El Gobierno anuncia un proyecto de ley llevando la edad jubilatoria nuevamente a los 60 años.
Una causal fijada hace 100 años en una coyuntura donde la expectativa de vida era casi igual a la edad jubilatoria.
La propuesta no se trata de una causal anticipada sino de una causal común y universal (no establece requisitos distintos, ni especiales), volviendo para atrás la reforma de 2023.
Va en contra de lo decidido en el plebiscito de 2024, va en contra de la lógica de la evolución de la expectativa de vida (el mundo sube la edad jubilatoria, mientras que Uruguay va en el sentido contrario) y va contra la sustentabilidad del sistema.
La Presidenta de BPS reconoció en comisión que para la suficiencia de la jubilación lo mejor es que el suplemento solidario se ajuste por IMS.
Si fuera así el impacto en las cuentas públicas será de 2 puntos del PIB (U$S 1600 millones).
Para que los números no se disparen el Gobierno sacaría la jubilación activa que permite reincorporarse a un trabajo luego de la jubilación, sin perderla.
Se le quita la libertad ganada a las personas.
Esto para evitar el impulso a que la gente se jubile efectivamente a los 60 años.
Volver a la causal de los 60 años está guiado más en un capricho y guiño al PIT-Cnt y sectores del FA, que a lo que la realidad indica.
Nos oponemos a desandar la reforma del 2023, a ir en contra de la sustentabilidad del sistema y a quitar derechos ya consagrados, generando inequidades entre las personas.
@suarezistaCNDF Y sobretodo como dirige al equipo...y como plantea los partidos...saliendo a ganar desde el primer minuto y defendiendo como leones cada pelota..le cambio la cara y el alma!!!
No tengo palabras para describir lo que está haciendo este hombre, simplemente es una locura, mis respetos, hace un mes o un poco más estábamos todos en el piso, nos volvio toda la fe y confianza como nadie más lo haría, terminé como terminé gracias eternas!
Delitos nuevos, leyes viejas.
Acaba de visitar Uruguay el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa.
Su país ha tenido un éxito contundente contra el delito y las organizaciones criminales que lo dominaban.
Eso debería interesarnos a los uruguayos que hoy enfrentamos una situación angustiosa en materia de inseguridad.
En lugar de ello, muchos prefirieron sus cinco minutos de fama preguntando por otras cosas y no por como los salvadoreños lograron ese éxito.
Concurrí a la conferencia que brindó Ulloa.
Explicó las columnas sobre las que se asentó el el combate al delito y al narcotráfico.
Destacó una que aquí casi no discutimos: la creación de nuevas figuras penales, entre ellas el llamado delito colectivo.
Se podrá coincidir o no con todo lo que ha hecho El Salvador.
Pero hay una lección que no depende de simpatías: el delito cambió en el mundo.
Ya no enfrentamos al delincuente solitario ni a la banda de barrio, sino a organizaciones con jerarquías, finanzas, territorio y armas.
Empresas del crimen que reemplazan en horas al sicario que cae preso.
Las viejas figuras con las que el Uruguay penaliza el delito ya no alcanzan.
Fueron pensadas para otro país y para otro delincuente.
Muchos gobiernos, de todos los partidos, incluido el Frente Amplio, se concentran en el aumento de las penas.
Lo comparto pero no alcanza.
Aumentar la pena de un delito pensado para el individuo no desarma a la organización.
Castiga al que aprieta el gatillo y deja intacto al que da la orden, al que financia, al que recluta.
A eso se suma un problema de diagnóstico.
El Ministerio del Interior ha sido errático al analizar cuánto pesan los narcos y las organizaciones criminales en los delitos que sufrimos.
Mal se puede combatir lo que no se mide bien.
Lo expresado por Ulloa coincide, en su orientación, con el proyecto de ley sobre penalización de organizaciones criminales que presenté hace meses.
