No hace nada bien…nada.
No entiende, no sabe, no le interesa saber y no es capaz de entender.
La frase original se sustenta en la conjugación del verbo —ser— en tiempo presente primera persona plural: “Somos”. (Nosotros)
Sin el “somos”, la frase queda fuera del dominio contextual.
Cuando dijeron: «Somos el mejor país de Chile», la magia era la frase inclusiva. Cuanso Kast dice y repite 5 veces: el mejor país de Chile hermano, carece de la chispa criolla que la generó…no lo entendió, no lo entiende y no lo entenderá.
Brutal…es muy limitado.
HERMOSILLA NO QUIERE MÁS GUERRA
La Justicia que se negociaba en los pasillos.
Hay una forma de corrupción devastadora: aquella que no necesita maletines con dinero, porque funciona mediante contactos, información privilegiada y favores que se cobran después. Erosiona la confianza en quienes deben aplicar la ley.
El regreso de Luis Hermosilla a prisión preventiva, decretado hoy 28 de octubre, por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, obliga a examinar ese fenómeno. El abogado fue formalizado en una investigación que lo vincula con Manuel Guerra, exfiscal regional metropolitano Oriente, también privado de libertad. La imputación apunta a una presunta trama de sobornos e intercambio de antecedentes reservados. No hay sentencia condenatoria: acusar no equivale a probar.
La investigación, dirigida por el fiscal Mario Carrera, describe una relación que habría operado entre 2016 y 2021. Según la Fiscalía, conversaciones por WhatsApp y Telegram permitieron anticipar información y facilitar gestiones relacionadas con investigaciones de interés público. Entre ellas figuran Penta, Dominga-Exalmar y otras causas vinculadas con dirigentes políticos y autoridades. El riesgo es que ciudadanos sometidos a la misma ley reciban tratamientos diferentes.
Hay aquí un concepto ilustrativo: la «cuenta de ahorro corruptiva». Una red de reciprocidades acumula obligaciones informales. Hoy se proporciona un dato; mañana se abre una puerta; años después aparece una oportunidad laboral. La Fiscalía y los querellantes examinan bajo esa hipótesis la contratación de Guerra por la Universidad San Sebastián después de abandonar el Ministerio Público. Que exista una contratación no demuestra por sí sola un delito: corresponde acreditar su eventual conexión con actuaciones indebidas.
Desde la sociología institucional, estas relaciones representan una amenaza conocida como captura informal. No es necesario controlar legalmente una institución para influir en ella: basta con disponer de acceso privilegiado a quienes toman decisiones. Cuando las redes personales desplazan los procedimientos, el poder público puede volverse patrimonio privado. Y el ciudadano común, sin teléfonos influyentes ni amistades estratégicas, queda mirando desde afuera.
La discusión judicial también ofrece una lección importante. La Fiscalía no solicitó prisión preventiva para Hermosilla; sí la pidieron querellantes, incluido el Consejo de Defensa del Estado. El tribunal consideró que su libertad representaba un peligro para la seguridad de la sociedad. Es una cautelar, no una pena, y puede ser revisada. La defensa, que invocó colaboración con las investigaciones, conserva su derecho a controvertir los cargos.
Tampoco corresponde transformar las menciones a terceros en condenas mediáticas. Andrés Chadwick aparece en antecedentes de la causa, pero no ha sido formalizado en esta arista. La responsabilidad penal exige pruebas. Una democracia no se fortalece reemplazando los privilegios investigados por juicios sumarios dictados desde las redes sociales.
Sin embargo, sería ingenuo reducir este episodio sólo a la trayectoria de dos personas. Si las imputaciones llegaran a acreditarse, estaríamos ante una falla estructural de controles, transparencia y ética pública. La justicia no solo debe ser independiente: también debe disponer de barreras verificables frente a conflictos de interés, filtraciones y relaciones que comprometan su imparcialidad.
Porque el daño más persistente de una eventual red de favores no se mide únicamente en años de cárcel. Se mide en ciudadanos que dejan de creer que la ley los protege por igual. Y cuando la justicia empieza a parecer un privilegio de quienes conocen a la persona correcta, la democracia conserva sus edificios, sus tribunales y sus ceremonias, pero comienza a perder algo mucho más difícil de reconstruir: su legitimidad.
@MisColumnas
Presidente @PresidenteKast le contaron parte de la historia.
Usted hizo un relato en ENADE sobre un joven que en los 80’s partió repartiendo papeles en la importante empresa de auditoría Price Waterhouse (PwC), y que hoy es presidente de ENADE y socio de la empresa auditora.
Pero no le contaron toda la historia, no le dijeron que ese joven es hijo de quien era el principal socio de esa misma empresa, que a su vez fue un alto ejecutivo de Codelco en dictadura, fue presidente de las asociación de AFP, de AFP Cuprum, y fue un ejecutivo muy cercano al régimen militar. Gracias a lo anterior fue presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC).
No es condenable que haya ayudado y abierto las puertas a su hijo, pero de ahí al cuento meritocrático que usted relató, hay un trecho muy largo. Averigüe.
Con razón ese mundillo es lo que es, una secta proteccionista de gente de pocas luces pero de apellidos luminosos. Eso que son los hijos tontos de los ricos, cada día es una frase más real.
A propósito de meritocracia, su hijo es diputado republicano, ¿cierto?
No hace nada bien…nada.
No entiende, no sabe, no le interesa saber y no es capaz de entender.
