🔴 LA NOTICIA PARA RADICALIZARTE HOY
Un jubilado con un 60% de discapacidad y 450 euros de pensión lleva viviendo tres años en una furgoneta mientras una pareja marroquí okupa su única casa y teme que el decreto Maricarmen frene el desahucio si se declaran vulnerables https://t.co/a3iJZEhE4S
🔴 #EXCLUSIVA | En 2023, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publicó un estudio en el que se reconocía que la inmigración había encarecido el alquiler y la vivienda.
🛫 También sostenía que, cuando la inmigración retorna, el precio baja.
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@_elizabethduval Esto de amenazar y decidir quién puede vivir y quién no tiene mucho de delito de odio. De ese que tanto utilizáis cuando os conviene. Se os ve taaaaanto el plumero...
Es indignante que, mientras la compra nos cuesta una parte importante del sueldo, estemos alimentando de forma gratuita a miles de personas que no han aportado de ninguna manera a nuestro país.
Fernando de los Santos Menéndez, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, procede de una familia de marqueses y figura como apoderado de una constructora.
Cursó un máster en Derecho en la Universidad de Nueva York (NYU), donde a día de hoy la matrícula cuesta unos 84 000 euros.
Pese a su poder adquisitivo y al de su familia, recibió 2725 euros en ayudas al alquiler.
Esta es la clase de personajes oportunistas que encabezan este pseudosindicato.
Esto ocurre todos los días. Sí, todos los días. He realizado tres rondas nocturnas con la Policía Nacional y siempre me he encontrado con lo mismo: delincuencia importada cada quince minutos, hechos delictivos que se reparten por toda la ciudad y que son consecuencia directa de la invasión de Ceuta.
@Ana_Monzon21 El feminismo está muerto. Comenzó a parecer cuando se asoció al colectivo abecedario, y la estocada final ha sido permanecer calladas o defender a los seres de luz acampados en Ceuta. Arrimarse a otros movimientos fagocitadores, es lo que tiene, que te desvías del foco
Hoy han desahuciado a Maricarmen.
Tiene 87 años y llevaba 70 en el mismo piso de Retiro. Era el cuarto intento, y anoche acamparon cientos de personas en su puerta para impedirlo.
Es un drama, creo que todos estaremos de acuerdo. Porque Maricarmen es una persona muy mayor. Pero que sea un drama no significa que no sea lo justo.
Durante meses hemos oído la matraca de que la culpa es de Franco y del machismo de la época. Pero con saber un poco del tema o interesarte sin sectarismos, sabrás que la ley que la ha sacado de su casa es de 1994, y la hizo el Gobierno de Felipe González.
Sí, una ley del PSOE. Lo que sí venía del franquismo era la ley de la renta antigua.
Su padre firmó el contrato en 1956 con la ley de entonces, que contenía la prórroga forzosa: aunque el contrato venciera, el casero no podía echarte, y te quedabas mientras quisieras salvo en casos muy concretos.
Cuando el inquilino moría, el contrato podía pasar a su familia mediante subrogación.
Y eso fue lo que ocurrió con su casa. En 1961 murió el padre y el contrato pasó a la madre. Con aquella ley, cuando muriera la madre, Maricarmen se habría quedado el contrato y podría haber seguido de inquilina toda la vida.
En 1985, el decreto Boyer, del primer Gobierno de Felipe González, acabó con la prórroga forzosa, pero solo en los contratos nuevos. Los antiguos siguieron igual.
El cambio que afecta a Maricarmen llega en 1994, con la Ley de Arrendamientos Urbanos.
La sacaron adelante el propio Felipe González y Borrell, que era ministro de Obras Públicas, con la idea de ir cerrando poco a poco los contratos de renta antigua.
Quien ya vivía en el piso podía seguir hasta el fallecimiento, y si el contrato pasaba a su viudo o su viuda, también. Pero si pasaba a un hijo, solo le quedaban dos años.
