En países como España, donde la natalidad se desploma y la población envejece, la inmigración puede ser una herramienta positiva para revitalizar la economía y sostener el sistema de pensiones. Sin embargo, el verdadero problema no es la inmigración en sí, sino su combinación con un estado de bienestar mal diseñado.
Cuando se permite que cualquier recién llegado acceda de inmediato a beneficios sociales sin haber contribuido previamente, se genera un incentivo perverso: el sistema atrae a quienes buscan aprovecharse, no a quienes quieren aportar.
Una solución sensata sería establecer un periodo mínimo de cotización—por ejemplo, 20 años—antes de tener derecho a prestaciones no contributivas. Así nos aseguraríamos de que quienes inmigran lo hacen con vocación de integrarse, trabajar y sumar al país que los recibe. Y el que deja de cotizar vuelve a casa.
Inmigración, sí. Pero con reglas claras y justas. Un país solidario no puede ser ingenuo.