Fiscalía Colombia

Cuenta oficial de la Fiscalía General de la Nación.

Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón.

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Alias Dimax habría adquirido certificaciones étnicas para hacerse pasar por integrante de una comunidad ancestral y lograr que le fuera cambiado el lugar donde cumplía la condena. Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Cali le imputó el delito de fuga de presos y solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario, la cual fue impuesta por un juez de control de garantías.

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Tras su expulsión de Panamá, país al que habría huido para evadir el cumplimiento de una condena que pesaba en su contra, la Fiscalía judicializó a Juan Carlos Vacca Castillo, alias Dimax, señalado cabecilla de una estructura delincuencial con injerencia en Valle del Cauca. Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el hombre presuntamente se escapó de un resguardo ubicado en Florida (Valle del Cauca), a donde había sido trasladado para cumplir una sentencia de 38 años de prisión.

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En ese sentido, fue imputada por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público, por su posible participación en hechos que habrían ocasionado un detrimento patrimonial de 499 millones de pesos. La exfuncionaria no aceptó los cargos.

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Adriyojana Lugo Camacho, exsecretaria de Planeación e Infraestructura de Ataco (Tolima), estaría involucrada en las irregularidades detectadas en contratos financiados con recursos de regalías por 21.550 millones de pesos, destinados a construir 1.170 unidades sanitarias en 47 veredas. Para la Fiscalía habría participado en un presunto entramado de corrupción que direccionó la contratación de las obras y su interventoría.

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La investigación de la Fiscalía, en articulación con la Dijin se @PoliciaColombia, permitió capturar a estas personas en Bogotá, Villavicencio (Meta) y Soacha (Cundinamarca). Los procesados fueron imputados por pornografía con personas menores de 18 años y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Uno de ellos aceptó los cargos. Todos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Al menos dos grupos privados de mensajería instantánea, cuyo acceso se obtenía mediante pago, habrían sido utilizados por una red dedicada a distribuir material de abuso sexual infantil. En estos espacios, al parecer, circularon más de 600 videos y fotografías, compartidos con más de 140 contactos. Cinco de los presuntos integrantes fueron identificados y judicializados.

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La investigación de la Fiscalía da cuenta de que el joven fue reclutado en julio de 2026 por integrantes del frente Dagoberto Ramos y habría recibido entrenamiento en técnicas de combate e instrucción en el manejo de armas. Por estos hechos, Valencia Cuetia fue imputado por reclutamiento ilícito y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Un recorrido entre Santander de Quilichao (Cauca) y Villavicencio (Meta) puso al descubierto un posible caso de transporte de menores de edad reclutados por las disidencias de las Farc. En La Tebaida (Quindío), las autoridades interceptaron a Carlos Emilio Valencia Cuetia cuando viajaba con un adolescente de 16 años que sería entregado a otra estructura armada.

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Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado; cargos que no fueron aceptados. 'Tuerto' fue afectado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

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Edison Pino Beitar, alias Tuerto, presunto integrante del grupo delincuencial ‘Caicedo’, fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación, por su posible participación en el desplazamiento forzado de una pareja en Medellín.

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Según la investigación, el hecho habría ocurrido como represalia porque uno de los integrantes de 'Caicedo' vio al hombre bailar con su pareja sentimental durante una fiesta. La víctima habría sido golpeada y amenazada, además de recibir la exigencia de un millón de pesos, lo que obligó a la pareja a abandonar su vivienda. Alias Tuerto también sería responsable del cobro de extorsiones, distribución de estupefacientes y comercialización ilegal de lotes en varias comunas de Medellín.

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Para impedir la localización, la estructura empleaba inhibidores de señal que bloqueaban los sistemas GPS. Posteriormente, los vehículos eran desmantelados y las autopartes comercializadas en Bogotá. Por estos hechos, los procesados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y secuestro simple. Asimismo, fueron afectados con medidas de aseguramiento privativas de la libertad.

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Conos de señalización, vehículos señuelo y armas de fuego eran utilizados para simular puestos de control y retener a transportadores de carga en corredores viales entre Natagaima y El Espinal (Tolima). Los presuntos responsables serían ‘Los Mimos’, una organización delincuencial a la que se le atribuye el hurto de cinco camiones y otros bienes por más de 1.300 millones de pesos.

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Las actividades de policía judicial permitieron asociar las denuncias de cinco casos ocurridos entre agosto de 2024 y marzo de 2026, que guardan relación por las circunstancias en las que sucedieron. En los eventos ilegales conocidos, los conductores fueron intimidados y trasladados a zonas boscosas, donde permanecieron privados de la libertad mientras les hurtaban los vehículos, las mercancías y sus pertenencias.

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En los lugares inspeccionados fueron incautados 92 millones de pesos en efectivo, 211 gramos de oro en amalgama y 114 gramos de oro en joyas. También se encontraron 200 kilogramos de cianuro y 1.902 gramos de mercurio, sustancias utilizadas en la obtención del mineral.
Asimismo, fueron hallados 120 kilogramos de explosivo tipo ANFO, 700 metros de cordón detonante, 147 barras de Indugel y 62 detonadores destinados a la explotación minera ilegal.

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Socavones y plantas de procesamiento de oro en inmediaciones del páramo de Santurbán (Santander) fueron intervenidos en ocho diligencias de allanamiento y registro, ordenadas por la Fiscalía General de la Nación como parte de una investigación contra una organización delincuencial señalada de extraer ilegalmente oro en el área protegida.

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Entre los casos detectados figura la sustracción de una consola de sonido en un establecimiento comercial, cuyo valor supera los 12 millones de pesos.Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Todos los procesados fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Una red delincuencial que habría convertido conciertos y eventos masivos en escenarios para el hurto de equipos tecnológicos y celulares fue puesta al descubierto tras una investigación estructural de la Fiscalía. Se trata de ‘Venus’, un grupo delincuencial que estaría implicado en, al menos, 10 casos ocurridos en Bogotá y otras ciudades.

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Las labores investigativas permitieron identificar a seis presuntos integrantes que viajaban a los lugares donde se realizarían los eventos y, para cumplir su cometido, al parecer utilizaban identidades falsas y se presentaban como funcionarios de alcaldías, secretarías o integrantes del personal logístico para acercarse a los asistentes y organizadores.

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