La ley amparaba dos excepciones. Una, tener una discapacidad del 65% o más. Otra, que el hijo fuera mayor de 65 o estuviera jubilado y se quedara el contrato en los diez primeros años de la ley, o sea, antes de que acabara 2004.
En esos dos casos, el hijo seguía de por vida.
La madre de Maricarmen murió en 2005, cuando ella ya pasaba de los 65, pero ese plazo se había cerrado al acabar 2004. Además, su discapacidad reconocida es del 50%, y no llega al 65% que pide la ley.
Por lo tanto, no entraba en ninguna de las dos excepciones, y su subrogación era de dos años: el contrato se extinguió en 2007.
El argumento del machismo tampoco se sostiene como tal, más allá de que todos estemos de acuerdo en que era indignante que las mujeres no tuvieran los mismos derechos que los hombres.
Es cierto que en 1956 una mujer casada no podía firmar un contrato sin permiso del marido, y el contrato estaba a nombre del padre. El Sindicato de Inquilinas dice que, si hubiera estado a nombre de los dos, lo de Maricarmen contaría como primera subrogación y el contrato seguiría vivo.
Pero con la ley de 1994 eso da igual: al hijo que se queda un contrato antiguo le tocan dos años, sea la primera vez que el contrato cambia de manos o la segunda.
Durante 15 años nadie le dijo nada. Los dueños le siguieron cobrando el alquiler como si el contrato siguiera en vigor. En 2018 se vendió el edificio, y los nuevos dueños le ofrecieron dos salidas: comprar el piso por unos 250.000 euros o quedarse pagando 1.650 al mes. Ella cobra 1.450 de pensión.
Dijo que no, y la empresa la demandó.
Maricarmen ganó en primera instancia, porque el juez entendió que los dueños habían aceptado el contrato durante años. Pero la Audiencia de Madrid no lo vio así en el recurso, y el Supremo tampoco.
Es importante decir que esa regla de los dos años lleva más de 30 años sin tocarse. En ese tiempo han gobernado el PP y el PSOE (en solitario y en coalición) y ninguno la ha cambiado.
Pero ahora el PSOE y toda la izquierda hablan mucho de Maricarmen.
Esta semana su Gobierno pedía a Almeida y a Ayuso que frenaran el desahucio, y la ministra de Vivienda se ha preguntado cuántas Maricármenes se habrían salvado con lo que costó el ático de Ayuso. Tócate las narices con la demagogia.
Pero a Maricarmen la echa una ley del PSOE, y el PSOE no ha cambiado la ley en todos sus años de gobierno. Son unos hipócritas sin fronteras.
Y luego está el Sindicato, que culpa al franquismo y pide ahora contratos de alquiler indefinidos justo como los que había con Franco. Contratos que el dueño no podía terminar y que, por lo tanto, le dejaban en completa indefensión.
Si eso ocurriera, no se pondría ni una sola vivienda en alquiler más. Pero bueno, ya sabéis que los extremos siempre se tocan.
Dicho esto, lo de Maricarmen es un drama evidente, humano y filosófico.
Una mujer de 87 años, que ya necesita silla de ruedas para moverse, sale de la casa en la que ha vivido desde los 17. ¿Estamos abandonando a una persona mayor desvalida?
Maricarmen es adulta. Su familia lleva 70 años disfrutando de una renta antigua que hoy ronda los 500 euros en pleno Retiro, cuando los pisos de su edificio se alquilan por unos 2.650, según el propio Sindicato. Y el Ayuntamiento dice que le ofreció alojamiento y que ella lo rechazó.
La propiedad privada es sagrada y así hay que defenderla, también cuando el caso es duro. Y el cariño que le tengas a tu vivienda no te hace su propietario, por mucho que quieras.
La salida para alguien como Maricarmen puede venir del Estado o de la solidaridad de la gente. Pero si rechaza la alternativa que le ofrecen, ¿qué solución hay?
