A LOS 128 AÑOS DE LUCHA POR LA ESTADIDAD
DE PUERTO RICO
Por José Garriga Picó
27 de julio de 2026
Conmemorando el natalicio del Dr. José Celso Barbosa
Hoy que conmemoramos el natalicio de don José Celso Barbosa, padre de nuestro ideal, los estadistas puertorriqueños debemos renovar nuestro compromiso con la lucha refundándola sobre nuevas bases y estrategias que sean efectivas para lograr nuestra meta.
Porque tras 128 años de lucha es claro que, para alcanzar la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión, debemos comenzar por cambiar la manera en que analizamos nuestra realidad política y la forma en que luchamos por la estadidad. Durante demasiado tiempo hemos interpretado nuestros éxitos y nuestros fracasos mirando únicamente hacia la Isla, como si el destino político de Puerto Rico dependiera exclusivamente de nuestras campañas electorales, resultados de plebiscitos y el éxito de nuestras gestiones de gobierno. Esa manera de analizar nuestra realidad ha demostrado ser inefectiva y frustrante.
Es necesario ampliar el foco. Los factores que en última instancia determinan nuestro status no están en Puerto Rico. Operan principalmente en Washington y el resto del sistema político americano. Responden a fuerzas mucho más complejas y poderosas que la política partidista puertorriqueña. Mientras no comprendamos esa realidad, seguiremos reaccionando a los acontecimientos en vez de anticiparlos y aprovecharlos.
La primera verdad que debemos aceptar es sencilla: nuestro status nunca ha dependido principalmente de la voluntad de los puertorriqueños. Desde 1898, la política territorial hacia Puerto Rico ha sido determinada por el Congreso de los Estados Unidos de acuerdo con los intereses nacionales. Así ha sido por 128 años y sigue siendo.
Cuando Puerto Rico pasó a estar bajo la bandera americana, no fue porque así lo decidieran los puertorriqueños en plebiscito. Fue la consecuencia de la Guerra Hispanoamericana. La Ley Foraker no respondió a una petición nuestra y fue rechazada por todos los sectores políticos de la isla. La Ley Jones surgió en el contexto del principio de autodeterminación de los pueblos del presidente Wilson, producto de la Primera Guerra Mundial. La Ley 600 y la aprobación de la Constitución territorial del Estado Libre Asociado respondieron a las circunstancias estratégicas de la Guerra Fría. No digo que los puertorriqueños no pudieran expresarse sobre estos eventos, solo que sus acciones no fueron determinantes.
Luego, la incepción y subsiguiente extinción de la industria petroquímica en Puerto Rico no respondieron a que se hallara petróleo en la isla o se secaran los pozos, sino a cambios en el mercado global y guerras en el Medio Oriente. Igualmente, la legislación de la Sección 936 y su posterior eliminación fueron consecuencia de la globalización, la competencia del mercado farmacéutico y las transformaciones en la política fiscal federal. De nuevo no fuimos los actores sino los receptores.
Cada gran ajuste en la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos ha coincidido con transformaciones profundas en el sistema internacional o en las prioridades nacionales de los Estados Unidos. No por casualidad sino por diseño.
Las decisiones fundamentales sobre Puerto Rico han respondido históricamente a los intereses estratégicos de Estados Unidos, a las prioridades de sus principales actores económicos y a las realidades políticas nacionales y globales que enfrentan los miembros del Congreso y la Presidencia. Y así es en el presente y será en el futuro. Es una constante histórica que nos hemos negado a reconocer.
De nuevo, esto no significa que la voluntad del pueblo puertorriqueño sea irrelevante, sino que la condición de territorio no incorporado nos hace impotentes. Significa que el argumento sobre nuestras necesidades, deseos e intereses, por sí solos, nunca ha sido suficiente para producir un cambio permanente en nuestra condición política.
Si aceptamos esta realidad, entonces también debemos aceptar otra conclusión igualmente importante: nuestra estrategia tiene que cambiar.
Durante décadas hemos concentrado la mayor parte de nuestros esfuerzos en la política interna de Puerto Rico, en los plebiscitos y en hacer contribuciones a los líderes de turno en el Congreso. Hemos dedicado enormes recursos a colocar estadistas en puestos electivos. Hemos administrado el territorio desde el gobierno y tratado de resolver los problemas económicos, sociales y políticos usando unas estructuras impuestas que, por su naturaleza, limitan nuestra capacidad para ser exitosos. Cada administración estadista ha recibido críticas por problemas que muchas veces tienen su origen precisamente en las limitaciones del régimen territorial. Y, peor aún, muchas veces líderes estadistas se han desenfocado de la meta por disputas por candidaturas causando gran decepción entre los que los han apoyado precisamente por ser líderes del movimiento estadista.
La estadidad nunca será el resultado lineal de victorias electorales en el territorio. Su advenimiento será el resultado de una estrategia política diseñada para influir donde realmente se toman las decisiones: en el gobierno federal y en el sistema político americano. Para que el gobierno adelante esas estrategias, es necesario que los oficiales electos y los funcionarios nombrados sean estadistas. Lograr eso es la función del partido. Pero el mero hecho de que estadistas ocupen las posiciones del gobierno local no ha traído ni va a traer la estadidad si no se usan constantemente de manera inteligente para lograrlo. Ese es el verdadero balance ideal versus partido que en tantas ocasiones se ha obviado en detrimento de nuestra meta.
