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Esto no es un sabotaje, ni le pasa solo a la M-40, ni afecta únicamente a la red de carreteras, ni siquiera es exclusivo de este gobierno o de España; es la consecuencia de un sistema con incentivos perniciosos.
A pesar de el aumento de la fiscalidad de los últimos años, el sistema educativo no produce mejores resultados, el sistema sanitario tiene listas de espera más largas, los trenes se retrasan más y tienen más averías, la red de carreteras tiene falta de mantenimiento, la red eléctrica no había realizado las inversiones necesarias para la transición acelerada a fuentes renovables... ¿Dónde está el dinero?
Hemos caído en la trampa de la gerontocracia presupuestaria en las democracias envejecidas: Regímenes donde las decisiones fiscales están dominadas por la necesidad de sostener una mayoría electoral envejecida, sacrificando la inversión, el mantenimiento del capital público y la cohesión intergeneracional.
A medida que la población envejece, aumenta inexorablemente la presión sobre el gasto corriente: pensiones, sanidad, dependencia, subsidios vinculados a la edad. No es exclusivo de España, pasa también en Alemania o Italia, donde más del 50% del gasto público se destina al mantenimiento de las personas mayores. Este gasto no es discrecional ni reformable sin coste político extremo: son transferencias obligadas por ley y blindadas por el poder electoral de los beneficiarios.
Los mayores votan más y son más numerosos. Los partidos adaptan su oferta política a esta realidad. La política fiscal se convierte así en una herramienta de redistribución intergeneracional regresiva: se grava a los jóvenes (en activo) para sostener a los inactivos, sin espacio para invertir en su futuro.
La consecuencia directa es la expulsión de la inversión del presupuesto. En países como España, la inversión pública neta ha caído a mínimos históricos: del 5% del PIB en los años 80-90 a menos del 2-3% en la última década. Esto significa menos infraestructuras, menos renovación tecnológica, menos gasto en I+D y educación, y menos capacidad del Estado para generar crecimiento futuro.
Los gobiernos se enfrentan a una elección imposible: si intentan reorientar el gasto hacia inversión, chocan con el rechazo electoral de una mayoría que vive del presente; si lo aceptan, condenan al país a una decadencia silenciosa pero segura. No hay incentivos para defender el largo plazo porque los réditos políticos de invertir hoy se materializan cuando el político ya no está en el cargo.
Este cortoplacismo estructural convierte a las democracias envejecidas en sistemas que priorizan el consumo de capital sobre su acumulación. Se vive del legado físico, institucional y educativo construido en décadas anteriores, sin capacidad de renovación.
Este modelo genera un círculo vicioso:
🔸El menor crecimiento derivado de la caída de la inversión reduce los ingresos fiscales futuros.
🔸Esto obliga a subir impuestos o endeudarse más para sostener el gasto corriente.
🔸Lo que limita aún más el margen para invertir.
🔸Y deteriora la competitividad y la confianza en las instituciones.
¿Cómo rompemos el círculo?