Lo que no puede ser nunca es que el dueño de algo no pueda hacer lo que quiera con lo que es suyo.
Y aquí hay que decir que se intentaron las dos cosas. El Ministerio intentó comprar el piso y una escritora se ofreció a pagarle 2.150 euros al mes para el resto de su vida.
La empresa no aceptó ninguna. Estaba en su derecho: el piso es suyo.
Una puntualización. La empresa que la ha demandado no es un fondo buitre, como están diciendo, sino una sociedad limitada madrileña fundada en 2005. Se dedica a invertir y asesorar en edificios alquilados y a la compraventa de farmacias. Le compró el piso a Renta Corporación, una inmobiliaria cotizada que había adquirido el edificio en 2018.
Y en realidad da igual que sea Blackstone, Urbagesa o mi primo Paco: es el dueño legítimo de una propiedad.
Lo que está claro es que Maricarmen ha tenido a lo largo de su vida la posibilidad de tomar decisiones alternativas que no hubieran llevado a esta situación y que prefirió no hacerlo. Desde 1994 era ley que esto podía pasar. Tenía 56 años.
Y una cosa es evidente: muchas empresas y familias han estado en la misma situación que Maricarmen y han tenido que cerrar sus negocios, trasladarlos o mudarse a otra vivienda.
No se puede tener una ley a medida de cada situación personal: eso sí que es injusto.
Si Maricarmen no ha tomado decisiones necesarias a lo largo de su vida, la culpa es enteramente de Maricarmen.
Dejemos de infantilizarlo todo. Por mucha pena que nos dé.
Me reconforta haber formado parte, de alguna manera, de lo que ha tenido lugar estos días en el Parlamento Europeo. La Unión ya es consciente de lo que ocurre en Ceuta; ahora solo queda que el éxito de hoy no se quede en una mera declaración de intenciones. Los ceutíes no necesitan brindis al sol, necesitan acciones concretas. Y España no necesita un aplauso; necesita que el Gobierno infame asuma de una vez sus responsabilidades por no haber actuado a tiempo y por no cumplir hoy con lo contemplado en nuestras normas de extranjería. Si no actúa en consecuencia, debe ser llevado ante los tribunales. Que estos días no caigan en saco roto, por favor.
Resulta desolador ver cómo, día tras día, la situación en Ceuta va a peor. Vuelvo una vez más muy preocupado por la deriva de la ciudad y por lo que están sufriendo nuestros compatriotas. Hace falta ya una reacción contundente, venga de la sociedad civil o de la acción política. Esta situación exige determinación. La ciudad no puede seguir así.
En los próximos días terminaré de editar una serie de episodios que muestran lo que la mayor parte de los medios no está mostrando. Lo que el Gobierno no admite y tampoco gran parte de la oposición. ¡Son nuestra gente, joder!
Volveré. Voy a volver muy pronto. Ahora toca llevar este asunto a Europa: es lo más que puedo hacer en estos momentos, documentar y denunciar lo que ocurre allá donde se me permita.
Este trabajo exige un esfuerzo constante. Quienes puedan aportar, aunque sea poco, ayudan a seguir sobre el terreno. Podéis hacerlo a través de los medios indicados en este post y siguiente:
👉🏼 https://t.co/gWXI6uzmOa
¡Mil gracias a todos por el apoyo! Ceuta no se vende, Ceuta se defiende.
Ceuta. Trasladan a más de 800 invasores que se habían asentado en Loma Colmenar a un campamento que el Gobierno ha instalado en el barrio de Los Rosales, situado junto a la nueva escuela infantil Nuestra Señora de África. Uno de estos sujetos —Loma Colmenar— amenazó con rajarme la cara y el cuello durante la madrugada del pasado sábado, ahora estará con sus compatriotas junto a una guardería.
