ese fenómeno no es aislado.
El alcalde de Medellín ha convertido sus micrófonos oficiales en tribuna diaria de improperios, injurias y calumnias contra Daniel Quintero, contra su equipo de gobierno, contra el presidente Gustavo Petro y contra sus ministros, usando el poder que le confiere el cargo sin que jamás le pase nada. Peor aún, enviaron desde la alcaldía listas “negras” a las empresas sobre los funcionarios de Quintero para que nunca los contrataran con el propósito de eliminar una tendencia política de la faz de Medellín. Lo más doloroso es que muchos empresarios lo hicieron y dejaron a gente con todas las capacidades y que tuvieron un contrato de prestación de prestación, como si fueran parias de la ciudad. ¿dónde está la humanidad?
Se han radicado múltiples denuncias en su contra y ninguna prospera, mientras los órganos de control parecen mirar hacia otro lado, como si le temieran. Esa asimetría revela algo más profundo y más grave: en Colombia la justicia disciplinaria y penal está politizada, y esa politización se convierte en un instrumento para perseguir opositores mientras se protege a quienes están en el lugar correcto del poder.
Una democracia que aspira a tener altura no puede funcionar así. La diferencia política jamás debería convertirse en motivo de persecución, y quienes ejercen funciones públicas tienen el deber constitucional de construir puentes de diálogo y respeto, no de alimentar el odio ni de blindar a los suyos mientras persiguen al adversario. Colombia necesita que sus instituciones de control actúen con el mismo rigor sin importar el color político de quien comete la falta, porque solo así se protege lo que verdaderamente sostiene la democracia: la vida, la dignidad humana y la confianza de que la ley se aplica igual para todos.