La frase original se sustenta en la conjugación del verbo —ser— en tiempo presente primera persona plural: “Somos”. (Nosotros)
Sin el “somos”, la frase queda fuera del dominio contextual.
Cuando dijeron: «Somos el mejor país de Chile», la magia era la frase inclusiva. Cuanso Kast dice y repite 5 veces: el mejor país de Chile hermano, carece de la chispa criolla que la generó…no lo entendió, no lo entiende y no lo entenderá.
Brutal…es muy limitado.
Presidente @PresidenteKast le contaron parte de la historia.
Usted hizo un relato en ENADE sobre un joven que en los 80’s partió repartiendo papeles en la importante empresa de auditoría Price Waterhouse (PwC), y que hoy es presidente de ENADE y socio de la empresa auditora.
Pero no le contaron toda la historia, no le dijeron que ese joven es hijo de quien era el principal socio de esa misma empresa, que a su vez fue un alto ejecutivo de Codelco en dictadura, fue presidente de las asociación de AFP, de AFP Cuprum, y fue un ejecutivo muy cercano al régimen militar. Gracias a lo anterior fue presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC).
No es condenable que haya ayudado y abierto las puertas a su hijo, pero de ahí al cuento meritocrático que usted relató, hay un trecho muy largo. Averigüe.
Con razón ese mundillo es lo que es, una secta proteccionista de gente de pocas luces pero de apellidos luminosos. Eso que son los hijos tontos de los ricos, cada día es una frase más real.
A propósito de meritocracia, su hijo es diputado republicano, ¿cierto?
HERMOSILLA NO QUIERE MÁS GUERRA
La Justicia que se negociaba en los pasillos.
Hay una forma de corrupción devastadora: aquella que no necesita maletines con dinero, porque funciona mediante contactos, información privilegiada y favores que se cobran después. Erosiona la confianza en quienes deben aplicar la ley.
El regreso de Luis Hermosilla a prisión preventiva, decretado hoy 28 de octubre, por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, obliga a examinar ese fenómeno. El abogado fue formalizado en una investigación que lo vincula con Manuel Guerra, exfiscal regional metropolitano Oriente, también privado de libertad. La imputación apunta a una presunta trama de sobornos e intercambio de antecedentes reservados. No hay sentencia condenatoria: acusar no equivale a probar.
La investigación, dirigida por el fiscal Mario Carrera, describe una relación que habría operado entre 2016 y 2021. Según la Fiscalía, conversaciones por WhatsApp y Telegram permitieron anticipar información y facilitar gestiones relacionadas con investigaciones de interés público. Entre ellas figuran Penta, Dominga-Exalmar y otras causas vinculadas con dirigentes políticos y autoridades. El riesgo es que ciudadanos sometidos a la misma ley reciban tratamientos diferentes.
Hay aquí un concepto ilustrativo: la «cuenta de ahorro corruptiva». Una red de reciprocidades acumula obligaciones informales. Hoy se proporciona un dato; mañana se abre una puerta; años después aparece una oportunidad laboral. La Fiscalía y los querellantes examinan bajo esa hipótesis la contratación de Guerra por la Universidad San Sebastián después de abandonar el Ministerio Público. Que exista una contratación no demuestra por sí sola un delito: corresponde acreditar su eventual conexión con actuaciones indebidas.
Desde la sociología institucional, estas relaciones representan una amenaza conocida como captura informal. No es necesario controlar legalmente una institución para influir en ella: basta con disponer de acceso privilegiado a quienes toman decisiones. Cuando las redes personales desplazan los procedimientos, el poder público puede volverse patrimonio privado. Y el ciudadano común, sin teléfonos influyentes ni amistades estratégicas, queda mirando desde afuera.
La discusión judicial también ofrece una lección importante. La Fiscalía no solicitó prisión preventiva para Hermosilla; sí la pidieron querellantes, incluido el Consejo de Defensa del Estado. El tribunal consideró que su libertad representaba un peligro para la seguridad de la sociedad. Es una cautelar, no una pena, y puede ser revisada. La defensa, que invocó colaboración con las investigaciones, conserva su derecho a controvertir los cargos.
Tampoco corresponde transformar las menciones a terceros en condenas mediáticas. Andrés Chadwick aparece en antecedentes de la causa, pero no ha sido formalizado en esta arista. La responsabilidad penal exige pruebas. Una democracia no se fortalece reemplazando los privilegios investigados por juicios sumarios dictados desde las redes sociales.
Sin embargo, sería ingenuo reducir este episodio sólo a la trayectoria de dos personas. Si las imputaciones llegaran a acreditarse, estaríamos ante una falla estructural de controles, transparencia y ética pública. La justicia no solo debe ser independiente: también debe disponer de barreras verificables frente a conflictos de interés, filtraciones y relaciones que comprometan su imparcialidad.
Porque el daño más persistente de una eventual red de favores no se mide únicamente en años de cárcel. Se mide en ciudadanos que dejan de creer que la ley los protege por igual. Y cuando la justicia empieza a parecer un privilegio de quienes conocen a la persona correcta, la democracia conserva sus edificios, sus tribunales y sus ceremonias, pero comienza a perder algo mucho más difícil de reconstruir: su legitimidad.
@MisColumnas
@PipeAllendeM@AnaMariaGazmuri Ese día estaba con mi sentido de abstracción extraviado. Pero menos mal que duró poco. Quizá lo más correcto habría sido: te robo la imagen.
Pero tratándose de ella…te puede robar hasta el corazón.