Por eso, los funcionarios que elegimos y todos los estadistas en general debemos ampliar radicalmente nuestro marco de análisis y el ámbito de acción política. No hay duda de que para ganar elecciones hay que atender a los issue locales. Pero también tenemos que estudiar con mucho mayor detenimiento la política nacional americana. Hay que comprender cómo evolucionan los intereses estratégicos de Estados Unidos, cuáles son las prioridades económicas del país, cómo cambian las mayorías en el Congreso y qué circunstancias internacionales crean oportunidades para revisar la política territorial hacia Puerto Rico. Y tenemos que desarrollar estrategias para impactar el sistema federal en un ámbito más amplio que los partidos nacionales.
Hoy vivimos uno de esos momentos históricos. La competencia estratégica entre Estados Unidos y la República Popular China está transformando nuevamente el sistema internacional. Esa nueva realidad obligará a Washington a reconsiderar muchas de sus prioridades nacionales. La situación militar en Venezuela, por ejemplo, ha sido un aldabonazo para recordarle al gobierno federal, y a nosotros mismos, la importancia estratégica de Puerto Rico.
La pregunta no es si hay una nueva situación global. La hay. La pregunta es si el movimiento estadista estará preparado para convertir esas transformaciones en una oportunidad política para Puerto Rico. Ese debe ser nuestro verdadero debate. Todo lo demás, incluyendo las candidaturas, tiene que estar subordinado a ese objetivo.
La historia nos enseña que los pueblos triunfan cuando comprenden correctamente la naturaleza de los tiempos y los retos que enfrentan y los atajan con inteligencia y valentía. Si diagnosticamos mal el problema, inevitablemente diseñaremos estrategias equivocadas. Si entendemos correctamente cuál es nuestra meta operacional, dónde reside el verdadero centro de decisión, y cómo podemos dirigir nuestros esfuerzos a impactarlo, triunfaremos. Si no, estaremos en el camino a la disolución. ¡Estadistas en sus manos está el futuro!
¡Que viva Puerto Rico Estado 51! ¡Y que Dios bendiga los Estados Unidos de América!
En Puerto Rico se ha desarrollado un movimiento que promueve que todos los que puedan reclamen la ciudadanía española con base en la Ley de Memoria Democrática aprobada por los socialistas en España.
Aunque España es soberana para otorgar la ciudadanía a quienes considere conveniente, mi opinión es que, en el caso de los puertorriqueños, no se les debe facilitar el acceso a los beneficios de esa ley por una razón sencilla: los que eran españoles en 1898 (no todos los habitantes de Puerto Rico lo eran) no reclamaron ese derecho cuando pudieron hacerlo conforme al Tratado de París.
El artículo 9 del tratado les permitía a los españoles peninsulares residentes en Puerto Rico rechazar la ciudadanía que les ofrecía el Congreso de los Estados Unidos y conservar su adhesión a España mediante una mera declaración jurada.
Todos, menos un centenar, aceptaron la nacionalidad derivada del territorio y rechazaron conservar su estatus de españoles. Entonces, ¿por qué ahora debe otorgarles España la ciudadanía que voluntariamente rechazaron?
@ldpsincomplejos Apreciado señor don Luis del Pino:
Señoría:
Soy asiduo oyente de Mañanas en Libertad desde Puerto Rico. Gracias por su constante orientación sobre la política peninsular y europea.
Recientemente, en Puerto Rico se ha desarrollado un movimiento que promueve que todos los que puedan reclamen la ciudadanía española con base en la Ley de Memoria Democrática (conocida como “Ley del Abuelo” o de los nietos). Aunque España es soberana para otorgar la ciudadanía a quienes considere conveniente, mi opinión es que, en el caso de los puertorriqueños, no se les debe facilitar el acceso a los beneficios de esa ley por una razón sencilla: los que eran españoles en 1898 (no todos los habitantes de Puerto Rico lo eran) no reclamaron ese derecho cuando pudieron hacerlo conforme al Tratado de París.
El artículo 9 del tratado les permitía a los españoles peninsulares residentes en Puerto Rico rechazar la ciudadanía que les ofrecía el Congreso de los Estados Unidos y retener su adhesión a España mediante una mera declaración jurada. Todos, menos un centenar, aceptaron la nacionalidad derivada del territorio y rechazaron conservar su estatus como españoles. Entonces, ¿por qué debe España otorgarles ahora la ciudadanía que voluntariamente rechazaron?
Desde Puerto Rico, al igual que usted desde Madrid, favorezco las políticas del presidente Donald Trump y apoyo el movimiento conservador tanto en Estados Unidos como en España. Soy profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico desde 1979 y fui senador territorial en la Isla del 2005 al 2008, como líder del movimiento por la incorporación plena de Puerto Rico a la Unión Americana como el estado 51.
[ENCUESTAS JPD] ENCUESTA CALIBRADA REFLEJA QUE LA GENTE FAVORECE LA ESTADIDAD
Sobre 6 MIL personas votaron favoreciendo la estadidad con un 42.8% cuando el Estado Libre Asociado (38.7% es incluido en las opciones.
Cuando solo se ofrece la estadidad, libre asociación e independencia, su porcentaje aumenta a un 69%.
Usted, ¿votó?
Para participar en nuestras encuestas deberá sintonizar #JugandoPelotaDura de lunes a viernes, de 7 a 8 p.m. De esta forma sabrá cuándo abren y cierran las próximas. ¡Haga sentir su voz participando en https://t.co/IVNZBaHkvp!
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