La mayoría parlamentaria del Frente Amplio, inexplicablemente, ni siquiera lo pone en el orden del día.
No pido que lo voten a tapa cerrada.
Pido que se discuta para enfrentar la situación que vivimos.
Atender este problema fue reclamado por la propia Fiscalía General de la Nación, como instrumento para enfrentar a la delincuencia organizada.
No es una ocurrencia nuestra: lo piden quienes investigan y acusan todos los días.
La idea es sencilla: el delito evoluciona y las normas para enfrentarlo deben hacerlo también.
La mera pertenencia a una organización delictiva debe ser un penada, más allá de los que cada integrante cometa a título individual.
Quien se integra a una estructura creada para matar, traficar y extorsionar ya eligió, y ya daña a la sociedad, aunque todavía no se le pueda probar otro hecho concreto.
No es un invento ni un atajo. Italia lo entendió en 1982, cuando incorporó a su Código Penal la asociación de tipo mafioso.
Con esa herramienta los jueces Falcone y Borsellino llevaron a la Cosa Nostra al maxiproceso de Palermo y lograron cientos de condenas.
Hasta entonces, los jefes salían absueltos porque nunca apretaban el gatillo.
Eso lo hizo una democracia, con jueces independientes y con todas las garantías.
¡Vamos Uruguay!
Esto no es cuestión de partidos.
Es cuestión de voluntad para enfrentar a la delincuencia organizada.
El primer semestre cerró con 195 homicidios, el más violento de la última década.
El país se encamina a tener uno de los años más sangrientos desde que se llevan estadísticas.
Las organizaciones criminales no esperan a que el Parlamento encuentre lugar en su agenda.
Tómense el rato para ver este material. También para leer toda la documentación que hay oficial del club para entender el proyecto, lo que se vota y lo que implica. No hablemos por habla. Aprovechemos la virtud que tenemos como socios de poder decidir.
Siempre mi amado Nacional
@Yo07494497@ElEspectadorUy Si claro...porque tenemos una defensa espectacular...nos venian metiendo un promedio de 2 goles por partido ....
Los cuadros se arman de atrás para adelante...cuando tengas seguridad atrás ahí si podes ser mas ofensivo...
Lubetkin dice que no puede recordar todos los movimientos que hizo en 18 meses.
Es entendible.
Fueron unos 30 viajes al exterior, 160 días en misión oficial, siete viajes a Italia y decenas de miles de dólares en viáticos.
Lo que no es entendible es que el Estado tampoco pueda responder sin recurrir a su memoria.
¿O sea que de cada viaje oficial no queda siquiera un informe mínimo?
¿Se decide el viaje, se gasta dinero público, se hace lo que se entiende conveniente, se vuelve y no hay que explicar resultados, presentar un reporte ni evaluar si el viaje sirvió para algo?
¿Y nadie analiza después la gestión, los resultados obtenidos ni la relación entre esos resultados y los gastos realizados?
Si esto es así, la declaración es gravísima.
No importa si Lubetkin recuerda o no dónde estuvo hace un año. El Estado debería recordarlo por él: destino, agenda, objetivos, gastos y resultados.
Si esa información no existe, expone un Estado que puede gastar recursos públicos sin planificación, trazabilidad ni evaluación posterior.
Un barril sin fondo donde nadie parece preguntarse qué obtuvimos a cambio.
Pero que siga la fiesta.
Total, paga otro.
“Puede”
Democracia. Instituciones funcionando. Gobernantes electos legítimamente por la ciudadanía. Soberanía. Transición real. Ni negocio ni explotación.
De eso se trata y para eso siempre alzamos la voz.
Espero que @PuntaCarretas aplique el derecho de admisión, lista negra o como quieran llamarle. No sólo es un asco cortar el pelo en una plaza de comidas, si no que el nivel de violencia que generan sus gritos, más el no saber qué pasa, hacen que no te sientas seguro ahí.
Grave.