Día que pasa, día que la situación escala. Los asentamientos se expanden y la hostilidad aumenta. Jamás en mi vida he visto nada igual. Los ceutíes me piden que me quede y que por favor difundáis todo lo que está ocurriendo. Yo no les voy a abandonar.
No ha sido una madrugada cualquiera: las hostilidades en Ceuta no dejan de crecer. Esa «inseguridad subjetiva» se ha saldado esta noche con una nueva quema de vehículos, tres heridos de considerable gravedad por machetes —uno de ellos en quirófano—, otra agresión a militares y una reyerta en El Tarajal. Normalidad, lo llaman.
Para cerrar la noche, un ser de luz ha amenazado con rajarme el cuello y la cara. Seguiré recorriendo cada palmo de esta ciudad, porque cada día la siento más como mía y no voy a permitir que se olvide lo que están atravesando los ceutíes. ¡Buenas noches!
En mi comunidad de vecinos votan los hijos, nietos y bisnietos de todos los que alguna vez han tenido un piso en el edificio, aunque lo vendieran hace cincuenta años y sus descendientes no hayan pisado España… perdón, el portal, en toda su vida.
Es muy divertido, porque ya son unos 170 y los que vivimos aquí apenas somos 20. Muchos no saben dónde está el edificio, no hablan con ningún vecino y algunos confunden nuestra calle con una localidad de la provincia de Córdoba (Argentina) pero participan activamente en su gestión. Al fin y al cabo, su antepasado tuvo un tercero interior durante seis meses en 1964, así que sería injusto negarles el derecho a decidir cómo debemos vivir los demás.
Gracias a ellos, ahora tenemos un portón automático para el garaje. No tenemos garaje, pero la inauguración fue preciosa y el presidente pronunció un discurso muy emocionante sobre la recuperación de la memoria comunitaria.
También hemos instaurado el felpudo único: nadie puede utilizar un modelo distinto del aprobado en junta. Cuesta 375 euros y lo vende el vicepresidente, un señor muy majo que vive en un pueblito de San Luis Potosí (México) y que conoce perfectamente las necesidades del edificio porque pasó por delante de él una vez, durante una escala, en 1998.
La última junta acordó que solo se puede tender ropa los días impares del mes, y la de color únicamente cuando el número del día sea primo. La propuesta fue aprobada por amplia mayoría gracias al voto por correo de 106 descendientes de antiguos propietarios. Los vecinos que vivimos aquí votamos en contra, pero se nos explicó que teníamos una visión demasiado localista y que la comunidad pertenece también a quienes mantienen con ella un vínculo histórico y afectivo, aunque no sepan si tenemos ascensor.
Ahora están estudiando instalar una piscina climatizada en el cuarto de contadores, declarar festivo el aniversario de la Primera Derrama y cambiar el nombre del edificio por «Residencial Memoria Democrática». Nosotros solo hemos pedido que arreglen la gotera del quinto, pero la propuesta lleva tres años paralizada porque no despierta suficiente interés entre los comuneros de Montevideo.
Eso sí: las cuotas, las derramas y las averías seguimos pagándolas los 20 que vivimos aquí. Los otros 170 solo participan en las decisiones.
A este sistema lo llamamos «comunidad de propietarios por ley de nietos». Es impecablemente democrático: cuantos menos afectados estén por una decisión, más fácil resulta conseguir una mayoría para imponerla.
Niños inmigrantes jugando en el recreo.
Según el presidente de gobierno la población ceutí tiene que asumir y adaptarse a su nueva realidad estructural.
Gracias, @sanchezcastejon
El próximo martes acudiré al Parlamento Europeo para denunciar lo que está ocurriendo en Ceuta. En un acto organizado por la delegación española del Grupo ECR presentaré las investigaciones que he realizado in situ y exigiré que Europa deje de mirar hacia otro lado. Esto no es solo un ataque a las fronteras de España, es un desafío que concierne a toda la Unión.