Fiscalía Colombia

Cuenta oficial de la Fiscalía General de la Nación.

Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón.

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Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminanes le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. ‘Ronald’ no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Ronaldinho Trujillo Trujillo, alias Ronald, presunto integrante de la estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc, es señalado de participar en la planeación de un ataque con explosivos contra la fuerza pública en la vía Chachagüí – Remolino Panamericano, zona rural de Pasto (Nariño). Dos artefactos fueron hallados por las autoridades y activados de manera controlada.

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Las evidencias recaudadas por la Fiscalía indican que la víctima habría impedido que Acevedo Sánchez y Díaz Sierra ingresaran a la estación sin cancelar el valor del pasaje. Esta situación, al parecer, motivó la reacción violenta. Minutos después del ataque la pareja fue capturada por unidades de la Policía Nacional.

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Un guarda de seguridad de la estación Terreros de TransMilenio, en Soacha (Cundinamarca), murió luego de ser agredido con un arma cortopunzante, presuntamente por Deibi Gabriel Acevedo Sánchez, quien habría actuado con la instigación de su compañera, Anngi Natalia Díaz Sierra. Por estos hechos, ocurridos en la mañana del pasado 18 de septiembre, la pareja fue judicializada y asegurada en centro carcelario.

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En diligencia judicial, el procesado manifestó de manera libre y voluntaria conocer el lugar donde presuntamente fue sepultado Andrés Camilo Peláez. También señaló que meses después el cuerpo habría sido exhumado y arrojado al río San Andrés. Una fiscal de la Seccional Antioquia le imputó el delito de desaparición forzada agravada.

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Un hombre señalado de participar en la retención y desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez, ocurrida el 4 de abril de 2022 en San Andrés de Cuerquia (Antioquia), fue judicializado y aceptó su participación en los hechos. Según la investigación, cuando ocurrió la acción criminal tenía 17 años y habría coordinado con integrantes de ‘El Mesa’ el seguimiento, la aprehensión y el traslado del ingeniero hacia una zona rural.

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Por solicitud de la Fiscalía, tres presuntos responsables del secuestro de un ciudadano de 34 años en Bogotá, y de exigir 130 millones de pesos por su liberación, recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario. Otro posible implicado permanecerá privado de la libertad en su lugar de residencia. La víctima fue interceptada el pasado 14 de septiembre en la localidad Rafael Uribe Uribe y trasladada a un inmueble de la localidad de Ciudad Bolívar, donde fue rescatada el 16 de septiembre por el CTI y el Gaula Militar. Los cuatro investigados fueron imputados por el delito de secuestro extorsivo agravado.

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Este hombre, al parecer, abordaba a las víctimas dentro del vehículo de servicio público, las intimidaba con un arma cortopunzante para despojarlas de sus pertenencias, las abusaba sexualmente y las obligaba a suministrar las claves de acceso a las aplicaciones financieras instaladas para apoderarse del dinero disponible en las cuentas. Por estos hechos fue imputado por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado agravado, y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

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La investigación por las denuncias de cuatro mujeres que habrían sido víctimas de hurtos y abusos sexuales tras tomar servicios de taxi en Medellín (Antioquia) permitieron a la Fiscalía judicializar a Juan José Estrada Vélez, de 24 años, como presunto responsable de los hechos delictivos registrados entre el 7 de agosto y el 8 de septiembre de 2026.

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Asimismo se evidenció que pese a que el calendario electoral se conocía desde 2025 no habrían incluido el objeto de la contratación y su necesidad presupuestal en el plan de adquisiciones. Por estos hechos, un fiscal de Administración Pública de la Seccional Chocó los imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en
documento privado.

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Por las posibles irregularidades detectadas en el manejo de recursos públicos destinados a la logística de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo en Riosucio (Chocó), fueron judicializados el alcalde del municipio y cinco funcionarios más. La investigación da cuenta de que estas personas habrían participado en anomalías como el fraccionamiento de la contratación a través de resoluciones que buscaban evadir un proceso de selección objetiva, el uso de facturas fraudulentas con sobrecostos o con fechas posteriores a los comicios, además de inconsistencias en el suministro de alimentación y combustible.

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Los elementos materiales probatorios indican que el contrato habría sido celebrado directamente durante la vigencia de la Ley de Garantías, aunque por su cuantía debía adelantarse mediante licitación pública. Además, el entonces secretario de Movilidad lo celebró pese a conocer que esa entidad no tenía competencia para ejecutar las obras. Los cinco acusados responderán en juicio, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

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Cinco personas, entre exfuncionarios y contratistas, fueron acusadas por presuntas irregularidades en un contrato de más de 16.000 millones de pesos para intervenir vías de Medellín. El negocio fue suscrito en 2023 y estaba destinado a obras para facilitar el transporte público.

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Las evidencias indican que la víctima habría sido abordada en una zona despoblada y atacada con un objeto contundente para despojarla de sus pertenencias. El trauma craneoencefálico que sufrió le causó la muerte. Su cuerpo fue encontrado días después en una quebrada. Mendoza Nare fue imputado los delitos de feminicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas, y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

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La investigación por la muerte de una ciudadana neerlandesa reportada como desaparecida en Salento (Quindío), permitió a la Fiscalía identificar a Eduardo Ramiro Mendoza Nare como el presunto responsable. La mujer salió el pasado 25 de mayo del hospedaje donde se encontraba para asistir a una actividad turística en una finca de la zona rural.

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La niña habría sido víctima de agresiones y conductas de carácter sexual en ocasiones anteriores, mientras estaba al cuidado del hoy procesado. El 16 de septiembre, servidores del CTI capturaron a Rojas Lárez en vía pública de la localidad de Los Mártires, en cumplimiento de una orden judicial. Una fiscal de la UENNA de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de feminicidio y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas. El hombre no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Una investigación de la Fiscalía permitió establecer la ruta que habría seguido una niña de 9 años antes de ser encontrada sin vida en un canal de aguas lluvias de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Según las evidencias recopiladas, el 14 de septiembre Shenner José Rojas Lárez habría sacado a la menor de edad de un inmueble en Mosquera (Cundinamarca), luego de una discusión con su pareja, hermana de la víctima. Posteriormente, la trasladó a Fontibón y, al día siguiente, a Ciudad Bolívar, donde presuntamente le causó la muerte mediante asfixia.

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Videollamadas y mensajes instantáneos serían utilizados para intimidar a los conductores y obligarlos a pagar. Por estos hechos fueron capturados y judicializados 10 presuntos integrantes del ‘Tren de Aragua’. Una fiscal Gaula les imputó concierto para delinquir y extorsión, ambas conductas agravadas.

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Al menos 60 conductores de transporte informal habrían sido víctimas de extorsión en Bogotá. Según la investigación de la Fiscalía, integrantes del ‘Tren de Aragua’ les exigían entre 28.800 y 35.500 para completar una cifra semanal que superaba el millón de pesos. Esto ocurría en medio de amenazas contra ellos y sus familias, además de advertencias sobre la quema de sus vehículos. Los hechos se presentaron entre 2024 y 2026, en el suroccidente de Bogotá.